Luz María Toledo Antonio

Expediente 1135/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1135/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Luz María Toledo Antonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PRAL 1135/2022 MESA 7* AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con siete minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 1135/2022, como se ordenó en acuerdo de veintiuno de octubre de este año, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. APERTURA DE AUDIENCIA. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que destaca la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, y los informes justificados de las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar a) que no existe documento con el que deba darse cuenta y b) que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que: La parte quejosa ofreció como pruebas: I. Documental, consistente en copia simple de su credencial para votar con fotografía, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral. II. Instrumental de actuaciones; y, III. Presuncional legal y humana. Por su parte, la autoridad responsable, Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, residente en la Ciudad de México: I. Documental que acompañó como justificación a su informe, consistente en copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente *****, de su índice. Y, la diversa responsable, delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, por conducto de la jefa de la Unidad Jurídica, exhibió: I. Documental, consistente en copia certificada del oficio REPOAX/UJ/3022/2022, de veintidós de junio de dos mil veintidós. A lo que se acuerda: 1° Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las pruebas de que se trata, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio; no existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. 2° No obsta que en su escrito de demanda, la parte quejosa también ofreciera como prueba de su parte las constancias que integran el juicio de nulidad *****, tramitado ante la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; toda vez que informe rendido por dicha autoridad responsable, así como de las constancias que remitió como justificación al mismo, son suficientes para evidenciar el estado de autos en que se encuentra el cumplimiento de la sentencia dictada en dicho juicio, así como para resolver este juicio de amparo, en atención al artículo 17 constitucional. FASE DE ALEGATOS. Abierta la fase de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes procesales hizo uso de ese derecho; por lo cual, se cierra esta etapa y se procede a emitir la siguiente: S E N T E N C I A. Vistos para resolver el juicio de amparo 1135/2022; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, y recibida en este órgano jurisdiccional el veintisiete de septiembre siguiente, promovida por *****, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 1135/2022, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se citó a las partes para la audiencia constitucional que, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ; ya que los actos reclamados versan sobre la materia administrativa, y sus consecuencias jurídicas y materiales tienen verificativo en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, en términos de los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, que reforman el diverso 3/2013 . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se advierta del análisis integral de la demanda de amparo; así, se precisa que la quejosa ***** reclama: ? De la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, residente en la ciudad de México: - La omisión de vigilar y obligar a la autoridad demandada a cumplir con la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte e interlocutoria de queja por omisión de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictadas en el juicio nulidad *****. ? Del delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez: - La omisión de acatar la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte e interlocutoria de queja por omisión de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictadas en el juicio nulidad *****. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Ambas autoridades responsables, al rendir su informe justificado, adujeron que es falso el acto reclamado, pues señalaron lo siguiente:  Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, por conducto de la jefa de la Unidad Jurídica: Que ha realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del expediente *****, porque remitió a la Subdelegación de Prestaciones una copia de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, por ser autoridad competente en materia de pensiones.  Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, residente en la ciudad de México, a través de su magistrado presidente: Que el tres de octubre de dos mil veintidós (fecha posterior a la de presentación de la demanda de amparo) requirió a la autoridad demandada para que acreditara el acato de la sentencia definitiva y de la resolución interlocutoria de queja, dictadas en el mencionado juicio de nulidad. No obstante, su negativa se desvirtúa y se tienen por ciertos los actos reclamados a dichas autoridades, ya que de las constancias de autos se aprecia que, en primer lugar, a la fecha, no ha sido cumplida la sentencia e interlocutoria de queja dictadas en el juicio de nulidad ***** y, en segundo lugar, la parte quejosa presentó su demanda de amparo el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en tanto que la Sala responsable hizo un requerimiento a la autoridad demandada en acuerdo de tres de octubre de este año; de ahí que, evidentemente, al momento en que la parte quejosa promovió su demanda de amparo existían los actos que se combaten en este juicio de amparo. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . Para mejor comprensión del asunto, se describen los antecedentes que se advierten de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en la demanda, lo que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de las constancias que como justificación a su informe remitió la autoridad responsable, presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, residente en la ciudad de México, con valor probatorio pleno, conforme lo previsto por los numerales 129 y 202 del referido código procesal, de los que destacan los siguientes: 1) El treinta y uno de enero de dos mil veinte se dictó sentencia definitiva en el expediente *****, y se declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada. 2) Mediante interlocutoria dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós la Sala responsable declaró fundada la queja que interpuso la parte actora contra la omisión de la autoridad demandada para cumplir con la sentencia definitiva dictada en el expediente *****. 3) El tres de octubre del año en curso, ante la omisión de la autoridad demandada de cumplir con la sentencia de mérito e interlocutoria de queja, la Sala responsable le requirió para que rindiera informe relativo a su acato. Siendo esta la última actuación en la etapa de ejecución del juicio de nulidad *****. Ahora, para evidenciar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, la parte quejosa refiere, toralmente, que se vulnera en su perjuicio el principio de acceso a la justicia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque desde la fecha en que se emitieron la sentencia y la interlocutoria de queja, no han sido cumplidas. Bajo esa consideración, el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. De tal modo que ese precepto constitucional, en esta última etapa, acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2015591, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal, la ley o la Convención. También establece el compromiso de los Estados Parte a asegurar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, revise que se garantice el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se sigue que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Y para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno formal y otro material. Este último aspecto, material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Como se anticipó, la Sala Especializada responsable emitió sentencia el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en el juicio de nulidad *****; y para hacerla cumplir, la parte quejosa interpuso una queja por omisión, misma que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós se declaró procedente, y tuvo por efecto ordenar a la autoridad demandada acatara el fallo de mérito. Sin embargo, desde la fecha en que se dictó la sentencia (31/01/2020) hasta la presentación de la demanda (26/09/2022) no se había cumplido la misma. Ahora, es necesario señalar que la Sala responsable, para hacer cumplir sus sentencias, debe aplicar el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Como se ve, dicho numeral dispone, sustancialmente, que debe asegurarse el pleno cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que, para ello, la autoridad demandada debe dar cumplimiento a la sentencia dentro de los tres días siguientes al plazo previsto en el numeral 52 de la misma ley (en el caso, cuatro meses); pues de no hacerlo así, deberá ser requerida y apercibida para el cumplimiento total que debe darse a la referida sentencia. Sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiséis de septiembre de dos mil veintidós) y a la en que se dicta esta resolución, la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad *****, y la interlocutoria pronunciada en el recurso de queja, no han sido cumplidas por la parte demandada, en tanto que la autoridad rectora del procedimiento, Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en la ciudad México, no ha asegurado el pleno cumplimiento de esas resoluciones; advirtiéndose que su única actuación para ese efecto fue el tres de octubre de dos mil veintidós (fecha posterior a la presentación de la demanda), donde requirió a la autoridad demandada rindiera informe relativo a su acato. En esas condiciones, es evidente que existe una sentencia firme que condenó al demandado, delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez; sin que de autos se advierta que, previo o durante el trámite del juicio de amparo, el delegado demandado cumpliera con ese fallo; pues de la copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente *****, de su índice, que obra agregada en autos de este juicio de amparo, no se corrobora su intervención en la etapa de cumplimiento del asunto de origen. En esa medida, sin duda está probada la falta de cumplimiento a la sentencia por parte del delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, y la falta de diligencia en el trámite de ejecución de sentencia por parte de la Sala instructora, lo que evidencia la transgresión al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal; en esa medida, resultan fundados los conceptos de violación, lo que impone conceder la protección constitucional solicitada por la quejosa *****. QUINTO. Efectos de la concesión del amparo. Dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto por el que se le comunique que causó ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables deberán proceder en la forma siguiente: 1º Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en la ciudad México: Si a pesar del requerimiento que realizó el tres de octubre de este año la autoridad demandada no ha cumplido aún con la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte e interlocutoria de queja por omisión de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictadas en el juicio de nulidad *****, entonces deberá continuar con el procedimiento previsto en la fracción I del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, hasta la última etapa a que se refiere el inciso d) de dicha fracción, en los términos y plazos que ahí se prevén. 2º Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Dentro del plazo de tres días siguientes al en que cause ejecutoria esta sentencia, deberá acreditar que cumplió con la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte e interlocutoria de queja por omisión de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictadas en el juicio de nulidad *****, por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de México. SEXTO. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, para la tramitación de este expediente, deberán estarse a las disposiciones previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a *****, contra: - La omisión de vigilar y obligar a la autoridad demandada a cumplir con la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte e interlocutoria de queja por omisión de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictadas en el juicio nulidad *****. Que reclamó de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, residente en la ciudad de México. - La omisión de acatar la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte e interlocutoria de queja por omisión de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictadas en el juicio nulidad *****. Que atribuyó al delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez. En términos del considerando cuarto y para los efectos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. TERCERO. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 1135/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Incorpórese a los autos, únicamente para que obre como corresponda, el oficio con terminación número 6445/22, suscrito por el magistrado por ministerio de ley y presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, con residencia en la Ciudad de México; lo anterior, en virtud que en auto de veintiséis de octubre del año en curso se proveyó respecto de su contenido; ello, al haberse recibido, vía correo electrónico, un comunicado con el mismo número y contenido. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 1135/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Incorpórese a los autos el oficio con terminación número 6445/22, suscrito por el magistrado por ministerio de ley y presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, con residencia en la Ciudad de México; visto su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo téngasele rindiendo informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 1.1. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo ténganse como prueba documental de la autoridad oficiante la que acompaña a su informe de cuenta, consistente en copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente *****; misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 1135/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio con terminación número 4441/2022, suscrito por la jefa de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, mediante el que rinde informe justificado en representación del delegado Estatal en Oaxaca; con el mismo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y, de ser el caso, efectúen las manifestaciones que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 1.1. Prueba documental. De conformidad con el diverso artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la citada autoridad responsable, la consistente en copia certificada del oficio REPOAX/UJ/3022/2022, de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós; medio de convicción que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerado al resolver este juicio. 1.2. Domicilio y delegados. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio oficial de la autoridad responsable para recibir notificaciones, el que indica y, atento a lo establecido en el diverso articulo 9 del referido ordenamiento legal, ténganse como sus delegados a las personas que designa. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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