Luz María Terán Peñaflor

Expediente 880/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
880/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Luz María Terán Peñaflor

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual la quejosa ***, solicita se le devuelvan los documentos originales que anexó a su escrito inicial de demanda; en esas condiciones, dígase a la justiciable que mediante auto de once de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, acusó recibo de los autos originales del juicio de amparo 880/2020-V, de este índice y aceptó la competencia declinada del presente asunto. En tales condiciones, dígase a la promovente que deberá dirigir su petición a dicha autoridad, para los efectos legales conducentes. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por Luz María Terán Peñaflor, contra actos de ******, Presidente del Comisario de Bienes Comunales de Santiaguito Maxda del Municipio de Timilpan, Estado de México y otras autoridades, regístrese bajo el número 880/2020-V. Ahora bien, en el caso, la quejosa reclama los actos tendentes a privarla materialmente de la posesión del inmueble ubicado en *****, *****, *****, *****, entre las calles ***** y calle ****, código postal *****. Incompetencia. Precisado lo anterior, es menester indicar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, con independencia de la procedencia o no del juicio, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, determina que carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; y 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, resulta claro que, por regla general, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera regla, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del juez de distrito. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Ha de recordarse que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Y es que, según lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, la expresión "ejecución material" contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo "debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.". Así, es el sitio donde los actos reclamados se ejecuten o vayan a ejecutarse materialmente, lo que define la competencia de los jueces de distrito; de modo que, para fijar la competencia para conocer de una demanda 1 Al resolver la contradicción de tesis 7/2015, en sesión de veintinueve de abril de dos mil quince, de la que derivó la jurisprudencia 2ª/J. 68/2015, de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO." Luego, de la demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que deben cumplirse o materializarse tales actos, pues ahí en donde se ejecutan y producen consecuencias en el mundo fáctico. La regla antedicha tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que generalmente la ejecución recae en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva. En el segundo supuesto previsto en el artículo 37 de la ley de la materia, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juez de distrito en donde se presentó la demanda. Finalmente, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del juez de distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, se insiste, rigen las dos reglas precedentes. Con estos elementos, es preciso señalar que del examen de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama actos que tienen ejecución, como es privarla materialmente de la posesión del inmueble ubicado en ******. Destacado lo anterior, para efectos de fijar la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto que nos ocupa, debe atenderse al lugar en donde tuvo ejecución, deben cumplirse o materializarse los actos reclamados, esto es, en qué lugar producen consecuencias en el mundo fáctico, que en el caso es en Timilpan, Estado de México, por ser el lugar donde se ejecutaran los actos reclamados; pues precisamente según la narrativa de hechos que hace bajo protesta de decir verdad, se advierte que en dicho sitio se encuentra el bien inmueble. En consecuencia, atendiendo a lo previsto en el artículo 37 de Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que resulta competente para conocer la demanda de amparo de referencia, es el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, quien ejerce jurisdicción en Timilpan, Estado de México. Por lo que, lo procedente es declarar la legal incompetencia por razón del territorio de este órgano de control constitucional para conocer de este juicio, declinándola en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, para lo cual remítase la demanda de amparo, a fin que dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la competencia que se plantea. Por tanto, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Es necesario precisar que este juzgado no hace un pronunciamiento respecto de la suspensión que solicita el quejoso, en virtud de que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aunado a que los efectos para los cuales se solicita la medida cautelar tampoco tienen el carácter de urgentes. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas publicadas en estrados de este órgano constitucional por así solicitarlo. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******y ******. Por otro lado, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio de comunicación no procesal el correo electrónico ******, que señala la quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Notifíquese.

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