Luz María Soto Salinas

Expediente 142/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
142/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Luz María Soto Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    ...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO EN QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO...DÉSE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE EN EL TÉRMINO DE NOVENTA DÍAS ACUDA A RECOGER LOS DOCUMENTOS QUE ALLEGÓ AL JUICIO...DE NO HACERLO...PODRÁ SER DESTRUIDO JUNTO CON EL EXPEDIENTE...

  2. Principal

    ...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIÓ EL CITATORIO DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHI CONTENIDO, Y EN CONSECUENCIA, SE LES NOTIFICA A TRAVÉS DE LISTA EL AUTO DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE SEÑALA: Querétaro, Querétaro, a ocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito de cuenta signado por la quejosa Luz María Soto Salinas, por el cual da cumplimiento a la prevención de demanda formulada por auto de seis de febrero de dos diecinueve, en consecuencia, en relación a la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, se acuerda: Vista la demanda de garantías promovida por Luz María Soto Salinas, contra actos de la Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito judicial de Querétaro; ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: a) El auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Querétaro, dentro de la carpeta única de ejecución de sentencia 580/2018, derivada de la resolución emitida en el toca penal 526/2017, de fecha catorce de diciembre de dos mi diecisiete, que modificó la sentencia dictada a Luz María Soto Salinas, referente a la causa penal 8/2015 E1, del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, por la comisión del delito de Secuestro Simulado, en agravio de Ernesto Olvera Marín o Antonio Ernesto Olvera Moreno, mediante el cual por un lado, no se acuerda favorable la petición de la sentenciada (quejosa) en el sentido de dejar sin efectos la ejecución de la sentencia y, por el otro lado, la requiere para que en el plazo improrrogable de veinticuatro horas hábiles, comparezca ante dicho órgano jurisdiccional y mediante diligencia formal, se le haga entrega del oficio correspondiente para cumplir con la pena que le fue impuesta y se está ejecutando en la citada carpeta única de cien jornadas de trabajos a favor de la comunidad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo incurriría en el ilícito de quebrantamiento de penas no privativas de libertad y medidas de seguridad, previsto en el Código Penal del Estado de Querétaro; además, se le amonestaría en términos del ordinal 42 del Código Penal Federal, apercibido que de no presentarse en el mismo plazo referido, el Fiscal estará en condiciones de atender a las facultades que le otorga la ley, conforme al ordinal 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b) La ejecución de tal auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, por el Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario del Estado de Querétaro. En tal virtud, a juicio de este juzgador se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo que resulta imperativo su desechamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 del propio cuerpo legal. Es necesario destacar que en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se dispone textualmente en relación con la improcedencia del juicio de amparo indirecto, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En el citado precepto, en su parte resaltada, se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. En el caso, la parte quejosa incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer, previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, el quejoso reclama: a) El auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Querétaro, dentro de la carpeta única de ejecución de sentencia 580/2018, derivada de la resolución emitida en el toca penal 526/2017, de fecha catorce de diciembre de dos mi diecisiete, que modificó la sentencia dictada a Luz María Soto Salinas, referente a la causa penal 8/2015 E1, del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, por la comisión del delito de Secuestro Simulado, en agravio de Ernesto Olvera Marín o Antonio Ernesto Olvera Moreno, mediante el cual por un lado, no se acuerda favorable la petición de la sentenciada (quejosa) en el sentido de dejar sin efectos la ejecución de la sentencia y, por el otro lado, la requiere para que en el plazo improrrogable de veinticuatro horas hábiles, comparezca ante dicho órgano jurisdiccional y mediante diligencia formal, se le haga entrega del oficio correspondiente para cumplir con la pena que le fue impuesta y se está ejecutando en la citada carpeta única de cien jornadas de trabajos a favor de la comunidad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo incurriría en el ilícito de quebrantamiento de penas no privativas de libertad y medidas de seguridad, previsto en el Código Penal del Estado de Querétaro; además, se le amonestaría en términos del ordinal 42 del Código Penal Federal, apercibido que de no presentarse en el mismo plazo referido, el Fiscal estará en condiciones de atender a las facultades que le otorga la ley, conforme al ordinal 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b) La ejecución de tal auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, por el Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario del Estado de Querétaro. Luego, contra el citado acto destacado cabe el recurso de revocación previsto en el artículo 130 del Ley Nacional de Ejecución Penal, que a continuación se transcribe: "Artículo 130. Revocación. El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido. Del análisis de los preceptos transcrito con anterioridad, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el auto reclamado fue emitido por el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito judicial de Querétaro, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 130 de Ley Nacional de Ejecución Penal, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación ya que pudo hacer valer en el procedimiento que nos ocupa, el recurso de revocación, ello en razón de que el proveído reclamado es una determinación de mero trámite, de ahí la procedencia del recurso de revocación. Máxime que no se actualiza ninguna de las causas de excepción señaladas por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se advierte que se hayan hecho efectivas las medidas de apremio decretadas en el citado proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Querétaro, dentro de la carpeta única de ejecución de sentencia 580/2018, y menos que con motivo de ello se pretenda privar a la quejosa de su libertad personal. Para esclarecer lo anterior, es necesario establecer que conforme a lo asentado en el auto reclamado; en la especie la quejosa fe condenada a cien jornadas de trabajos en favor de la comunidad, (no existe pena de prisión); dicha resolución causo ejecutoria, se requirió a la quejosa el cumplimiento voluntario de la condena, empero ante su conducta contumaz, en el acto reclamado se le requiere para que en el lapso de veinticuatro horas acuda a recoger el oficio correspondiente para cumplir con la pena que le fue impuesta, apercibida que de no hacerlo, incurriría en el ilícito de quebrantamiento de penas no privativas de libertad y medidas de seguridad, previsto en el Código Penal del Estado de Querétaro; lo cual significa que el proveido impugnado constituye un auto de mero trámite, frente al cual es procedente el recurso de revocación. Esto es así porque los autos o proveídos de mero trámite son aquellos que no implica un pronunciamiento de derecho relacionado con las cuestiones de fondo planteadas, es decir: se trata de una resolución en la que no se establece ni define una situación particular de las partes en el proceso, ni se le reconoce a alguna de ellas en perjuicio de la otra algún derecho procesal o sustantivo, y tampoco incide de manera directa o indirecta en la libertad del imputado, por ejemplo: las que no se encuentran relacionadas con la emisión de una orden de aprehensión, tampoco con la emisión de un auto de vinculación a proceso, ni con la emisión de un auto de apertura de juicio oral o alguna otra sobre prescripción de la acción penal, imposición de medidas cautelares, procedimiento abreviado, etcétera. Por lo tanto, si en la especie en el acto reclamado no se adoptó resolución de fondo alguna, puesto que la pena impuesta deriva de la sentencia dictada en su contra y su obligatoriedad del hecho de haber causado ejecutoria dicho fallo, es claro que el proveido impugnado en el que se le otorga un plazo para recoger un oficio con apercibimiento de ley, es una resolución de mero trámite. En este orden de ideas, si la legislación en cita señala expresamente en alguna de sus disposiciones la procedencia del recurso de revocación en contra de los autos que de mero trámite, como en la especie acontece, resulta inconcuso la procedencia de un medio de defensa por virtud del cual pueden ser modificado, revocado o nulificado el proveído reclamado; esto es, el recurso de revocación previsto en el citado artículo 130. Luego, contra el citado proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, procede el recurso de revocación, previsto en el artículo antes mencionado, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; por lo cual, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por Luz María Soto Salinas. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen.

  4. Principal

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