Luz Maria Silva Medina

Expediente 1806/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1806/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
25/10/2017

Partes del expediente

  • Luz Maria Silva Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRESENTE CUADERNO INCIDENAL

  2. Principal

    Colima, Colima, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta el suscrito advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra del auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo Por otro lado, con base en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente no se considera de relevancia documental, pues según los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita; la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, el problema jurídico planteado no fue impugnado ante organismos públicos internacionales o se trata de un conflicto laboral colectivo; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. Finalmente, el suscrito ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido

  3. Principal

    Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el diez de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, Colima,******************** por propio derecho, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades que más adelante se precisan. II. Sustanciación. Mediante proveído de catorce de junio de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional previno al quejoso y mando aclarar la demanda. Luego, una vez cumplido el requerimiento hecho a la parte quejosa, el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo, misma que fue radicada con el número de expediente 944/2016; se solicitó a las responsables rindieran su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción -quien no formuló pedimento-; asimismo se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que -previo(s) diferimiento(s)- se verificó a las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. III. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. IV. Competencia específica. Además este Juzgado es competente, en virtud de que se reclama la constitucionalidad de una ley y reglamento federales, con motivo de su primer acto concreto de aplicación, lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción I, incisos b) y e), del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, cuyos efectos legales se concretizaron dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXXII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido con antelación, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se les reclaman, son los siguientes: AUTORIDAD(ES) ORDENADORA(S): De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en sus respectivos ámbitos competenciales: El dictamen, discusión, aprobación y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece; particularmente, los artículos 17-K y 28, fracción IV. Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México: La expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil quince; específicamente, las reglas 2.8.1.6 y 2.8.1.7. AUTORIDAD(ES) EJECUTORA(S): Del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Colima "1" del Servicio de Administración Tributaria: La aplicación de las normas y reglas de observancia general reclamadas. Actos que la parte quejosa estima vulneran en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1º, 6º, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. VI. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto atribuido a la Administrador Desconcentrado de Recaudación de Colima "1" del Servicio de Administración Tributaria, consistente en la aplicación de los artículos 17-K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, así como de las Reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, ya que así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado (folio 70). Negativa que se corrobora, si se toma en cuenta que la parte quejosa se autoaplicó la obligación contenida en los artículos y resoluciones referidos, al haber enviado su información contable el dos de marzo de dos mil dieciséis; por tanto, la existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la postura del promovente frente al mandato legal; de ahí que no se deba tener por cierta la materialización aludida atribuida a dicha autoridad. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 2ª./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de dicho acto y autoridad. No pasa desapercibido que la parte quejosa aportó al sumario constitucional en que se actúa, prueba documental consistente en los acuses de recibo del catálogo de cuentas y la balanza de comprobación correspondientes ambos al mes de enero de dos mil dieciséis, a las que se reconoce pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; pues evidencian que el promovente es una persona, con la calidad de contribuyente, cumplió con la obligación fiscal que emana de los artículos 17-K y 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, ubicándose de esta forma en la hipótesis de los dispositivos que ataca. Medio de prueba que, sin embargo, no tiene por el alcance de acreditar acto de aplicación alguno por parte de la administración desconcentrada responsable, pues el envío de la contabilidad electrónica fue producto de un actuar espontáneo del particular, quien en forma autónoma se plegó al mandamiento jurídico existente en ese sentido y remitió a la autoridad exactora el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación de la contabilidad del justiciable. No debe olvidarse que un acto concreto de aplicación de una ley es el que surge de una autoridad dotada de la fuerza coercitiva del Estado, esto es, en el ejercicio de sus facultades de imperio y cuyo efecto represivo apremia al ciudadano a cumplir con sus obligaciones o, en todo caso, el que se origina en un particular que actúa por señalamiento expreso del orden legal, cuyo cumplimiento impone sin intervención alguna de la voluntad del destinatario de la norma quien, ante ello, se encuentra imposibilitado para hacer uso de su arbitrio personal y elegir entre respetar las obligaciones que tiene como sujeto fiscal o no hacerlo. En ese orden de ideas, si el acto de aplicación de la norma provino del propio contribuyente, no puede reputarse en sentido formal como un proceder de autoridad, ni es posible equipararlo como tal para efectos del juicio de amparo, ya que tiene su origen en la voluntad de la parte quejosa, de apegarse a la mecánica legislativa que reclama. Aplica al caso, la jurisprudencia número treinta y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil seiscientos nueve del Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes, del Apéndice 1917 a septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, Materia Común, con registro electrónico 1004833, de contenido siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". VII. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, pues éstas, al rendir su informe con justificación, aceptaron los actos que se les reclamaron; de acuerdo al criterio contenido en la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, sobre todo, atendiendo al principio general de derecho que establece que las leyes no son objeto de prueba, reconocido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por imperativo expreso del ordinal 2 de la Ley de Amparo vigente, y en la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 65/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual cita: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." No obsta a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe con justificación reconociera la certeza de los actos que a ellos se les atribuyen, pero a continuación dijera que: "No son ciertos los demás actos reclamados". Sin embargo, esa manifestación no debe tomarse en cuenta, en virtud de que es genérica y de que en el mismo informe afirma la existencia del acto que a ella se le atribuye, consistente en la expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil quince, en particular las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7. VIII. Análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgador federal debe analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de garantías, lo aleguen o no las partes, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo; y con apoyo en la jurisprudencia 814, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del epígrafe y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, refiere que en el caso se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no acredita su interés jurídico ni legítimo para promover el juicio, pues las reglas impugnadas tienen el carácter de heteroaplicativas, porque dependen de un acto específico de aplicación, posterior a su vigencia. Continúa diciendo que no se han concretado los supuestos del artículo 28, fracciones III y IV en perjuicio de la quejosa, pues no acredita con medio de prueba idóneo que se ubique como sujeto obligado a partir de enero de dos mil dieciséis, a enviar sus registros y asientos contables por medios electrónicos. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Asimismo, cabe reproducir el contenido de los artículos 1, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la interpretación armónica de estos numerales se destaca que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica de la quejosa, pues, de lo contrario, será improcedente el citado medio de control constitucional, al no existir afectación al interés jurídico de aquella. Así, por interés jurídico para la procedencia del juicio constitucional debe tomarse en cuenta el criterio que refleja la jurisprudencia I.1o.A.J/17, publicada en la página 35, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, diciembre de 1992, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclama tendrá por incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico solo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." En términos del numeral transcrito, el juicio de amparo procede en contra de aquellos actos que causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe mencionar que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. De manera ilustrativa, se cita la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, que refiere: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." De lo reseñado, puede concluirse, que para que el juicio de amparo sea procedente, los actos reclamados deben ser derivados de un acto concreto de autoridad que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole un agravio personal y directo en su esfera de derechos y éste es el perjuicio a que se refiere la Constitución Federal, para que pueda prosperar la acción constitucional y los tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de dichos actos, correspondiendo a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas dada la situación objetiva en que se encuentran, ya sea por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, siendo titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Encuentra sustento esta consideración en la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, consultable en la página 822, del contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como, en la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, visible en la página 1736, del rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En la misma línea argumentativa, para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen en el mismo deben ser derivados de un acto concreto de autoridad o de la observancia de una ley que cause perjuicio al gobernado, ocasionándole una afectación a un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico (interés legítimo), y es éste el perjuicio a que se refiere la Ley de Amparo, para que pueda prosperar la acción constitucional y para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de estimar actualizado el perjuicio que le ha sido ocasionado al gobernado y puedan proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos. Sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, consultable en la página 1807, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Ahora, tratándose de amparo contra leyes, la procedencia del juicio constitucional está sujeta a la existencia de un perjuicio inmediato y directo en los intereses jurídicos del particular, pero para que ello pueda surtir sus efectos es necesario que se acredite ser sujeto de ese derecho debidamente tutelado. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 286, visible en la página 339, tomo I, del apéndice de 2000, Séptima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4º. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico". Así como la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, tomo 82, del mes de octubre de 1994, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que al rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE". Precisado lo anterior, la quejosa acude al juicio constitucional para impugnar, entre otros, la constitucionalidad del artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, con motivo de lo que considera el primer acto de su aplicación. Igualmente, impugna, entre otros, la aplicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Luego, el artículo 28, fracción IV, en cita, establece que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad deberán remitir periódicamente (cada mes) su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. Por otro lado, las reglas de las Resoluciones Miscelánea Fiscal, refieren el mecanismo y plazos para realizar el envío mensual de la contabilidad de los contribuyentes a través del buzón tributario (catálogo de cuentas y balanza de comprobación), establecido por el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Bajo tales consideraciones, la parte quejosa controvierte, como ya se dijo, el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de su primer acto de aplicación, es decir, a través del envío de su catálogo de cuentas y balanza de comprobación correspondientes al mes de enero de dos mil dieciséis, para lo cual exhibe los acuses de recibo correspondientes, documentales a las que les concede valor probatorio pleno. En tal virtud, con el contenido de dichas documentales, se advierte que la quejosa envió sus registros y asientos contables por medios electrónicos, y que en efecto se materializó el primer acto de aplicación con la remisión de la información contable a la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, por tanto resulta incuestionable que la causa de improcedencia que al respecto hace valer el Jefe del Servicio de Administración Tributaria es infundada. En otro orden de ideas, la autoridad responsable refiere que en el caso se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo al haberse promovido fuera del término de treinta días que establece la ley para combatir la ley con motivo de su entrada en vigor. Se desestima la causal de improcedencia alegada, ya que el quejoso no combate la ley con motivo de su entrada en vigor, sino con motivo de su primer acto concreto de aplicación, de ahí que el juicio de amparo se haya promovido dentro de los quince días que marca el artículo 17 de la Ley de la Materia, como se demuestra a continuación. Los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días: salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se advierte que el plazo para la presentación de la demanda de amparo se computará conforme a los supuestos que se enuncian a continuación: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rija; Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o la ejecución de éstos, y Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de ellos. Tratándose de la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Es ilustrativa de lo anterior la jurisprudencia P./J. 55/97, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, página 5, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". En el caso de leyes autoaplicativas basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer determinada circunstancia, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo que corresponde a la leyes heteroaplicativas impugnadas con motivo de su aplicación, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17, primer párrafo, y 107, fracción I, de la ley citada. La existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Precisado lo anterior, para determinar con claridad si la parte quejosa ocurrió a la presente vía constitucional, es menester analizar las documentales que obran agregadas en autos de la foja 37, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los 197, 202, 203 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su numeral 2, dado que contienen sello digital, las cuales validan y autentifican los citados documentos. Tienen aplicación, en lo conducente, las jurisprudencias 2a./J. 24/2008 y 2a./J. 162/2011 (9a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." "EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL RECIBO DE PAGO PROVISIONAL DE DICHO IMPUESTO CON SELLO DIGITAL ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA LEY RELATIVA Y EL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES RESPECTO DEL CITADO TRIBUTO Y DEL DIVERSO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008). Conforme a las reglas de carácter general establecidas por el Servicio de Administración Tributaria para enero de 2008, la declaración y, en su caso, el pago provisional del impuesto empresarial a tasa única debían realizarse a través de los medios electrónicos autorizados al efecto por dicho órgano desconcentrado, por ello, es innegable que con el recibo emitido por las instituciones de crédito, con el sello digital que permite autentificar la operación efectuada y el pago correspondiente, la quejosa acredita haberse ubicado en el supuesto de las normas reclamadas, lo que produce una afectación a su esfera jurídica. Por ello, aun cuando se trata de un acto de autoaplicación de las normas respectivas, se considera como el primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que dicha autoaplicación trasciende a la esfera jurídica del contribuyente y generó consecuencias, desde el momento en que las autoridades fiscales reciben el pago provisional correspondiente, conforme a las mencionadas reglas." De las constancias a las que se ha hecho referencia, se advierte que la quejosa al enviar la información de su contabilidad (catálogo de cuentas y balanza de comprobación), lo que acredita con los acuses de recibo correspondientes, tuvo conocimiento pleno de la aplicación de los numerales cuestionados desde el dos de junio de dos mil dieciséis, toda vez que el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación en relación con el 17-K, del mismo ordenamiento legal, constriñen a las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán remitir periódicamente (mensual) su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. En efecto, del envío de la contabilidad electrónica mensual, es evidente que la quejosa se autoaplicó los numerales cuestionados el día dos de junio de dos mil dieciséis, por lo que el término de quince días para promover el juicio de amparo fue del tres al veintitrés de junio de dos mil dieciséis, sin que puedan contabilizarse para dicho lapso el cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis, al ser sábados y domingos, de conformidad con los artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Por tanto, si la demanda constitucional fue promovida el diez de junio de dos mil dieciséis, es más que evidente que el juicio constitucional fue promovido dentro del término de quince días que marca el artículo 17 de la Ley de la Materia. De ahí lo infundado de la causal invocada. Derivado de ello, es que resulte infundada la causal que invoca la responsable consistente en actos derivados de consentidos respecto de las reglas reclamadas. Lo anterior pues como se vio la parte quejosa accionó la presente instancia oportunamente contra el artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, por ende, que el juicio también sea procedente respecto de las reglas 2.83.1.6 y 2.8.1.7 de la Miscelánea Fiscal para el dos mil dieciséis, máxime cuando estas también fueron impugnadas con motivo de su primer acto concreto de aplicación, no por su entrada en vigor. Finalmente, este juzgador no advierte de oficio la materialización de alguna de las hipótesis improcedencia, ni las autoridades responsables manifestaron la actualización de otra; por tanto se procede examinar el fondo materia del debate planteado, estudio que se efectuará a la luz de los conceptos de violación vertidos por la impetrante de garantías en su demanda de amparo, los que no habrá necesidad de transcribir en virtud de que a ello no obliga la Ley de Amparo, y porque su contenido es del conocimiento de las partes contendientes, de la parte quejosa por provenir de su intención, así como de las autoridades responsables y del agente del Ministerio Público Federal adscrito, por habérseles dado a conocer al momento en que se les corrió traslado con la demanda de amparo. Por tanto, se procede al análisis de los siguientes actos: 1. La discusión, aprobación, promulgación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, específicamente los artículos 17- K y 28, fracción IV. 2. La expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil quince, en particular las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7. Es aplicable al respecto la jurisprudencia VI.2o. J/129, integrada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a continuación se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." IX. Fijación de la litis constitucional. En el presente juicio se combaten diversos preceptos legales y reglas de carácter federal; lo que en estima de la parte quejosa son inconstitucionales, pues considera que el envió de forma electrónica (buzón tributario) de su información contable a la autoridad hacendaria, es una intromisión a su intimidad y domicilio, sin que medie una orden fundada y motivada que lo autorice, más cuando dicha intromisión es de forma permanente, por lo que considera violados en su perjuicio los principios de seguridad jurídica, subordinación jerárquica de la ley, privacidad e intimidad. Entonces, la litis en el presente juicio se circunscribe a dilucidar si existen o no las violaciones que la parte quejosa aduce. X. Estudio fundado y motivado de los conceptos de violación. Es menester aclarar que en materia de inconstitucionalidad de leyes -como es el caso- no existe la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja de los conceptos de violación, salvo cuando concurra la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 79, de la Ley de Amparo; lo cual en la especie no acontece. Asimismo, dada la extensa y reiterativa exposición hecha en la demanda de amparo, así como la dispersión argumentativa que contiene, este juzgador abordará los motivos de disenso planteados atendiendo a cada punto de inconformidad en concreto, para lo cual, se analiza tal ocurso en su integridad, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; transcrita en considerandos que preceden, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias. En relación con lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho público subjetivo generalmente reconocido como de "acceso a la jurisdicción", al mismo tiempo, instituye el "principio de exhaustividad y congruencia" de los fallos emitidos por los órganos facultados para decir el derecho. Sin embargo, tales prerrogativas instituidas a favor de los gobernados, no llegan al extremo de vincular a los órganos jurisdiccionales a dictar resoluciones tan extensas como las promociones de las partes, con base en la idea de referirse expresamente en los fallos, renglón a renglón, punto a punto, sobre todos los asertos enunciados, sino lo importante es que se resuelva la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, así como lo señalado en la tesis 1a. CVIII/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". En términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación se analizarán de manera conjunta, los cuales se encuentran íntimamente relacionados, y en los que aduce que los artículos en estudio son violatorios del principio de legalidad tributaria. Sirve de apoyo la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, página 2018, registro 2011406, con el rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." El impetrante de amparo, en su CONCEPTO DE VIOLACIÓN IDENTIFICADO COMO "SEGUNDO", señala que el dispositivo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 17-K, del mismo ordenamiento legal, así como con las reglas 2.8.1.6. y 2.8.1.7., de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad que establece el numeral 16 de la Constitución Federal, al imponer una obligación de ingresar en forma mensual su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (catálogo de cuentas y balanza de comprobación), sin exista mandamiento alguno que funde y motive la causa legal del procedimiento, ni la precisión del objeto de tal revisión. Asimismo, la parte quejosa refiere que las disposiciones reclamadas permiten a las autoridades fiscales allegarse de la información contable de los contribuyentes con el propósito de fiscalizarlos (intromisión permanente en sus papeles contables), sin la necesidad de un mandamiento escrito, y efectuar la revisión contemplada en l artículo 42, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación. Aunado al hecho de que no existe un plazo máximo en el que se deberá desarrollar y concluir dicha fiscalización, lo cual genera incertidumbre e inseguridad jurídica Sumado a lo anterior, indica la disconforme que las disposiciones reclamadas permiten emitir una preliquidación en términos del artículo 53-B, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, sin siquiera haber iniciado procedimiento alguno. De igual forma, sostiene que las disposiciones fiscales cuestionadas atentan contra uno de los derechos fundamentales del arábigo 16 constitucional, que es el de la inviolabilidad del domicilio, reconocido como el garantía de los gobernados a no ser molestados en su domicilio, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Además, aduce el promovente que los ordenamientos reclamados colocan a disposición de las autoridades fiscales toda la documentación contable del gobernado para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sin tener certeza del objeto de la revisión. Son infundados las alegaciones anteriores. El precepto 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El dispositivo citado, en términos generales, establece el derecho humano de legalidad cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica. Sobre ese tipo de actos, a diferencia de los privativos, es importante mencionar que pese a que afectan la esfera jurídica de las personas, sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia número ciento setenta y cuatro, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, visible en la página mil ciento diez del Tomo I, Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte-SCJN Décima Segunda Sección - Debido proceso, Materia Común, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, de consulta rápida bajo el registro electrónico número 1011466, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". En dicho supuesto (actos de molestia) las autoridades, al emitirlos, deben ajustarse a tres condiciones fundamentales 1) Que se exprese por escrito; 2) Que provenga de autoridad competente y, 3) Que en el documento escrito en el que se exprese, se funde y motive la causa legal del acto. De manera que de la disposición constitucional en comento es posible advertir que es obligación de la autoridad competente citar, en el acto de molestia, los preceptos legales en los que apoya su actuación, además de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya considerado para la emisión del acto, todo lo cual deberá tener adecuación con las normas en que aquél se fundamente, de tal manera que se configuren las hipótesis normativas. Ambos deberes tienen que ser acatados por toda autoridad (administrativa o judicial) que realiza actos de molestia en el ámbito de los derechos que tienen los gobernados. No se excluyen uno al otro sino que, por el contrario, deben coexistir en el escrito en el cual se plasma el acto de afectación, resaltando que su expresión debe adecuarse entre sí, es decir, no basta que se motive, sino que los órdenes jurídicos y las normas precisas que se están aplicando al caso concreto deben corresponder a las razones, motivos, circunstancias especiales o causas inmediatas que motivaron a la autoridad a realizar el acto de molestia, siendo imprescindible que se plasmen en el escrito que se dirige al gobernado. Ahora bien, el acto destacado en este juicio constitucional lo constituye el numeral 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente, que textualmente establece: "ARTÍCULO 28.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente: I. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes; en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general, deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos. Se entiende por controles volumétricos, los registros de volumen que se utilizan para determinar la existencia, adquisición y venta de combustible, mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán aquellos que autorice para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria, los cuales deberán mantenerse en operación en todo momento. II. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto." De la transcripción se advierte, que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales están obligadas a llevar contabilidad, ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, lo cual se correlaciona en el caso concreto con la regla 2.8.1.7. sobre "Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual", que se refiere al medio electrónico de 'buzón tributario', concepto que se materializa en el arábigo 17-K, del Código Fiscal de la Federación, adicionado en el decreto de nueve de diciembre de dos mil trece, sistema de comunicación asignado por el Servicio de Administración Tributaria a los contribuyentes personas físicas y morales, inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes que establece: "ARTÍCULO 17-K. Las personas físicas y morales inscritas en el registro federal de contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual: I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido. II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal. Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. La autoridad enviará por única ocasión, mediante el mecanismo elegido, un aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste". En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal se precisó, que la implementación del buzón tributario tiene por objeto "avanzar en la simplificación administrativa con base en una filosofía de servicio que evite el excesivo formalismo, pero que a su vez fomente el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales", mediante el empleo de medios electrónicos y digitales, ya que ello permite disminuir los plazos y los costos de los trámites que realizan los contribuyentes y las notificaciones que se les practican. Al respecto, se señaló: ".En los procedimientos operativos del Servicio de Administración Tributaria existe una gran cantidad de trámites que los contribuyentes realizan de forma presencial, lo que representa inversión de tiempo y dinero. Por ejemplo, el 26.2% de las operaciones relativas a presentación de declaraciones anuales, pagos, avisos y correcciones se realiza en papel o a través de ventanilla. Si bien este porcentaje es inferior al promedio de la OCDE, que es superior a 30%, de acuerdo con el documento Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series 2013, se considera que se puede avanzar sustancialmente en este aspecto. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que de acuerdo con cuantificaciones del Servicio de Administración Tributaria, el proceso de notificación personal tiene un costo de 259 pesos por diligencia, con una eficiencia del 81%, y requiere de 5 a 30 días a partir de la generación del documento para concluir el proceso de notificación. Por ello, utilizar los medios electrónicos y digitales para los trámites permitirá disminuir, además de los tiempos y costos, los vicios de forma que actualmente existen, pues se realizarían de manera inmediata. En ese contexto, se propone la creación de un sistema de comunicación electrónico denominado buzón tributario, sin costo para los contribuyentes y de fácil acceso, que permitirá la comunicación entre éstos y las autoridades fiscales. En dicho sistema se notificarán al contribuyente diversos documentos y actos administrativos; así mismo, le permitirá presentar promociones, solicitudes, avisos, o dar cumplimiento a requerimientos de la autoridad, por medio de documentos electrónicos o digitalizados, e incluso para realizar consultas sobre su situación fiscal y recurrir actos de autoridad, lo cual facilitará el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y redundará en beneficio del contribuyente". La reforma al Código Fiscal de la Federación, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, tiene como propósito fundamental ampliar la base de contribuyentes y asegurar su plena integración al ciclo tributario. Para ello, el legislador ordinario estimó necesario avanzar en la simplificación administrativa, mediante el empleo de mecanismos electrónicos de comunicación y almacenamiento de información que permitan, por una parte, facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, por otra, que los procesos de fiscalización sean más ágiles y eficientes, reduciendo sus plazos y costos de operación. Expuesto lo anterior, se debe tener en cuenta que el quejoso parte de la premisa de que la obligación prevista en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, tiene como finalidad que la autoridad fiscal tenga al alcance la contabilidad del contribuyente para ejercer facultades de comprobación permanentes. Sin embargo, el anterior argumento se sustenta en una inexacta apreciación jurídica, ya que los procedimientos de fiscalización tienen como propósito primordial hacer efectivo el deber contributivo regulado en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, a través del requerimiento formulado a los causantes para que proporcionen información o documentación que permita determinar su situación fiscal y, de ser necesario, determinar los créditos fiscales que correspondan. La obligación prevista en el precepto atacado constituye una obligación formal y no sustantiva, que no incide directamente en el deber de pago del tributo, sino en el establecimiento de un modelo de comunicación entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, compatible con el orden constitucional, mediante el empleo de nuevas tecnologías en materia de comunicación e información, de manera que su regulación es clara, no produce ninguna afectación arbitraria y facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, agilizando los procesos de recaudación y comprobación. Atento a ello, la actividad que despliega la autoridad exactora consiste en revisar la información y documentación que obra en su poder, remitida electrónicamente y relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, por lo que no constituye un acto de molestia, en virtud de que tal proceder, por sí y hasta en tanto no le haga saber al interesado la existencia de alguna irregularidad, no restringe derecho alguno de los contribuyentes, antes bien, permite constatar su situación fiscal sin generar las consecuencias y afectaciones propias del ejercicio de otras facultades de comprobación como la visita domiciliaria o la revisión de escritorio. En efecto, la obligación contenida en el numeral cuestionado no puede entenderse como el inicio de las facultades previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente en la fecha del primer acto de aplicación, ya que si bien la autoridad fiscal puede practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías, ello forzosamente deberá iniciar con el primer acto que se notifique al contribuyente, incluso haciendo de su conocimiento los hechos y las omisiones que vaya advirtiendo. Lo que pone en evidencia que para que la autoridad pueda generar un acto de molestia, como sería el ejercicio de sus facultades de comprobación, está obligada a notificar al contribuyente el inicio de ésta, exigencia que no desaparece por el hecho de tener en su poder la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, como lo establece el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación vigente, ni implica una intromisión permanente en sus registros contables, es decir, en su "catálogo de cuentas" y en su "balanza de comprobación", pues el eventual perjuicio derivado de lo comunicado debe hacerlo de su conocimiento previo a cualquier determinación, por lo que no es dable estimar que pueda actuar de manera arbitraria. Además, tratándose de actos administrativos que deben ser notificados, como el inicio de facultades de comprobación, el legislador estableció a través del precepto 38 del Código Fiscal de la Federación los requisitos que éstos deben contener para que puedan considerarse válidos, entre los que se encuentran precisamente el de constar por escrito, señalar la autoridad que lo emite, lugar y fecha de emisión, fundamentación y motivación, objeto, firma de quien lo expide, así como a quién va dirigido, entre otras precisiones. En consecuencia, debe estimarse que el ejercicio de la facultad que se le confiere a la autoridad hacendaria para verificar el acatamiento de las disposiciones fiscales con base en el análisis de la información y documentación que obra en su poder e identificar, en su caso, los hechos u omisiones que pudieran entrañar su incumplimiento, se traduce en un acto preparatorio del proceso de fiscalización, y como tal, de ninguna manera restringe provisional ni precautoriamente derecho alguno de los contribuyentes, ni implica la intromisión de la autoridad en su domicilio. Lo anterior se corrobora en los artículos 41-A, 41-B y 42-A del Código Fiscal de la Federación, expresamente se prevé que no se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando lleven a cabo investigaciones para constatar los datos proporcionados al registro federal de contribuyentes, ni cuando soliciten a los contribuyentes, responsables solidarios y terceros relacionados con ellos informes, datos o documentos adicionales que estimen necesarios para "aclarar" la información asentada en las declaraciones de pago provisional o definitivo del ejercicio y complementarias, así como en los avisos de compensación o para planear y programar actos de fiscalización. Lo así previsto por el legislador, tiene como objetivo principal conformar una base de datos que permita instrumentar procesos de fiscalización más ágiles y eficientes, así como evitar molestias a los contribuyentes cumplidos, impidiendo que la verificación y el requerimiento de información para tales efectos, produzcan las consecuencia propias del ejercicio de las facultades de comprobación, como lo es la imposición de sanciones y la suspensión del plazo de la caducidad de esas facultades, dado que ello implica su extensión hasta por cinco años más, según se desprende de la exposición de motivos del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Luego, si los actos de molestia -objeto de tutela por el derecho de seguridad jurídica que se consagra en el primer párrafo del artículo 16 constitucional-, son aquéllos que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, es claro que la facultad conferida a la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación que tiene en su poder de ninguna manera debe estimarse como un acto de molestia, dado que la actividad que despliega para constatar la veracidad o exactitud de esa información y documentación, por sí, en ningún momento restringe ni provisional ni precautoriamente derecho alguno de los contribuyentes; antes bien, permite revisar su situación fiscal sin generar las consecuencias propias del ejercicio de sus facultades de comprobación, particularmente, la suspensión del plazo de caducidad de esas facultades. Por tanto, la facultad conferida a la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que obra en su poder, sin tener que dar noticia de ello a los sujetos revisados, de ninguna manera es violatoria del derecho de seguridad jurídica que consagra el primer párrafo del artículo 16 constitucional; dado que tal proceder, por sí, no afecta derecho alguno de los contribuyentes, provisional o de manera precautoria, sino sólo cuando se advierte alguna irregularidad en su contabilidad; ya que en tal supuesto, de omitir regularizar su situación fiscal, se les sujeta a un procedimiento de fiscalización. Además, los numerales impugnados de modo alguno provocan incertidumbre en el contribuyente en cuanto al momento en que inician y concluyen las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria. Ello es así, pues la Suprema Corte de Justicia determinó que los derechos de legalidad y seguridad jurídica, en su expresión genérica, se respetan por el legislador cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en un determinado sentido, encauzan el ámbito de esa actuación a fin que, por un lado, el gobernado conozca las consecuencias jurídicas de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la autoridad se encuentre limitado y acotado; de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados, sea el resultado de un actuar caprichoso o arbitrario de la autoridad. Por tanto, debe tenerse en cuenta que, acorde a lo previsto en los artículos 42 y 53-B del Código Fiscal de la Federación, tratándose de la revisión electrónica, las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, entendidas como aquellas enderezadas a determinar si los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales, inician con la notificación de la resolución provisional y concluyen con la notificación de la resolución definitiva. No así con la simple revisión de la información que ofrezcan a través del buzón tributario. Así, en la notificación provisional se le dan a conocer los hechos u omisiones que se presumen, entrañan el incumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en su caso, la preliquidación de las contribuciones omitidas, lo que de suyo implica la precisión de los rubros o conceptos específicos que serán objeto de revisión. Sin que obste lo anterior, las manifestaciones de la parte quejosa, relativas a la inexistencia de un plazo cierto y determinado para que concluya la revisión electrónica, en virtud que el dictado de la resolución definitiva está sujeto a los diversos supuestos que pueden verificarse durante el desarrollo del procedimiento. De ahí que, conforme a lo previsto en el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, la revisión electrónica se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento: 1. Cuando del análisis de la información y documentación que obra en su poder, la autoridad advierte hechos u omisiones que entrañan el incumplimiento de obligaciones fiscales del sujeto revisado, se le hará de su conocimiento a través de una resolución provisional en la que se hará constar la preliquidación de las contribuciones omitidas, en su caso, y se le requerirá para que dentro de los quince días siguientes al en que se le notifique la precitada resolución; 2. Manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime conducentes para desvirtuar las irregularidades advertidas o acredite el pago respectivo; 3. De aceptar la preliquidación, regularice su situación fiscal mediante el pago de las contribuciones omitidas y accesorios, caso en el cual, pagará una multa equivalente al 20% de esas contribuciones. 4. Si el contribuyente ofrece pruebas y de ellas no se advierten nuevos hechos u omisiones, la autoridad deberá dictar la resolución definitiva correspondiente dentro del plazo de cuarenta días contados a partir de su desahogo. En cambio, cuando de las pruebas aportadas por el contribuyente, la autoridad advierta elementos adicionales que deben ser revisados, podrá: 1. Requerir por segunda ocasión al contribuyente dentro de los diez días siguientes al en que recibió las pruebas, quien deberá desahogar el requerimiento dentro un plazo igual; o 2. Solicitar información y documentos a un tercero, lo que deberá hacer del conocimiento del contribuyente revisado dentro de los diez días siguientes al en que se formuló la solicitud. En ambos casos, se suspenderá el plazo previsto para dictar la resolución definitiva; en la inteligencia de que en el segundo supuesto, la suspensión, en ningún caso podrá exceder de seis meses, excepto en materia de comercio exterior en donde de ninguna manera podrá exceder de dos años. 3. Dentro de los cuarenta días siguientes al en que se reciba la información solicitada, o se desahogue la prueba pericial, en su caso, la autoridad deberá dictar y notificar la resolución definitiva. Como se puede advertir, en la revisión electrónica, el plazo para el dictado de la resolución definitiva es de cuarenta días, y si bien es cierto que el inicio del cómputo respectivo está sujeto a la actualización de los diversos supuestos que pueden presentarse durante el desarrollo del procedimiento respectivo, también es verdad que cada uno de esos supuestos está sujeto a un plazo cierto y determinado, con lo cual se impide un actuar arbitrario de la autoridad. Aunado a lo anterior, es preciso tener en cuenta que los artículos 38 y 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, establecen lo siguiente: "Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos: I. Constar por escrito en documento impreso o digital. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario, deberán transmitirse codificados a los destinatarios. II. Señalar la autoridad que lo emite. III. Señalar lugar y fecha de emisión. IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate. V. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los funcionarios pertenecientes al Servicio de Administración Tributaria, serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo Segundo, del Título I denominado "De los Medios Electrónicos" de este ordenamiento. En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, el funcionario competente podrá expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en el documento impreso un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución. Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en el sello resultado del acto de firmar con la firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, que se encuentre contenida en el documento impreso, producirá los mismos efectos que las Leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que contenga la impresión del sello resultado de la firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, será verificable mediante el método de remisión al documento original con la clave pública del autor. El Servicio de Administración Tributaria establecerá los medios a través de los cuales se podrá comprobar la integridad y autoría del documento señalado en el párrafo anterior. Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad. "Artículo 134. Las notificaciones de los actos administrativos se harán: I. Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo en el buzón tributario, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos. La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. La facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos. El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar. Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será enviado un aviso mediante el mecanismo elegido por el contribuyente en términos del último párrafo del artículo 17-K de este Código. Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que le sea enviado el aviso al que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquél en que le fue enviado el referido aviso. La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el contribuyente será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autenticarse en el medio por el cual le haya sido enviado el citado documento. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido al efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión contendrá un sello digital que lo autentifique. Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digital correspondiente, conforme a lo señalado en los artículos 17-D y 38, fracción V de este Código." El análisis armónico de los numerales transcritos permite establecer que los citatorios, requerimientos y solicitudes de informes o documentos -como lo es la resolución provisional- deben constar por escrito en documento impreso o digital, debidamente fundado y motivado, en el que se deberá señalar a quien va dirigido, la autoridad que lo emite, el objeto o propósito del mismo, así como la fecha y lugar de emisión, debiéndose notificar de manera personal o por mensaje de datos a través del buzón tributario, caso en el cual, la notificación se tendrá por realizada cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar, de lo que se sigue que el contribuyente está en aptitud de conocer con certeza el momento a partir del cual inicia la revisión electrónica. En tal sentido, es evidente que la norma impugnada de ninguna manera viola el derecho fundamental de seguridad jurídica que consagra el primer párrafo del artículo 16 constitucional, pues como quedó apuntado, tratándose de la revisión electrónica, el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria inician con la notificación de la resolución provisional, en la que se deberán precisar los rubros o conceptos específicos que serán objeto de revisión a partir de los hechos u omisiones advertidos con base en el análisis de la información que tiene en su poder y, en su caso, la preliquidación de las contribuciones omitidas; y culminan con la notificación de la resolución definitiva; lo que deberá realizarse dentro de los cuarenta días siguientes al en que se reciban las pruebas del contribuyente o se desahogue la pericial, o bien, a partir de que se reciba la información solicitada a terceros, lo que deberá realizarse en los plazos previstos para tales efectos. En la inteligencia de que la resolución provisional deberá constar en documento escrito -impreso o digital- y deberá precisar la fecha y lugar de emisión, así como la autoridad que lo emite y la persona a la que se dirige. De ahí que contrariamente a como lo sostiene el quejoso, la obligación prevista en el ordinal 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el precepto 17-K del mismo ordenamiento legal, así como las reglas generales cuestionadas, no resultan violatorias de los derechos fundamentales contenidos en el dispositivo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se cita al respecto la tesis aislada 2a. LXXIII/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil trescientos siete, del Libro 33, agosto de dos mil dieciséis, del Tomo II, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2012395 que dice: "REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PODER DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. NO ES UN ACTO DE MOLESTIA. Los actos de molestia -objeto de tutela del derecho a la seguridad jurídica reconocido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, son aquellos que restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. En ese sentido, la facultad conferida a la autoridad hacendaria para revisar la información y documentación que tiene en su poder para constatar el acatamiento de las disposiciones fiscales, no es un acto de molestia, ya que la actividad que despliega para constatar la veracidad o exactitud de esa información y documentación, por sí, no restringe provisional ni precautoriamente derecho alguno de los contribuyentes, antes bien, permite revisar su situación fiscal sin generar las consecuencias propias del ejercicio de sus facultades de comprobación, particularmente la suspensión del plazo para que opere la caducidad de esas facultades, el cual, tratándose de pagos y declaraciones definitivas, inicia una vez remitida la información contable a través de medios electrónicos". Asimismo, se invoca la tesis aislada 2a. LXI/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos noventa y tres, del Libro 33, agosto de dos mil dieciséis, Tomo II, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2012380 que dice: "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE EN SÍ UN ACTO DE FISCALIZACIÓN (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). Las obligaciones de llevar contabilidad en medios electrónicos y de enviar mensualmente la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, previstas en el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, no constituyen -en sí- un acto de fiscalización (de la información proporcionada), sino simplemente obligaciones que se generan ante la necesidad de actualizar las prácticas tradicionales de recaudación, bajo un contexto social diferente, donde el uso de la tecnología es casi imprescindible. Lo anterior se hace patente del análisis de los trabajos legislativos que precedieron al contenido de la citadas porciones normativas, de donde se advierte que dichas actividades tienen como fin integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales de carácter formal y, por otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, los cuales evidentemente deben sujetarse a las formalidades previstas para desplegar cada uno de ellos. Ante esa circunstancia, resulta innecesario que, previo al cumplimiento de dichas obligaciones y particularmente, a la de enviar la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, exista un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". Finalmente, tiene aplicación la tesis aislada 2a. LIX/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos ochenta y siete del Libro 33, agosto de dos mil dieciséis, Tomo II, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2012375, que dice: "BUZÓN TRIBUTARIO. EL ARTÍCULO 17-K DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER ESE MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTRIBUYENTE Y LA AUTORIDAD HACENDARIA, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013). El citado precepto dispone que las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual, la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido, y los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal, estableciendo el mecanismo para corroborar su autenticidad y correcto funcionamiento inicial. Lo anterior permite observar que el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación sólo instaura un nuevo canal de comunicación entre el contribuyente y la autoridad hacendaria aprovechando los avances tecnológicos, precisando con toda claridad cuál será su propósito y la forma en que se le dotará de eficacia, con lo cual, se deja en claro al contribuyente a qué atenerse, pues la norma le permite conocer que tendrá asignado un buzón tributario para interactuar e intercambiar información con la autoridad hacendaria, de manera que tiene la certeza de que, a través de ese medio, le efectuará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita y que, por la misma vía, deberá presentar sus promociones, solicitudes, avisos, dar cumplimiento a sus obligaciones y a los requerimientos que se le formulen, así como realizar consultas sobre su situación fiscal, aunado a que la redacción de la norma impide a la autoridad cualquier actuación arbitraria o excesiva, en la medida en que establece con precisión el objeto y finalidad del buzón tributario, el cual no podrá utilizarse para cuestiones diversas de las expresamente establecidas por el legislador. En esos términos, el artículo 17-K invocado, no viola el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración, que sólo propone delimitar lo que podrá enviarse a través del citado medio, y no detalla cómo se hará el envío respectivo, esto es, cómo se efectuarán las notificaciones por esa vía ni bajo qué parámetros se tendrán por realizadas, a fin de constatar que la información respectiva ha sido entregada al receptor, pues esos aspectos se regulan esencialmente en el artículo 134 del referido código tributario". Por las razones expresadas, se desestiman los argumentos que se contienen en el CONCEPTO DE VIOLACIÓN denominado como "TERCERO", enderezados a demostrar que los preceptos legales impugnados violan el derecho a la inviolabilidad del domicilio que tutela el artículo 16 constitucional, según lo expuesto por la quejosa en él, sin que pueda estimarse que, atendiendo a los avances tecnológicos, el concepto de domicilio debe extenderse a los "archivos electrónicos" en los que se contiene la contabilidad de los contribuyentes, de modo tal que para poder revisarla, la autoridad deba sujetarse a las formalidades prescritas para los cateos. Ello, porque lo que se protege por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, es el ámbito espacial en el que se desarrolla la vida privada de las personas, restringiéndose la intromisión de la autoridad a determinados supuestos y bajo ciertos requisitos. Incluso, así se desprende de la tesis aislada 1a. CXVI/2012 (10a.), con número de registro 2000979, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo I, Página 258, de rubro y texto siguientes: "DOMICILIO. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. El concepto de domicilio que contempla el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no coincide plenamente con el utilizado en el derecho privado y en especial en los artículos 29, 30 y 31 del Código Civil Federal, como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio de derechos y obligaciones. El concepto subyacente a los diversos párrafos del artículo 16 constitucional ha de entenderse de modo amplio y flexible, ya que se trata de defender los ámbitos en los que se desarrolla la vida privada de las personas, debiendo interpretarse -de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional- a la luz de los principios que tienden a extender al máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, ya que en el domicilio se concreta la posibilidad de cada individuo de erigir ámbitos privados que excluyen la observación de los demás y de las autoridades del Estado. Así las cosas, el domicilio, en el sentido de la Constitución, es cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, aun cuando sea ocupado temporal o accidentalmente. En este sentido, el destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de ahí que resulten irrelevantes la ubicación, la configuración física, su carácter de mueble o inmueble, el tipo de título jurídico que habilita su uso o la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. Así las cosas, la protección constitucional del domicilio exige que con independencia de la configuración del espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisión de terceros. En el mismo sentido, la protección que dispensa el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha de extenderse no solamente al domicilio entendido como aquel lugar en el que un individuo fija su residencia indefinidamente, sino a todo espacio cerrado en el que el individuo pernocte y tenga guardadas las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera permanente o esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un hotel. Existen personas que por específicas actividades y dedicaciones, pasan la mayor parte de su tiempo en hoteles y no por ello se puede decir que pierden su derecho a la intimidad, pues sería tanto como privarles de un derecho inherente a su personalidad que no puede ser dividido por espacios temporales o locales. Ahora bien, no sobra señalar que las habitaciones de este tipo de establecimientos pueden ser utilizadas para realizar otro tipo de actividades de carácter profesional, mercantil o de otra naturaleza, en cuyo caso no se considerarán domicilio de quien las usa para tales fines. En el caso de los domicilios móviles, es importante señalar que -en principio- los automóviles no son domicilios para los efectos aquí expuestos, sin embargo, se puede dar el caso de aquellos habitáculos móviles remolcados, normalmente conocidos como roulottes, campers o autocaravanas, los cuales gozarán de protección constitucional cuando sean aptos para servir de auténtica vivienda." El criterio citado precisa que el concepto de domicilio que tutela el artículo 16 constitucional, comprende cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada individual o familiar de las personas, aun cuando sea ocupado temporalmente, haciéndolo extensivo únicamente a los automóviles que sean aptos "para servir de auténtica vivienda". En todo caso, los sistemas o mecanismos electrónicos de almacenamiento de información que pueden estimarse protegidos por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, son aquellos que se encuentran dentro del ámbito espacial en el que se desarrolla la vida privada de las personas, no así los implementados por la autoridad para integrar una base de datos estandarizada con la información y documentación fiscal de los contribuyentes, como es la relativa a sus declaraciones -provisionales, del ejercicio, informativas y complementarias-, avisos, contabilidad, dictámenes sobre estados financieros y comprobantes fiscales. Esto es, a decir de la quejosa, el concepto de domicilio debe extenderse a todos los medios electrónicos en los que se resguarda la contabilidad de los contribuyentes, de modo tal que para poder revisarla a fin de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la autoridad debe sujetarse a las formalidades prescritas para los cateos, lo que en el caso no acontece, ya que el sistema de contabilidad electrónica se instrumentó para que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación con base en la información contable de los contribuyentes, lo que a su decir implica que la revisión electrónica se traduce en una fiscalización permanente de su contabilidad. Lo así considerado por la quejosa parte de dos premisas incorrectas. La primera consiste en estimar que la información contable que se ingresa al sistema de contabilidad electrónica comprende todos los conceptos que integran su contabilidad, lo cual es inexacto, ya que de acuerdo con lo previsto en la fracción I, del artículo 28, del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad para efectos fiscales se integra por los libros, papeles de trabajo, estados de cuenta, sistemas y registros contables, equipos y medios electrónicos, control de inventarios, métodos de evaluación y, en general, toda la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; en tanto que la información contable que se debe ingresar mensualmente en el referido sistema de contabilidad electrónica "es aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información financiera, o bien el marco que esté obligado a aplicar por alguna disposición legal o normativa", de manera específica por cuanto se refiere a sus catálogos de cuenta, al balance del periodo y a sus pólizas, según se desprende de las reglas vigentes para dos mil dieciséis. La segunda premisa en que se sustenta la quejosa, estriba en que el nuevo sistema de contabilidad electrónica constituye un mecanismo de fiscalización, entendido como aquél a través del cual la autoridad verifica el cumplimiento de las disposiciones fiscales, lo que también es inexacto, pues como ya quedó apuntado, se trata de un sistema de almacenamiento y procesamiento de datos que permite estandarizar la información contable de los contribuyente, para que, junto con el resto de la información y documentación que obra otros sistemas electrónicos análogos, se integre una base datos que permita agilizar y eficientar los procesos de recaudación y fiscalización; y si bien la información contable puede ser objeto de revisión, también es verdad que en sí misma no constituye una excepción al derecho de inviolabilidad del domicilio. Sirve de apoyo a la consideración que antecede, por los motivos que la informan, la Jurisprudencia P./J. 6/93, con número de registro 389686, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Apéndice de 1995, página 220, de rubro y texto siguiente: "MAQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACION FISCAL. SU IMPLANTACION OBLIGATORIA NO TRANSGREDE EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. El artículo 16 de la Constitución al establecer que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, consigna como excepción a la regla general de inviolabilidad domiciliaria prevista por el propio precepto constitucional, la facultad de las autoridades para comprobar el debido acatamiento a las disposiciones fiscales, aun introduciéndose en el domicilio de los causantes, cumpliendo en tal hipótesis con los requisitos mencionados. Ahora bien, no debe confundirse la facultad de verificación a que se ha hecho referencia con los sistemas de registro contable que pueden llegar a ser objeto de dicha verificación. Las máquinas registradoras de comprobación fiscal, cuya implantación obligatoria se impone a los contribuyentes que especifica el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, no constituye propiamente un acto de fiscalización, entendido éste como aquél a través del cual la autoridad administrativa realiza actos concretos destinados a determinar si los contribuyentes cumplen con las disposiciones fiscales, sino un sistema de registro contable, que si bien puede llegar a ser objeto de revisión por parte de la autoridad, en sí mismo no constituye una excepción a la garantía de inviolabilidad domiciliaria, pues no implica intrusión al domicilio de los contribuyentes ya que sólo es una obligación que aquéllos deben cumplir en su domicilio. Además, el hecho de que el precepto constitucional sólo aluda a libros y papeles no significa que el legislador ordinario no pueda establecer otros métodos de registro contable que, en su caso, sean objeto de revisión por parte de la autoridad, sino que debe entenderse que al aludir a libros y papeles, el Constituyente se refirió en forma general a la facultad de verificación de la autoridad administrativa sobre cualquier tipo de registro contable que legalmente tengan implantados los contribuyentes, máxime que no tenía por qué referirse a todas las maneras conforme a las cuales éstos deben registrar sus operaciones si dichos sistemas contables no constituyen una excepción a la garantía de inviolabilidad domiciliaria." Además, la circunstancia de que en el artículo 16 constitucional se prevea que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias solo para exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, de ninguna manera significa que la revisión de la contabilidad del contribuyente deba practicarse indefectiblemente en su domicilio; tan es así, que es susceptible de ser revisada en el domicilio de la propia autoridad a través de los procedimientos de fiscalización previstos legalmente para tal efecto, como lo es, la revisión de escritorio o gabinete. De ahí que contrariamente a como lo sostiene la quejosa, la obligación prevista en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, no resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso la tesis aislada 1a.CCVIII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, materia Constitucional, página 599, Décima Época, registro: 2009353, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN PODER DE UNA DE LAS PARTES. EL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que lo prohibido por el artículo 16, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la intercepción o el conocimiento antijurídico de una comunicación ajena y que la violación del derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se consuma cuando se escucha, graba, almacena, lee o registra, sin el consentimiento de los interlocutores o sin autorización judicial, una comunicación ajena. Ahora bien, el artículo 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles al prever, en su parte final, que si una de las partes no exhibe al tribunal, la cosa o documento que tiene en su poder o de que puede disponer, deben tenerse por ciertas las afirmaciones de su contraparte, salvo prueba en contrario, no vulnera el derecho fundamental referido, ya que dicho artículo no autoriza la intervención extrajudicial de las comunicaciones privadas, esto es, no tiene por objeto intervenir una comunicación ajena, y mucho menos sin autorización judicial; tampoco tiene como finalidad el conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas, pues sólo regula un mecanismo necesario para que el juez se allegue de los medios de prueba que estime necesarios para la resolución de la controversia, como lo es el requerimiento judicial de la exhibición de documentos, en el entendido de que el requerimiento que realice con base en dicho artículo tendrá que estar fundado y motivado, y en virtud de la consecuencia que se impone a la parte requerida, deberá atender al principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba, ya que sólo en aquellos casos en que la prueba en poder de la parte requerida sea necesaria para dilucidar la litis del juicio, se justifica su requerimiento. Asimismo, el juez debe tomar en cuenta que la información que se estime confidencial de la parte requerida se encuentra protegida frente a intromisiones ilegítimas, por lo que el requerimiento podrá estar justificado cuando el juzgador advierta, funde y motive que la falta de exhibición del documento puede afectar los derechos de terceros y sea necesario para dilucidar la litis del juicio". En otro orden de ideas, la parte quejosa en sus CONCEPTOS DE VIOLACIÓN IDENTIFICADOS COMO "CUARTO" Y "SEXTO", en lo que alegan que las normas reclamadas son violatorias de los dispuesto en los artículos 1º, 6º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en el numeral 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el arábigo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al no otorgar garantías suficientes para mantener la confidencialidad y proteger a las personas físicas en la intimidad o privacidad y resguardar sus datos personales, como aquellos relacionados con aspectos económicos, comerciales e inherentes a su identidad; lo anterior resulta infundado como a continuación se precisa. Cabe destacar que el primer párrafo del artículo 16 constitucional, además de la protección de datos personales, contempla el derecho humano a la privacidad y a la intimidad, que están estrechamente vinculados; tal aseveración se encuentra protegida en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ordinal 17), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la protección del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Así, la protección de datos personales, la autodeterminación informativa o el derecho a la privacidad de la información personal se entiende como la facultad de control sobre aquélla que los demás pueden disponer de una persona, o bien, como un derecho a decidir cuándo, cómo y en qué medida la información personal es comunicada a otros; de esta manera, la protección de datos personales se configura como un derecho autónomo que sirve como una herramienta de efectividad derecho a la vida privada. Asimismo, debe señalarse que la reforma constitucional al numeral 1º de la Constitución General de once de junio de dos mil once, implicó un cambio de paradigma en el orden jurídico nacional al establecer que "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la norma fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte", obligando a todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus atribuciones, a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino también por aquellos reconocidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano. En ese sentido, el Alto Tribunal consideró que los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes y que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros. Ahora bien, es importante señalar que desde el punto de vista de la teoría del derecho, el concepto de "persona" se refiere a un "centro de imputación de derechos y obligaciones" y, en esa medida, la definición que aporta la ciencia jurídica no hace una distinción entre las personas físicas y las jurídicas en tanto ambas son portadoras de derechos y obligaciones; lo anterior resulta lógico, pues tomando en consideración que las personas morales están integradas por personas físicas, sería insostenible negar la titularidad de derechos fundamentales a las primeras. No obstante, el derecho a la protección de datos personales consiste en el control de cada individuo en el acceso y uso de la información personal con la finalidad de mantener la vida privada de las personas, ya que tienen derecho a la protección de ciertos datos ante cualquier intromisión arbitraria de las autoridades o de diversas personas, tales como información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo; de ahí que los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos, comprenden únicamente aquellos documentos e información que les son inherentes. Sin embargo, las normas aquí cuestionadas no vulneran el derecho fundamental a la privacidad en su faceta de control sobre la información personal, pues lo que los dispositivos legales reclamados exigen de la quejosa, es información vinculada al cumplimiento de las obligaciones fiscales que le resultan en su condición de contribuyente, máxime que el derecho de los gobernados a decidir la información que proporcionan no rige en forma absoluta, pues como toda prerrogativa legal, existen excepciones que nacen en el cumplimiento de disposiciones de orden público, naturaleza que precisamente tienen las normas que regulan la verificación del debido cumplimiento a sus obligaciones fiscales, por estar todo ello relacionado a la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos en términos de la fracción IV del artículo 31 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que rige, se cita por ser de obligatoria aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 145/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes veintiocho de octubre del año en curso en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, con registro electrónico 2012922, que dice: "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIONES III Y IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, NO VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRIVACIDAD, EN SU DIMENSIÓN DE CONTROLAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL. Las normas mencionadas no vulneran el derecho fundamental a la privacidad, en su dimensión de controlar la difusión de la información personal, ya que de su contenido puede advertirse que la información contable que obligan al contribuyente a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, a través de los medios electrónicos, se relaciona con: catálogo de cuentas; balanzas de comprobación, que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento); y pólizas de periodo y sus auxiliares y folios fiscales; información que está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no así con aspectos confidenciales o de su vida privada. Máxime que el derecho de los contribuyentes a decidir la información que proporcionan no es absoluto, al estar limitado al cumplimiento de disposiciones de orden público, como aquellas que tienen por objeto verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; de no ser así, se llegaría al absurdo de considerar que la verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario está supeditado a la voluntad del contribuyente, lo cual es contrario a los postulados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sobre este punto, es importante destacar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, párrafo tercero, considera información confidencial, entre otras, la que constituya secreto fiscal, entendida como tal en la disposición legal relativa, lo que en el caso acontece en el precepto 69 del Código Fiscal de la Federación que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código, ni la que se proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet que se pretenda deducir o acreditar, expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento". El numeral reproducido prevé la obligación de reserva absoluta en lo concerniente a información tributaria (declaraciones, información otorgada por los contribuyentes o por terceros que guarden relación con éstos, así como los que la autoridad hacendaria obtenga en ejercicio de las facultades de comprobación) del contribuyente, a cargo del ente público que en materia fiscal intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones de esa índole, con las excepciones ahí determinadas. De tal modo que la interpretación confome al artículo 69 del código en mención, permite sostener que el secreto fiscal protege exclusivamente los datos personales, patrimoniales, de ingresos y deducciones relativas a las declaraciones de impuestos, provisionales y definitivos de los contribuyentes; establece una carga concreta de no hacer, impuesta a los servidores públicos de la autoridad fiscal, consistente en que al aplicar sus disposiciones no deben revelar de ninguna forma información tributaria de los contribuyentes. A tal conclusión arribó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio aislado 1a. CVII/2013 (10a.), visible en la página novecientos setenta del Libro XIX, abril de dos mil trece de la Décima Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2003406, que dice: "SECRETO FISCAL. CONCEPTO DE. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de reserva absoluta en lo concerniente a la información tributaria del contribuyente (declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación), a cargo del personal de la autoridad fiscal que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. Así, en principio, dicha medida legislativa establece una concreta carga -de no hacer- impuesta al personal -servidores públicos- de la autoridad fiscal, consistente en que al aplicar las disposiciones fiscales no deben revelar de ninguna forma información tributaria de los contribuyentes. En esto precisamente, desde la perspectiva del derecho positivo, consiste el "secreto fiscal". Por ende, la intervención legislativa por la cual se estableció el secreto fiscal no se encuentra diseñada normativamente como un principio o derecho fundamental, sino más bien como una regla-fin en los términos señalados. Pero la reserva del secreto fiscal no es absoluta, tal y como lo dispone el mismo artículo 69, con independencia de que en principio así se encuentre establecido textualmente, sino relativa al establecer dicho precepto distintas excepciones al respecto". A mayor abundamiento, el hecho de que la información sea presentada a través de la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, no implica inseguridad para la quejosa, pues no es del dominio público al obrar en el buzón tributario, ya que para acceder a dicha información, de conformidad con el artículo 134, fracción I, del Código Fiscal, se requiere de una clave de seguridad personal, intransferible y de uso confidencial; aunado a que el dispositivo 18 de dicho ordenamiento, establece que toda promoción que se envíe de manera electrónica, deberá contener entre otros requisitos, la dirección de correo electrónico para recibir avisos; máxime que como lo dispone el artículo 38, fracción I, párrafo segundo, del código tributario, todo acto administrativo que conste en documentos digitales será notificado personalmente o por buzón, caso en el que su transmisión será codificado a su destinatario. En esas condiciones y contrariamente a lo que refiere el quejoso, no existe transgresión al derecho de protección de datos personales, dado que cuenta con la certeza del manejo de la información que proporcionen a la autoridad fiscal; consecuentemente, es infundado el argumento planteado en el concepto de violación respectivo. Por otra parte, en el CONCEPTO DE VIOLACIÓN IDENTIFICADO COMO "PRIMERO", el promovente del amparo manifiesta que las Reglas 2.8.1.6., fracción II, tercer párrafo y 2.8.1.7., fracción II, inciso e), de la Resolución Miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, resultan violatorias de los principios de seguridad jurídica y legalidad tributaria, en su variante de reserva de ley, así como del principio de subordinación jerárquica, consagrados en los artículos 16, primer párrafo y 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que establecen mayores requisitos que los previstos en la propia ley, respecto de la obligación de los contribuyentes a ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, esto es, mediante el buzón tributario, ya que exigen la existencia y envío de una balanza de cierre del ejercicio que implica la elaboración de una balanza anual, lo que no está previsto en la codificación fiscal que sistematizan. Al respecto, debe decirse primeramente que la facultad reglamentaria es aquélla que ejercen las autoridades administrativas, para emitir normas de carácter secundario con el fin de hacer cumplir las leyes dentro de su ámbito de actuación, las cuales deben ajustarse a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica. El primer concepto significa que hay bienes jurídicos que debido a su importancia, sólo pueden ser regulados en un acto formal y materialmente legislativo, es decir, la propia ley expedida por un órgano legislativo, ya que ésta autoridad es la única que tiene facultades para regular bienes jurídicos importantes como la libertad de prensa o trabajo, propiedad, los tipos penales, los elementos de los tributos, etcétera. Mientras que la subordinación jerárquica, implica que el decreto, reglamento, circular u normatividad secundaria que emita la autoridad administrativa, debe ser precedida por una ley y, únicamente podrá profundizar sus disposiciones, pero nunca modificarla, limitarla o derogarla, toda vez que la legislación es el fundamento y límite de las normas secundarias. En esta línea argumentativa, es importante señalar que, debido al desarrollo exponencial que ha experimentado la administración pública, tanto el poder legislativo como el ejecutivo han tenido la necesidad de otorgar facultades a los órganos administrativos para regular de forma más eficaz las demandas del servicio, lo cual se realiza mediante la creación de las denominadas cláusulas habilitantes, las cuales son normas contempladas en un ordenamiento jurídico, y en virtud de las cuales se otorgan atribuciones a una secretaría de Estado o a un ente administrativo, para emitir las reglamentaciones necesarias para satisfacer los requerimientos que afronten. Lo anterior no significa que las autoridades administrativas puedan actuar de forma arbitraria con fundamento en una cláusula habilitante, pues las facultades ahí otorgadas, tienen como límite las atribuciones que ahí se precisan. Dicho en otras palabras, una clausula habilitante puede ser establecida en una ley emitida por el congreso federal o local, o bien, en un reglamento expedido por el poder ejecutivo federal o local, pero los ordenamientos jurídicos secundarios que los entes administrativos decreten con fundamento en tales clausulas no pueden ir más allá de lo que la ley o el reglamento prescriban, por lo que en este sentido se infiere que están sujetas a los principios reserva de ley y subordinación jerárquica. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos sesenta y cuatro del volumen 205-216, Sexta Parte, de la Séptima Época, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 248139, que dice: "SECRETARIOS DE ESTADO. SUS FACULTADES NORMATIVAS CUANDO SON AUTORIZADOS POR EL LEGISLADOR PARA CREAR NUEVAS REGLAS DE DERECHO. CLAUSULAS HABILITANTES Y LOS LÍMITES DE SU EJERCICIO. En términos del artículo 89, fracción I, de la Constitución, los secretarios de Estado no participan de la facultad reglamentaria. Sin embargo, el gran desarrollo de la actividad administrativa en los últimos años ha provocado una transformación de este estado de cosas debido a la inserción en algunos cuerpos legales de cláusulas delegatorias de facultades normativas generales en favor de quienes hasta entonces no estaban dotados de ellas, en particular, de los secretarios de Estado. Se están en presencia de una cláusula de este género cuando a través de una norma formalmente legislativa o reglamentaria, el Congreso de la Unión o el presidente de la República, respectivamente, habilitan a un órgano de la administración para regular una materia concreta y específica, sea que ésta haya sido objeto de regulación con anterioridad o que no lo haya sido, de acuerdo con los principios y lineamientos contenidos en la propia norma habilitante. Sin prejuzgar sobre la constitucionalidad de tales cláusulas habilitantes (asunto ajeno a este fallo), parece claro que su adopción por parte del legislador ordinario tiene por efecto esencial y primario un fenómeno de ampliación de las atribuciones conferidas a la administración en sus relaciones con los gobernados, al permitirle actuar en materias que antes le estaban vedadas, con el consecuente quebrantamiento del principio clásico de división de poderes. Por este motivo, adquiere especial relevancia el control jurisdiccional sobre las normas producidas en ejecución de dichas autorizaciones, control que puede realizarse atendiendo a los límites formales (competencia, procedimiento y jerarquía) o materiales (principios generales de derechos, reserva de ley y garantías individuales) de la propia habilitación". En el caso concreto, se advierte que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria cuenta con facultades para emitir las reglas de carácter general, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, 7, fracción XVI, 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 3º, fracción XX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Precisado lo anterior, el texto de las Reglas 2.8.1.6., fracción II, tercer párrafo y 2.8.1.7., fracción II, inciso e), de la Resolución Miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, señala: 2.8.1.6. Para los efectos de los artículos 28, fracción III del CFF y 33, apartado B, fracciones I, III, IV y V y 34 de su Reglamento, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su información contable a través del Portal del SAT, excepto los contribuyentes que tributen en el RIF, las personas físicas que tributen conforme al artículo 100, fracción II de la Ley del ISR, siempre que sus ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de $2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), las sociedades, asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, a que se refiere la regla 2.8.1.2., así como las demás personas físicas y las Asociaciones Religiosas que hayan optado por utilizar la herramienta electrónica "Mis cuentas" de conformidad con lo previsto en la regla 2.8.1.5., deberán llevarla en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contenga lo siguiente: 1. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo, conforme a la estructura señalada en el Anexo 24, apartado A; a éste se le agregará un campo con el código agrupador de cuentas del SAT contenido en el apartado B, del mismo anexo. Los contribuyentes deberán asociar en su catálogo de cuentas los valores de la subcuenta de primer nivel del código agrupador del SAT, asociando para estos efectos, el código que sea más apropiado de acuerdo con la naturaleza y preponderancia de la cuenta o subcuenta del catálogo del contribuyente. El catálogo de cuentas será el archivo que se tomará como base para asociar el número de la cuenta de nivel mayor o subcuenta de primer nivel y obtener la descripción en la balanza de comprobación, por lo que los contribuyentes deberán cerciorarse de que el número de cuenta asignado, corresponda tanto en el catálogo de cuentas como en la balanza de comprobación en un período determinado. Los conceptos del estado de posición financiera, tales como: activo, activo a corto plazo, activo a largo plazo, pasivo, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, capital; los conceptos del estado de resultados tales como: ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento, así como el rubro cuentas de orden, no se consideran cuentas de nivel mayor ni subcuentas de primer nivel. El catálogo de cuentas de los contribuyentes, para los efectos de esta fracción, se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel con excepción de los contribuyentes que en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, en cuyo caso deberá asociarse a nivel de subcuenta de primer nivel del código agrupador publicado en el Anexo 24, Apartado B. Las entidades financieras previstas en el artículo 15-C del CFF, así como la sociedad controladora y las entidades que sean consideradas integrantes de un grupo financiero en los términos del artículo 12 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y las sociedades a que se refiere el artículo 88 de la Ley de Instituciones de Crédito, que estén obligadas a cumplir las disposiciones de carácter general en materia de contabilidad emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda, utilizarán el valor único para uso exclusivo de las entidades financieras antes referidas del código agrupador contenido en el apartado B del Anexo 24 y el catálogo de cuentas que estén obligadas a utilizar de conformidad con las disposiciones de carácter general que les sean aplicables. II. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos y resultado integral de financiamiento) y cuentas de orden, conforme al Anexo 24, apartado C. La balanza de comprobación deberá reflejar los saldos de las cuentas que permitan identificar los impuestos por cobrar y por pagar, así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados; las cuentas de ingresos deberán distinguir las distintas tasas, cuotas y las actividades por las que no se deba pagar el impuesto, conforme a lo establecido en el artículo 33, apartado B, fracción III del Reglamento del CFF. En el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información de los ajustes que para efectos fiscales se registren. (.)." "2.8.1.7. Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su información contable a través del Portal del SAT, excepto los contribuyentes que tributen en el RIF, las personas físicas que tributen conforme al artículo 100, fracción II de la Ley del ISR, siempre que sus ingresos del ejercicio en que se trate no excedan de $2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), las sociedades, asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, a que se refiere la regla 2.8.1.2., así como las demás personas físicas y las Asociaciones Religiosas que hayan optado por utilizar la herramienta electrónica "Mis cuentas" de conformidad con lo previsto en la regla 2.8.1.5., deberán enviar a través del buzón tributario o a través del portal "Trámites y Servicios" del Portal del SAT, dentro de la opción denominada "Trámites", conforme a la periodicidad y los plazos que se indican, lo siguiente: l. El catálogo de cuentas como se establece en la regla 2.8.1.6., fracción I, se enviará por primera vez cuando se entregue la primera balanza de comprobación en los plazos establecidos en la fracción II de esta regla. En caso de que se modifique el catálogo de cuentas al nivel de las cuentas que fueron reportadas, éste deberá enviarse a más tardar al vencimiento de la obligación del envío de la balanza de comprobación del mes en el que se realizó la modificación. II. Los archivos relativos a la regla 2.8.1.6., fracción II conforme a los siguientes plazos: a) Las personas morales, excepto aquéllas que se encuentren en el supuesto previsto en el inciso c) de esta fracción, enviarán de forma mensual su información contable a más tardar en los primeros tres días del segundo mes posterior, al mes que corresponde la información a enviar, por cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate. b) Las personas físicas, enviarán de forma mensual su información contable a más tardar en los primeros cinco días del segundo mes posterior al mes que corresponde la información contable a enviar, por cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate. e) Tratándose de contribuyentes emisores de valores que coticen en las bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores o en las bolsas de valores ubicadas en los mercados reconocidos, a que se refiere el artículo 16-C, fracción II del CFF y 104, fracción II de la Ley de Mercado de Valores, así como sus subsidiarias, enviarán la información en archivos mensuales por cada trimestre, a más tardar en la fecha señalada en el cuadro anexo: Meses Plazo Enero, febrero y marzo 3 de mayo. Abril, mayo y junio 3 de agosto. Julio, agosto y septiembre 3 de noviembre. Octubre, noviembre y diciembre 3 de marzo. d) Tratándose de personas morales y físicas dedicadas a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley del ISR, que hayan optado por realizar pagos provisionales del ISR en forma semestral por virtud de lo que establece una Resolución de Facilidades Administrativas, podrán enviar su información contable de forma semestral, a más tardar dentro de los primeros tres y cinco días, respectivamente, del segundo mes posterior al último mes reportado en el semestre, mediante seis archivos que correspondan a cada uno de los meses que reporten. e) Tratándose de personas morales el archivo correspondiente a la balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio, se enviará a más tardar el día 20 de abril del año siguiente al ejercicio que corresponda; en el caso de las personas físicas, a más tardar el día 22 de mayo del año siguiente al ejercicio que corresponda. Cuando como consecuencia de la validación por parte de la autoridad esta determine que los archivos contienen errores informáticos, se enviará nuevamente el archivo conforme a lo siguiente: I. Los archivos podrán ser enviados nuevamente por la misma vía, tantas veces como sea necesario hasta que estos sean aceptados, a más tardar el último día del vencimiento de la obligación que corresponda. II. Los archivos que hubieran sido enviados y rechazados por alguna causa informática, dentro de los dos últimos días previos al vencimiento de la obligación que le corresponda, podrán ser enviados nuevamente por la misma vía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique a través del buzón tributario, la no aceptación para que una vez aceptados se consideren presentados en tiempo. Los contribuyentes que modifiquen posteriormente la información de los archivos ya enviados para subsanar errores u omisiones, efectuarán la sustitución de éstos, a través del envío de los nuevos archivos, dentro de los cinco días hábiles posteriores a aquél en que tenga lugar la modificación de la información por parte del contribuyente. Cuando los contribuyentes no puedan enviar su información por no contar con acceso a Internet, podrán acudir a cualquier ADSC donde serán atendidos por un asesor fiscal que los apoyará en el envío de la información desde las salas de Internet." Pues bien, de la anterior transcripción se infiere que, contrario a lo argumentado por el impetrante, las reglas 2.8.1.6 y 2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis no contravienen el principio de subordinación jerárquica, toda vez que refieren el mecanismo y plazos para realizar el envío mensual de la contabilidad de los contribuyentes a través del buzón tributario (catálogo de cuentas y balanza de comprobación), establecido por el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. En efecto, el numeral cuestionado establece que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deberán ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. Y, al hablar de información contable, implícitamente comprende todos los registros de esa naturaleza que tenga el contribuyente, como es el caso de la balanza de comprobación, máxime si el citado numeral del cual emanan las reglas generales, establece de manera enfática que dicha información contable será con base en las reglas que se emitan, concretamente las identificadas con los números 2.8.1.6. y 2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, pues son las normas técnico operativas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones fiscales formales. No debe pasar inadvertido que el artículo 28, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente establece que la contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes. En este sentido, es el propio Código Fiscal de la Federación, el que establece qué datos e información contendrá la contabilidad que los contribuyentes deben informar al Sistema de Servicio Tributario, subrayándose que aquellos datos, asientos contables, balanzas, catálogos de cuentas y demás registros, constituyen elementos que se encuentran incluidos intrínsecamente a su contabilidad al redundar en la documentación soporte de los asientos respectivos. Sin que pase inadvertido para quien resuelve, el hecho de que las disposiciones impugnadas no establezcan una serie de lineamientos pormenorizados para que la autoridad administrativa (o en su caso el ejecutivo federal) esté en posibilidad de regular los aspectos técnicos, operativos o de especialidad relativos a la materia que nos ocupa; sin embargo, además de que no existe disposición constitucional y legal alguna que obligue al legislador a pormenorizar dichos lineamientos, ante tal circunstancia, de cualquier forma no significa que la autoridad pueda actuar arbitrariamente ni tampoco constituye un impedimento para el ejercicio de la atribución otorgada por la cláusula habilitante, si toma en consideración, como se dijo, que el ámbito de actuación de la autoridad debe estar constreñido al marco regulatorio de la materia especifica; lo cual -se insiste- debe estar sujeto a los principios constitucionales de primacía de ley, subordinación jerárquica y reserva de ley. Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las reglas contenidas en la resolución miscelánea fiscal pueden llegar a establecer obligaciones a los contribuyentes, al distinguirse de los criterios de interpretación, como deriva de la tesis aislada P. LV/2004 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince del Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Materia Administrativa, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 180485, que dice: "RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE PUEDEN LLEGAR A ESTABLECER OBLIGACIONES A LOS CONTRIBUYENTES, YA QUE NO CONSTITUYEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN SINO DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL. De los artículos 33, párrafo penúltimo y 35 del Código Fiscal de la Federación se advierte que la atribución conferida a diversas autoridades fiscales para dar a conocer los criterios internos que deben seguirse en la aplicación de las normas tributarias, se refiere a las interpretaciones que esas autoridades realicen de cualquier disposición de observancia general que incida en el ámbito fiscal, bien sea una ley, un reglamento o una regla general administrativa, por lo que, por su propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados sino, en todo caso, ser ilustrativas sobre el alcance de dichas normas y en caso de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, otorgarán derechos a los contribuyentes. En cambio, las disposiciones de observancia general cuya emisión y publicación se rigen, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, tienen como finalidad precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el Presidente de la República con el fin de lograr su eficaz aplicación y están sujetas a principios que tutelan la seguridad jurídica de los gobernados, entre otros, los de reserva y primacía de la ley, por lo que deben ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisión. En tal virtud, al tratarse de actos de diversa naturaleza no existe razón alguna para considerar que las reglas agrupadas en la Resolución Miscelánea Fiscal se rigen por los mencionados artículos 33, párrafo penúltimo y 35, ya que éstos se refieren exclusivamente a criterios interpretativos que sostengan las autoridades fiscales, los que en ningún momento serán obligatorios para los gobernados, a diferencia de las disposiciones de observancia general que emita el Presidente del Servicio de Administración Tributaria, las cuales son de cumplimiento obligatorio para los gobernados, sin menoscabo de que alguna de ellas, con motivo de una sentencia dictada en algún medio de defensa que prevé el orden jurídico nacional, pueda perder sus efectos, total o parcialmente, al no ceñirse a los referidos principios y, en su caso, a las condiciones que establezca el legislador para su dictado". No pasa desapercibido para quien esto juzga, el hecho de que la disconforme alega que la regla 2.8.1.6, fracción II, de la miscelánea fiscal de dos mil dieciséis, le obliga a realizar una balanza anual diversa al del envío mensual; lo que excede a la obligación establecida en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Es infundado dicho argumento. Lo anterior, pues contrariamente a lo alegado por la parte quejosa, la regla 2.8.1.6, fracción II, de la miscelánea fiscal de dos mil dieciséis, no establece ni obliga al gobernado a realizar una balanza anual, como se puede advertir de su transcripción que es del texto siguiente: "En el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información de los ajustes que para efectos fiscales se registren."; pues la locución "balanza de cierre de ejercicio" no puede ser entendida como la conformación de una balanza anual diversa al envió mensual de la información contable, sino que corresponde propiamente al último envió mensual del cierre de ejercicio, es decir, corresponde al último envió mensual de la información contable del ejercicio, en el cual únicamente se incluirá la información de los ajustes para los efectos fiscales. Consecuentemente, es evidente que dicha regla en ningún modo excede la obligación contenida en el artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, sino que la reglamenta, ya que, se insiste, no establece la elaboración de una balanza anual, sino que estatuye que en la información mensual del cierre de ejercicio que debe enviarse, a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, se deben incluir los ajustes para efectos fiscales. Finalmente, la parte quejosa CONCEPTO DE VIOLACIÓN SEÑALADO COMO "QUINTO", refiere que la regla 2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio dos mil dieciséis, viola en su perjuicio los principios de seguridad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, debido a que dicha disposición, no define qué debe entenderse por "errores informáticos" o "causas informáticas", términos utilizados por el Servicio de Administración Tributaria que resultan ambiguos, al impedir conocer el verdadero propósito de su significado, perjudicando al contribuyente. Acerca de lo anterior, en diferentes jurisprudencias se ha dicho que la ley no puede prever todos los supuestos de la realidad, ni hace las veces de catálogo de definición de conceptos, ante lo cual es necesario hacer una interpretación de la legislación para desentrañar su auténtico sentido. En esa tesitura, la inconstitucionalidad de una norma no depende de que proporcione la definición de cada uno de los términos a los que haga referencia, toda vez que los operadores jurídicos están compelidos a encontrar el significado de las locuciones contenidas en las leyes, utilizando para ello los diferentes métodos de interpretación que hermenéutica jurídica pone a su alcance. De ahí lo inoperante del argumento que asegura la contravención a la Constitución Federal por una norma que no define los vocablos o locuciones utilizados, pues la infracción a ésta se debe basar en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, bien instrumentando la forma en que las autoridades se conducirán en la función pública o prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los ciudadanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número trescientos treinta y ocho, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil trescientos treinta y ocho del Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Cuarta Sección - Seguridad jurídica, del Apéndice 1917 a septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, con registro electrónico 1011630, que se transcribe: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, ningún artículo constitucional exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en aquéllas, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en vista de que implicaría una labor interminable y nada práctica, provocando que no se cumpliera oportunamente con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional por no definir un vocablo o por irregularidad en su redacción, pues la contravención a la Carta Magna se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, de los artículos 14, 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en su redacción y en los términos que emplean". Por lo que ve a que las reglas impugnadas aclaran que ocurrirá si los "errores informáticos" o "causa informáticas" persisten durante todo el plazo de cinco días, impidiendo la remisión de los archivos en ese lapso; se trata de situaciones hipotéticas y muy particulares, que bien pueden o no llegar a presentarse, por lo que esta parte del quinto concepto de violación que se atiende es inoperante. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número cincuenta y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil seiscientos treinta y cinco del Tomo II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes, del Apéndice 1917 a septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, Materia Común, con registro electrónico 1004853, de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley". En las relatadas circunstancias, al resultar por un parte infundados y por otra inoperantes los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, lo conducente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por******************** en relación con el acto consistente en la aplicación de las normas combatidas, reclamado al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Colima "1" del Servicio de Administración Tributaria, por las razones contenidas en el apartado denominado "Inexistencia de los actos reclamados". SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a******************** en relación con el acto consistente en el dictamen, discusión, aprobación y promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece; particularmente, los artículos 17-K y 28, fracción IV; y la expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil quince; específicamente, las reglas 2.8.1.6 y 2.8.1.7; reclamados, respectivamente, a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México; por las razones contenidas en el apartado denominado "Estudio fundado y motivado de los conceptos de violación". Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, hasta hoy treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores del juzgado, ante José Cruz Orozco Llamas, Secretario(a) que autoriza y da fe. DOY FE.

  4. Principal

    La Secretaria. Colima, Colima, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos el escrito de la quejosa Patricia Amezcua Contreras, mediante el cual solicita las copias que refiere en su ocurso; al respecto, no ha lugar a expedirle la copia que refiere, ello en virtud de que no obra en autos proveído de doce de noviembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Berónica Farías Contreraz, quien da fe.BFC/Aldo

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · 15,164 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano