Luz María Pérez Mayoral

Expediente 434/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
434/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Luz María Pérez Mayoral

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve (foja 100), se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió:  "Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio.  La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, sin importar que no haya sido llamado en el presente juicio: Tomando en cuenta, la inconstitucionalidad declarada del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, deberá aplicarle en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar, en el entendido de que la restitución en el goce del derecho humano violado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo al quejoso las cantidades que se hayan pagado en exceso, tal como consta en la copia certificada del recibo oficial A 42299941, de once de febrero de dos mil diecinueve, para así respetar el derecho fundamental transgredido en los términos aquí apuntados." De la transcripción anterior se advierte que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable debía: 1) Desincorporar de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco. 2) Devolver al quejoso las cantidades que pagó en exceso, tal como consta en la copia certificada del recibo oficial A 42299941, de once de febrero de dos mil diecinueve. Al respecto, por cuanto hace al cumplimiento del primer lineamiento, por oficio PF-DC-JA-32601 (foja 97), el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del acuerdo del Procurador Fiscal del Estado de Jalisco de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve (foja 99), en el cual ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Ahora bien, en relación con el segundo lineamiento impuesto a la responsable, se advierte que, mediante oficio PF-DC-JA-30075 (foja 89), remitió diversos anexo de los que se advierte la devolución de las cantidades que la parte quejosa pagó en exceso (fojas 92 y 93). Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado acuerdo general conjunto. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos cinco años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del aludido acuerdo general conjunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA DEL AUTO DE FECHA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, TODA VEZ QUE TRANSCURRIDO EL TÉRMINO LEGAL DE DOS DÍAS HÁBILES PARA QUE LA PARTE QUEJOSA HAYA ACUSADO QUE SINTESIS DICE: Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve (foja 100), se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió:  "Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio.  La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, sin importar que no haya sido llamado en el presente juicio: Tomando en cuenta, la inconstitucionalidad declarada del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, deberá aplicarle en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar, en el entendido de que la restitución en el goce del derecho humano violado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo al quejoso las cantidades que se hayan pagado en exceso, tal como consta en la copia certificada del recibo oficial A 42299941, de once de febrero de dos mil diecinueve, para así respetar el derecho fundamental transgredido en los términos aquí apuntados." De la transcripción anterior se advierte que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable debía: 1) Desincorporar de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco. 2) Devolver al quejoso las cantidades que pagó en exceso, tal como consta en la copia certificada del recibo oficial A 42299941, de once de febrero de dos mil diecinueve. Al respecto, por cuanto hace al cumplimiento del primer lineamiento, por oficio PF-DC-JA-32601 (foja 97), el Director de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del acuerdo del Procurador Fiscal del Estado de Jalisco de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve (foja 99), en el cual ordenó desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Ahora bien, en relación con el segundo lineamiento impuesto a la responsable, se advierte que, mediante oficio PF-DC-JA-30075 (foja 89), remitió diversos anexo de los que se advierte la devolución de las cantidades que la parte quejosa pagó en exceso (fojas 92 y 93). Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado acuerdo general conjunto. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos cinco años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del aludido acuerdo general conjunto

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