Luz María Pérez García

Expediente 472/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
472/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Luz María Pérez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal el cuatro de junio del año en curso (fojas 58 a 63), la autoridad responsable denominada Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su Presiente, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de catorce de junio del año actual (foja 65), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 42 a 48), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "en observación del principio de justicia pronta, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, provea lo conducente para que de inmediato resuelva sobre las pruebas ofrecidas en la audiencia de seis de noviembre de dos mil diecisiete". Luego, por oficio y anexo recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el cuatro de junio de la presente anualidad (fojas 58 a 63), el Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su Presiente, manifestó dar cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió en copia certificada el acuerdo emitido el veintitrés de marzo del presente año, dentro del expediente laboral 198/2017 de su índice, del que se aprecia realizó el pronunciamiento correspondiente sobre las pruebas ofrecidas por las partes en el citado juicio laboral. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las copias certificadas del expediente laboral 198/2017 de su índice (foja 14), solicitándosele el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda copia del escrito de agravios signado por***; en atención a su contenido, se les tiene interponiendo recurso de inconformidad contra el auto de catorce de junio de la presente anualidad, mediante el cual este órgano jurisdiccional determinó que la ejecutoria de amparo emitida en autos había sido cumplida en sus términos. En tales condiciones, atendiendo a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, que establece que en materia de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, se aplicará la referida ley especial; por tanto, con fundamento en el numeral 203 de esa propia legislación y en acatamiento al Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conserva para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados, lo procedente es remitir los autos de este juicio al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que se avoque al conocimiento del presente asunto, dado que dicho Acuerdo en su considerando Décimo Tercero establece: "Que para agilizar el trámite de los incidentes de inejecución, de las denuncias de repetición del acto reclamado, así como de las inconformidades, y a fin de lograr el eficaz cumplimiento de las sentencias de amparo, es conveniente que se resuelvan por los Tribunales Colegiados de Circuito distribuidos en todo el territorio nacional, aprovechando su cercanía a los justiciables para los efectos de interrumpir la caducidad de la instancia y evitar los gastos que deben erogar para acudir a esta capital para atender dichos asuntos, conservando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad prevista en la fracción XVI del artículo 107 constitucional". Por lo que, con fundamento en los artículos 201, fracción I, 202 y 203 de la Ley de Amparo, sin decidir sobre la admisión del citado recurso, una vez notificadas las partes, remítase el original del escrito de agravios y copias de éste, así como los autos del juicio de amparo 1337/2016, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que provea lo conducente. Por último, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, catorce de junio de dos mil dieciocho. Primero, se tiene por recibido el escrito de cuenta por medio del cual el quejoso Francisco Javier Fletes Sandoval desahoga la vista otorgada en auto de uno de junio de este año, al respecto, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte, en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio y en acatamiento a la resolución del recurso de informidad 114/2017 derivado de éste, por parte de la autoridad responsable, sin perjuicio de tomarse en cuenta en el momento en que se emita pronunciamiento respecto del cumplimiento dado al fallo protector. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos y toda según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa a efecto de realizar manifestaciones respecto del cumplimiento efectuado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El quince de junio de dos mil diecisiete (fojas 255 a 260), se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio, que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Francisco Javier Fletes Sandoval y María Sandoval Martínez, contra el acto que reclamaron al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en esta ciudad, para los efectos siguientes: ".el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, emita el acuerdo que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la parte quejosa mediante escrito de siete de junio de dos mil dieciséis, y que se reservó a proveer por acuerdo de esa misma fecha, y le notifique oportunamente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, es decir, su respuesta puede ser favorable o desfavorable a los intereses de la parte quejosa, según sea procedente conforme a derecho, debiendo fundar y motivar adecuadamente la determinación a la que arribe; ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a resolver en determinado sentido..." Por lo que en auto de doce de julio del año en curso, causó ejecutoria dicho fallo protector y se requirió a la autoridad responsable, para que en el término de cinco días lo acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento (foja 271). En atención a lo anterior y a fin de dar cumplimiento con el fallo protector, mediante auto de dieciocho de julio siguiente (foja 278), se tuvo por recibido el oficio registrado con número de folio 20722 signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en esta ciudad, por el cual a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, declaró insubsistente todo lo actuado dentro del juicio agrario de origen, por lo que dicha responsable manifestó que su solicitud había quedado sin materia. Después, en auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, este juzgado federal declaró cumplido el fallo protector concedido. Inconforme con lo anterior, los quejosos interpusieron recurso de inconformidad, el cual se declaró fundado y se recibió el dieciséis de mayo de este año por esta juzgadora, por lo que, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria en los términos concedidos, ya que al declararse sin materia su solicitud no se exentaba a la responsable a dar una respuesta a la petición formulada por los quejosos y determinar lo que conforme a derecho correspondiera, debiendo fundar y motivar dicha respuesta. Luego, mediante auto uno de junio siguiente se tuvo por recibida la copia certificada del acuerdo dictado en el expediente de agrario de origen 78/2014 dictado por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad, de la que se advierte, en esencia, lo siguiente: Con fundamento en el artículo 27 fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 163, de la Ley Agraria y el numeral 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por lo cual aduce dicho tribunal está dotado de competencia para conocer, en lo que al caso ocupa, los temas relacionados con la tenencia de la tierra en nuestro país, Aunado a lo anterior, refirió la competencia que tiene en razón de la materia por razón de su especialización. Sin embargo, si lo anterior expuesto ocasiona un conflicto de competencia, como en la especie se actualiza, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción lo cual se desprende del análisis de lo reclamado, los hechos pruebas y preceptos legales en que se apoye una demanda. Por lo que al analizar los diversos atestes que refiere al caso concreto, este concluyó que ese tribunal tiene competencia real para conocer el juicio promovido por María Irma Ruiz Rodríguez. Ya que en resumen, dicha quejosa demandó la nulidad del documento de siete de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, mediante el cual Hilario Rodríguez García cedió a favor de Francisco Javier Fletes Sandoval, un lote el cual consiste en un solar ejidal. Por lo que, la responsable alude se trata de un acto y documento agrario que aunque fue expedido bajo la vigencia de la Ley Federal de la Reforma Agrario, su nulidad fue demandada hasta el veintisiete de enero de dos mil diez, fecha en que se encontraba en vigor el artículo 18, fracción VIII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Por otro lado, sin tomar en consideración lo anterior, el tema de excepción de falta de competencia, como presupuesto procesal, fue hecha valer por el representante de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. La cual se resolvió por interlocutoria el veinticuatro de mayo de dos mil doce, la que resolvió el Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, en la que sostuvo la competencia por razón de la materia, asimismo, dicha resolución no fue impugnada Ahora, no pasa inadvertido que esta resolución en conjunto con todo el procedimiento, se dejó insubsistente, pues se aduce únicamente como referencia. De lo anterior destaca que el tribunal responsable declaró improcedente la petición formulada por los quejosos, en virtud de ser competente para conocer del juicio agrario 78/2014, pues dicha competencia es otorgada por el artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, la ley agraria en sus numerales 1 y 163, y el precepto 18, fracciones V, VI y VIII de la Ley orgánica de los Tribunales Agrarios. Lo que resulta congruente con lo planteado por la actora, pues la materia de la petición realizada es en cuanto a que ese tribunal se declare incompetente y turne los autos a quien deba conocer de dicho asunto. Por tanto, es evidente que la contestación en análisis contiene el argumento mínimo pero suficiente para conocer las razones que determinaron su sentido. Entonces, atendiendo a que la ejecutoria de amparo se concedió para el efecto de que: La autoridad responsable diera respuesta, la cual podía ser o no favorable a sus intereses según fuera procedente conforme a derecho, debiendo fundar y motivar adecuadamente ésta, congruente con la petición que le fue formulada por los quejosos por medio del escrito de siete de junio de dos mil dieciséis. Máxime que, en la concesión del amparo no se obligó a la responsable a resolver en ningún sentido, si no únicamente conforme a derecho y de manera congruente. En ese contexto, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en relación con el cumplimiento en análisis resultan inoperantes, porque se dirigen a controvertir el fondo del asunto, lo anterior, pues la falta de fundamentación y motivación que alega descansa en el argumento de que, a su juicio, el tribunal responsable resolvió de manera infundada, incongruente y sin motivación la respuesta de donde emana el acto reclamado. De ahí que, se reitera, al no haberse limitado la jurisdicción de la autoridad responsable en cuanto al fondo del asunto, basta que en el acuerdo correspondiente se resolviera de manera congruente explicando el porqué de su competencia y el de porque no tenerla, asimismo, funda dicha respuesta; lo que, en conformidad con lo expuesto, acontece en la especie. Aunado a lo anterior, notificó personalmente tal determinación a la parte quejosa; por tanto, este juzgado, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "***Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual en vía de informe, remite copia certificada del auto de veintitrés de marzo del año en curso, por el que provee lo relativo a las pruebas ofrecidas en la audiencia de seis de noviembre del año próximo pasado, dentro del juicio laboral 198/2017, de su índice, de cuya omisión en su pronunciamiento fue motivo de acto reclamado por la parte quejosa. Sin embargo, por el momento sólo agréguense a sus autos el comunicado y anexo de referencia para que obren como corresponda; en el entendido de que una vez que transcurra el término previsto en el ordinal 86 de la Ley de Amparo, se proveerá conforme a derecho corresponda en relación al cumplimiento al fallo protector.

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