Luz María Oropeza Hernández
Expediente 814/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 24 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Luz María Oropeza Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
::. Visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictada en el presente expediente, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó en el juicio, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Finalmente, toda vez que para la sustanciación del presente juicio la autoridad responsable Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Instrucción del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, ofreció cinco discos certificados, mismos que ya no resultan necesarios, se ordena su devolución a la autoridad en cita.
- Principal
Se notifica por medio de lista de estrados a la parte quejosa la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, misma que refiere: "Cancún, Quintana Roo, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 814/2021-V, promovido por Luz María Oropeza Hernández, por conducto de su apoderada María del Rocío Serrano Oropeza, contra un acto del Juez Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y Actuario de su adscripción; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el catorce siguiente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Luz María Oropeza Hernández, por conducto de su apoderada María del Rocío Serrano Oropeza, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; ello, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "ACTO RECLAMADO- - - Se reclaman los autos de fecha 16 de julio de 2015 así como todos y cada uno de los acuerdos y resoluciones dictados con anterioridad en los autos del expediente 899/2015 promovido por el ahora tercero perjudicado y seguido ante la primera de las autoridades responsables, en el cual ya ha sido dictada sentencia con fecha 29 de Junio de 2015 según consta en el listado de acuerdos del expediente de referencia extraído del portal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, expediente de cuyos autos nunca me fuera notificado acuerdo alguno ni fuera emplazada para tomar parte en el Juicio promovido por el ahora tercero perjudicado, no obstante contar con un derecho legítimo a heredar los bienes de mi fallecido hermano AGUSTÍN SERRANO OROPEZA y en su momento sea reconocida mi mandante como heredera y de esa manera defender sus derechos respecto del inmueble ubicado en Circuito de Porto Savona, numero 39, Manzana 10, Lote 1, Supermanzana 55, Fraccionamiento Porto Bello de esta ciudad de Cancún, Quintana Roo.- - - Asimismo se reclaman los autos de fecha a 7 de mayo de 2015 y todos los autos, acuerdos y resoluciones dictados con anterioridad a este, dictados en el expediente 389/2015 seguido ante la primera de las autoridades señaladas como responsables, toda vez que en el mismo ya se ha dictado sentencia definitiva y que contiene información falsa emitida por personas sin escrúpulos que se confabularon con el tercero perjudicado para causar un daño patrimonial a mi representada y mi hermano, ya que con ello el tercero perjudicado empezó a fraguar el apoderamiento de los bienes afectos a la sucesión de quien en vida llevara el nombre de Agustín Serrano Oropeza a sabiendas que la única heredera existente lo era mi mandante." SEGUNDO. Radicación y prevención de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el catorce de junio de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en auto de quince siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 726/2021-VI; se previno a la parte quejosa, para el efecto de que manifestara si era su deseo señalar como responsables a los Actuarios adscritos al Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. TERCERO. Cumplimiento de prevención y separación de juicios. Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, remitido el veinticinco siguiente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, la parte quejosa Luz María Oropeza Hernández, por conducto de su apoderada María del Rocío Serrano Oropeza, desahogó la prevención que le fue formulada en auto de quince de junio de dos mil veintiuno; posteriormente, en auto de uno de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplido el aludido requerimiento y se decretó la separación de juicios, en razón de que los actos reclamados derivaban juicios y autoridades diversas, por lo que se determinó que merecían un análisis independiente uno de otro. CUARTO. Recepción de autos ante este juzgado de Distrito y admisión. El cinco de julio de dos mil veintiuno, se recibió por razón de turno ante este juzgado de Distrito, el juicio separado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, y se determinó avocarse al conocimiento del mismo, en el entendido que este órgano jurisdiccional conocería únicamente en relación con los actos reclamados del Juez Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y Actuario de su adscripción, que derivan del juicio 899/2015 de su consecutivo, y se previno a la parte quejosa. Luego, mediante escrito recepcionado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, ante este juzgado de Distrito, la parte quejosa desahogó el requerimiento que le fue realizado, y se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quién formuló el pedimento 519; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional QUINTO. Reconocimiento de tercero interesado. En auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesado a Carlos Manuel Montalvo Flores, quien en su oportunidad fue emplazado; luego, la audiencia constitucional tuvo verificativo en sus dos primeras etapas en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos de autoridades jurisdiccionales en materia familiar, y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hace consistir en: Del 1] Juez Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y 2] Actuario de su adscripción. a) La falta de intervención o llamamiento de la quejosa Luz María Oropeza Hernández, al expediente 899/2015 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial con residencia en Cancún, Quintana Roo, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam. b) Todo lo actuado en el expediente de origen, incluida la resolución emitida el veintinueve de junio de dos mil quince, en la que se determinó procedente las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam promovidas por Carlos Manuel Montalvo Flores, y se tuvo por acreditada su relación de concubinato con Agustín Serrano Oropeza. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se ha precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez de Instrucción del Juzgado Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por si y en representación del Actuario de su adscripción, al rendir su informe justificado, convino la existencia del acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de junio de dos mil quince, dictada en el expediente 899/2015 de su índice, en la que se determinó procedente las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam promovidas por Carlos Manuel Montalvo Flores, y se tuvo por acreditada su relación de concubinato con Agustín Serrano Oropeza. Sin embargo, la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse sobre el diverso acto reclamado consistente en la falta de intervención o llamamiento de la quejosa Luz María Oropeza Hernández, a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam de origen; por tanto, con apoyo en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierta su existencia. Además, la certeza de los actos reclamados se corrobora con la fotocopia certificada del expediente 899/2015 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial con residencia en Cancún, Quintana Roo, que fueron remitidos escaneados en los discos compactos aportados por la autoridad responsable, al que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que de tales constancias, se desprende que mediante auto de siete de mayo de dos mil quince, se radicaron las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad-perpetuam promovidas por Carlos Manuel Montalvo Flores, para acreditar la existencia del concubinato con quien en vida llevara el nombre de Agustín Serrano Oropeza; por lo que se requirió al Oficial del Registro Civil Número Uno de Cancún, Quintana Roo, para que expida las constancias de inexistencia de matrimonio a favor de los citados, e indicó que una vez que se recibieran dichas constancias se señalaría fecha y hora para la celebración de la audiencia correspondiente. Luego, el veintisiete de mayo de dos mil quince, se tuvieron por recibidas las constancias de inexistencia de matrimonio requeridas y se admitieron a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad-perpetuam promovidas por Carlos Manuel Montalvo Flores, a efecto de acreditar la existencia del concubinato con quien en vida llevara el nombre de Agustín Serrano Oropeza; por lo que se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia relativa a dichas diligencias. Finalmente, el veintinueve de junio de dos mil quince, se emitió la sentencia definitiva en la que se declararon procedente las referidas diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam promovida por Carlos Manuel Montalvo Flores y se tuvo por acreditada la relación de concubinato con Agustín Serrano Oropeza, la cual causó ejecutoria el dieciséis de julio de dos mil quince. Asimismo, de las constancias que integran en expediente 899/2015 del índice de la autoridad responsable, no se advierte que le haya dado intervención en el procedimiento de origen a Luz María Oropeza Hernández, ni que se haya ordenado su llamamiento al juicio. Por tanto, son ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto a los actos que en esta vía se reclama, consistentes en la i) falta de intervención o llamamiento de la quejosa Luz María Oropeza Hernández, al expediente 899/2015 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial con residencia en Cancún, Quintana Roo, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam; ii) todo lo ahí actuado, así como la iii) la sentencia emitida el veintinueve de junio de dos mil quince, en la que se declararon procedentes dichas diligencias promovidas por el aquí tercero interesado Carlos Manuel Montalvo Flores, y se tuvo por acreditada su relación de concubinato con Agustín Serrano Oropeza, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." El diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, al que se refiere el numeral anterior, previene: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: . El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De los numerales reproducidos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos; por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Es oportuno señalar que la legitimación de la causa, en el juicio de amparo, se identifica con el interés jurídico o legítimo. El interés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de la acción constitucional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con el quejoso. Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2003293 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 Materia(s): Común Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.) Página: 1807 INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Ahora, en el presente juicio, la parte quejosa reclama i) la falta de intervención o llamamiento al expediente 899/2015 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial con residencia en Cancún, Quintana Roo, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam; ii) todo lo ahí actuado, así como la iii) la sentencia emitida el veintinueve de junio de dos mil quince, en la que se declararon procedentes dichas diligencias promovidas por el aquí tercero interesado Carlos Manuel Montalvo Flores, y se tuvo por acreditada su relación de concubinato con Agustín Serrano Oropeza, de ahí que corresponda a la quejosa demostrar su interés jurídico, ya que reclama actos de autoridades jurisdiccionales, por lo cual el estudio de la legitimación con base al interés legítimo no aplica en este asunto. Así las cosas, la solicitante de amparo refiere en su escrito inicial de demanda, que le depara perjuicio i) falta de intervención o llamamiento al expediente 899/2015 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial con residencia en Cancún, Quintana Roo, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam; ii) todo lo ahí actuado, así como la iii) la sentencia emitida el veintinueve de junio de dos mil quince, en la que se declararon procedentes dichas diligencias promovidas por el aquí tercero interesado Carlos Manuel Montalvo Flores, y se tuvo por acreditada su relación de concubinato con Agustín Serrano Oropeza; ello, pues alude que con motivo de esa resolución le serán otorgados derechos hereditarios al referido tercero interesado en el juicio intestamentario del de cujus. Ahora, a efecto de estar en aptitud de determinar si los actos que en esta vía se reclaman le deparan perjuicio o no a la impetrante de amparo, se analizará la naturaleza y alcance de las diligencias de jurisdicción voluntaria, para lo cual resulta oportuno citar los numerales 834, 837, 869, 892, 1009, 1010, 1011 y 1012 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, que disponen: De la jurisdicción voluntaria. "Artículo 834.- La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la Ley o por solicitud de los interesados se requiera la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas." "Artículo 837.- Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio en procedimiento ordinario, siempre que la oposición no se funde en la negativa del derecho del que promueve el negocio de jurisdicción voluntaria. En tal caso, se substanciará el pleito, conforme a los trámites establecidos para el juicio que corresponda. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho al opositor." De las informaciones ad perpétuam. "Artículo 869.- La información ad perpétuam podrá decretarse cuando no tenga interés más que el promovente y se trate: I.- De justificar algún hecho o acreditar un derecho; II.- Cuando se pretenda justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble, y III.- Cuando se trate de comprobar la posesión de un derecho real. En los casos de las dos primeras fracciones, la información se recibirá con citación del Ministerio Público, y en el de la tercera, con la del propietario o de los demás partícipes del derecho real. El Ministerio Público y las personas con cuya citación se reciba la información, pueden tachar a los testigos por circunstancias que afecten su credibilidad." Del procedimiento oral. "Artículo 892.- Se sujetarán al procedimiento oral: I. Las controversias que se susciten con motivo de alimentos y convivencia de menores, cuando éstas constituyan el objeto de la acción principal; II. Las solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento; III. Los actos de jurisdicción que versen sobre enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacción acerca de sus derechos, y la adopción; IV. Las nulidades y rectificaciones de actas del estado civil; V. Las solicitudes del divorcio incausado; VI. Los medios preparatorios a juicio oral; VII. El juicio de Desahucio; VIII. El juicio hipotecario; IX. Las jurisdicciones voluntarias de información ad perpetuam y la homologación de convenios transaccionales; X. Las tercerías, XI. La acción que se promueva para obtener el pago de cuotas condominales a que se refiere el artículo 43 de la Ley de Propiedad en Condominio, y XII. Los Interdictos." De la jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam. "Artículo 1009.- La solicitud se presentará por escrito ante la Administración de Gestión Judicial del Juzgado y reunirá los requisitos de los artículos 90, 91 y 264 de este Código y cualquier otro requisito que el Juez de Instrucción considere prudente. Si no se reúnen las exigencias previstas en el párrafo anterior, el Juez concederá al promovente un término de tres días para completarlas. En caso de que no se cumpla esa prevención, se desechará de plano su solicitud. "Artículo 1010.- Cumplidas las exigencias, el Juez de Instrucción citará a la audiencia de juicio, previa fecha y hora que proporcione el Administrador de Gestión Judicial, la cual se celebrará ante el Juez Oral dentro del plazo de diez días, citando al promovente y al Ministerio Público, quedando a cargo del interesado la preparación de las pruebas ofrecidas, apercibido que de no hacerlo así, se declararán desiertas las mismas ordenándose el archivo del expediente. "Artículo 1011.- En la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se desahogarán las pruebas que requieran diligencia especial en el orden que el Juez Oral determine, una vez concluido el desahogo de las mismas, si fuere posible se dictará la sentencia. En caso contrario, citará a las partes para dictarla dentro del término de tres días." "Artículo 1012.- Las diligencias de jurisdicción voluntaria serán apelables. La impugnación se hará valer en el momento de dictarse la correspondiente resolución y los agravios se formularán ante la segunda instancia." Luego, los preceptos reproducidos con antelación, establecen que las diligencias de jurisdicción voluntaria constituyen un procedimiento a través del cual se solicita al juez su intervención, en los casos en que así lo prevé la ley, para efecto de cooperar en el nacimiento de determinadas relaciones jurídicas o hacer constar algún hecho, por lo que las resoluciones que en ella recaen no reconocen derechos ni prestaciones entre las partes, siendo su característica principal de dicha figura la ausencia de controversia o de parte contendiente. Así pues, las informaciones ad perpetuam son una clase de diligencias de jurisdicción voluntaria previstas en el ordenamiento legal en cita, las cuales se podrán decretar cuando el que las promueve sea el único que tenga interés en que éstas se lleven a cabo y sea para justificar algún hecho o para acreditar algún derecho, entre otros supuestos y que dicho procedimiento se encuentra contemplado dentro de aquellos que se tramitan en la vía oral. En ese orden de ideas, el procedimiento de las jurisdicciones voluntarias de información ad perpetuam en esta entidad federativa, se desarrolla de la siguiente manera: Se inicia al presentar una solicitud por escrito ante la Administración de Gestión Judicial, la cual deberá cumplir con los mismos requisitos que se requieren para la presentación de las demandas, así como cualquier otro requisito que el Juez de Instrucción considere prudente. Una vez que se hayan cumplido con los requisitos establecidos con anterioridad, el Juez de Instrucción procederá a citar a la audiencia de juicio, la cual se celebrará ante el Juez Oral, quedando a cargo del interesado la preparación de las pruebas ofrecidas. Posteriormente, en la audiencia referida, se desahogaran las pruebas que requieran diligencia especial, por lo que una vez concluido a su recepción, si fuere posible se procederá al dictado de la sentencia, o en su caso se citará a las partes para dictarla dentro del término de tres días. Contra la resolución emitida en las diligencias de jurisdicción voluntaria procede recurso de apelación por lo que dicha impugnación se deberá hacer valer al momento de dictarse dicha resolución. En otro orden de ideas, se precisa que el concubinato, tiene su sustento legal en los numerales 825 Bis y 825 Ter del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 825 BIS.- La concubina y el concubinario tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para contraer matrimonio; han vivido en común en forma constante y permanente por un período mínimo de dos años que precedan inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común. Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y perjuicios. "Artículo 825 TER.- Regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables." El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás derechos y obligaciones reconocidos en este código o en otras leyes." De los preceptos legales invocados se colige que el concubinato es la unión de hecho entre dos personas que voluntariamente deciden tener una vida en común y cuya unión fáctica, una vez cumplidos ciertos requisitos como lo son el hecho de no contar con impedimentos legales para contraer matrimonio y hayan vivido en común en forma constante y permanente por un lapso mínimo de dos años o hayan tenido hijos en común, se generaran los derechos y obligaciones inherentes a la familia, como lo son derechos alimentarios y sucesorios. Ilustra la anterior consideración, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Décima Época Registro: 2010270 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Civil Tesis: 1a. CCCXVI/2015 (10a.) Página: 1646 CONCUBINATO. SU DEFINICIÓN Y DIFERENCIAS CON EL MATRIMONIO. El concubinato es la unión de hecho entre dos personas que voluntariamente deciden tener una vida en común y cuya unión fáctica, una vez cumplidos ciertos requisitos como no estar casados entre ellos o con otras personas, acreditar haber cohabitado por cierto tiempo (dependiendo de cada legislación), y/o tener hijos en común, tiene ciertas consecuencias jurídicas, en aras de proteger a los concubinos -durante y terminado el concubinato- y a su familia. Ahora, si bien es cierto que el concubinato y el matrimonio son figuras con muchas similitudes y a las cuales nuestro sistema jurídico reconoce como fundadoras de una familia, el primero por una unión de hecho y el segundo por un acto jurídico que debe ser sancionado por el Estado, también lo es que, precisamente por las diferencias en su origen, existen distinciones en las consecuencias jurídicas de encontrarse en uno u otro supuesto, una de las cuales es la relativa a los regímenes patrimoniales imperantes en el matrimonio. Así, una de las razones para optar por el concubinato puede ser el hecho de que no se crea una relación de estado ni un entramado jurídico de obligaciones y deberes como en el matrimonio -o al menos, no todos-. Sin embargo, ello no implica obviar, por supuesto, que dicha unión de hecho, al tener la intención de formar una comunidad de vida con intención de permanencia, lleve a crear una unidad económica, no necesariamente jurídica, entre los concubinos." Por otra parte, y en atención a que en el presente asunto la impetrante de amparo alega que el agravio en su esfera jurídica se materializa sobre sus derechos sucesorios, resulta necesario relacionar los artículos 745, 746, 747, 748, 749, 750 y 751 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, relativos al juicio sucesorio intestamentario, en particular sobre su primera sección denominada "de sucesión", que establecen lo siguiente: De los intestados "Artículo 745.- Al promoverse un intestado, justificará el denunciante el interés que tiene para hacerlo. Debe el denunciante, si los conociere, indicar los nombres y domicilio de los parientes en la línea recta y del cónyuge supérstite, o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto grado y, de ser posible, se presentarán las partidas del Registro Civil que acrediten la relación." "Artículo 746.- El juez tendrá por radicada la sucesión y mandará notificarlo a las personas señaladas como descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite o en su defecto como parientes colaterales dentro del cuarto grado, haciéndoles saber el nombre del finado con las demás particulares que lo identificaren y la fecha y lugar del fallecimiento para que justifiquen sus derechos a la herencia y nombren albacea." "Artículo 747.- Los herederos ab intestato podrán obtener la declaración de su derecho, justificando, con los correspondientes documentos o con la prueba que sea legalmente posible, su parentesco con el mismo, que acredite que ellos son los únicos herederos." "Artículo 748.- Toda prueba se recibirá con citación del Ministerio Público, quien dentro de los tres días que sigan a su recepción, debe formular su pedimento. Si éste fuere impugnado sólo de incompleta la justificación, se dará vista a los interesados para que subsanen la falta." "Artículo 749.- Recibidas las pruebas antes dichas, haya o no pedimento del Ministerio Público, el juez sin más trámites dictará auto haciendo la declaración de herederos ab intestato, si la estimare procedente o denegándola con reserva de su derecho a los que la hayan pretendido para el juicio ordinario." Este auto será apelable en el efecto devolutivo. "Artículo 750.- Si la solicitud de declaración de herederos la hiciere el cónyuge supérstite, no admitirá promoción de concubino, devolviéndole la que hiciere sin ulterior recurso. "Artículo 751.- Hecha la declaración de herederos de acuerdo con los artículos precedentes, el juez en el mismo auto en que la hizo, citará a una junta de herederos dentro de los ocho días siguientes para que designen albacea. Se omitirá la junta si el heredero fuere único o si los interesados desde la presentación dieron su voto por escrito o en comparecencia; en este último caso, al hacerse la declaración de herederos, hará el juez la designación de albacea." Este albacea tiene carácter de definitivo. [.]" De los artículos citados se desprende que al promoverse un juicio sucesorio intestamentario, el denunciante deberá justificar el interés que tiene para ejercitar dicha acción y en caso que conozca a los parientes en la línea recta o colaterales y del cónyuge supérstite deberá proporcionar su nombre y domicilio; posteriormente el juez tendrá por radicada dicha sucesión y mandará a notificar a las personas que se hayan señalado, haciéndoles saber los datos que permitan identificar al difunto para efecto de que justifiquen sus derechos a la herencia y nombren albacea. Así, los presuntos herederos podrán obtener la declaración de su derecho, justificándolo con las pruebas que acrediten legalmente su parentesco y que ellos son los únicos herederos, en el entendido que dichos medios de convicción serán recibidos con citación del Ministerio Público, quien deberá formular su pedimento, así como de las demás partes para respetar su derecho de audiencia; una vez desahogadas las pruebas, el juez dictará el auto de declaración de herederos, determinando si la estima procedente o denegándola, resolución que es apelable en efecto devolutivo. Si la solicitud de declaración de herederos la hiciera el cónyuge supérstite, no se admitirá promoción alguna de concubino. Finalmente, una vez hecha la declaración de herederos, el juez citará a una junta de herederos dentro de los ocho días siguientes para que se designe albacea, salvo en los casos en que se trate de heredero único o si los interesados desde su presentación dieron su voto por escrito, por lo que en éste último caso, al momento de hacerse la declaración de herederos, el juez de igual manera procederá a la designación de la albacea. Una vez analizadas las figuras jurídicas aplicables al presente asunto, se procede a hacer una relación de los hechos relativos, tal y como se advierten de los autos originales del expediente 899/2015 que corresponde a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam de origen, a los que se concedió valor probatorio pleno en el considerando cuarto, mismos que se citan a continuación: I. Mediante auto de siete de mayo de dos mil quince, se radicaron las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad-perpetuam promovidas por Carlos Manuel Montalvo Flores, para acreditar la existencia del concubinato con quien en vida llevara el nombre de Agustín Serrano Oropeza; por lo que se requirió al Oficial del Registro Civil Número Uno de Cancún, Quintana Roo, para que expida las constancias de inexistencia de matrimonio a favor de los citados, e indicó que una vez que se recibieran dichas constancias se señalaría fecha y hora para la celebración de la audiencia correspondiente. II. El veintisiete de mayo de dos mil quince, se tuvieron por recibidas las constancias de inexistencia de matrimonio requeridas y se admitieron a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad-perpetuam promovidas por Carlos Manuel Montalvo Flores, a efecto de acreditar la existencia del concubinato con quien en vida llevara el nombre de Agustín Serrano Oropeza; por lo que se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia relativa a dichas diligencias. III. Finalmente, el veintinueve de junio de dos mil quince, se dictó sentencia en el sentido de declarar procedente las referidas diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam promovida por Carlos Manuel Montalvo Flores y de tener por acreditada con las pruebas ofrecidas la relación de concubinato con Agustín Serrano Oropeza, la cual causó ejecutoria el dieciséis de julio de dos mil quince. Ahora, en el presente caso la solicitante de amparo aduce que le depara perjuicio la resolución emitida por el Juez Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, mediante la cual se resolvió la procedencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria ad perpetuam promovidas por el aquí tercero interesado Carlos Manuel Montalvo Flores y se tuvo por acreditada su relación de concubinato con Agustín Serrano Oropeza, así como todo lo ahí actuado y su falta de llamamiento o intervención en dichas diligencias, pues refiere que como consecuencia de la citada resolución le serán otorgados derechos hereditarios al referido tercero interesado. Ahora, de lo relato de los antecedentes de los actos reclamados y atendiendo a la naturaleza de las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, se estima que contrario a lo manifestado por la quejosa, los actos en estudio no afectan su interés jurídico. Lo anterior es así, pues como se señaló con antelación, las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam son procedimientos, que por su naturaleza no contenciosa no resuelven algún tipo de controversia entre las partes, sino que únicamente el órgano jurisdiccional interviene a solicitud de un interesado, para efecto de justificar con testigos ciertos hechos que al promovente le interesa que queden consignados de modo solemne, y sirven para hacer constar hechos que pudieran afectar en lo sucesivo el interés o los derechos de quienes las promueven, sin que en dichas determinaciones se constituya derecho alguno derivado del ejercicio de la facultad jurisdiccional del juzgador de dirimir controversias. En efecto, las resoluciones que se dictan en las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, como todas las que se hacen en vía no contenciosa, solamente tienen efectos declarativos, pues simplemente declaran el estado que guarda en ese momento el hecho o acto de que se trata, mas no constituyen algún derecho, ya que el alcance de dichas diligencias sólo se limitan a tener por manifestado lo señalado por los testigos en sus declaraciones que se desahoguen en dichas diligencias. Así pues, derivado del material probatorio aportado, se emite una determinación final de las aludidas diligencias que en términos del artículo 85, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, son susceptibles de alteración o modificación. Resulta aplicable por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 177599 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 91/2005 Página: 86 INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). De la interpretación conjunta de los artículos 731 y 734 del Código de Procedimientos Civiles y 1252 del Código Civil, ambos para el Estado de Guanajuato, se advierte que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información ad perpetuam, sólo tiene el alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad y pueden servir de base para que en un juicio posterior se decida sobre la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales necesarias para ello. Esto es así, porque la propiedad es un derecho erga omnes por definición, mientras que la declaración hecha en las informaciones ad perpetuam sólo es oponible respecto de algunas personas. Por ello, de dichas diligencias no puede desprenderse un derecho de propiedad que no sea oponible a los demás. De igual forma, la declaración emitida en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no tiene efectos constitutivos sino sólo declarativos, pues en ellos no existe una contención entre las partes. De esta manera, la propiedad sobre los inmuebles sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso en el que se han reunido las condiciones legales requeridas, por lo que las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria." Por tanto, el hecho de que no se le haya dado intervención a la impetrante de amparo en las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam 899/2015 promovidas por Carlos Manuel Montalvo Flores ante el Juez Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial con residencia en Cancún, Quintana Roo, no le depara perjuicio alguno, pues éstas fueron solicitadas únicamente para efecto de generar un indicio de la relación concubinato entre Carlos Manuel Montalvo Flores y de quien en vida llevara el nombre de Agustín Serrano Oropeza. Sin que obste que mediante resolución emitida el veintinueve de junio de dos mil quince, en el expediente 899/2015 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial con residencia en Cancún, Quintana Roo, se hayan declarado procedentes las referidas diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam promovidas por Carlos Manuel Montalvo Flores, y se tuviera por acredita su relación de concubinato con Agustín Serrano Oropeza, dado que dicha determinación únicamente tiene el alcance probatorio de demostrar ante el juez las circunstancias de hechos que ahí se expusieron, lo cual solo genera un indicio sobre la calidad de concubino del aquí tercero interesado, pues dichas diligencias no tienen el efecto de otorgarle derecho sucesorio alguno. Ello, toda vez que, la demostración de la calidad de heredero está sujeta a prueba en el juicio de sucesión intestamentaria correspondiente. Por lo que se reitera que el acto que en esta vía se combate, no le genera perjuicio alguno, pues en todo caso la parte quejosa resentiría una afectación a su esfera jurídica, si en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de quién en vida llevara el nombre de Agustín Serrano Oropeza se llegara a reconocer como heredero a Carlos Manuel Montalvo Flores, de lo cual no obra constancia en autos que permita constatar que dicha circunstancia ya aconteció. Por tanto, se concluye que en autos no se encuentra probado que la parte quejosa resienta agravio alguno en su esfera jurídica con motivo de i) la falta de intervención o llamamiento al expediente 899/2015 del índice del Juzgado Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial con residencia en Cancún, Quintana Roo, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam; ii) todo lo ahí actuado, así como la iii) la sentencia emitida el veintinueve de junio de dos mil quince, en la que se declararon procedentes dichas diligencias promovidas por el aquí tercero interesado Carlos Manuel Montalvo Flores, y se tuvo por acreditada su relación de concubinato con Agustín Serrano Oropeza, dado que esta resolución no constituye derecho alguno en favor del aludido tercero interesado. Ilustra lo anterior las tesis aisladas siguientes: Época: Décima Época Registro: 2007750 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III Materia(s): Civil Tesis: III.4o.C.27 C (10a.) Página: 2781 ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA. LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA NO SON APTAS PARA DEMOSTRAR LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE QUIEN SE OSTENTA COMO CONCUBINA DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 778, segundo y tercer párrafos, del Código Civil del Estado de Jalisco establece que se entiende por concubinato el estado por el cual un hombre y una mujer solteros viven como si fueran cónyuges, durante cinco años o más, o si transcurridos tres años de iniciada esa unión procrean entre sí algún hijo, así como haberse establecido en un mismo domicilio. Por su parte, el diverso 2941 prevé que tendrá derecho a heredar la persona con quien el autor de la herencia vivió en el mismo domicilio durante el tiempo referido, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Ahora bien, si la tercera interesada demandó en la vía civil ordinaria, en ejercicio de la acción de petición de herencia a la sucesión quejosa la declaratoria de que es heredera de la misma, es inconcuso que debe acreditar su legitimación en la causa y demostrar la existencia de la relación de concubinato con el autor de la sucesión a través de un juicio contencioso autónomo y no como lo pretende por medio de las diligencias de jurisdicción voluntaria, toda vez que éstas no son la vía idónea para probar derechos sustantivos, al no constituir cosa juzgada, ya que se tramitan unilateralmente por el interesado, sin la intervención de quien pudiera tener derechos opuestos, como lo sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis I.3o.C.186 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 1203, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, DILIGENCIAS DE. NO SON APTAS PARA ACREDITAR UN DERECHO SUSTANTIVO COMO EL CONCUBINATO.", y que este órgano comparte; consecuentemente, si la tercera interesada no justifica el carácter con que se ostenta, carece de legitimación en la causa, lo que hace improcedente la acción de petición de herencia." Época: Novena Época Registro: 191388 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.186 C Página: 1203 JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, DILIGENCIAS DE. NO SON APTAS PARA ACREDITAR UN DERECHO SUSTANTIVO COMO EL CONCUBINATO. Las diligencias de jurisdicción voluntaria, si bien formalmente son actuaciones y por tanto documentales públicas con plena eficacia probatoria de lo actuado ante el órgano jurisdiccional, son ineficaces para acreditar un derecho sustantivo como el estado de concubinato de un denunciante de una sucesión, porque no son capaces de sostener por sí mismas la legalidad definitiva de determinado acto, precisamente por ser susceptible de modificación o alteración, conforme al artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal; de ahí que su firmeza sólo puede referirse a cuestiones de trámite, pero no puede establecerse que una diligencia de esa naturaleza sea idónea para fijar una situación jurídica y controvertible para decretar un derecho, ya que no puede producir efectos jurídicos definitivos la resolución derivada de la jurisdicción voluntaria y no contenciosa, sin hacer el llamamiento de persona alguna con interés contrario que pudiera rebatir lo solicitado y sin oposición para que se efectuara la controversia y definirla el juzgador." Sin que las pruebas ofrecidas por la impetrante de amparo resulten idóneas para acreditar la afectación de su interés jurídico, ya que la falta de afectación proviene de la naturaleza de los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la norma citada, se impone sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados del 1] Juez Familiar y Civil Oral del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y 2] Actuario de su adscripción, precisados en los incisos a) y b) del considerando tercero de esta sentencia. Resultan aplicables las jurisprudencias de datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Época: Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Luz María Oropeza Hernández, por conducto de su apoderada María del Rocío Serrano Oropeza, contra los actos reclamados del 1] Juez Primero Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y 2] Actuario de su adscripción, precisados en el considerando tercero en términos de lo expuesto en el quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la quejosa, a la tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, hasta el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permiten, ante Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe."
- Principal
::. Notificación personal a la quejosa, a la tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, de la sentencia de dieciocho de mayo de dos mil veintidós.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado Carlos Manuel Montalvo Flores, mediante la cual realiza manifestaciones a título de alegatos y exhibe una prueba documental, a lo que se acuerda: Téngase por hechas las manifestaciones ahí realizadas a título de alegatos, y con fundamento en el artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo, relaciónese al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la prueba documental exhibida y se ordena relacionarlas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, por lo que respecta al domicilio y autorizado que señala para oír y recibir notificaciones, dígasele que mediante proveído de uno de marzo de dos mil veintidós, se proveyó lo conducente.
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