Luz María Morales Romo
Expediente 1674/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1674/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2018
Partes del expediente
- Luz María Morales Romo
Actuaciones
- Principal
- Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . . .
- Principal
Querétaro, Querétaro, a veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede, practicada por el fedatario judicial de la adscripción, de la que se advierte que no fue posible realizar la notificación ordenada mediante proveído de dieciocho de diciembre del año en curso, a la parte promovente ....por las razones asentadas en la misma; en tales condiciones, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar dicho proveído, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio lista hasta en tanto señalen nuevo domicilio procesal en esta ciudad de Querétaro. En consecuencia se notifica a la parte promovente el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: "... En dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se da cuenta a la Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con la demanda de amparo promovida por Luz María Morales Romo, y dos copias de la misma, registrada con el número 20790. Conste Querétaro, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías promovida por Luz María Morales Romo, contra actos de la Juez Quinto de Primera Instancia Civil en esta ciudad. y otra autoridad, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los ordinales 107, fracción VI, 108 y 114 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese bajo el número 1674/2017-II. Ahora bien, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda, y, si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el invocado precepto, el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." La parte quejosa reclama: "El auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del juico Ejecutivo Mercantil número 1573/2014, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil de esta ciudad, mediante el cual, es designada como depositaria del bien embargado en diligencia de catorce de mayo de dos mil quince." Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridad consentidos expresamente, o por manifestaciones de voluntad que lleven implícito ese consentimiento, esto es, cuando el acto reclamado es una consecuencia de otro que la ley reputa como consentido. Para tener por actualizada la causa de improcedencia invocada, deben cumplirse dos condiciones básicas, a saber: a) Que el acto reclamado sea una consecuencia necesaria, directa e inmediata de otro; b) Que ese otro acto, del cual deriva el impugnado por la vía del juicio de garantías, se repute por la ley como consentido. Además, conviene destacar que, un acto se estima consentido, cuando: i. Se despliegue una actitud o conducta tal respecto de los mismos, que permita inferir, sin género de dudas, su consentimiento con ellos; o bien, ii. Que se abstenga del ejercicio oportuno de la acción constitucional, conducta que denota un consentimiento que se reputa tácito. Por añadidura, de estas dos causales emerge una tercera, no prevista en la ley sino en la jurisprudencia firme, prevista en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que es la enunciada como actos derivados de actos consentidos, misma que cobra aplicación cuando al resolverse sobre los primeros, se tiene que examinar necesariamente la constitucionalidad de los que le dieron origen, no obstante que éstos no fueron reclamados dentro del término que para la promoción del juicio de amparo señala la ley; a menos, que los actos derivados se reclamen por vicios propios. No obstante, para que exista este consentimiento expreso o tácito del acto origen del reclamado, debe tratarse de un acto que sea susceptible de impugnarse en el juicio de amparo y que cause perjuicios al quejoso porque esta afectación a su interés jurídico es lo que lo legitima para acudir a la vía constitucional. En resumen, sólo puede considerarse que un acto reclamado deriva de otro que la ley repute como consentido, y consecuentemente, que se actualiza la causal de improcedencia señalada, cuando el segundo sea una consecuencia legal, forzosa o directa del primero, siempre que el quejoso hubiera podido impugnar éste en el amparo, sea porque estuviera legitimado para hacerlo, o porque el juicio de amparo procediera contra él; y, siempre que el segundo acto (el reclamado en el amparo) no se impugne por vicios propios que lo afecten, con autonomía e independencia del primero. Sirve para ilustrar el tema, la siguiente tesis: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Establecido que la conducta de autoridad que por este medio se impugna, deriva del embargo decretado del bien que defiende el quejoso y que su inconstitucionalidad se hace depender de la que a su vez se atribuye al acuerdo que ahora reclama, resulta necesario exponer las razones por las cuáles se considera que dicho auto tiene el carácter de consentido, lo que hace improcedente la presente instancia constitucional. Para ello debe tenerse en cuenta que, se reputa consentida una resolución judicial cuando expresamente se consiente o bien no se recurre dentro del plazo que al efecto la ley establezca, caso en el cual causa ejecutoria y adquiere firmeza procesal. Se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento pleno de la existencia del acto de origen al reclamado, pues de autos se advierte que mediante diligencia de catorce de mayo de dos mil quince, se EMBARGÓ el Tractor agrícola nuevo marca case IH, modelo NSX95 MFD de 97hp, 17.L, motor transmisión sincronizada, 12x12, serie J20749M y motor número 237383; hecho que es reconocido por la parte quejosa pues así lo manifiesta en su punto primero de los hechos que se contienen en el libelo constitucional indican: ".Primero.- En el sentido de aprobar a no la diligencia de requerimiento de pago y embargo celebrada el día 14 de mayo del año 2015, practicada en mi domicilio ubicado en calle 16 de septiembre no. 100, de la comunidad de San Nicolás de los Agustinos, Municipio de la ciudad de Salvatierra, Gto., por el C. Actuario designado por le Oficina Central de Actuarios de Salvatierra, Gto., por medio de exhorto y cumplimentada por el C. Juez de Partido Civil de Salvatierra, Gto., para que una vez hecho dicho pronunciamiento, determinara si quedo bien y formalmente embargado o no, el tratar marca Case IH, modelo JX 95 MFD de 97 HP al motor, serie J20749M, motor 237383, que fue señalado para embargo por el actor Lic. Guillermo Alberto Pérez López", confesión que hace prueba plena en su contra, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por consiguiente, si el embargo de referencia, que precede al acuerdo que ahora se reclama, no fue recurrido a través del medio de impugnación ordinario, y por tanto tampoco por la vía constitucional, es incuestionable que constituye un acto consentido por el impetrante del amparo. En efecto, al tener conocimiento del embargo del bien que defiende, es inconcuso que desde tal acto se les afectó, de ahí que el acto de molestia lo constituya el embargo y no la designación de depositario, por lo que si el quejoso no combatió el embargo del bien que defiende, éste fue consentido tácitamente, y el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete -el reclamado en esta instancia-, sólo es una consecuencia derivada de aquél que fue consentido; en ese tenor, resulta evidente que opera la causal de improcedencia en cita. Es aplicable al caso en concreto, las siguientes tesis: "ACTO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO. CUANDO SE SEÑALA EL CAMBIO DE DEPOSITARIO COMO ACTO RECLAMADO Y NO EL EMBARGO. El embargo constituye una garantía real en favor del acreedor, de tal manera que desde que se traba dicho embargo, se priva de la posesión jurídica del bien y se deja la custodia a un depositario, esto es para el solo efecto de la vigilancia de la cosa embargada. En tal virtud, el acto desposesorio lo constituye el embargo y no el cambio de depositario, de donde si aquél no es señalado como acto reclamado, se consiente tácitamente, y el auto que autoriza el cambio de depositario no es más que una consecuencia derivada de aquel que es consentido, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo." "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Ello aunado a que, si bien el acto reclamado se le atribuyen vicios propios, más cierto es, que éstos no son autónomos, pues derivan del referido embargo, dado que versan respecto a que en su momento no se designó depositario del bien embargado. Aunado a lo anterior, este juzgado de Distrito advierte la actualización la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como se verá a continuación: El artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.].". Por su parte, los artículos 447, último párrafo, y 451 del Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen: "Artículo 447. [.] Una vez trabado el embargo, no puede el ejecutado alterar, en forma alguna, el bien embargado, ni contratar el uso del mismo, si no es con autorización judicial, que se otorgará oyendo al ejecutante; y, registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre que se haya trabado, no altera, de manera alguna, la situación jurídica de los mismos, en relación con el derecho del embargante, de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no se hubiese operado la transmisión." "Artículo 451. Cuando el secuestro recaiga sobre bienes muebles que no sean dinero, alhajas ni créditos, el depositario que se nombre sólo tendrá el carácter de simple custodio de los objetos puestos a su cuidado, los que conservará a disposición del tribunal respectivo." Además, el artículo 1392 del Código de Comercio, establece: "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste." En este contexto y acorde a los antecedentes del acto reclamado, antes relatados, se desprende la causa de improcedencia antes invocada, debido a que la designación de depositario judicial del bien embargado no afecta a la parte quejosa, ya que el principal efecto del embargo, de acuerdo con el último párrafo del citado artículo 447, es, entre otras, privar de la prenda al ejecutado. Por tanto, el hecho de que se designara como depositaria del bien embargado (quien además es un simple custodio de los objetos puestos a su cuidado de acuerdo con el artículo 451 antes transcrito, en tanto su responsable directo lo es el ejecutante, en términos del diverso 1392 del Código de Comercio), con ello no se le está privando de la propiedad ni de la posesión; ya que ocurrió esto desde el momento en el que se llevó a cabo la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento; por ende, se reitera, la designación del cargo depositario no afecta los intereses del codemandado, aquí quejosa Luz María Morales Romo. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, las causas de improcedencia del juicio de amparo, previstas por el artículo 61, fracción XII y XIII, de la ley de la materia, con apoyo en el diverso precepto 113 transcrito, se desecha la demanda amparo en estudio. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Asimismo, no pasa inadvertido para quien resuelve que la presente sentencia se emitió conforme a la normatividad prevista por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y, no obstante ello, se aplicaron algunos criterios jurisprudenciales y aislados emitidos con antelación a la nueva legislación de amparo; sin embargo, ello no es óbice, dado que el artículo sexto transitorio de aquélla dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Lo que implica que dichos criterios son aplicables, mientras no contravengan lo plasmado en la nueva legislación de amparo; de ahí que puedan ser invocados en el presente fallo, a fin de proporcionar soporte jurídico a la decisión adoptada por este Juzgado Federal. Es de invocarse en ese aspecto, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA". Por otra parte, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo y atendiendo a lo asentado en la certificación de cuenta se autoriza en términos amplios a los licenciados Juan Fernando Alejandri Ron y José Armando Frausto Gómez; y únicamente para oír y recibir notificaciones, a las demás personas señaladas en su escrito inicial, hasta en tanto acrediten estar registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito,. Se tiene como domicilio procesal, el señalado en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos...."
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