Luz María Montecinos Aparicio

Expediente 1099/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1099/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Luz María Montecinos Aparicio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Vista; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintisiete de febrero del año en curso (fojas 69 a 83); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que no ampara ni protege a *****, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Atento a lo ordenado en el Punto Vigésimo Primero fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, SE HACE CONSTAR que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN PARCIAL; por tanto, una vez que transcurra el término de cinco años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a la desincorporación de las constancias que lo integran para su destrucción, debiendo conservar únicamente la demanda de amparo, escrito de ampliación de demanda en su caso, la sentencia, ejecutoria y este proveído. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se CONCEDIÓ la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en los puntos Segundo fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de cinco años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, conservándose únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya sea provisional, definitiva y/o violación; y, en cuanto al resto de las constancias que lo integran procédase a su desintegración material. Por cuanto hace al cuaderno duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en la fracción III, del punto Vigésimo, del acuerdo aludido, una vez que haya transcurrido el término de seis meses procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos exhibidos por el tercero interesado *****; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, resulta innecesario que continúen en este juicio las copias certificadas del juicio especial hipotecario *****, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, que remitió el titular de dicho órgano jurisdiccional en apoyo de su informe; por tanto, devuélvansele para los efectos legales conducentes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, con el apercibimiento que de no remitir el acuse de referencia dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, se tendrán por recibidas a su entera satisfacción. Notifíquese.

  2. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vista; la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión, en el cual se ordena agregar copia simple del mismo a los cuadernos en los que se actúa; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, y de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se declara que si es susceptible de depuración el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez que transcurra el término de cinco años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, la resolución del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, violación a la misma, toda vez que se CONCEDIÓ la suspensión provisional y definitiva; consecuentemente en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General y Manual citados, se declara que es susceptible de destrucción el duplicado del presente incidente de suspensión transcurrido el término de seis meses. Cúmplase.

  3. Principal

    SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1099/2017, promovido por *****, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad y otra autoridad. I. TRÁMITE DEL JUICIO 1. Presentación de la demanda. *****, por propio derecho, mediante escrito recibido el quince de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: Autoridades responsables "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. COMO ORDENADORAS: a).- C. JUEZ SEGUNDO EN MATERIA DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. COMO EJECUTORA: b).- C. ACTUARIO ADSCRITO AL SEGUNDO JUZGADO, SEGUNDA SECRETARIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. IV.- ACTOS RECLAMADOS: I.- Del Juez SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, reclamo: 1.- La Falta de notificación y emplazamiento legal al ahora quejosa, al juicio Especial Hipotecario, tramitado ilegalmente, sin mi intervención en el expediente número *****, promovido por ***** y en donde se demanda en la vía Especial Hipotecaria respecto del inmueble *****, DEL LA CUAL SOY POSEEDORA DESDE HACE MAS DE DIECIOCHO AÑOS, COMO PARA HABERME INICIADO UN JUICIO DE ESA MATERIA. 2.- Todas y cada una de las actuaciones realizadas sin mi intervención en el juicio antes señalado como son auto admisorio de la demanda, auto admisorio de pruebas, recepción de pruebas, y emisión de SENTENCIA, decretos emitidos por el C. JUEZ SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, en el juicio mencionado en los actos reclamados que anteceden. 3.- La sentencia definitiva dictada por el C. JUEZ SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, tramitado ilegalmente sin mi intervención en el expediente citado, y como consecuencia de los anteriores actos reclamados. 4.- Todos aquellos autos dictados con posterioridad a la sentencia mencionada en el acto reclamado que antecede, en especial cualquier auto de ejecución que pretenda desposeerme del inmueble ubicado en *****. 5.- Las órdenes de lanzamiento, desposesión y desalojo, dictadas en contra de la suscrita, quien ocupa el inmueble antes mencionado, emanados de los actos reclamados. 6.- La abstención antijurídica de notificar a esta parte quejosa todos y cada uno de los actos señalados e imputados a dicha responsable. II.- De los actuarios adscritos al Juzgado Segundo, segunda secretaria en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, se reclama: 1.- La Falta de notificación y emplazamiento legal al ahora quejosa, al juicio Especial Hipotecario, tramitado ilegalmente, sin mi intervención en el expediente número *****, promovido por ***** y en donde se demanda en la vía Especial Hipotecaria respecto del inmueble ubicado en *****, DEL LA CUAL SOY POSEEDORA DESDE HACE MAS DE DIECIOCHO AÑOS, COMO PARA HABERME INICIADO UN JUICIO DE ESA MATERIA. 2.- La ejecución, cumplimiento y realización que pretenda darle a las órdenes dictadas por el C. Juez SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, emanados del juicio Especial Hipotecario, tramitado ilegalmente sin mi intervención, en el expediente *****, promovido por *****, con el fin de cumplimentar y/o ejecutar la sentencia definitiva reclamada; así como el cumplimiento de cualquier orden tendiente a desposeerme o lanzarme del inmueble que ocupo en el *****, es decir toda orden que tienda a privarme de mis derechos que tengo sobre el inmueble indicado." La parte promovente del amparo señaló como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual modo, narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 2. Admisión de la demanda. En acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró con el número 1099/2017; se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete . 3. Emplazamiento de la tercera interesada. Mediante oficio notificado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete . 4. Audiencia constitucional. La cual tuvo verificativo al tenor del resultado asentado en el acta que antecede a esta sentencia. II. COMPETENCIA Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 36/2016 que reformó al similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman actos realizados dentro juicio, respecto del cual la quejosa aduce no haber sido emplazada, y cuya ejecución tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. III. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I , de la Ley de Amparo, es menester delimitar los actos reclamados que se advierten del estudio integral de la demanda, a fin de determinar con exactitud la intención de la promovente del amparo. En ese sentido, del análisis y valoración de todo lo expuesto por la parte quejosa *****, en correlación con las constancias aportadas a los autos, se aprecia que esencialmente reclama:  Su emplazamiento al juicio especial hipotecario *****, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, promovido en su contra por *****, y como consecuencia, todo lo actuado en dicho proceso, incluida la sentencia dictada en la misma y su ejecución. IV. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS El juez y secretario actuario, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito de Tabares, con sede en esta ciudad, al rendir conjuntamente su informe con justificación , negaron los actos que se les reclaman; empero, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que del mismo, se advierte que realizan manifestaciones que evidencian su certeza, razón por la cual se tienen por ciertas las conductas que se les reprocha. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que además se corrobora con la copia certificada del expediente relativo al juicio especial hipotecario *****, que remitieron como prueba documental que al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de las funciones que le son propias, goza de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión de su ordinal 2°. V. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO En razón de la técnica que rige el juicio de amparo, se procede al examen de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que pudiesen apreciarse en forma oficiosa, por tratarse de una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente, según dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo. Al no haber causal de improcedencia que desestimar, y no advertirse oficiosamente alguna que deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, a continuación se procederá a examinar el asunto planteado a la luz de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo. VI. ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que en el caso se hayan hecho valer. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" . Precisado lo anterior, antes de analizar y calificar los conceptos de violación formulados por la parte impetrante del amparo, es conveniente recordar que, de la lectura de la demanda, se tiene que, entre otras cuestiones, reclama su emplazamiento al juicio especial hipotecario *****, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Por tanto, en razón a que la falta de llamamiento del que se duele entraña una violación al derecho de audiencia, es menester para efectos ilustrativos, señalar que el párrafo segundo del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, literalmente establece: "Artículo 14. (.). Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Del numeral parcialmente transcrito, se lee lo que legalmente se conoce como "derecho fundamental de audiencia", el cual debe entenderse en el sentido de que previo a cualquier acto de autoridad -actos que sean unilaterales, imperativos y coercibles-, que pueda llegar a privar a un particular en sus derechos o posesiones, se le debe dar una oportunidad razonable para defenderse en el juicio, de probar y alegar lo que sea de su interés, ya sea ante tribunales independientes, imparciales y establecidos con anterioridad al hecho, dentro de un juicio o en un procedimiento seguido a manera de éste, ante las autoridades administrativas donde habrán de seguirse las fases procesales descritas por la ley aplicable al caso concreto, bajo pena de ser inconstitucional ese actuar; por lo que de exigirse su nulidad, será declarada con base al principio de que todos deben de ser oídos y vencidos en juicio antes de ser afectados en su esfera con un acto de privación. Partiendo de que los sujetos titulares de este derecho, son todo gobernado sin distinción (sea persona física o ente jurídico colectivo) quienes gozan del derecho de ser oídos y vencidos en defensa y en resguardo de los bienes jurídicos tutelados por esta prerrogativa -libertad, propiedad, posesión, derechos- a través de un juicio previo, entendiendo por el término juicio en sentido amplio, pues lo que se pretende es el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, que deben de observarse no sólo en los procedimiento judiciales sino también en otros como los administrativos, laborales, entre otros, a fin de que los afectados con el acto privativo cuenten con una verdadera oportunidad de defensa. Es conveniente precisar que el emplazamiento, es el acto procesal a través del cual el órgano jurisdiccional hace del conocimiento de una persona la admisión de una demanda que ha sido enderezada en su contra, concediéndole el plazo legalmente establecido en la legislación aplicable, a fin de que tenga la oportunidad de contestarla y de ofrecer los medios probatorios que considere convenientes. Por esa razón, dicha actuación -emplazamiento- es considerada de gran importancia, ya que a través de ella el juzgador establece la relación jurídica que vincula a las partes durante el juicio, otorgándose al demandado la oportunidad de comparecer a contestar la demanda instaurada en su contra, ofrecer pruebas, alegar y objetar las de la contraria, a fin de dilucidar sus derechos; por consiguiente, la estricta observancia de la normatividad procesal que le resulte aplicable, garantiza a aquél el cumplimiento del derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando con ello que se le deje en estado de indefensión. Luego, el emplazamiento por su trascendencia debe ser cuidadosamente practicado, pues cada una de las formalidades que en él deben cumplirse permiten al juzgador tener plena certeza de que es a la persona contra quien se intenta una demanda a quien se le entregó ésta y así tendrá pleno conocimiento de que en su contra se inicia una contienda a fin de que acuda ante el juez a defenderse; de su correcta ejecución penden las demás subderechos de defensa consagrados en el artículo 14 ya citado, porque sólo así el demandado tendrá oportunidad de contestar a la demanda, ofrecer pruebas, alegar y objetar las de la contraria etcétera; por ende, la realización de tan importante actuación sin cumplir con cada una de las formalidades establecidas por el legislador, se reitera, constituye una de las violaciones procesales de mayor magnitud, que impide al demandado la oportunidad de defenderse. Enfocando esa premisa al caso concreto, destaca que, en sus conceptos de violación, la parte aquí quejosa vierte los siguientes argumentos:  Que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el actuario del Juzgado responsable, no respetó las formalidades de las que debe revestir el emplazamiento.  Que el emplazamiento, no se realizó conforme a lo pactado en el contrato de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. Devienen infundados los anteriores motivos de disensos, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al controvertirse el emplazamiento de la parte demandada al juicio natural. Al respecto es aplicable, la jurisprudencia por contradicción de tesis 149/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL" . Lo anterior, es así, en razón a que el marco normativo aplicable al emplazamiento practicado en el procedimiento de origen, es el relativo al Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, resulta conveniente señalar que los artículos 147, 151, 153, 154, 155, 156 y 162 de esa normatividad, disponen: "Artículo 147. Señalamiento del domicilio para efectos procesales. Las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Asimismo, en el escrito en donde se interponga recurso de alzada o en el que por primera vez se comparezca ante el Tribunal Superior de Justicia, deberá señalarse domicilio en el lugar de ubicación de éste, para que se hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias en la segunda instancia. "Artículo 151. Notificaciones personales. Además del emplazamiento, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones: I. La primera resolución que se dicte en el procedimiento; II. El auto que ordena la absolución de posiciones o el reconocimiento de documentos; III. La primera resolución que se dicte cuando: a) Por cualquier motivo se deje de actuar por más de tres meses; b) Cuando se ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación hubiere estado interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; IV. El requerimiento a la parte que deba cumplirlo; V. Las sentencias definitivas; VI. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales, a juicio del juzgador; y VII. Los demás casos en que la ley lo disponga." "Artículo 153. Forma de las notificaciones personales. Las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello; en caso que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación." "Artículo 154. Primera notificación. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el juzgador o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega." "Artículo 155. Emplazamiento. Si se tratare del emplazamiento y no se encontrare el demandado, se le hará notificación por cédula. La cédula, en los casos de este artículo y del anterior se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido en su escrito inicial. "Artículo 156. Emplazamiento en el lugar de trabajo. Si después que el notificador se hubiere cerciorado de que la persona por notificar vive en la casa y se negare aquél con quien se entiende la notificación a recibir ésta, se hará en el lugar en que habitualmente trabaje, sin necesidad de que el juzgador dicte una determinación especial para ello." "Artículo 162. Firma de las notificaciones. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquella a quien se hace. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano haciendo constar estas circunstancias. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere." Del contenido de los artículos preinsertos, se advierte que el promovente de la vía, debe manifestar el domicilio de la persona a quien le demanda determinadas prestaciones, para el efecto de que en sea emplazada, se entere del procedimiento que existe en su contra y pueda ejercer su derecho fundamental de defensa, ya ofreciendo pruebas, o realizando alegatos ante el órgano jurisdiccional que la requiera, de ahí que una vez proporcionado el domicilio, corresponde a los funcionarios practicar cualquier diligencia de las que señala la ley como obligatoria en forma personal, con total apego a los preceptos antes citados, es decir, atendiendo a las formalidades que prevén, las cuales, se traducen en las siguientes: a) Practicar la notificación en forma personal directamente al interesado, en el domicilio señalado en la demanda, y en caso de no encontrarlo se le dejará cédula; b) Dicha cédula deberá contener: la fecha y hora en que se entregue, nombre y domicilio del promovente, el tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar, el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, y el nombre, apellido y cargo de la persona que practica la notificación; c) Tal cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que deba ser notificada, exponiéndose los medios por los cuales se haya cerciorado; d) Asimismo, junto con la cédula se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia copia simple de la demanda cotejada y sellada, así como copias simples de los demás documentos que haya exhibido el actor en su escrito inicial. e) Establece la obligación de firmar las notificaciones la persona quien la hace y con quien se entiende y, en supuesto que el notificado no pudiere o se negare a firmar el acta, deberá signarla en su lugar el secretario haciendo constar tales circunstancias. En ese entendido, conviene precisar que la actora *****, aquí tercera interesada, en su escrito de demanda de quince de mayo de dos mil quince , indicó el domicilio en que se debía emplazar a la parte demandada, aquí quejosa, en los términos siguientes: "(.) Que a nombre de mi representada acudo a promover en la VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA en contra de la ***** en su carácter de acreditada con domicilio en *****." Ahora bien, a fin de determinar la validez del emplazamiento reclamado, es menester, para efectos ilustrativos, transcribir la parte que interesa tanto de la cédula de emplazamiento, como el acta circunstanciada que la soporta : "CÉDULA DE NOTIFICACIÓN EXP. ****** C. *****. CASA *****. EN EL EXPEDIENTE *****, RELATIVO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, PROMOVIDO POR EL *****, EN CONTRA DE *****; ENTRE OTRAS CONSTANCIAS, EL JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, DICTÓ UIN AUTO DE FECHA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, QUE A LA LETRA DICE: -Lo transcribe- [.] ACAPULCO, GUERRERO A 23 DE DICIEMBRE DEL 2015. LO QUE NOTIFICO A USTED MEDIANTE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN QUE RECIBE *****, QUIEN DIJO SER PERSONALMENTE A LAS 14:20 HRS. DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON LAS COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA Y ANEXOS ACOMPAÑADORS, SE CORRE TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA EMPLAZANDOLO A JUICIO PARA QUE EN EL TÉRMINO DE NUEVE DÍAS PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LE TENDRÁ POR PRESUNTIVAMENTE ADMITIDOS LOS HECHOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 603, 604, 605, 606 Y RELATIVOS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO. (Rúbricas) "EXPEDIENTE: ***** En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo las catorce horas con veinte minutos, del día veintitrés de noviembre de dos mil quince, la suscrita licenciada GLADIS HERNÁNDEZ RAMÍREZ, secretaria actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, hago constar que me constituí en forma legal en el domicilio ubicado en la casa número quince, situado en el ******, en busca de la C. *****, y cerciorada previamente de ser y estar en el domicilio correcto señalado por la parte actora, donde la parte demandada puede ser debidamente emplazada a juicio, por así indicármelo los signos exteriores del mismo, consistente en el número de casa, que se encuentra visible sobre su puerta de acceso, el nombre del condominio, que lo advierto de un letrero que se encuentra al llegar al mismo, la sección, que no la aprecio a simple vista, pero la persona que me atiende me manifiesta que el domicilio en el que me encuentro pertenece a la sección que busco, al igual que el nombre del fraccionamiento en donde se sitúa dicho domicilio, en esta ciudad; y sobre todo, porque así me lo hizo saber la persona del sexo femenino, que encontré en el interior de dicho domicilio y me atiende, quien refirió llamarse *****, y ser la persona que busco, razón por la cual, procedo a llevar a cabo la diligencia con la persona que me atiende, con quien primeramente me identifico con mi credencial con número de empleado 1070, expedida por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, que me acredita como secretaria actuaria, en la que obra mi fotografía; solicitándole a su vez una identificación, exhibiéndome su credencial de elector, expedida por el Instituto Federal Electoral, con año de registro *****, en la que obra una fotografía que concuerda con los rasgos físicos de la persona que me atiende y al reverso de la misma obra una firma y una huella, identificación que le devuelvo por serle de su utilidad personal. Acto seguido, le hago saber a la demandada que me atiende, que en el expediente *****, relativo al juicio Especial Hipotecario, promovido por *****, en contra de *****, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con fecha veinte de mayo del año dos mil quince, dictó un auto, haciéndole saber el contenido del mismo, en donde se tuvo por presentado el escrito de la apoderada legal de la parte actora, en donde con fundamento en los artículos 232, 603, 604, 605 y 609 del Código Procesal Civil del Estado, se admitió la demanda en la vía y forma propuestas, por lo que, con las copias simples de la demanda y anexos que la acompañan, debidamente selladas y cotejadas, le corro traslado y emplazo a juicio a la demandada quien me atiende, para que dentro del término de nueve días hábiles, produzca contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, le prevengo para que señale domicilio para oír y recibido citas y notificaciones en esta ciudad y puerto, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal a excepción de la sentencia definitiva que llegue a dictarse, le surtirán efectos a través de cédulas que se fijen en los estrados del juzgado; asimismo, le hago entrega a la demandada que me atiende, de la cédula hipotecaria, haciéndole de su conocimiento que contrae las obligaciones de depositaria judicial de la finca hipotecada con todos los frutos y objetos que conforme a la ley deben considerarse inmovilizados y que forman parte de ésta, manifestando la referida demandada que acepta el cargo de depositaria judicial de la misma. Acto seguido, le hago entrega a la demandada que me atiende, del original de la cédula de notificación, así como de la cédula hipotecaria, al igual que de las copias de la demanda y anexos debidamente selladas y cotejadas, firmando de recibido las copias de las cédulas de notificación, por considerarlo necesario. Con lo anterior doy por terminada la presente diligencia. Doy fe. (rubrica)". De la confronta entre los requisitos que debe contener un emplazamiento con las actuaciones antes transcritas, se pone en evidencia que el realizado por la secretaria actuaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; colma las exigencias previstas en los artículos 154 y 155 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. Se asume así, pues contrario a lo que argumentó por la parte quejosa, del acta circunstanciada que obra en el juicio especial hipotecario *****, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, se aprecia que con objeto de efectuar el emplazamiento ordenado, a las catorce horas con veinte minutos del veintitrés de noviembre de dos mil quince, la secretaria actuaria del juzgado en mención, en cumplimiento al auto de radicación de veinte de mayo de dos mil quince, se constituyó en el domicilio ubicado en *****, que es precisamente el domicilio que la parte actora señaló para emplazar a la parte demandada, aquí solicitante del amparo *****, en su escrito inicial de demanda. De igual modo, la fedataria se cercioró de encontrarse el domicilio correcto, ya que sobre ese aspecto hizo constar que así se lo indicaron los signos exteriores del mismo, consistente en el número de casa, que se encuentra visible sobre su puerta de acceso, el nombre del condominio, que lo advirtió de un letrero que se encuentra al llegar al mismo, la sección, no la apreció a simple vista, pero la persona que la atendió le manifestó que el domicilio en el que se encontraba pertenece a la sección que buscaba, al igual que el nombre del fraccionamiento en donde se sitúa dicho domicilio, en esta ciudad, y que la persona del sexo femenino que encontró en el interior de dicho domicilio y que la atendió, quien refirió llamarse *****, y ser la persona que buscaba. Por tal razón, es concluyente que se colmaron las formalidades que exige la legislación civil, puesto que la actuario, en ejercicio de los atributos propios de su autoridad, precisó con claridad la nomenclatura del inmueble, para generar plena convicción de la efectividad del domicilio en los términos señalados por la parte actora, además de que en dicho lugar dijo entrevistarse con la persona buscada, siendo esta, *****, quien le informó que esa era el domicilio buscado; y que incluso dicha persona se identificó con documento oficial, es decir, con la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con año de registro *****; situación que permite dar certeza a la diligencia encomendada. En efecto, el principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que la secretaria actuaria responsable al constituirse en el domicilio señalado en autos, logró comunicar directamente a la demandada la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surgió de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública de la notificadora manifestó ser la enjuiciada, quien incluso se identificó con credencial de elector, lo que robustece lo asentado por ésta, de que la persona con quien entendió la diligencia era la persona buscada, es decir, la hoy quejosa *****. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 55/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada". De igual manera, sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o.C. J/15 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito , de texto y rubro siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003). En la jurisprudencia número 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, determinó que en los casos en que el actuario judicial entienda personalmente con el demandado la primera notificación dentro del procedimiento respectivo, quien así lo manifestó al momento de la diligencia, es innecesario que se asienten los datos acerca del cercioramiento del domicilio, en tanto que dicha corroboración surge simultánea, precisamente del hecho de que el propio enjuiciado asevere que es su domicilio el lugar en que se constituyó el notificador. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, dispone que el notificador debe cerciorarse de que el domicilio en el que practica la diligencia es el del deudor, mientras que el primero de los numerales mencionados prevé que quien haga la notificación debe cerciorarse previamente de que en el lugar designado para practicarla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada; de lo anterior se aprecia que los preceptos citados son equivalentes y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido. De tal suerte que, si en un juicio ejecutivo mercantil el emplazamiento se entiende directamente con el demandado debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, sin ser necesario que el diligenciario asiente en las actas correspondientes los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio enjuiciado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar." En concordancia con lo anterior, dado que la actuaria localizó a la demandada, ahora solicitante del amparo *****, en términos del artículo 155 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, la emplazó a juicio, haciéndole entrega de la correspondiente cédula de notificación, la cual dicha persona firmó de recibido, junto con una copia autorizada de la demanda y de los documentos base de la acción, sellados y cotejados, con objeto de que diera contestación a la demanda instaurada en su contra y señalara domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes se le harían por cédula fijada en los estrados. Conviene enfatizar que el secretario actuario asentó que la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento firmar de recibo en la cédula de notificación; por tanto, es inconcuso que también dio cumplimiento al requisito exigido por el artículo 162 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, en el sentido de que esa diligencia debía ser firmada por la persona que la hizo y por aquella con quien se entendió. Ahora bien, la secretaria actuaria adscrita al juzgado responsable, por disposición legal, se encuentra investida de fe pública; de modo que los hechos y circunstancias que pormenorizadamente narró en las razones correspondientes, deben estimarse ciertos al no existir prueba que demerite su fe actuarial. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 4, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario" . En esa guisa, lo expuesto evidencia que en la especie, quedaron satisfechos los requisitos exigidos para asegurar que la parte demandada en el juicio de origen tuviera pleno conocimiento de la existencia del juicio entablado en su contra y de sus particularidades, toda vez que en la cédula de notificación que fue dejada a la ahora quejosa *****, se indicó la identidad de la parte demandante -****-, del órgano jurisdiccional que mandó practicar la diligencia, concretamente, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares; de la determinación que se mandó notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó. De ahí, que se llegue al convencimiento de que se cumplieron cabalmente las formalidades esenciales que todo emplazamiento en materia civil debe colmar. Luego, es palmario que la diligencia practicada por el actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, se ajusta a las reglas que para la práctica del emplazamiento prevén los artículos 147, 151, 153, 154, 155, 156 y 162, todos del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, por lo que se llega al convencimiento de que contrario a lo alegado por la parte impetrante del amparo, sí se respetaron en su beneficio, las formalidades esenciales del procedimiento civil. Por otro lado, resulta infundado el concepto de violación que aduce la parte quejosa en el sentido de que el emplazamiento no se realizó conforme lo pactado en el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, ello en razón a que el marco normativo aplicable al emplazamiento practicado en el procedimiento de origen, es el relativo al Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, en sus 147, 151, 153, 154, 155, 156 y 162 de esa normatividad y no el contrato que menciona la impetrante. En virtud de lo anterior, debe reiterarse que los conceptos de violación son infundados. Finalmente, no pasa inadvertido para quien aquí resuelve que la quejosa en el escrito de demanda de amparo, manifieste que su nombre es ***** y en el juicio de origen, así como en su emplazamiento se manifieste como *****, ya que en el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria celebrado ante el notario público número cuatro del Distrito Judicial de Tabares, se asentó como nombre de la compradora aquí quejoso *****, de lo que se infiere que el error mecanográfico se encuentra en la demanda de amparo. Sin embargo, de encontrarse el error mecanográfico en la constancia de emplazamiento de la parte demanda al juicio de origen, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a las máximas de la experiencia, puede determinarse que el dato mal asentado no sea un elemento esencial que pueda afectar la defensa de la parte demandada, ya que al efecto se le corrió traslado con inserción del auto que se le estaba notificación, es decir, del auto admisorio de veinte de mayo de dos mil quince, dictado en el expediente *****, relativo al Juicio Especial Hipotecario, promovido por el *****, por lo que, no se le dejo en estado de indefensión alguna. VII. DECISIÓN Corolario de lo anterior, ante lo infundado de los motivos de disenso planteados por la quejosa *****, y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción VI, de la ley de la materia; lo procedente es negar el amparo y protección que de la justicia de la Unión se solicitó. Negativa de amparo que se hace extensiva a los diversos actos reclamados, ya que no se impugnaron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del emplazamiento realizado en el juicio primigenio, mismo que como se evidenció, no es violatorio de derechos fundamentales. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 76, todos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Por las razones expuestas en el sexto y séptimo apartados de esta sentencia, la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, por propio derecho, contra los actos que reclamó, consistentes en su emplazamiento al juicio especial hipotecario *****, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y como consecuencia, todo lo actuado en dicho proceso, incluida la sentencia. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Rafael Ibarra Delgado, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/6895/2017, de once de diciembre de dos mil diecisiete, firmada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Hermes Mariano Valadez García, secretario que da fe.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista; la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que en proveído de veinticuatro de enero del año actual (foja 59), se tuvo por rendido el informe justificado del Juez y Secretario Actuario, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, acuerdo que se notificó por lista el veinticinco de enero del año en curso (foja 60), surtiendo efectos el veintiséis de enero siguiente, lo que evidencia que aún no fenece el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, página 5) Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Notifíquese. Lo acordó y firma Rafael Ibarra Delgado, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/6895/2017, de once de diciembre de dos mil diecisiete, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.-

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