Luz María Luqueño Vigueras
Expediente 1163/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luz María Luqueño Vigueras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón de la fedataria judicial adscrita a este juzgado, mediante el cual informa las imposibilidades existentes a efecto de emplazar a a la niña de iniciales V.N.G.L. por conducto de Rafael Antonio García García tercero interesado, por los motivos que expone en la misma; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, tomando en consideración que de las constancias que la autoridad responsable envió en apoyo a su informe justificado se advierte diverso domicilio del asesor jurídico de Rafael Antonio García García; en tales condiciones; pásense los autos al Actuario Judicial adscrito a fin de que se sirvan emplazar al tercero interesado Rafael Antonio García García por conducto de su asesor jurídico en el domicilio ubicado en Calle 16 de Septiembre, número dos mil novecientos cuatro, colonia el Carmen de la ciudad de Puebla con número telefónico 22 26 18 00 73. En caso de que tal emplazamiento se entienda personalmente con el tercero interesado, el Actuario Judicial deberá entregarle copia autorizada y/o copia certificada electrónicamente con la evidencia criptográfica del auto admisorio, del presente acuerdo, así como copia simple de la demanda de amparo; asimismo, hágaseles saber la fecha para el desahogo de la audiencia constitucional la cual está señalada para que se lleve a cabo a las nueve horas con cuarenta minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se enteran de un domicilio diverso donde puedan realizarse, se les faculta para constituirse en el lugar que se les informe y lo efectúen sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar.
- Principal
Puebla, Puebla, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMES JUSTIFICADOS Agréguese a los autos el oficio signado por la JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido su informe justificado; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Tomando en consideración la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, para su mejor manejo y estudio fórmese I anexo derivado de este expediente, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, respecto de los discos compactos en formato DVD; se precisa qué al existir imposibilidad material para digitalizar los discos compactos, se integra únicamente como anexo al expediente impreso, en términos del artículo 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, con registro 2004362, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."
- Principal
Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. DESIGNA REPRESENTANTES DE LA MENOR Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Procurador de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Puebla, visto su contenido, se le tiene informando que se designa como representante de la niña de iniciales ******************** a la licenciada ********************. Mediante oficio que al efecto se gire, por conducto del Procurador de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Puebla, se requiere a la antes citada, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a la instalaciones que ocupa este juzgado a efecto de realizar la diligencia de aceptación de protesta de cargo. APERCIBIMIENTO Se les apercibe que en caso de incumplir con lo ordenado o de no informar las causas que se lo impidiesen, se les impondrá, a cada una, multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Incidental
En Puebla, Puebla, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental relativa al incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo número 1163/2023, encontrándose en audiencia pública CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia de este incidente de suspensión, sin la comparecencia personal de las partes. Enseguida, se da cuenta con el oficio de la Jueza responsable. El Juez acuerda: Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe previo; por otra parte, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones con fundamento en el artículo 141 de la ley antes referida, resuélvase el presente incidente de suspensión, sin que sea obstáculo haber recibido el informe en este acto, dado que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad; además que las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo, tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Abierto el periodo de pruebas, se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas, con lo que se cierra dicho periodo. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no hicieron uso de este derecho, cerrándose el periodo correspondiente, por lo que al no existir pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se procede a dictar la resolución respectiva. V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1163/2023; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito recibido el trece de noviembre del año en curso en la Oficialía de Partes de este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, LUZ MARÍA LUQUEÑO VIGUERAS, por derecho propio, presentó demanda de amparo y solicitó la suspensión de los actos reclamados al y otras autoridades, consistentes en el auto de vinculación a proceso decretado en su contra dentro de la causa penal 202/2023/CHOLULA. SEGUNDO. Por acuerdo de catorce de noviembre del año en curso, este Juzgado ordenó formar el incidente de suspensión derivado del Juicio de Amparo 1163/2023, por cuerda separada, se solicitó el informe previo a las autoridades señaladas como responsables y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo conforme al cuerpo del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Es cierto el acto reclamado a la JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, por así manifestarlo al rendir su informe previo. SEGUNDO. Respecto al acto reclamado atribuido a la jueza responsable consistente en el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal 202/2023/CHOLULA por el delito de sustracción de menores, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el único efecto de que hasta en tanto se resuelva sobre la definitiva, el juez de la causa continúe con la tramitación del proceso penal respecto de la aquí parte quejosa y una vez cerrada la etapa intermedia, suspenda el procedimiento hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo en lo principal del que deriva el presente asunto. Esto es, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61 fracción XVII de la ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 302/2021, cuya ejecutoria dio origen a la tesis jurisprudencial 25/2023 (11a), de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. HECHOS: Un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito se pronunciaron respecto a la procedencia de la suspensión; provisional en el caso del primer órgano jurisdiccional y definitiva respecto del segundo, cuando el acto reclamado en el amparo indirecto consistía en el auto de vinculación a proceso. Y en sus respectivas resoluciones, sobre la base de las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), el primero de ellos sostuvo que no era procedente conceder la suspensión provisional porque se trataba de un acto que no generaba en automático la privación total de la libertad personal del imputado; mientras que el segundo consideró que el auto de vinculación a proceso generaba una perturbación que, aunque indirecta, incidía en la libertad personal del imputado y, por ello, era susceptible de otorgarse la suspensión definitiva. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada. Sin embargo, en respeto al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, una vez reunidos los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede su suspensión, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la propia ley, cuando la parte quejosa solicita esa medida cautelar en el juicio de amparo indirecto que promueve contra esa determinación procesal que define su situación jurídica. JUSTIFICACIÓN: El criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Por otra parte, cobra aplicación la jurisprudencia1a./J. 37/2023 (11a.), con registro digital: 2026369, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Abril de 2023, Tomo II, página 1430, de rubro y texto: SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL Y ORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAME EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, POR REGLA GENERAL, EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEBE HACERSE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO Y EXCEPCIONALMENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Hechos: Un Tribunal Colegiado determinó que cuando se reclama el auto de vinculación a proceso en el juicio de amparo indirecto, el pronunciamiento sobre la suspensión del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no puede realizarse en el cuaderno principal del juicio, sino en el incidente de suspensión que se tramita por separado. Adverso a ello, otro Tribunal Colegiado de una diversa región concluyó que la suspensión regulada en el referido precepto constituye una obligación dirigida expresamente a la autoridad responsable, por lo que debe ser acordada en el expediente principal del juicio y no en el incidente de suspensión. Criterio jurídico: La paralización del procedimiento penal a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo no guarda relación con el capítulo previsto en ese ordenamiento sobre la suspensión del acto reclamado, por lo que no requiere de una tramitación incidental. Así, cuando se reclama el auto de vinculación a proceso, por regla general, los juzgados de distrito deben pronunciarse sobre esa suspensión en el cuaderno principal del juicio de amparo, salvo que expresamente se soliciten esos efectos para el incidente de suspensión, supuesto en el cual excepcionalmente será en el cuaderno incidental en donde se provea lo relativo. En cualquier caso, se debe verificar que la suspensión sea decretada en uno de esos expedientes y no en ambos. Justificación: El segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece expresamente la obligación a los juzgados penales, como autoridades responsables, de que cuando a través de un juicio de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política del país, como ocurre con el auto de vinculación a proceso, deben suspender el procedimiento penal en lo que corresponda a la persona quejosa, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga al juicio de amparo pendiente. Dicha paralización del procedimiento penal no guarda relación con alguno de los tipos de suspensión previstos en los artículos 126, 127, 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, porque no actualiza de suyo las hipótesis previstas para la suspensión de plano o de oficio por vía incidental, no se encuentra sujeta a que la persona juzgadora del amparo conceda la medida cautelar, tampoco es necesario que el quejoso la solicite, ni que se sustancie un incidente en donde se abra un debate para determinar la procedencia de su aplicación. Por ello, se trata de una directriz que, por regla general, debe ser decretada oficiosamente por el Juzgado de Distrito de forma aparejada a la admisión de la demanda de amparo, es decir, como parte de la estructura de ese acuerdo inicial. No obstante, podría darse el caso de que en la demanda la parte quejosa solicite que los efectos del citado artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo sean decretados en el incidente de suspensión, es decir, que se abra el incidente a petición de parte. En ese supuesto, no existe impedimento para que ese tipo de suspensión pueda decretarse excepcionalmente en el cuaderno incidental del juicio de amparo. En cualquier caso, ya sea que la suspensión del procedimiento penal se decrete oficiosamente en el cuaderno principal o a petición de parte en el incidente de suspensión, el órgano jurisdiccional debe verificar que esa determinación sea establecida sólo en uno de esos expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se concede a la parte quejosa **** la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada contra los actos que reclama a las autoridades responsables señaladas, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución.
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