Luz Maria Herrera Gómez

Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
382/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Luz Maria Herrera Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Por recibido, el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato ISAPEG por sus siglas; a través del cual, informa la fecha y lugar en la que el menor de edad quejoso, deberá acudir para la aplicación de la primera dosis de la vacuna. Por recibido, el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato ISAPEG por sus siglas; a través del cual, informa la fecha y lugar en la que el menor de edad quejoso, deberá acudir para la aplicación de la primera dosis de la vacuna.

  2. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de revisión en contra de la determinación de veintitrés de julio del año en curso, en el que esta juzgadora sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto en mención. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado federal no realice el cómputo para las partes restantes; lo anterior, en virtud de que no les irroga perjuicio al haberse sobreseído el presente asunto. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada.

  3. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós, que a la letra dice: Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en determinación de catorce de julio pasado se requirió a la parte quejosa lo siguiente: Por tanto, previo a requerir a las autoridades responsables, y en su caso, hacer efectivo algún apercibimiento; requiérase a la parte peticionaria de la tutela federal para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si el menor fue inoculado con la primera dosis de la vacuna precitada, ya sea el pasado treinta de junio en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, o bien, en distinta fecha y sede. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este asunto. Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa de lo anterior (según constancia actuarial de quince de los actuales), ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que el infante quejoso directo sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del quejoso, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado : a. La existencia del acto o ley reclamados b. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), al menos a la fecha de la presentación de la demanda (veinticinco de marzo pasado), por cuanto al grupo etario al que pertenece el menor quejoso nacido el veintiséis de julio de dos mil once (de cinco a once años), no existían elementos objetivos que avizoraran su pues la política nacional de vacunación vigente en esa data, no incluía a ese grupo etario. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda, el acto reclamado consistente en la omisión de aplicar el esquema completo al menor quejoso de identidad reservada de iniciales L.R.R.H., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós , la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos al aquí quejoso, ya le fuera aplicado el esquiva de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de catorce de los actuales, se entiende que hay desinterés para que el infante quejoso directo sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que al infante directo quejoso no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional fijada para las once horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de los actuales.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en determinación de catorce de julio pasado se requirió a la parte quejosa lo siguiente: Por tanto, previo a requerir a las autoridades responsables, y en su caso, hacer efectivo algún apercibimiento; requiérase a la parte peticionaria de la tutela federal para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si el menor fue inoculado con la primera dosis de la vacuna precitada, ya sea el pasado treinta de junio en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, o bien, en distinta fecha y sede. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este asunto. Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa de lo anterior (según constancia actuarial de quince de los actuales), ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que el infante quejoso directo sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del quejoso, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado : a. La existencia del acto o ley reclamados b. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), al menos a la fecha de la presentación de la demanda (veinticinco de marzo pasado), por cuanto al grupo etario al que pertenece el menor quejoso nacido el veintiséis de julio de dos mil once (de cinco a once años), no existían elementos objetivos que avizoraran su pues la política nacional de vacunación vigente en esa data, no incluía a ese grupo etario. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda, el acto reclamado consistente en la omisión de aplicar el esquema completo al menor quejoso de identidad reservada de iniciales L.R.R.H., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós , la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos al aquí quejoso, ya le fuera aplicado el esquiva de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de catorce de los actuales, se entiende que hay desinterés para que el infante quejoso directo sea vacunado y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que al infante directo quejoso no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional fijada para las once horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de los actuales.

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