Luz María Gutiérrez Tejeda

Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
560/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Luz María Gutiérrez Tejeda
  • Luz María Gutiérrez Tejeda y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ,,, Se agrega únicamente para obre en autos el oficio 30877/2021 recibido vía interconexión y signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, mismo que cuenta con evidencia criptográfica; por medio del cual acusa recibo de los diversos 22945/2021 y 22687/2021, pues si bien el sistema lo vinculó al presente juicio de amparo 560/2021 en que se actúa, lo cierto es que no guarda relación. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que se encuentra dirigido al Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, por tanto, en obvio de mayores dilaciones, previa copia certificada que se obtenga del mismo, remítase el citado oficio vía interconexión al órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes, sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo...

  2. Principal

    ... se declara que ha causado estado el auto de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido... este expediente es destruible...

  3. Principal

    ... se desecha de plano por su notoria improcedencia la demanda origen de este juicio... Notifíquese personalmente a la parte quejosa....

  4. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LAS PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDOS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONNDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida presuntamente por Luz María Gutiérrez Tejeda y Tito Gilbón Ruíz, por propio derecho, contra actos de la Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 560/2021. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo1, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, en caso que nos ocupa se actualiza un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, por el 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. JOEL HERNANDEZ JIMENEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.4d.6c 05/11/23 16:17:46 Juicio de Amparo 560/2021 cual procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Para arribar a lo anterior, debe señalarse en primer término que el artículo 3° de la Ley de Amparo2, permite el empleo de las tecnologías de la información para la tramitación del juicio de amparo, mediante el uso de la "firma electrónica", en relación también con la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica, es: ". es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales [.] Cabe destacar que no se requerirá dicha firma electrónica cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 2 Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, si el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo. Lo anterior, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 3°, último párrafo, y 15, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es el que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, del cual es menester destacar el marco normativo necesario para acordar lo procedente en relación al presente juicio de amparo, en específico los artículos 10, 14, 16, 17, 19, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 establecen lo siguiente: "Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo." "Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos." "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." "Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo." Artículo 19. Una vez realizado el registro en el Portal, la persona usuaria podrá entrar al sistema a través de su "Nombre de Usuario y Contraseña", o bien, a través de su Firma Electrónica vigente." "Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." "Artículo 43. Enviada la demanda de amparo, el Portal generará un acuse de recepción electrónica, en el que se señalarán los datos de identificación de la persona promovente, el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, los archivos anexos, la fecha y hora de recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda de amparo, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente a la dirección de correo proporcionada." "Artículo 44. El número de folio electrónico vinculado al acuse de recibo podrá utilizarse para consultar en el Portal, el órgano jurisdiccional al que fue turnado el escrito de demanda y el número de expediente asignado. No obstante, para consultar el Expediente electrónico será necesario el registro respectivo mediante el uso de la Firma Electrónica." "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." "Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo. "Artículo 47. El número de folio electrónico vinculado al acuse de recibo podrá utilizarse para consultar en el Portal de Servicios en Línea, el órgano jurisdiccional al que fue turnado el escrito de demanda y el número de expediente asignado. No obstante, para consultar el Expediente electrónico será necesario que se haya formulado la solicitud respectiva y que ésta se haya acordado favorablemente, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del presente Acuerdo General." Del citado marco normativo es posible colegir que, en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal, como el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo cual, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el propio Poder Judicial de la Federación; de ahí que el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Sin embargo, el referido Acuerdo General hace excepción del uso de la firma electrónica cuando se está ante una demanda de amparo promovida contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, cuando el quejoso se encuentre imposibilitado para promover el amparo, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Es así, porque bastará para su presentación que se ingrese el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionar a través de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional; de igual manera, deberá ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, podrá utilizar el formato preexistente o el texto en blanco que se encontrarán a su disposición, capturar un código de seguridad y enviar su escrito de demanda. Lo anterior cobra sentido si se toma en cuenta que, por la gravedad de la ejecución de dichos actos, el uso de la firma electrónica sería un requisito excesivo para que, cuando el agraviado se encuentre en imposibilidad de emplear ese medio; en cuyo caso podría promover la demanda cualquier otra persona en su nombre, sin perjuicio de que posteriormente el directo quejoso sea requerido para ratificarla. Ahora bien, la demanda de amparo de que se trata presuntamente fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por Luz María Gutiérrez Tejeda y Tito Gilbón Ruíz; sin embargo, se encuentra firmada electrónicamente por su autorizada Verónica Lara Meza, esto es, el escrito de demanda carece de firma electrónica de la persona física quejosa, respecto del acto reclamado consistente en esencia el acuerdo que aprueba el cierre de juzgados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de las materias jurisdiccionales y demarcaciones territoriales, publicado en el número extraordinario II del miércoles treinta de junio del dos mil veintiuno, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, bajo el folio 0814, contra la Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. En ese sentido, se tiene que la parte quejosa no se encuentra impedida para promover el presente juicio de amparo biinstancial. Sobre este punto, resulta importante traer a colación el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Por su parte, el numeral 109 de la Ley de Amparo dice lo siguiente: "Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: I. El acto reclamado; II. La autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible; III. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y IV. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso." En cambio, el artículo 108 de la ley de la materia establece: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Como se puede ver, el legislador estableció que para cuando se promueva el juicio de amparo contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre. Incluso, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados en el auto de radicación, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado; una vez hecho lo anterior, se requerirá al directo agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. En ese sentido, para que se actualice el supuesto de que cualquier persona pueda promover el juicio de amparo a favor de otro contra el referido acto es necesario que no sólo se esté ante su posible ejecución, sino también que el directo agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Por tanto, si el promovente no se encuentra en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, tampoco se supuesto de excepción que permita la promoción del amparo sin su firma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, tal y como lo prevé el numeral 17 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en relación con el artículo 3°, parte final, de la ley de la materia. Entonces, si en el caso el escrito de cuenta se presentó a través del medio autorizado del Poder Judicial de la Federación sin la firma electrónica de la parte quejosa, no es posible advertir la voluntad del promovente. Esto es así, porque la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que como se adelantó, no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se promovió mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin firma electrónica certificada. Por lo que si la demanda carecen de la firma de quienes aparecen como sus promoventes, debe considerarse como un simple documento en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma electrónica de sus pretendidos autores. Es así, ya que la firma constituye el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan. Por ende, ante la ausencia de firma electrónica de las partes promoventes en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada; consecuentemente, los actos que se contienen en él, no afectan los intereses jurídicos de quien aparece como promovente, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea. Debido a tal circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 3°. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley [.]" Se afirma lo anterior, dado que el artículo 3° de la Ley de Amparo y la propia normatividad que regula el trámite de los juicios de amparo vía electrónica, establecen que la firma electrónica (FIREL), produce los mismos efectos que la signatura autógrafa; por ende, no es posible considerar que Luz María Gutiérrez Tejeda y Tito Gilbón Ruíz, han promovido la demanda en mención, debido a que quien la suscribió electrónicamente fue la autorizada Luz María Gutiérrez Tejeda; de ahí que carece de la manifestación de voluntad de la primera de las mencionadas de instar el juicio de amparo de que se trata. Por tanto, no se actualiza el principio de instancia de parte agraviada, que constituya la manifestación inequívoca de la voluntad de la parte quejosa, de instar el medio de control constitucional de que se trata. Aunado a que, tal circunstancia no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir a la parte quejosa para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica, no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el órgano jurisdiccional está facultado para desecharla de plano. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), aprobada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2019715, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Asimismo, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, con registro 2018943, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Tampoco se inadvierte que en la hoja final de la demanda, sobre el nombre de los presuntos quejosos aparecen signos gráficos con características de una firma, sin embargo, no se tiene la certeza que dicho signo sea original, por lo cual no es de tomarse en consideración para emitir pronunciamiento en diverso sentido. Así, conforme a lo expuesto en líneas precedentes y de acuerdo con los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 3° y 6°, de la misma ley, se desecha de plano por su notoria improcedencia la demanda origen de este juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el precisado en su demanda y como sus autorizados en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de la Materia, a Elizabeth Vicente Rodríguez, Carlos Gabriel Sánchez Ortiz, Alejandro Angelino Sánchez, Lorena Ochoa Gutiérrez y Verónica Lara Meza, toda vez que la promovente así lo solicitó, aunado a que, de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que estas cuentan con registro de cédulas profesionales vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2.VIII/2020 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL 3 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, agosto 2020, libro 77, tomo V, página 4456. OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. De igual forma, se le tiene señalando como correo electrónico el indicado veronicalara1818@hotmail.com, y como número telefónico móvil: 235-1040406, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. Asimismo, tomando en consideración que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que el usuario registrado como VERO1963 se encuentra vigente, por lo tanto, con apoyo en el acuerdo general 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza para consultar el expediente electrónico del presente juicio en que se actúa, vía internet, con el citado usuario que proporcionó. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden a los actuarios adscritos a este juzgado, durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Joel Hernández Jiménez, que autoriza y da fe.

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