Luz Maria Dominguez Garcia

Expediente 1022/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1022/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Luz Maria Dominguez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio recibido vía electrónica con evidencia criptográfica que certifica la firma del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo 1022/2020, y anexos, promovido por **********, acepta la competencia declinada, se avoca al conocimiento del asunto de que se trata Archivo y anotaciones Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE CUADERNO DE ANTENCEDENTES COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno de antecedentes. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente cuaderno de antecedentes se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del cuaderno de antecedentes. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo de seis meses, a partir del presente proveído, destrúyase el cuaderno de antecedentes dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, informó la existencia de un juicio de amparo radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, el cual a su consideración tiene relación con el presente sumario constitucional. Derivado de lo anterior, en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se solicitó a dicho órgano jurisdiccional que se permitiera la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo 478/2019-VIII, siendo así que en proveído de veintiséis de febrero de la anualidad que transcurre, se tuvo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, autorizando la consulta del referido expediente electrónico. Conocimiento Previo. Ahora bien, del análisis realizado mediante consulta electrónica de las constancias que integran el mismo, por ser el antecedente más reciente, se advierte que el juicio de amparo indirecto 478/2019-VIII, del índice de dicho juzgado federal, fue promovido por la aquí quejosa *********, en el cual se emitió sentencia el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, y en la que se precisó que los actos reclamados en ese asunto eran los siguientes: "[1] Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; y [2] Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; a]. La omisión de dar respuesta al escrito presentado por la quejosa, el doce de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual solicitó el pago retroactivo por concepto de incremento porcentual a su pensión, correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (foja 9). b]. La respuesta otorgada mediante acuerdo número **********, notificada a la aquí quejosa a través del oficio sin número de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 65), lo que se traduce en la negativa del pago retroactivo por concepto de incremento porcentual a la pensión de la aquí quejosa. [3] Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; [4] Secretario Técnico del Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; y, [5] Gobernador del Estado de Morelos; b]. La respuesta otorgada mediante acuerdo número A6/S02a/11-04-2019, notificada a la aquí quejosa a través del oficio sin número de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 65), lo que se traduce en la negativa del pago retroactivo por concepto de incremento porcentual a la pensión de la aquí quejosa". Los puntos resolutivos de dicha sentencia son los siguientes: "RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luz María Domínguez García, por propio derecho, en términos del considerando cuarto de la sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a *********, por propio derecho, con base en los razonamientos y fundamentos legales expuestos en el considerando sexto, para los efectos precisados en el diverso séptimo de la sentencia". Del considerando cuarto de dicha resolución se advierten los motivos y fundamentos por los cuales se otorgó el amparo, a la quejosa, siendo estos: ".De lo antes reproducido, se advierte la pertinencia de determinar por una parte, si con la respuesta otorgada por el Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, también se puede tener por satisfecha la solicitud realizada a la Directora General, lo que hace necesario examinar la respuesta brindada por dicho Consejo Directivo, ello en virtud del contenido de la misma. Así, de la documental antes reproducida se obtiene que el Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, no cumple con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución General de la República, ya que de su contenido, por una parte, no se advierten las normas legales que sustentan su determinación, así como que carece de congruencia con lo solicitado por la parte quejosa. Para arribar a lo anterior, debe considerarse que con la presentación de su escrito, la parte quejosa solicitó el pago retroactivo por concepto de aumento y/o incremento porcentual a su pensión mensual correspondiente al mes de febrero del año en curso, ya que en lo que va del año únicamente se le ha pagado el incremento correspondiente al mes de enero. A fin de dar respuesta a tal petición, el Consejo Directivo del Instituto citado, emitió el acuerdo número A6/S02a/11-04-2019, en el cual se limitó a informar que no era competente para decidir sobre el fondo de la misma, pues consideró que en todo caso se trata de un conflicto de naturaleza laboral o administrativa que debe ser resuelto por la autoridad competente. De lo antes narrado se advierte en primer lugar, que el oficio impugnado carece de total fundamentación y por tanto de una debida motivación, en virtud de que la responsable fue omisa en citar las normas legales que sustentan su actuación, ya que como se anticipó, tratándose de actos administrativos se exige citar los fundamentos jurídicos con mayor rigor, es decir, invocar el numeral, fracción, inciso y subinciso para que el gobernado esté en posibilidad de conocerlo y de defenderse. En efecto, se advierte que dicha respuesta fue dogmática, dado que la autoridad se limitó a expresar que no era competente para decidir sobre el fondo de la petición, sin que tomara en consideración lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3° del decreto dos mil seiscientos dieciocho, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el seis de junio de dos mil dieciocho (foja 464), por medio del cual se concedió pensión por jubilación a la quejosa, en los cuales, se prevé que: [.] Bajo esa línea de estimación, se puede concluir que, con el acuerdo número *********, emitido por el Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, no se puede tener por atendida la petición que también fue formulada a la Directora General del multicitado Instituto, dado que con base en la normatividad aplicable, ya transcrita, la Directora General es quien cuenta con las atribuciones para dar una respuesta congruente y por escrito a lo solicitado por la aquí quejosa. Sin que de autos se advierta respuesta alguna a la solicitud de la justiciable por parte de la Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, la cual como ya se dijo, también fue realizada a dicha autoridad, como claramente se advierte de la misma (foja 9); por lo tanto, la Directora General del Instituto viola el derecho constitucional reconocido a la peticionaria de amparo, previsto en el artículo 8° constitucional, al no emitir una respuesta directa, congruente y por escrito a lo solicitado por ésta. [.] SÉPTIMO. Efectos del amparo. Por lo tanto, a fin de restituir a la quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, como lo prevé el artículo 77, fracciones I y II de la Ley de Amparo, se concede el amparo para los siguientes efectos: El Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deje insubsistente el acuerdo número *********, mediante el cual se da respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el doce de marzo de dos mil diecinueve y dicte uno nuevo en el cual siguiendo los lineamientos del presente fallo, lo remita a la Directora General del Instituto referido. La Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, emita una respuesta congruente, fundada y motivada al escrito presentado por la quejosa, el doce de marzo de dos mil diecinueve y lo notifique personalmente a ésta". Contra dicha sentencia la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien por ejecutoria de dieciocho de agosto de dos mil veinte, decidió confirmar la sentencia comentada. En cumplimiento a dicha sentencia la autoridad responsable Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, emitió el oficio ********* de quince de octubre de dos mil veinte, mismo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. De lo anterior se deduce, que tanto en el asunto que nos ocupa, así como en el diverso que se encuentra radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, los actos reclamados tienen su génesis en la solicitud de doce de marzo de dos mil diecinueve, planteada por la aquí quejosa, ante la Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en la que solicitó el pago retroactivo por concepto de incremento porcentual a su pensión. Asimismo, de la sentencia que se viene comentado se advierte que la Jueza en comento, no sólo analizó el acto reclamado consistente en la omisión de acordar la mencionada petición de incremento de pensión, sino también la respuesta que recayó a la misma mediante oficio ********, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve (contra la cual se amplió la demanda de amparo), considerando que con la misma no se daba una respuesta congruente, fundada y motivada a lo solicitado, esto es, que no se había emitido una contestación a todo lo peticionado de manera completa y congruente; de lo que se evidencia que la jueza federal también analizó el fondo del asunto. Incompetencia En esas condiciones, conviene precisar que tal como lo previenen los artículos 16 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, las cuestiones de competencia de los Jueces de Distrito están elevadas a norma de rango constitucional y reglamentadas por la ley de la materia, además de que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, y de oficioso pronunciamiento para toda autoridad jurisdiccional. Así el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas de competencia de los Juzgados de Distrito cuando los actos reclamados requieren de ejecución material, no obstante, en el caso que nos ocupa, se debe atender no a la citada regla general sino a la especial, esto es, en el caso particular, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintidós de abril de dos mil quince, publicado el veintiuno de mayo del mismo año, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, al considerar la suscrita que, en la especie se actualiza el supuesto previsto en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción V, que disponen lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se tunarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: [.] II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] I. V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria;" En relación con el diverso Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el que en su artículo único, se reforman los artículos 29, párrafo primero; y 46, fracción III, así como los párrafos sexto y séptimo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para quedar como sigue: "(.) Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que le corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que estime debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." Lo destacado es propio. De lo antes expuesto, se desprende que, tratándose de asuntos de nuevo ingreso, que se refieran a actos que deriven del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo, la demanda deberá remitirse al Juzgado que tenga el último antecedente del asunto, y para el caso de que se turne a diverso tribunal y éste estime que es a otro al que le corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que estime debe conocer; quién decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Es decir, en dicho Acuerdo General se advierte como criterio general de relación para el turno de un asunto de nuevo ingreso, cuando entre otros supuestos, provenga de un cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo, o bien el acto reclamado sea el mismo que en otro ya asignado. En tal virtud, es de advertirse que el antecedente inmediato anterior, es el juicio de amparo 478/2019-VIII,, radicado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, presentado el ocho de abril de dos mil diecinueve. En efecto, en el particular caso se reclama el oficio COIDG/655/2020 de fecha quince de octubre de dos mil veinte, emitido por la Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; el cual como se expuso en párrafos que anteceden, tal oficio se emitió en cumplimiento a aquel amparo. En las relatadas condiciones, a fin de aprovechar el conocimiento previo por parte del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con fundamento en el Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en aras del principio de seguridad jurídica que debe prevalecer a favor de la parte quejosa, declara carecer de competencia legal, por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver el presente asunto y estima que el tribunal competente para conocer de la demanda de amparo, debe ser aquél que previno en el conocimiento de una primera demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en Acuerdo General antes referido, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir el presente asunto al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, a quien la ley reserva su conocimiento, con preferencia respecto de los demás Juzgadores. Sin efectos audiencia constitucional. Asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del doce de abril del dos mil veintiuno. Escrito de quejosa. En otro contexto, se tiene por recibido el escrito de la quejosa *********, mediante el cual proporciona correo electrónico para que se le envíe comunicación para unirse a la celebración de la audiencia constitucional; al respecto dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento ni celebrar la audiencia constitucional. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Fecha de audiencia constitucional. Consecuentemente, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Sobre las pruebas y alegatos. Debe decirse a las y los intervinientes que dicha diligencia será´ pública; como lo plasma el artículo 124 de la Ley de Amparo. A su vez, se llevara´ a cabo la relación de constancias y recibirán los alegatos que por escrito formulen. Sobre este punto, las partes no deben soslayar que si es su deseo alegar o inclusive presentar pruebas de manera oportuna, les corresponde conocer el horario y funcionamiento de la Oficialía de Partes Común y el buzón judicial, tal como lo prevé´ el acuerdo 21/2020, a menos que el acto reclamado encuadre en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la ley de la materia, ya que, de ser el caso, únicamente la parte quejosa podrá´ alegar verbalmente. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Homólogo autoriza consulta de expediente electrónico En otro contexto, se tiene por recibido el oficio vía electrónica con evidencia criptografica del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo solicitado en proveído de dieciséis de diciembre del año en curso, autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo 478/2019 de su índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Notificación. Sin que resulte necesario notificar de manera personal este proveído, en razón de que no ha dejado de actuarse en el juicio durante más de seis meses, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado, ambos signados por la autoridad responsable Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Informe en los que manifestó que "es cierto el acto reclamado únicamente en lo que respecta a la emisión del oficio número CO/DG/655/2020 de fecha 15 de octubre de 2020". Con el contenido de dicho informe y anexo, se ordena dar vista a las partes para que se impongan del contenido del mismo. Relaciónense en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que la parte quejosa en caso de considerar necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la judicatura Federal; ello, con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrán proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se le de vista con el informe justificado respectivo. Delegados, domicilio y autorizados. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas precisadas y como domicilio el que indica. Respecto a las personas indicadas para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que el artículo 12 de la Ley de Amparo faculta únicamente al quejoso y a los terceros interesados a autorizar a personas para tales efectos y no así a las autoridades responsables, pues para éstas rige lo dispuesto en el artículo 9 de la precitada Ley. Autorización de medios electrónicos. Como lo solicita, se le permite la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicios al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que allega la oficiante. Informa. Se le tiene manifestando que tiene conocimiento de la existencia de diverso juicio de amparo **********, promovido por la aquí quejosa y relacionado con el acto reclamado, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos; al respecto, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese atentamente al homólogo en cita, que de no tener inconveniente instruya a quien corresponda para que ponga a disposición de esta sede constitucional del expediente electrónico relativo al juicio de amparo ********** de su índice para estar en condiciones de imponerse de sus actuaciones. Autoridad responsable exhibe documental para acreditar su nombramiento y pide devolución del mismo. Así también, por recibido el diverso oficio de la autoridad responsable Directora General del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual exhibe documental para acreditar su nombramiento y pide su devolución. Con dicha documental dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Por cuanto a la devolución que solicita, indíquesele que por el momento no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que la misma debe estar a la vista de las partes, la cual en su momento pudiera resultar necesaria para resolver en el presente juicio de garantías; lo anterior en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese.

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