Luz María de Guadalupe Galván Muruaga y Otros.

Expediente 761/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
761/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
05/01/2023

Partes del expediente

  • Luz María de Guadalupe Galván Muruaga y Otros.
  • Rigoberto Castillo Salcedo
  • Luz María de Guadalupe Galván Muruaga
  • Rigoberto Castillo Salcedo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez que se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo establecido en el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******.

  2. Principal

    Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo 761/2021 I, promovido por **, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado al día siguiente, **, promovieron demanda de amparo en contra de la autoridad y acto siguiente: III AUTORIDADES RESPONSABLES. A) En su carácter de ordenadora y ejecutora, el C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, LICENCIADO **. IV). ACTOS RECLAMADOS. Se reclama el Auto de Vinculación a Proceso Decretado en nuestra contra en la audiencia pública celebrada el día 05 de octubre del 2021, en la causa penal número 5748/2021 UNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA AL DELITO DE DESPOJO en contra de los suscritos quejosos, lo anterior por no haber cumplido las formalidades esenciales del procedimiento; pues se violentaron los Preceptos Constitucionales, no se aplicó correctamente la ley Adjetiva Penal; no se observaron los principios sobre la regulación y valoración de los datos de prueba; finalmente tampoco se atendió a la contradicción derivada de los argumentos de las partes conforme a la Reforma Constitucional del Sistema Penal Oral Acusatorio. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. Los promoventes señalaron como tales los previstos en los artículos 1, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del ministerio público de la federación adscrito, se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se reclama un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de la totalidad de constancias que integran este juicio, se colige que la parte quejosa reclama de las responsables, lo siguiente: Del Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 5748/2021, únicamente en lo que respecta al delito de despojo. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que el acto reclamado es cierto. La certeza de los actos reclamados al Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, se corrobora con la transcripción certificada del auto de vinculación a proceso reclamado, de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en contra de los quejosos, por su probable participación en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 232, fracción I agravado según lo dispuesto por el artículo 233, todos los numerales del Código Penal vigente para el Estado de Chihuahua, así como con los registros de audio y video certificados, de las audiencias relativas; pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por un funcionario dotado de fe pública, como lo es la propia Juez responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones y está dotada de fe pública, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por los quejosos, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia lo deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, mayo de dos mil diez, tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. Previo a efectuar el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentran los aquí quejosos, esto es, en su carácter de imputados en la causa penal 5748/2021, que se instruye en su contra, siempre que ello les resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I.Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV.Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1.Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3.Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 176546), que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la transcripción del auto de vinculación a proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: IV.La de vinculación a proceso; En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Es propio lo destacado De cuya intelección se desprende, el Juez responsable deberá emitir en forma escrita, luego de su verificación oral y hasta un periodo máximo de veinticuatro horas posteriores a su celebración, la audiencia relativa a la vinculación, o no, a proceso, cuya extensión no podrá exceder el alcance de la emitida en la diversa forma. Al respecto, ya que dicho numeral no señala expresamente que la transcripción escrita deba ser íntegra, sino únicamente que no deberá exceder de lo ocurrido oralmente, se colige que válidamente la reproducción a papel puede ser parcial. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, esto es, el propio día de la continuación de la audiencia inicial, la constancia relativa a la misma, a través de la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos. Asimismo, el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, los quejosos estuvieron asistidos en todo momento de su defensor; asimismo, se les dio la oportunidad de emitir su respectiva declaración, haciéndoles saber el derecho que les asistía a guardar silencio, quienes optaron por ejercerlo. Precisado lo anterior, se tiene que el Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, en este momento procesal configuran el delito de despojo, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 232, fracción I agravado según lo dispuesto por el numeral 233, todos los numerales del Código Penal vigente para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que los quejosos hayan participado, en calidad de coautores materiales, en la comisión del ilícito mencionado. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Ello implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que el artículo 232, fracción I, agravado según lo dispuesto por el numeral 233, todos del Código Penal vigente para el Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: 232. Se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien por medio de la violencia sobre las personas, o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o por engaño: I. Se posesione materialmente de un inmueble ajeno o haga uso de éste o de un derecho real que no le pertenece. 233. Si el despojo se realiza por dos o más personas, además de las penas señaladas en el artículo anterior, la pena se aumentará de uno a seis años de prisión. A los autores intelectuales y a quienes dirijan la ejecución, además de las penas señaladas en el artículo anterior, se les aumentará de dos a siete años de prisión. Si el despojo se realiza en contra de una persona en situación de vulnerabilidad, las penas a imponer se incrementarán en una tercera parte. Conforme a tales normas, como acertadamente lo precisó el Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo, con ánimo de dominio, esto es, de disponer materialmente del objeto del delito, se apodere de un bien mueble, el cual le es ajeno, ello, sin el consentimiento de quien legítimamente pueda otorgar tal disposición a algún tercero; además, si el mismo se realiza por dos o más personas la pena que se le llegue a imponer aumentara dependiendo del modo operandi. Pues bien, el Juez responsable, acertadamente estimó, en esta etapa procesal, configurado el hecho ilícito materia de la formulación de imputación, tomando en cuenta los datos que a continuación se detallan: Las denuncias presentadas por las víctimas el primero de febrero de dos mil diecinueve, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de **, todas de apellidos ** y ratificación de denuncia en la misma data, quienes dieron a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos conforme al artículo 16 Constitucional. Ampliación de denuncia y/o querella presentada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, realizada por **, todas de apellidos ** ante el agente del Ministerio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Servicio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia. Copia certificada del avalúo de fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, realizado por el ingeniero **, respecto al inmueble ubicado en calle **, en esta ciudad. Copia certificada del expediente E7 971/2013, del índice del hoy Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Comparecencias de las víctimas **, todas de apellidos **, ante el agente del Ministerio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Servicio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, el ocho de abril de dos mil veintiuno. Copia certificada de la escritura pública número 47522, volumen 1183 otorgada el tres de octubre de dos mil dieciocho, ante el licenciado **, aspirante al ejercicio del notariado adscrito a la Notaría Pública Número Treinta de este Distrito Judicial Bravos, en funciones del Notario Público por separación temporal de su titular el licenciado **. Copias certificadas de los instrumentos notariales 72933, 72934 y 72935, de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, expedida ante el Notario Público Número Veintiocho **. Copia certificada de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de las cuales se desprenden hipotecas donde aparece Banco de Monterrey, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple denominado como acreedor y por otra parte el quejoso **, denominado como deudor y la quejosa **, como garantes hipotecarios. Copia certificada de inscripción ante el registro público de la propiedad y del notariado expedida por la licenciada **, en cumplimiento a la sentencia emitida el quince de mayo de dos mil quince, en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de las víctimas y el Municipio de Juárez integrado al expediente 971/2013, del índice del hoy Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Copias del expediente civil E 6 564/93 antes expediente 564/93 del índice del entonces Juzgado Sexto de lo Civil, certificadas por la licenciada **, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, relativo al juicio sucesorio intestamentario promovido por las víctimas **, en el cual se hizo un acuerdo que se mencionó que la propiedad de dicho inmueble es y corresponde a las cuatro víctimas de apellidos **. Copias certificadas por el licenciado **, Secretarios de Acuerdos de la Sexta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Toca 62/2015, relativo al recurso de apelación interpuesto en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de las tercero interesadas **, todas de apellidos **, Municipio de Juárez, Chihuahua y Encargado del Registro Público de la Propiedad. Declaración para el pago de impuesto sobre traslación de dominio de bienes con número de folio 677845 a nombre del quejoso y en el rubro de enajenante aparecen las cuatro víctimas y el Municipio de Juárez. Copia certificada del recibo de pago por concepto de traslación de dominio de veintinueve de diciembre de dos mil quince, por la cantidad de $118,561.00 (ciento dieciocho mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Copias certificadas de una inscripción que obra en el Registro Público de la Propiedad expedidas por la licenciada ** correspondientes a 37 hojas agregadas al apéndice 6524 de la sección primera que se realizó en esta ciudad el tres de octubre de dos mil dieciocho, en relación al contrato de compraventa celebrado por los quejosos en su carácter de vendedor y por ** (comprador). Contrato privado del quince de abril de dos mil dieciséis celebrado entre las víctimas ** (vendedor), seis recibos de pago con firmas falsificadas de las aquí tercero interesadas. Copia certificada del Avaluó realizado por el ingeniero **, el veintitrés de octubre de dos mil ocho. Copia certificada del acta de matrimonio número 2721 de los señores ** inscrita en la Foja 183 del Libro 713 de la Oficialía 1 del Registro Civil de ciudad Juárez Chihuahua. Oficio número 1031/2019 de catorce de febrero de dos mil diecinueve, signado por el licenciado **, Encargado de la Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. Oficio número 633/2020 de once de septiembre de dos mil veinte, signado por el licenciado **, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Declaración testimonial de ocho de abril de dos mil veintiuno, rendida por **, ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia. Declaración testimonial de ocho de abril de dos mil veintiuno, rendida por **, ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado, y Desarrollo de la Justicia. Declaración testimonial de ocho de abril de dos mil veintiuno, rendida por **, ante el Agente del' Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justica Informe Pericial en Materia de Grafoscopia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, realizado por el licenciado ** perito en materia de Grafoscopia con cedula profesional 10675973. Copias del Juicio de Amparo 445/1989 1 promovido por ** del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, certificadas por la licenciada ** del Juzgado Quinto de distrito en el estado de Chihuahua. Copias del Toca No. 62/2015 relativo al recurso de apelación interpuesto en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de **, toda de apellidos **, Municipio de Juárez Chihuahua y Encargado del Registro Público de la Propiedad, certificadas por el licenciado ** Secretario de Acuerdos de la Sexta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Copia certificada de la cédula profesional Federal número 1945197 a nombre ** que lo acredita como licenciado en Derecho certificada por la licenciada ** aspirante a notario adscrita a la Notaria Pública número nueve de este Distrito Judicial Bravos, en funciones de notario por separación temporal de su titular el licenciado **, de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. De los cuales, acertadamente concluyó el Juez responsable, existe la posibilidad de que los aquí quejosos, hayan cometido el delito de despojo previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 232, fracción I, agravado según lo dispuesto por el Código Penal para el Estado de Chihuahua, pues se desprendieron datos compatibles con tal probabilidad. En primer término, como lo determinó el Juez del Tribunal de Primera Instancia, para acreditar la existencia del delito en comento es necesario que se demuestre a) la existencia de bien inmueble; b) que sin el consentimiento de quien puede otorgarlo, c) alguien se posesione de un bien inmueble ajeno o haga uso del mismo. Tales extremos, como indicó el Juez responsable, están actualizados. Ello, pues refirió que de la denuncia presentada por las víctimas **, todas de apellidos **, ante el agente del Ministerio Público, el primero de febrero de dos mil diecinueve, manifestaron que ** se enteró de los hechos cometidos por los aquí quejosos, en diciembre de dos mil dieciocho, al momento de realizar gestiones extrajudiciales, ampliación de la misma el veintidós de marzo del citado año; asimismo narraron que aproximadamente a las catorce horas con treinta y dos minutos del diecisiete de septiembre de dos mil trece, el quejoso **, promovió ante la Oficialía de turnos del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Bravos, demanda en la vía ordinaria civil en su contra, así como del Municipio de Juárez y Encargado del Registro Público de la Propiedad, el cual fue radicado bajo el número 971/2013, en el antes Juzgado Séptimo de lo Civil (hoy Juzgado Primero, bajo el número de expediente E7 971/2013), ello con el fin de obtener una sentencia de prescripción positiva y adjudicarse el inmueble ubicado en calle**, en esta ciudad, inscrito bajo la inscripción número 1348, folio 168, libro 1558, de la sección Primera del Registro Público de la Propiedad. Lo anterior, así como lo que se especificará en los párrafos posteriores con ayuda de diversos imputados de los cuales únicamente en caso necesario se hará mención de los mismos. Como resultado de dicha demanda por sentencia emitida el quince de mayo de dos mil quince, la Jueza Séptimo de lo Civil, determinó que el quejoso ** acreditó su acción y con ello se le declaró como propietario del citado inmueble. Ello presentando un contrato de compraventa falso, de quince de abril de dos mil seis, supuestamente signado por las víctimas, en su calidad de vendedoras y el quejoso en su calidad de comprador, el cual contiene firmas que no corresponden a las aquí tercero interesadas, así como seis recibos correspondientes a pagos parciales del predio, supuestamente signados por **. Asimismo, manifestaron que el quejoso **, el nueve de enero de dos mil catorce, presentó testigos falsos en el juicio 971/2013, para obtener su objetivo, quienes declararon que las víctimas celebraron contrato de compraventa con él, respecto del bien inmueble, precisado en párrafos precedentes, además testificaron que él tenía la posesión de éste, sin que fuera cierto. Una vez que obtuvo sentencia favorable el quejoso, ello con la ayuda de la persona que las víctimas contrataron para que las representara en el juicio intestamentario que promovieron, el cinco de febrero de dos mil dieciséis, se realizó la inscripción del inmueble ubicado en la calle **, en esta ciudad, a favor del garante en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 75, folio 82, del libro 6069, de la sección primera, haciendo de esta manera uso de un derecho real que no le pertenecía; lo anterior, conjuntamente con la aquí quejosa **, para posteriormente venderlo a **, el tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante contrato de compraventa el cual obra en escritura pública número 47522, volumen 1183, celebrado ante el licenciado **, quien se encontraba en funciones de Notario Público de la Notaria Pública Número Treinta del Distrito Judicial Bravos, causándoles un detrimento en su patrimonio y en su economía. Ahora bien, como lo señaló el Juez de Control responsable, para acreditar la propiedad del inmueble de las víctimas **, todas de apellidos **, se exhibió copia certificada del expediente E6 564/93, relativo al juicio sucesorio intestamentario que promovieron, con lo que se confirma presuntivamente la posesión del inmueble. En efecto, a los datos de prueba que se desprenden de las denuncias de las víctimas **, todas de apellidos **, el Juez de Control responsable, acertadamente les otorgó valor probatorio de indicio, de conformidad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues fue realizada ante la autoridad competente, a quien le refirieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho delictivo que aquí se analizara, ya que son quienes sufrieron directamente un quebranto patrimonial, por el desalojo del bien inmueble en cuestión, es conteste con lo narrado por las víctimas en sus denuncias, así como ratificación y ampliación de las mismas. Al respecto, no se pierde de vista que el Juez de Control responsable, para determinar la afectación, al menos en esta etapa procesal, que las propietarias del inmueble ubicado en calle **, en esta ciudad, tomo en consideración, la denuncia de las víctimas, su ratificación, ampliación, así como los diversos documentos aportados por las partes, a los cuales asignó la calidad de documentos públicos de conformidad con el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, a pesar de que, de tales documentos se desprende claramente, como el propio juzgador lo mencionó, que las víctimas en su ampliación de denuncia, refirieron tener la posesión material del terreno (inmueble) que les fue adjudicado en el convenio judicial respecto al proyecto de partición aprobado en el juicio sucesorio intestamentario 564/93, del entonces Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el veinticinco de abril de dos mil cinco, por lo que consideró que dicho documento es apto para demostrar que **, todas de apellidos **, son propietarias, como se afirma, del inmueble del cual fueron despojadas. Sin embargo, lo anterior no merma la configuración del ilícito en estudio, pues lo cierto es que en esta etapa procesal, lo que sí está demostrado, es que el inmueble era propiedad de los sujetos activos, esto es, les resultaba ajeno, tan es así que para apoderarse del mismo recurrieron a testigos falsos, documentos falsos, tales como comprobantes de pago y contrato de compraventa realizado supuestamente con las víctimas en su calidad de vendedoras y el quejoso en su calidad de comprador. Por lo expuesto, el Juez de Control responsable, acertadamente concluyó, conforme al estándar que exige el artículo 19 Constitucional para dictar un auto de vinculación a proceso, que en este momento procesal y con los datos de prueba que arrojaron las diligencias desahogadas durante la integración de la carpeta de investigación, valoradas además en términos de los artículos 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí es posible concluir que los quejosos, en complicidad con otras personas, así como con quien las víctimas contrataron para que las representara en el juicio intestamentario, despojaron a las aquí terceras interesadas del bien inmueble, efectivamente, en esta etapa procesal, se configura el delito de despojo previsto en el artículo 232, fracción I, y el diverso 233 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en virtud de que los quejosos dispusieron de los derechos reales del bien inmueble desde el inicio hasta que trasladaron el dominio del mismo. En otro aspecto, el Juez de Control responsable, acertadamente estimó que se puede concluir, al menos en grado de probabilidad, que **, participaron como autores materiales, en el hecho delictivo (despojo) que nos ocupa, esto con los mismos datos de prueba ya descritos y valorados, adminiculados a las diligencias realizadas en la Fiscalía. En efecto, como refirió el Juez responsable, que de lo antes narrado, los quejosos acudieron ante el Notario Público Número Veintiocho **, para la apertura de un crédito hipotecario, lo que quedó demostrado con las copias certificadas de los instrumentos notariales 72933, 72934 y 72935, de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, y al estar en presencia de dicho funcionario público, éste les explica los actos que se van a realizar, por lo que saben que el acto que están cometiendo es ilícito; asimismo, del convenio de reconocimiento de adeudo refirieron ser dueños, tener la posesión y pleno dominio del bien inmueble, por lo que ejercieron un derecho real respecto del mismo. Lo que se constata, con la copia certificada de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de las cuales se desprenden hipotecas donde aparece Banco de Monterrey, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple denominado como acreedor y por otra parte el quejoso **, denominado como deudor y la quejosa **, como garantes hipotecarios; así como de la copia certificada de inscripción ante el registro público de la propiedad y del notariado expedida por la licenciada **, en cumplimiento a la sentencia emitida el quince de mayo de dos mil quince, en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de las víctimas y el Municipio de Juárez integrado al expediente 971/2013, del índice del hoy Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. A las cuales el Juez responsable les otorgó valor probatorio pleno, conforme a los artículos 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a lo manifestado por el defensor que las víctimas carecen de personalidad, no logró desvirtuar su dicho, en virtud de las pruebas de cargo aportadas por el Ministerio Público ya que las mismas expusieron como obtuvieron dicho bien inmueble, esto a través del juicio sucesorio intestamentario, al que ya se ha hecho mención en párrafos precedentes. Una vez realizado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar los conceptos de violación que esgrimieron los quejosos en su demanda de amparo, en los que medularmente aducen: Refiere en su primer concepto que la responsable no incluyó todos los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, así como por su defensor al momento de emitir el auto de vinculación a proceso. En contestación al mismo al inicio de la audiencia y previo a declarar auto de vinculación a los quejosos, por el delito de despojo el Juez responsable, manifestó que a fin de no repetir todos los datos aportados tanto por el Ministerio Público, asesor jurídico de las víctimas y defensor de los imputados, los cuales las partes ya habían escuchado al estar presentes se tenían por reproducidos, ello a manera de agilizar la audiencia y por lo largo que era hacer repetición de todo. Lo anterior se estima ajustado a derecho, ya que no es necesaria la repetición de los puntos expresados por las partes, sino que al momento de emitir su determinación, precise en qué se basó y el por qué tomó dicha decisión, lo que así hizo, pues indicó de cada uno de los imputados el delito, el artículo que lo prevee, así como si se vinculaba o no a proceso; y aunque algunos argumentos del defensor fueron desestimados, los adminiculó a los diversos ofertados para demostrar, en grado de probabilidad, la comisión por parte de los aquí quejosos del ilícito de que se trata; por lo que dicho concepto de violación es infundado. Argumenta que el auto de vinculación a proceso no está fundado, ni motivado. Dicha aseveración es infundada, dado que como se precisó también en párrafos precedentes el Juez responsable fundó y motivó cada una de las determinaciones respecto de cada imputado, esto es el delito por el que se formulaba auto de vinculación a proceso o no, así como los artículos en que preveía cada delito, y los datos de prueba que tomo en consideración para ello, desglosándolos respecto de cada imputado. Asimismo, en virtud de acorde a lo que se establece el artículo 16 Constitucional, el cual prevé la obligación de las autoridades de señalar el precepto legal aplicable al caso concreto así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que se configuren las hipótesis normativas, lo que en el caso sí sucedió, pues en la audiencia de vinculación a proceso el Juez responsable expuso las razones por las cuales estimó que se configuraba el delito de despojo previsto en el artículo 232, fracción I, y el diverso 233 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en virtud de que los quejosos dispusieron de los derechos reales del bien inmueble desde el inicio hasta que trasladaron el dominio del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 204, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 166, del Apéndice 200 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, Materia Común, (registro digital: 917738), de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informa la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, que resolvió la Contradicción de Tesis 133/2004 PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, Materia Común, (registro: 176546), que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Que el Juez responsable omitió lo establecido en la fracción II del apartado A de la Constitución, pues manifiesta que de los datos de prueba no se desprende que la quejosa haya cometido algún acto ilícito. Dicho concepto de violación es infundado, ello ya que contrario a lo que expone el Juez responsable sí explico el por qué considera que tanto el quejoso como la quejosa, sí participaron al menos como coautores en el delito de despojo, ello al disponer de los derechos reales del bien inmueble desde el inicio hasta que trasladaron el dominio del mismo vendiéndolo a diversa persona, así como que al presentarse ante el Registro Público de la Propiedad lo hicieron en su carácter ce propietarios y poseedores del inmueble. Asimismo, se acreditó la existencia de bien inmueble, que tomaron posesión del mismo sin el consentimiento de las víctimas, y el ilícito se realizó, en el caso por más de dos personas; aunado a que como se dijo en párrafos precedentes, al acudir ante el Notario Público, éste tiene el deber de explicar los actos que se van a realizar, sin que la quejosa **, no hubiera tenido conocimiento de lo que se iba a realizar por lo que hay el elemento de dolo, asimismo, en el convenio de reconocimiento de adeudo refieren que son dueños, que tienen la posesión y pleno dominio del bien inmueble y en la inscripción del contrato de compra venta se encuentra el elemento subjetivo de trasladar la propiedad del inmueble por medio del despojo, así como el derecho real para adquirir una suma pecunaria manifestando que eran propietarios y se encontraban en posesión legal del inmueble, adquiriendo la propiedad estando casados bajo el régimen de sociedad conyugal, mediante juicio prescripción positiva contra las víctimas de apellidos **. Que violento lo establecido en el artículo 19 Constitucional, al no haber verificado la tipicidad de las conductas delictivas atribuidas, así como la participación en particular de la quejosa **, ello al ser esposa del imputado. Los argumentos vertidos por el defensor de los quejosos, ayudaron a corroborar al Juez responsable, en grado de probabilidad, que los imputados, aquí accionantes del amparo, sí se encontraban en posesión del inmueble ubicado en la calle **, y que posteriormente vendieron al aquí tercero interesado **, el tres de octubre de dos mil dieciocho, como se ha dicho antes en su calidad de propietarios y poseedores del mismo, por lo que al menos en esta etapa del procedimiento si se acreditó el hecho con apariencia del delito de despojo como coautores, ya que como se precisó en la audiencia era imposible que al acudir la quejosa a realizar diversos trámites respecto del inmueble con su esposo esta desconociera lo que estaba haciendo su marido, lo que se corroboró con las testimoniales precisadas en los datos de pruebas aportados, por lo que el concepto de violación es infundado. Que el Juez responsable omitió lo establecido en la fracción II del apartado A de la Constitución, pues manifiesta que de los datos de prueba no se desprende que la quejosa haya cometido algún acto ilícito. Al igual que se indicó en el concepto de violación que antecede este concepto es infundado, ello en virtud de que el Juez responsable con los datos aportados hasta el momento son suficientes para demostrar su probable responsabilidad en la comisión del hecho ilícito, como coautora, sin embargo, ello es así, pues hasta este momento procesal, como lo estableció el Juez responsable se obtiene que la quejosa al igual que su esposo se vio favorecida al momento de trasladar el bien inmueble aquí en cuestión. De ello, no se estima que haya datos de prueba insuficientes, sino que, todo lo contrario, los datos que fueron estimados individualmente y adminiculados entre sí por el Juez responsable, con sustento en los artículos 259, 260, 261, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten arribar a la conclusión de que, de momento, existe la probabilidad de que los quejosos participaron, en calidad de coautores materiales, en la comisión del delito que se les imputa. Se reitera nuevamente que, el Juez responsable, en esta etapa procesal no debía tener plenamente acreditado el delito y que fueron los imputados quienes participaron en su comisión en calidad de coautores materiales, sino, únicamente en grado de probabilidad, lo que el caso así aconteció. Además, la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, por lo que los quejosos podrán, de ser su deseo, ofrecer los que estimen adecuados para desplegar su defensa. En consecuencia, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del delito mencionado y la participación de los aquí quejosos en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos **, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Control responsable, el día cinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 5748/2021, por su probable participación en el delito de despojo, previsto en el artículo 232 fracción I agravado según lo dispuesto por el numeral 233 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a **, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes, por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella, hoy trece de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZON DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo 761/2021 I, promovido por **, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado al día siguiente, **, promovieron demanda de amparo en contra de la autoridad y acto siguiente: III AUTORIDADES RESPONSABLES. A) En su carácter de ordenadora y ejecutora, el C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, LICENCIADO **. IV). ACTOS RECLAMADOS. Se reclama el Auto de Vinculación a Proceso Decretado en nuestra contra en la audiencia pública celebrada el día 05 de octubre del 2021, en la causa penal número 5748/2021 UNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA AL DELITO DE DESPOJO en contra de los suscritos quejosos, lo anterior por no haber cumplido las formalidades esenciales del procedimiento; pues se violentaron los Preceptos Constitucionales, no se aplicó correctamente la ley Adjetiva Penal; no se observaron los principios sobre la regulación y valoración de los datos de prueba; finalmente tampoco se atendió a la contradicción derivada de los argumentos de las partes conforme a la Reforma Constitucional del Sistema Penal Oral Acusatorio. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. Los promoventes señalaron como tales los previstos en los artículos 1, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del ministerio público de la federación adscrito, se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se reclama un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de la totalidad de constancias que integran este juicio, se colige que la parte quejosa reclama de las responsables, lo siguiente: Del Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 5748/2021, únicamente en lo que respecta al delito de despojo. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que el acto reclamado es cierto. La certeza de los actos reclamados al Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, se corrobora con la transcripción certificada del auto de vinculación a proceso reclamado, de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en contra de los quejosos, por su probable participación en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 232, fracción I agravado según lo dispuesto por el artículo 233, todos los numerales del Código Penal vigente para el Estado de Chihuahua, así como con los registros de audio y video certificados, de las audiencias relativas; pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por un funcionario dotado de fe pública, como lo es la propia Juez responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones y está dotada de fe pública, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por los quejosos, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia lo deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, mayo de dos mil diez, tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. Previo a efectuar el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentran los aquí quejosos, esto es, en su carácter de imputados en la causa penal 5748/2021, que se instruye en su contra, siempre que ello les resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I.Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV.Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1.Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3.Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 176546), que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la transcripción del auto de vinculación a proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: IV.La de vinculación a proceso; En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Es propio lo destacado De cuya intelección se desprende, el Juez responsable deberá emitir en forma escrita, luego de su verificación oral y hasta un periodo máximo de veinticuatro horas posteriores a su celebración, la audiencia relativa a la vinculación, o no, a proceso, cuya extensión no podrá exceder el alcance de la emitida en la diversa forma. Al respecto, ya que dicho numeral no señala expresamente que la transcripción escrita deba ser íntegra, sino únicamente que no deberá exceder de lo ocurrido oralmente, se colige que válidamente la reproducción a papel puede ser parcial. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, esto es, el propio día de la continuación de la audiencia inicial, la constancia relativa a la misma, a través de la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos. Asimismo, el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, los quejosos estuvieron asistidos en todo momento de su defensor; asimismo, se les dio la oportunidad de emitir su respectiva declaración, haciéndoles saber el derecho que les asistía a guardar silencio, quienes optaron por ejercerlo. Precisado lo anterior, se tiene que el Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, en este momento procesal configuran el delito de despojo, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 232, fracción I agravado según lo dispuesto por el numeral 233, todos los numerales del Código Penal vigente para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que los quejosos hayan participado, en calidad de coautores materiales, en la comisión del ilícito mencionado. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Ello implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que el artículo 232, fracción I, agravado según lo dispuesto por el numeral 233, todos del Código Penal vigente para el Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: 232. Se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien por medio de la violencia sobre las personas, o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o por engaño: I. Se posesione materialmente de un inmueble ajeno o haga uso de éste o de un derecho real que no le pertenece. 233. Si el despojo se realiza por dos o más personas, además de las penas señaladas en el artículo anterior, la pena se aumentará de uno a seis años de prisión. A los autores intelectuales y a quienes dirijan la ejecución, además de las penas señaladas en el artículo anterior, se les aumentará de dos a siete años de prisión. Si el despojo se realiza en contra de una persona en situación de vulnerabilidad, las penas a imponer se incrementarán en una tercera parte. Conforme a tales normas, como acertadamente lo precisó el Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo, con ánimo de dominio, esto es, de disponer materialmente del objeto del delito, se apodere de un bien mueble, el cual le es ajeno, ello, sin el consentimiento de quien legítimamente pueda otorgar tal disposición a algún tercero; además, si el mismo se realiza por dos o más personas la pena que se le llegue a imponer aumentara dependiendo del modo operandi. Pues bien, el Juez responsable, acertadamente estimó, en esta etapa procesal, configurado el hecho ilícito materia de la formulación de imputación, tomando en cuenta los datos que a continuación se detallan: Las denuncias presentadas por las víctimas el primero de febrero de dos mil diecinueve, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de **, todas de apellidos ** y ratificación de denuncia en la misma data, quienes dieron a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos conforme al artículo 16 Constitucional. Ampliación de denuncia y/o querella presentada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, realizada por **, todas de apellidos ** ante el agente del Ministerio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Servicio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia. Copia certificada del avalúo de fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, realizado por el ingeniero **, respecto al inmueble ubicado en calle **, en esta ciudad. Copia certificada del expediente E7 971/2013, del índice del hoy Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Comparecencias de las víctimas **, todas de apellidos **, ante el agente del Ministerio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Servicio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, el ocho de abril de dos mil veintiuno. Copia certificada de la escritura pública número 47522, volumen 1183 otorgada el tres de octubre de dos mil dieciocho, ante el licenciado **, aspirante al ejercicio del notariado adscrito a la Notaría Pública Número Treinta de este Distrito Judicial Bravos, en funciones del Notario Público por separación temporal de su titular el licenciado **. Copias certificadas de los instrumentos notariales 72933, 72934 y 72935, de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, expedida ante el Notario Público Número Veintiocho **. Copia certificada de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de las cuales se desprenden hipotecas donde aparece Banco de Monterrey, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple denominado como acreedor y por otra parte el quejoso **, denominado como deudor y la quejosa **, como garantes hipotecarios. Copia certificada de inscripción ante el registro público de la propiedad y del notariado expedida por la licenciada **, en cumplimiento a la sentencia emitida el quince de mayo de dos mil quince, en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de las víctimas y el Municipio de Juárez integrado al expediente 971/2013, del índice del hoy Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Copias del expediente civil E 6 564/93 antes expediente 564/93 del índice del entonces Juzgado Sexto de lo Civil, certificadas por la licenciada **, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, relativo al juicio sucesorio intestamentario promovido por las víctimas **, en el cual se hizo un acuerdo que se mencionó que la propiedad de dicho inmueble es y corresponde a las cuatro víctimas de apellidos **. Copias certificadas por el licenciado **, Secretarios de Acuerdos de la Sexta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Toca 62/2015, relativo al recurso de apelación interpuesto en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de las tercero interesadas **, todas de apellidos **, Municipio de Juárez, Chihuahua y Encargado del Registro Público de la Propiedad. Declaración para el pago de impuesto sobre traslación de dominio de bienes con número de folio 677845 a nombre del quejoso y en el rubro de enajenante aparecen las cuatro víctimas y el Municipio de Juárez. Copia certificada del recibo de pago por concepto de traslación de dominio de veintinueve de diciembre de dos mil quince, por la cantidad de $118,561.00 (ciento dieciocho mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Copias certificadas de una inscripción que obra en el Registro Público de la Propiedad expedidas por la licenciada ** correspondientes a 37 hojas agregadas al apéndice 6524 de la sección primera que se realizó en esta ciudad el tres de octubre de dos mil dieciocho, en relación al contrato de compraventa celebrado por los quejosos en su carácter de vendedor y por ** (comprador). Contrato privado del quince de abril de dos mil dieciséis celebrado entre las víctimas ** (vendedor), seis recibos de pago con firmas falsificadas de las aquí tercero interesadas. Copia certificada del Avaluó realizado por el ingeniero **, el veintitrés de octubre de dos mil ocho. Copia certificada del acta de matrimonio número 2721 de los señores ** inscrita en la Foja 183 del Libro 713 de la Oficialía 1 del Registro Civil de ciudad Juárez Chihuahua. Oficio número 1031/2019 de catorce de febrero de dos mil diecinueve, signado por el licenciado **, Encargado de la Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. Oficio número 633/2020 de once de septiembre de dos mil veinte, signado por el licenciado **, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Declaración testimonial de ocho de abril de dos mil veintiuno, rendida por **, ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia. Declaración testimonial de ocho de abril de dos mil veintiuno, rendida por **, ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado, y Desarrollo de la Justicia. Declaración testimonial de ocho de abril de dos mil veintiuno, rendida por **, ante el Agente del' Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justica Informe Pericial en Materia de Grafoscopia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, realizado por el licenciado ** perito en materia de Grafoscopia con cedula profesional 10675973. Copias del Juicio de Amparo 445/1989 1 promovido por ** del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, certificadas por la licenciada ** del Juzgado Quinto de distrito en el estado de Chihuahua. Copias del Toca No. 62/2015 relativo al recurso de apelación interpuesto en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de **, toda de apellidos **, Municipio de Juárez Chihuahua y Encargado del Registro Público de la Propiedad, certificadas por el licenciado ** Secretario de Acuerdos de la Sexta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Copia certificada de la cédula profesional Federal número 1945197 a nombre ** que lo acredita como licenciado en Derecho certificada por la licenciada ** aspirante a notario adscrita a la Notaria Pública número nueve de este Distrito Judicial Bravos, en funciones de notario por separación temporal de su titular el licenciado **, de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. De los cuales, acertadamente concluyó el Juez responsable, existe la posibilidad de que los aquí quejosos, hayan cometido el delito de despojo previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 232, fracción I, agravado según lo dispuesto por el Código Penal para el Estado de Chihuahua, pues se desprendieron datos compatibles con tal probabilidad. En primer término, como lo determinó el Juez del Tribunal de Primera Instancia, para acreditar la existencia del delito en comento es necesario que se demuestre a) la existencia de bien inmueble; b) que sin el consentimiento de quien puede otorgarlo, c) alguien se posesione de un bien inmueble ajeno o haga uso del mismo. Tales extremos, como indicó el Juez responsable, están actualizados. Ello, pues refirió que de la denuncia presentada por las víctimas **, todas de apellidos **, ante el agente del Ministerio Público, el primero de febrero de dos mil diecinueve, manifestaron que ** se enteró de los hechos cometidos por los aquí quejosos, en diciembre de dos mil dieciocho, al momento de realizar gestiones extrajudiciales, ampliación de la misma el veintidós de marzo del citado año; asimismo narraron que aproximadamente a las catorce horas con treinta y dos minutos del diecisiete de septiembre de dos mil trece, el quejoso **, promovió ante la Oficialía de turnos del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Bravos, demanda en la vía ordinaria civil en su contra, así como del Municipio de Juárez y Encargado del Registro Público de la Propiedad, el cual fue radicado bajo el número 971/2013, en el antes Juzgado Séptimo de lo Civil (hoy Juzgado Primero, bajo el número de expediente E7 971/2013), ello con el fin de obtener una sentencia de prescripción positiva y adjudicarse el inmueble ubicado en calle**, en esta ciudad, inscrito bajo la inscripción número 1348, folio 168, libro 1558, de la sección Primera del Registro Público de la Propiedad. Lo anterior, así como lo que se especificará en los párrafos posteriores con ayuda de diversos imputados de los cuales únicamente en caso necesario se hará mención de los mismos. Como resultado de dicha demanda por sentencia emitida el quince de mayo de dos mil quince, la Jueza Séptimo de lo Civil, determinó que el quejoso ** acreditó su acción y con ello se le declaró como propietario del citado inmueble. Ello presentando un contrato de compraventa falso, de quince de abril de dos mil seis, supuestamente signado por las víctimas, en su calidad de vendedoras y el quejoso en su calidad de comprador, el cual contiene firmas que no corresponden a las aquí tercero interesadas, así como seis recibos correspondientes a pagos parciales del predio, supuestamente signados por **. Asimismo, manifestaron que el quejoso **, el nueve de enero de dos mil catorce, presentó testigos falsos en el juicio 971/2013, para obtener su objetivo, quienes declararon que las víctimas celebraron contrato de compraventa con él, respecto del bien inmueble, precisado en párrafos precedentes, además testificaron que él tenía la posesión de éste, sin que fuera cierto. Una vez que obtuvo sentencia favorable el quejoso, ello con la ayuda de la persona que las víctimas contrataron para que las representara en el juicio intestamentario que promovieron, el cinco de febrero de dos mil dieciséis, se realizó la inscripción del inmueble ubicado en la calle **, en esta ciudad, a favor del garante en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 75, folio 82, del libro 6069, de la sección primera, haciendo de esta manera uso de un derecho real que no le pertenecía; lo anterior, conjuntamente con la aquí quejosa **, para posteriormente venderlo a **, el tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante contrato de compraventa el cual obra en escritura pública número 47522, volumen 1183, celebrado ante el licenciado **, quien se encontraba en funciones de Notario Público de la Notaria Pública Número Treinta del Distrito Judicial Bravos, causándoles un detrimento en su patrimonio y en su economía. Ahora bien, como lo señaló el Juez de Control responsable, para acreditar la propiedad del inmueble de las víctimas **, todas de apellidos **, se exhibió copia certificada del expediente E6 564/93, relativo al juicio sucesorio intestamentario que promovieron, con lo que se confirma presuntivamente la posesión del inmueble. En efecto, a los datos de prueba que se desprenden de las denuncias de las víctimas **, todas de apellidos **, el Juez de Control responsable, acertadamente les otorgó valor probatorio de indicio, de conformidad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues fue realizada ante la autoridad competente, a quien le refirieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho delictivo que aquí se analizara, ya que son quienes sufrieron directamente un quebranto patrimonial, por el desalojo del bien inmueble en cuestión, es conteste con lo narrado por las víctimas en sus denuncias, así como ratificación y ampliación de las mismas. Al respecto, no se pierde de vista que el Juez de Control responsable, para determinar la afectación, al menos en esta etapa procesal, que las propietarias del inmueble ubicado en calle **, en esta ciudad, tomo en consideración, la denuncia de las víctimas, su ratificación, ampliación, así como los diversos documentos aportados por las partes, a los cuales asignó la calidad de documentos públicos de conformidad con el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, a pesar de que, de tales documentos se desprende claramente, como el propio juzgador lo mencionó, que las víctimas en su ampliación de denuncia, refirieron tener la posesión material del terreno (inmueble) que les fue adjudicado en el convenio judicial respecto al proyecto de partición aprobado en el juicio sucesorio intestamentario 564/93, del entonces Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el veinticinco de abril de dos mil cinco, por lo que consideró que dicho documento es apto para demostrar que **, todas de apellidos **, son propietarias, como se afirma, del inmueble del cual fueron despojadas. Sin embargo, lo anterior no merma la configuración del ilícito en estudio, pues lo cierto es que en esta etapa procesal, lo que sí está demostrado, es que el inmueble era propiedad de los sujetos activos, esto es, les resultaba ajeno, tan es así que para apoderarse del mismo recurrieron a testigos falsos, documentos falsos, tales como comprobantes de pago y contrato de compraventa realizado supuestamente con las víctimas en su calidad de vendedoras y el quejoso en su calidad de comprador. Por lo expuesto, el Juez de Control responsable, acertadamente concluyó, conforme al estándar que exige el artículo 19 Constitucional para dictar un auto de vinculación a proceso, que en este momento procesal y con los datos de prueba que arrojaron las diligencias desahogadas durante la integración de la carpeta de investigación, valoradas además en términos de los artículos 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí es posible concluir que los quejosos, en complicidad con otras personas, así como con quien las víctimas contrataron para que las representara en el juicio intestamentario, despojaron a las aquí terceras interesadas del bien inmueble, efectivamente, en esta etapa procesal, se configura el delito de despojo previsto en el artículo 232, fracción I, y el diverso 233 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en virtud de que los quejosos dispusieron de los derechos reales del bien inmueble desde el inicio hasta que trasladaron el dominio del mismo. En otro aspecto, el Juez de Control responsable, acertadamente estimó que se puede concluir, al menos en grado de probabilidad, que **, participaron como autores materiales, en el hecho delictivo (despojo) que nos ocupa, esto con los mismos datos de prueba ya descritos y valorados, adminiculados a las diligencias realizadas en la Fiscalía. En efecto, como refirió el Juez responsable, que de lo antes narrado, los quejosos acudieron ante el Notario Público Número Veintiocho **, para la apertura de un crédito hipotecario, lo que quedó demostrado con las copias certificadas de los instrumentos notariales 72933, 72934 y 72935, de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, y al estar en presencia de dicho funcionario público, éste les explica los actos que se van a realizar, por lo que saben que el acto que están cometiendo es ilícito; asimismo, del convenio de reconocimiento de adeudo refirieron ser dueños, tener la posesión y pleno dominio del bien inmueble, por lo que ejercieron un derecho real respecto del mismo. Lo que se constata, con la copia certificada de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de las cuales se desprenden hipotecas donde aparece Banco de Monterrey, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple denominado como acreedor y por otra parte el quejoso **, denominado como deudor y la quejosa **, como garantes hipotecarios; así como de la copia certificada de inscripción ante el registro público de la propiedad y del notariado expedida por la licenciada **, en cumplimiento a la sentencia emitida el quince de mayo de dos mil quince, en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de las víctimas y el Municipio de Juárez integrado al expediente 971/2013, del índice del hoy Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. A las cuales el Juez responsable les otorgó valor probatorio pleno, conforme a los artículos 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a lo manifestado por el defensor que las víctimas carecen de personalidad, no logró desvirtuar su dicho, en virtud de las pruebas de cargo aportadas por el Ministerio Público ya que las mismas expusieron como obtuvieron dicho bien inmueble, esto a través del juicio sucesorio intestamentario, al que ya se ha hecho mención en párrafos precedentes. Una vez realizado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar los conceptos de violación que esgrimieron los quejosos en su demanda de amparo, en los que medularmente aducen: Refiere en su primer concepto que la responsable no incluyó todos los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, así como por su defensor al momento de emitir el auto de vinculación a proceso. En contestación al mismo al inicio de la audiencia y previo a declarar auto de vinculación a los quejosos, por el delito de despojo el Juez responsable, manifestó que a fin de no repetir todos los datos aportados tanto por el Ministerio Público, asesor jurídico de las víctimas y defensor de los imputados, los cuales las partes ya habían escuchado al estar presentes se tenían por reproducidos, ello a manera de agilizar la audiencia y por lo largo que era hacer repetición de todo. Lo anterior se estima ajustado a derecho, ya que no es necesaria la repetición de los puntos expresados por las partes, sino que al momento de emitir su determinación, precise en qué se basó y el por qué tomó dicha decisión, lo que así hizo, pues indicó de cada uno de los imputados el delito, el artículo que lo prevee, así como si se vinculaba o no a proceso; y aunque algunos argumentos del defensor fueron desestimados, los adminiculó a los diversos ofertados para demostrar, en grado de probabilidad, la comisión por parte de los aquí quejosos del ilícito de que se trata; por lo que dicho concepto de violación es infundado. Argumenta que el auto de vinculación a proceso no está fundado, ni motivado. Dicha aseveración es infundada, dado que como se precisó también en párrafos precedentes el Juez responsable fundó y motivó cada una de las determinaciones respecto de cada imputado, esto es el delito por el que se formulaba auto de vinculación a proceso o no, así como los artículos en que preveía cada delito, y los datos de prueba que tomo en consideración para ello, desglosándolos respecto de cada imputado. Asimismo, en virtud de acorde a lo que se establece el artículo 16 Constitucional, el cual prevé la obligación de las autoridades de señalar el precepto legal aplicable al caso concreto así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que se configuren las hipótesis normativas, lo que en el caso sí sucedió, pues en la audiencia de vinculación a proceso el Juez responsable expuso las razones por las cuales estimó que se configuraba el delito de despojo previsto en el artículo 232, fracción I, y el diverso 233 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en virtud de que los quejosos dispusieron de los derechos reales del bien inmueble desde el inicio hasta que trasladaron el dominio del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 204, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 166, del Apéndice 200 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, Materia Común, (registro digital: 917738), de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informa la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, que resolvió la Contradicción de Tesis 133/2004 PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, Materia Común, (registro: 176546), que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Que el Juez responsable omitió lo establecido en la fracción II del apartado A de la Constitución, pues manifiesta que de los datos de prueba no se desprende que la quejosa haya cometido algún acto ilícito. Dicho concepto de violación es infundado, ello ya que contrario a lo que expone el Juez responsable sí explico el por qué considera que tanto el quejoso como la quejosa, sí participaron al menos como coautores en el delito de despojo, ello al disponer de los derechos reales del bien inmueble desde el inicio hasta que trasladaron el dominio del mismo vendiéndolo a diversa persona, así como que al presentarse ante el Registro Público de la Propiedad lo hicieron en su carácter ce propietarios y poseedores del inmueble. Asimismo, se acreditó la existencia de bien inmueble, que tomaron posesión del mismo sin el consentimiento de las víctimas, y el ilícito se realizó, en el caso por más de dos personas; aunado a que como se dijo en párrafos precedentes, al acudir ante el Notario Público, éste tiene el deber de explicar los actos que se van a realizar, sin que la quejosa **, no hubiera tenido conocimiento de lo que se iba a realizar por lo que hay el elemento de dolo, asimismo, en el convenio de reconocimiento de adeudo refieren que son dueños, que tienen la posesión y pleno dominio del bien inmueble y en la inscripción del contrato de compra venta se encuentra el elemento subjetivo de trasladar la propiedad del inmueble por medio del despojo, así como el derecho real para adquirir una suma pecunaria manifestando que eran propietarios y se encontraban en posesión legal del inmueble, adquiriendo la propiedad estando casados bajo el régimen de sociedad conyugal, mediante juicio prescripción positiva contra las víctimas de apellidos **. Que violento lo establecido en el artículo 19 Constitucional, al no haber verificado la tipicidad de las conductas delictivas atribuidas, así como la participación en particular de la quejosa **, ello al ser esposa del imputado. Los argumentos vertidos por el defensor de los quejosos, ayudaron a corroborar al Juez responsable, en grado de probabilidad, que los imputados, aquí accionantes del amparo, sí se encontraban en posesión del inmueble ubicado en la calle **, y que posteriormente vendieron al aquí tercero interesado **, el tres de octubre de dos mil dieciocho, como se ha dicho antes en su calidad de propietarios y poseedores del mismo, por lo que al menos en esta etapa del procedimiento si se acreditó el hecho con apariencia del delito de despojo como coautores, ya que como se precisó en la audiencia era imposible que al acudir la quejosa a realizar diversos trámites respecto del inmueble con su esposo esta desconociera lo que estaba haciendo su marido, lo que se corroboró con las testimoniales precisadas en los datos de pruebas aportados, por lo que el concepto de violación es infundado. Que el Juez responsable omitió lo establecido en la fracción II del apartado A de la Constitución, pues manifiesta que de los datos de prueba no se desprende que la quejosa haya cometido algún acto ilícito. Al igual que se indicó en el concepto de violación que antecede este concepto es infundado, ello en virtud de que el Juez responsable con los datos aportados hasta el momento son suficientes para demostrar su probable responsabilidad en la comisión del hecho ilícito, como coautora, sin embargo, ello es así, pues hasta este momento procesal, como lo estableció el Juez responsable se obtiene que la quejosa al igual que su esposo se vio favorecida al momento de trasladar el bien inmueble aquí en cuestión. De ello, no se estima que haya datos de prueba insuficientes, sino que, todo lo contrario, los datos que fueron estimados individualmente y adminiculados entre sí por el Juez responsable, con sustento en los artículos 259, 260, 261, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten arribar a la conclusión de que, de momento, existe la probabilidad de que los quejosos participaron, en calidad de coautores materiales, en la comisión del delito que se les imputa. Se reitera nuevamente que, el Juez responsable, en esta etapa procesal no debía tener plenamente acreditado el delito y que fueron los imputados quienes participaron en su comisión en calidad de coautores materiales, sino, únicamente en grado de probabilidad, lo que el caso así aconteció. Además, la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, por lo que los quejosos podrán, de ser su deseo, ofrecer los que estimen adecuados para desplegar su defensa. En consecuencia, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del delito mencionado y la participación de los aquí quejosos en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos **, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Control responsable, el día cinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 5748/2021, por su probable participación en el delito de despojo, previsto en el artículo 232 fracción I agravado según lo dispuesto por el numeral 233 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a **, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes, por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella, hoy trece de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo 761/2021 I, promovido por **, y Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado al día siguiente, **, promovieron demanda de amparo en contra de la autoridad y acto siguiente: III AUTORIDADES RESPONSABLES. A) En su carácter de ordenadora y ejecutora, el C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, LICENCIADO **. IV). ACTOS RECLAMADOS. Se reclama el Auto de Vinculación a Proceso Decretado en nuestra contra en la audiencia pública celebrada el día 05 de octubre del 2021, en la causa penal número 5748/2021 UNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA AL DELITO DE DESPOJO en contra de los suscritos quejosos, lo anterior por no haber cumplido las formalidades esenciales del procedimiento; pues se violentaron los Preceptos Constitucionales, no se aplicó correctamente la ley Adjetiva Penal; no se observaron los principios sobre la regulación y valoración de los datos de prueba; finalmente tampoco se atendió a la contradicción derivada de los argumentos de las partes conforme a la Reforma Constitucional del Sistema Penal Oral Acusatorio. Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. Los promoventes señalaron como tales los previstos en los artículos 1, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del ministerio público de la federación adscrito, se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se reclama un acto cuya emisión tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de la totalidad de constancias que integran este juicio, se colige que la parte quejosa reclama de las responsables, lo siguiente: Del Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 5748/2021, únicamente en lo que respecta al delito de despojo. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que el acto reclamado es cierto. La certeza de los actos reclamados al Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, se corrobora con la transcripción certificada del auto de vinculación a proceso reclamado, de fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictado en contra de los quejosos, por su probable participación en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 232, fracción I agravado según lo dispuesto por el artículo 233, todos los numerales del Código Penal vigente para el Estado de Chihuahua, así como con los registros de audio y video certificados, de las audiencias relativas; pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por un funcionario dotado de fe pública, como lo es la propia Juez responsable, quien actuó en ejercicio de sus funciones y está dotada de fe pública, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia por lo que se procede a estudiar los actos reclamados de oficio y conforme a los conceptos de violación formulados por los quejosos, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia lo deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, mayo de dos mil diez, tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del auto de vinculación a proceso reclamado. Previo a efectuar el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentran los aquí quejosos, esto es, en su carácter de imputados en la causa penal 5748/2021, que se instruye en su contra, siempre que ello les resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I.Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV.Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1.Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3.Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 176546), que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la transcripción del auto de vinculación a proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: IV.La de vinculación a proceso; En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Es propio lo destacado De cuya intelección se desprende, el Juez responsable deberá emitir en forma escrita, luego de su verificación oral y hasta un periodo máximo de veinticuatro horas posteriores a su celebración, la audiencia relativa a la vinculación, o no, a proceso, cuya extensión no podrá exceder el alcance de la emitida en la diversa forma. Al respecto, ya que dicho numeral no señala expresamente que la transcripción escrita deba ser íntegra, sino únicamente que no deberá exceder de lo ocurrido oralmente, se colige que válidamente la reproducción a papel puede ser parcial. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el cinco de octubre de dos mil veintiuno, esto es, el propio día de la continuación de la audiencia inicial, la constancia relativa a la misma, a través de la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los aquí quejosos. Asimismo, el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, los quejosos estuvieron asistidos en todo momento de su defensor; asimismo, se les dio la oportunidad de emitir su respectiva declaración, haciéndoles saber el derecho que les asistía a guardar silencio, quienes optaron por ejercerlo. Precisado lo anterior, se tiene que el Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, en este momento procesal configuran el delito de despojo, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 232, fracción I agravado según lo dispuesto por el numeral 233, todos los numerales del Código Penal vigente para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que los quejosos hayan participado, en calidad de coautores materiales, en la comisión del ilícito mencionado. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Ello implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que el artículo 232, fracción I, agravado según lo dispuesto por el numeral 233, todos del Código Penal vigente para el Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: 232. Se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien por medio de la violencia sobre las personas, o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo o por engaño: I. Se posesione materialmente de un inmueble ajeno o haga uso de éste o de un derecho real que no le pertenece. 233. Si el despojo se realiza por dos o más personas, además de las penas señaladas en el artículo anterior, la pena se aumentará de uno a seis años de prisión. A los autores intelectuales y a quienes dirijan la ejecución, además de las penas señaladas en el artículo anterior, se les aumentará de dos a siete años de prisión. Si el despojo se realiza en contra de una persona en situación de vulnerabilidad, las penas a imponer se incrementarán en una tercera parte. Conforme a tales normas, como acertadamente lo precisó el Juez del Tribunal de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo, con ánimo de dominio, esto es, de disponer materialmente del objeto del delito, se apodere de un bien mueble, el cual le es ajeno, ello, sin el consentimiento de quien legítimamente pueda otorgar tal disposición a algún tercero; además, si el mismo se realiza por dos o más personas la pena que se le llegue a imponer aumentara dependiendo del modo operandi. Pues bien, el Juez responsable, acertadamente estimó, en esta etapa procesal, configurado el hecho ilícito materia de la formulación de imputación, tomando en cuenta los datos que a continuación se detallan: Las denuncias presentadas por las víctimas el primero de febrero de dos mil diecinueve, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de **, todas de apellidos ** y ratificación de denuncia en la misma data, quienes dieron a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos conforme al artículo 16 Constitucional. Ampliación de denuncia y/o querella presentada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, realizada por **, todas de apellidos ** ante el agente del Ministerio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Servicio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia. Copia certificada del avalúo de fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, realizado por el ingeniero **, respecto al inmueble ubicado en calle **, en esta ciudad. Copia certificada del expediente E7 971/2013, del índice del hoy Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Comparecencias de las víctimas **, todas de apellidos **, ante el agente del Ministerio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Servicio Público de la Unidad Especializada de Delitos contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, el ocho de abril de dos mil veintiuno. Copia certificada de la escritura pública número 47522, volumen 1183 otorgada el tres de octubre de dos mil dieciocho, ante el licenciado **, aspirante al ejercicio del notariado adscrito a la Notaría Pública Número Treinta de este Distrito Judicial Bravos, en funciones del Notario Público por separación temporal de su titular el licenciado **. Copias certificadas de los instrumentos notariales 72933, 72934 y 72935, de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, expedida ante el Notario Público Número Veintiocho **. Copia certificada de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de las cuales se desprenden hipotecas donde aparece Banco de Monterrey, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple denominado como acreedor y por otra parte el quejoso **, denominado como deudor y la quejosa **, como garantes hipotecarios. Copia certificada de inscripción ante el registro público de la propiedad y del notariado expedida por la licenciada **, en cumplimiento a la sentencia emitida el quince de mayo de dos mil quince, en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de las víctimas y el Municipio de Juárez integrado al expediente 971/2013, del índice del hoy Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Copias del expediente civil E 6 564/93 antes expediente 564/93 del índice del entonces Juzgado Sexto de lo Civil, certificadas por la licenciada **, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, relativo al juicio sucesorio intestamentario promovido por las víctimas **, en el cual se hizo un acuerdo que se mencionó que la propiedad de dicho inmueble es y corresponde a las cuatro víctimas de apellidos **. Copias certificadas por el licenciado **, Secretarios de Acuerdos de la Sexta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Toca 62/2015, relativo al recurso de apelación interpuesto en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de las tercero interesadas **, todas de apellidos **, Municipio de Juárez, Chihuahua y Encargado del Registro Público de la Propiedad. Declaración para el pago de impuesto sobre traslación de dominio de bienes con número de folio 677845 a nombre del quejoso y en el rubro de enajenante aparecen las cuatro víctimas y el Municipio de Juárez. Copia certificada del recibo de pago por concepto de traslación de dominio de veintinueve de diciembre de dos mil quince, por la cantidad de $118,561.00 (ciento dieciocho mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional). Copias certificadas de una inscripción que obra en el Registro Público de la Propiedad expedidas por la licenciada ** correspondientes a 37 hojas agregadas al apéndice 6524 de la sección primera que se realizó en esta ciudad el tres de octubre de dos mil dieciocho, en relación al contrato de compraventa celebrado por los quejosos en su carácter de vendedor y por ** (comprador). Contrato privado del quince de abril de dos mil dieciséis celebrado entre las víctimas ** (vendedor), seis recibos de pago con firmas falsificadas de las aquí tercero interesadas. Copia certificada del Avaluó realizado por el ingeniero **, el veintitrés de octubre de dos mil ocho. Copia certificada del acta de matrimonio número 2721 de los señores ** inscrita en la Foja 183 del Libro 713 de la Oficialía 1 del Registro Civil de ciudad Juárez Chihuahua. Oficio número 1031/2019 de catorce de febrero de dos mil diecinueve, signado por el licenciado **, Encargado de la Oficina Central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. Oficio número 633/2020 de once de septiembre de dos mil veinte, signado por el licenciado **, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. Declaración testimonial de ocho de abril de dos mil veintiuno, rendida por **, ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia. Declaración testimonial de ocho de abril de dos mil veintiuno, rendida por **, ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado, y Desarrollo de la Justicia. Declaración testimonial de ocho de abril de dos mil veintiuno, rendida por **, ante el Agente del' Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justica Informe Pericial en Materia de Grafoscopia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, realizado por el licenciado ** perito en materia de Grafoscopia con cedula profesional 10675973. Copias del Juicio de Amparo 445/1989 1 promovido por ** del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, certificadas por la licenciada ** del Juzgado Quinto de distrito en el estado de Chihuahua. Copias del Toca No. 62/2015 relativo al recurso de apelación interpuesto en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de **, toda de apellidos **, Municipio de Juárez Chihuahua y Encargado del Registro Público de la Propiedad, certificadas por el licenciado ** Secretario de Acuerdos de la Sexta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Copia certificada de la cédula profesional Federal número 1945197 a nombre ** que lo acredita como licenciado en Derecho certificada por la licenciada ** aspirante a notario adscrita a la Notaria Pública número nueve de este Distrito Judicial Bravos, en funciones de notario por separación temporal de su titular el licenciado **, de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. De los cuales, acertadamente concluyó el Juez responsable, existe la posibilidad de que los aquí quejosos, hayan cometido el delito de despojo previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 232, fracción I, agravado según lo dispuesto por el Código Penal para el Estado de Chihuahua, pues se desprendieron datos compatibles con tal probabilidad. En primer término, como lo determinó el Juez del Tribunal de Primera Instancia, para acreditar la existencia del delito en comento es necesario que se demuestre a) la existencia de bien inmueble; b) que sin el consentimiento de quien puede otorgarlo, c) alguien se posesione de un bien inmueble ajeno o haga uso del mismo. Tales extremos, como indicó el Juez responsable, están actualizados. Ello, pues refirió que de la denuncia presentada por las víctimas **, todas de apellidos **, ante el agente del Ministerio Público, el primero de febrero de dos mil diecinueve, manifestaron que ** se enteró de los hechos cometidos por los aquí quejosos, en diciembre de dos mil dieciocho, al momento de realizar gestiones extrajudiciales, ampliación de la misma el veintidós de marzo del citado año; asimismo narraron que aproximadamente a las catorce horas con treinta y dos minutos del diecisiete de septiembre de dos mil trece, el quejoso **, promovió ante la Oficialía de turnos del Supremo Tribunal de Justicia del Distrito Bravos, demanda en la vía ordinaria civil en su contra, así como del Municipio de Juárez y Encargado del Registro Público de la Propiedad, el cual fue radicado bajo el número 971/2013, en el antes Juzgado Séptimo de lo Civil (hoy Juzgado Primero, bajo el número de expediente E7 971/2013), ello con el fin de obtener una sentencia de prescripción positiva y adjudicarse el inmueble ubicado en calle**, en esta ciudad, inscrito bajo la inscripción número 1348, folio 168, libro 1558, de la sección Primera del Registro Público de la Propiedad. Lo anterior, así como lo que se especificará en los párrafos posteriores con ayuda de diversos imputados de los cuales únicamente en caso necesario se hará mención de los mismos. Como resultado de dicha demanda por sentencia emitida el quince de mayo de dos mil quince, la Jueza Séptimo de lo Civil, determinó que el quejoso ** acreditó su acción y con ello se le declaró como propietario del citado inmueble. Ello presentando un contrato de compraventa falso, de quince de abril de dos mil seis, supuestamente signado por las víctimas, en su calidad de vendedoras y el quejoso en su calidad de comprador, el cual contiene firmas que no corresponden a las aquí tercero interesadas, así como seis recibos correspondientes a pagos parciales del predio, supuestamente signados por **. Asimismo, manifestaron que el quejoso **, el nueve de enero de dos mil catorce, presentó testigos falsos en el juicio 971/2013, para obtener su objetivo, quienes declararon que las víctimas celebraron contrato de compraventa con él, respecto del bien inmueble, precisado en párrafos precedentes, además testificaron que él tenía la posesión de éste, sin que fuera cierto. Una vez que obtuvo sentencia favorable el quejoso, ello con la ayuda de la persona que las víctimas contrataron para que las representara en el juicio intestamentario que promovieron, el cinco de febrero de dos mil dieciséis, se realizó la inscripción del inmueble ubicado en la calle **, en esta ciudad, a favor del garante en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 75, folio 82, del libro 6069, de la sección primera, haciendo de esta manera uso de un derecho real que no le pertenecía; lo anterior, conjuntamente con la aquí quejosa **, para posteriormente venderlo a **, el tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante contrato de compraventa el cual obra en escritura pública número 47522, volumen 1183, celebrado ante el licenciado **, quien se encontraba en funciones de Notario Público de la Notaria Pública Número Treinta del Distrito Judicial Bravos, causándoles un detrimento en su patrimonio y en su economía. Ahora bien, como lo señaló el Juez de Control responsable, para acreditar la propiedad del inmueble de las víctimas **, todas de apellidos **, se exhibió copia certificada del expediente E6 564/93, relativo al juicio sucesorio intestamentario que promovieron, con lo que se confirma presuntivamente la posesión del inmueble. En efecto, a los datos de prueba que se desprenden de las denuncias de las víctimas **, todas de apellidos **, el Juez de Control responsable, acertadamente les otorgó valor probatorio de indicio, de conformidad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues fue realizada ante la autoridad competente, a quien le refirieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho delictivo que aquí se analizara, ya que son quienes sufrieron directamente un quebranto patrimonial, por el desalojo del bien inmueble en cuestión, es conteste con lo narrado por las víctimas en sus denuncias, así como ratificación y ampliación de las mismas. Al respecto, no se pierde de vista que el Juez de Control responsable, para determinar la afectación, al menos en esta etapa procesal, que las propietarias del inmueble ubicado en calle **, en esta ciudad, tomo en consideración, la denuncia de las víctimas, su ratificación, ampliación, así como los diversos documentos aportados por las partes, a los cuales asignó la calidad de documentos públicos de conformidad con el artículo 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, a pesar de que, de tales documentos se desprende claramente, como el propio juzgador lo mencionó, que las víctimas en su ampliación de denuncia, refirieron tener la posesión material del terreno (inmueble) que les fue adjudicado en el convenio judicial respecto al proyecto de partición aprobado en el juicio sucesorio intestamentario 564/93, del entonces Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, el veinticinco de abril de dos mil cinco, por lo que consideró que dicho documento es apto para demostrar que **, todas de apellidos **, son propietarias, como se afirma, del inmueble del cual fueron despojadas. Sin embargo, lo anterior no merma la configuración del ilícito en estudio, pues lo cierto es que en esta etapa procesal, lo que sí está demostrado, es que el inmueble era propiedad de los sujetos activos, esto es, les resultaba ajeno, tan es así que para apoderarse del mismo recurrieron a testigos falsos, documentos falsos, tales como comprobantes de pago y contrato de compraventa realizado supuestamente con las víctimas en su calidad de vendedoras y el quejoso en su calidad de comprador. Por lo expuesto, el Juez de Control responsable, acertadamente concluyó, conforme al estándar que exige el artículo 19 Constitucional para dictar un auto de vinculación a proceso, que en este momento procesal y con los datos de prueba que arrojaron las diligencias desahogadas durante la integración de la carpeta de investigación, valoradas además en términos de los artículos 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí es posible concluir que los quejosos, en complicidad con otras personas, así como con quien las víctimas contrataron para que las representara en el juicio intestamentario, despojaron a las aquí terceras interesadas del bien inmueble, efectivamente, en esta etapa procesal, se configura el delito de despojo previsto en el artículo 232, fracción I, y el diverso 233 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en virtud de que los quejosos dispusieron de los derechos reales del bien inmueble desde el inicio hasta que trasladaron el dominio del mismo. En otro aspecto, el Juez de Control responsable, acertadamente estimó que se puede concluir, al menos en grado de probabilidad, que **, participaron como autores materiales, en el hecho delictivo (despojo) que nos ocupa, esto con los mismos datos de prueba ya descritos y valorados, adminiculados a las diligencias realizadas en la Fiscalía. En efecto, como refirió el Juez responsable, que de lo antes narrado, los quejosos acudieron ante el Notario Público Número Veintiocho **, para la apertura de un crédito hipotecario, lo que quedó demostrado con las copias certificadas de los instrumentos notariales 72933, 72934 y 72935, de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, y al estar en presencia de dicho funcionario público, éste les explica los actos que se van a realizar, por lo que saben que el acto que están cometiendo es ilícito; asimismo, del convenio de reconocimiento de adeudo refirieron ser dueños, tener la posesión y pleno dominio del bien inmueble, por lo que ejercieron un derecho real respecto del mismo. Lo que se constata, con la copia certificada de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de las cuales se desprenden hipotecas donde aparece Banco de Monterrey, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple denominado como acreedor y por otra parte el quejoso **, denominado como deudor y la quejosa **, como garantes hipotecarios; así como de la copia certificada de inscripción ante el registro público de la propiedad y del notariado expedida por la licenciada **, en cumplimiento a la sentencia emitida el quince de mayo de dos mil quince, en el juicio ordinario civil promovido por el quejoso **, en contra de las víctimas y el Municipio de Juárez integrado al expediente 971/2013, del índice del hoy Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos. A las cuales el Juez responsable les otorgó valor probatorio pleno, conforme a los artículos 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a lo manifestado por el defensor que las víctimas carecen de personalidad, no logró desvirtuar su dicho, en virtud de las pruebas de cargo aportadas por el Ministerio Público ya que las mismas expusieron como obtuvieron dicho bien inmueble, esto a través del juicio sucesorio intestamentario, al que ya se ha hecho mención en párrafos precedentes. Una vez realizado el estudio oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar los conceptos de violación que esgrimieron los quejosos en su demanda de amparo, en los que medularmente aducen: Refiere en su primer concepto que la responsable no incluyó todos los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, así como por su defensor al momento de emitir el auto de vinculación a proceso. En contestación al mismo al inicio de la audiencia y previo a declarar auto de vinculación a los quejosos, por el delito de despojo el Juez responsable, manifestó que a fin de no repetir todos los datos aportados tanto por el Ministerio Público, asesor jurídico de las víctimas y defensor de los imputados, los cuales las partes ya habían escuchado al estar presentes se tenían por reproducidos, ello a manera de agilizar la audiencia y por lo largo que era hacer repetición de todo. Lo anterior se estima ajustado a derecho, ya que no es necesaria la repetición de los puntos expresados por las partes, sino que al momento de emitir su determinación, precise en qué se basó y el por qué tomó dicha decisión, lo que así hizo, pues indicó de cada uno de los imputados el delito, el artículo que lo prevee, así como si se vinculaba o no a proceso; y aunque algunos argumentos del defensor fueron desestimados, los adminiculó a los diversos ofertados para demostrar, en grado de probabilidad, la comisión por parte de los aquí quejosos del ilícito de que se trata; por lo que dicho concepto de violación es infundado. Argumenta que el auto de vinculación a proceso no está fundado, ni motivado. Dicha aseveración es infundada, dado que como se precisó también en párrafos precedentes el Juez responsable fundó y motivó cada una de las determinaciones respecto de cada imputado, esto es el delito por el que se formulaba auto de vinculación a proceso o no, así como los artículos en que preveía cada delito, y los datos de prueba que tomo en consideración para ello, desglosándolos respecto de cada imputado. Asimismo, en virtud de acorde a lo que se establece el artículo 16 Constitucional, el cual prevé la obligación de las autoridades de señalar el precepto legal aplicable al caso concreto así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que se configuren las hipótesis normativas, lo que en el caso sí sucedió, pues en la audiencia de vinculación a proceso el Juez responsable expuso las razones por las cuales estimó que se configuraba el delito de despojo previsto en el artículo 232, fracción I, y el diverso 233 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en virtud de que los quejosos dispusieron de los derechos reales del bien inmueble desde el inicio hasta que trasladaron el dominio del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia número 204, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Página 166, del Apéndice 200 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, Materia Común, (registro digital: 917738), de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Consideraciones similares informa la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, que resolvió la Contradicción de Tesis 133/2004 PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, Materia Común, (registro: 176546), que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Que el Juez responsable omitió lo establecido en la fracción II del apartado A de la Constitución, pues manifiesta que de los datos de prueba no se desprende que la quejosa haya cometido algún acto ilícito. Dicho concepto de violación es infundado, ello ya que contrario a lo que expone el Juez responsable sí explico el por qué considera que tanto el quejoso como la quejosa, sí participaron al menos como coautores en el delito de despojo, ello al disponer de los derechos reales del bien inmueble desde el inicio hasta que trasladaron el dominio del mismo vendiéndolo a diversa persona, así como que al presentarse ante el Registro Público de la Propiedad lo hicieron en su carácter ce propietarios y poseedores del inmueble. Asimismo, se acreditó la existencia de bien inmueble, que tomaron posesión del mismo sin el consentimiento de las víctimas, y el ilícito se realizó, en el caso por más de dos personas; aunado a que como se dijo en párrafos precedentes, al acudir ante el Notario Público, éste tiene el deber de explicar los actos que se van a realizar, sin que la quejosa **, no hubiera tenido conocimiento de lo que se iba a realizar por lo que hay el elemento de dolo, asimismo, en el convenio de reconocimiento de adeudo refieren que son dueños, que tienen la posesión y pleno dominio del bien inmueble y en la inscripción del contrato de compra venta se encuentra el elemento subjetivo de trasladar la propiedad del inmueble por medio del despojo, así como el derecho real para adquirir una suma pecunaria manifestando que eran propietarios y se encontraban en posesión legal del inmueble, adquiriendo la propiedad estando casados bajo el régimen de sociedad conyugal, mediante juicio prescripción positiva contra las víctimas de apellidos **. Que violento lo establecido en el artículo 19 Constitucional, al no haber verificado la tipicidad de las conductas delictivas atribuidas, así como la participación en particular de la quejosa **, ello al ser esposa del imputado. Los argumentos vertidos por el defensor de los quejosos, ayudaron a corroborar al Juez responsable, en grado de probabilidad, que los imputados, aquí accionantes del amparo, sí se encontraban en posesión del inmueble ubicado en la calle **, y que posteriormente vendieron al aquí tercero interesado **, el tres de octubre de dos mil dieciocho, como se ha dicho antes en su calidad de propietarios y poseedores del mismo, por lo que al menos en esta etapa del procedimiento si se acreditó el hecho con apariencia del delito de despojo como coautores, ya que como se precisó en la audiencia era imposible que al acudir la quejosa a realizar diversos trámites respecto del inmueble con su esposo esta desconociera lo que estaba haciendo su marido, lo que se corroboró con las testimoniales precisadas en los datos de pruebas aportados, por lo que el concepto de violación es infundado. Que el Juez responsable omitió lo establecido en la fracción II del apartado A de la Constitución, pues manifiesta que de los datos de prueba no se desprende que la quejosa haya cometido algún acto ilícito. Al igual que se indicó en el concepto de violación que antecede este concepto es infundado, ello en virtud de que el Juez responsable con los datos aportados hasta el momento son suficientes para demostrar su probable responsabilidad en la comisión del hecho ilícito, como coautora, sin embargo, ello es así, pues hasta este momento procesal, como lo estableció el Juez responsable se obtiene que la quejosa al igual que su esposo se vio favorecida al momento de trasladar el bien inmueble aquí en cuestión. De ello, no se estima que haya datos de prueba insuficientes, sino que, todo lo contrario, los datos que fueron estimados individualmente y adminiculados entre sí por el Juez responsable, con sustento en los artículos 259, 260, 261, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten arribar a la conclusión de que, de momento, existe la probabilidad de que los quejosos participaron, en calidad de coautores materiales, en la comisión del delito que se les imputa. Se reitera nuevamente que, el Juez responsable, en esta etapa procesal no debía tener plenamente acreditado el delito y que fueron los imputados quienes participaron en su comisión en calidad de coautores materiales, sino, únicamente en grado de probabilidad, lo que el caso así aconteció. Además, la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, por lo que los quejosos podrán, de ser su deseo, ofrecer los que estimen adecuados para desplegar su defensa. En consecuencia, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del delito mencionado y la participación de los aquí quejosos en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos **, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Control responsable, el día cinco de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 5748/2021, por su probable participación en el delito de despojo, previsto en el artículo 232 fracción I agravado según lo dispuesto por el numeral 233 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a **, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes, por oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella, hoy trece de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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