Luz María Cortés Crespo
Expediente 513/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luz María Cortés Crespo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de siete de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad capital de este Estado, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), correspondiente al exhorto 275/2022, orden 286/2022, de su índice, formado con motivo del diverso 272/2022, orden 463/2022, de la estadística de este juzgado. Ahora bien, de las documentales anexas se advierte la imposibilidad que le asistió al fedatario judicial adscrito al citado Juzgado Décimo de Distrito, para llevar a cabo la notificación personal del proveído de siete de junio del año en curso, emitido en el presente juicio de amparo a la quejosa ***, en virtud de que una vez constituido en el domicilio señalado por la citada parte para oír y recibir notificaciones, y previo a haberse cerciorado de encontrarse en el domicilio correcto, hizo constar que no se localizó en el mismo a la persona buscada, ni a los autorizados que señaló en su libelo constitucional, en virtud de que la persona que entrevistó, le manifestó que no los conocen; por tanto, se tiene devuelto sin diligenciar el exhorto electrónico 272/2022, orden 463/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de comunicaciones oficiales enviadas así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que haya lugar a acusar recibo, en virtud de que éste se genera automáticamente al momento del envío de la comunicación oficial. Ahora bien, dada la imposibilidad que aconteció para notificar personalmente a la quejosa el auto de siete de junio del año que transcurre, en el que se determinó desechar la demanda de amparo que promovió en contra de la autoridad que señaló como responsable, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a la parte quejosa dicho acuerdo (siete de junio de dos mil veintidós), así como el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Acorde a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo séptimo, abril de dos mil ocho, Novena Época, materia común, cuyos título y texto son: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." En cumplimiento a la determinación cuya síntesis antecede, se notifica por lista a la parte quejosa, el proveído de siete de junio del año en curso, que en síntesis dice: Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente Chilpancingo de los Bravo, con el que remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del de este circuito, residente en esta ciudad, la demanda de amparo directo 259/2022 y anexos promovida por ***, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad capital de este Estado, toda vez que en proveído de veintisiete de mayo de la anualidad en curso, en el juicio de amparo directo laboral 259/2022 dicho Tribunal Colegiado, determinó que es legalmente incompetente, para conocer la demanda de amparo en virtud de lo siguiente: (...)se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha resolución no constituye un acto definitivo para los efectos del supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto a que se contrae la hipótesis mencionada en el último de los numerales, porque involucra un pronunciamiento pendiente de aceptarse por la autoridad considerada competente. Causa de improcedencia que es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 22, Décima época, registro, 2009912, del rubro y texto siguiente: "(...)." De tal suerte que, al no producirse una afectación material de derechos sustantivos a la parte quejosa, por no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, lo que actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo de mérito....
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente Chilpancingo de los Bravo, con el que remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del de este circuito, residente en esta ciudad, la demanda de amparo directo 259/2022 y anexos promovida por Luz María Cortez Crespo, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad capital de este Estado, toda vez que en proveído de veintisiete de mayo de la anualidad en curso, en el juicio de amparo directo laboral 259/2022 dicho Tribunal Colegiado, determinó que es legalmente incompetente, para conocer la demanda de amparo en virtud de lo siguiente: "(.) En ese orden de ideas, de las constancias que integran el toca civil 352/2021, en el que además obran agregadas copias certificadas del juicio oral mercantil 07-1/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en Acapulco, Guerrero, las cuales merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; se obtiene que en la sentencia reclamada dictada en el precitado toca civil, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, entre otras cuestiones, determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Esta Sala Civil es competente para conocer y resolver el presente asunto. SEGUNDO.- Se declara FUNDADA la EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA DE JURISDICCIÓN POR RAZÓN DE LA MATERIA, interpuesta por el licenciado JOSÉ ANTONIO PANTALEÓN ZAMUDIO; en su calidad de Subdirector de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria (sic) de Salud del Estado de Guerrero, en representación de SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO, en contra del JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, en el expediente número 07-1/2021, relativo al JUICIO ORAL MERCANTIL, promovido por LUZ MARÍA CORTÉS CRESPO, en contra de la SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO. TERCERO.- Por las razones jurídicas señaladas en este fallo, el juez primigenio no es competente por razón de la materia para conocer sobre el juicio oral mercantil, promovido por LUZ MARÍA CORTÉS CRESPO, en contra de la SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUARTO.- Es competente para conocer del presente asunto la SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, con residencia en la ciudad de Acapulco, Guerrero, el que debe el juez de origen remitir las actuaciones originales, una vez que cause estado la presente resolución. QUINTO.- Consecuentemente, se declara nulo todo lo actuado, con excepción a la demanda y contestación de la misma. SEXTO.- Con testimonio autorizado de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su procedencia y en su oportunidad, archívese el toca como asunto totalmente concluido. SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. [.]" Como se observa, la sentencia reclamada no decidió el juicio oral mercantil de origen en lo principal ni le puso fin, sino que declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria de Jurisdicción por razón de la materia, opuesta por la parte demandada, y, declaró competente para conocer del asunto a la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, a quién ordenó se remitieran los autos; por lo tanto, no es controvertible en la vía directa, sino que corresponde a un juez de distrito analizar la demanda de amparo en la vía indirecta y calificar su procedencia, aspecto este último sobre el cual este tribunal colegiado no prejuzga, por lo que el juez de distrito tendrá expeditas sus facultades para analizar dicha cuestión con plenitud de jurisdicción, en términos de lo dispuesto par el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que dispone: (.)" En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este tribunal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Luz María Cortés Crespo, por su propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad capital de este Estado y otra autoridad. Anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 513/2022, que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de mérito. Con las constancias que se reciben, consistente en el expediente original del toca civil número 352/2021, se ordena formar un tomo de prueba y guardarse por separado. Asimismo, de conformidad con el invocado dispositivo legal, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Ahora bien, de la lectura del escrito constitucional en estudio, se aprecia que la quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: -La resolución de dieciocho de enero de dos mil veintidós, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad capital de este Estado, en el toca civil 352/2021, mediante la cual declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción en razón de materia, interpuesta en el juicio oral mercantil 7-I/2021, tramitado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Tabares, y determinó que la autoridad competente es la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, ordenando con ello, remitir las actuaciones originales a la autoridad competente. Cabe destacar que la identificación de lo destacado, se verifica de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, al interpretar la verdadera intención del promovente, analizando los anexos y la información allegada por el justiciable; es decir, lo que quisieron decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya a lo antes anotado, la Jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 192097, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo rubro y texto establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado lo anterior, debe decirse que se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por ende, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, como se expone. Sobre este aspecto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, este juzgador, advierte que en la especie, se surte la causal de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución reprochada en esta sede constitucional, no constituye un acto definitivo para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, tal y como a continuación se explica. Los numerales antes citados establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. Por otra parte, el diverso numeral 107, fracción VIII, antes reproducido, dispone que el juicio de amparo es procedente contra determinaciones en las que se declare inhibir o declinar la competencia de un asunto. Ahora bien, respecto de los actos que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que, de conformidad con la Ley de Amparo vigente, es procedente el juicio de amparo siempre que sean definitivos. Así, el Alto Tribunal del País en la resolución relativa sostuvo que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio, que se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional, a través de la declinatoria y la inhibitoria. Igualmente, acotó que existen dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional que tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos, a saber la declinatoria que se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de ello y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria que es factible de plantear ante la autoridad que no conoce del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad correspondiente, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos del juicio. Luego, se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de u asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Lo anterior es acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y, además, es congruente con la creación de la nueva Ley de Amparo, pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio biinstancial, el acto que se reclame debe ser aquel en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, teniendo en cuenta que uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal, que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior, se encuentra en la Jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo I, página 5, Décima época, registro 2009721, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa." En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Por tanto, si el acto reclamado consiste en la determinación emitida el dieciocho de enero de dos mil veintidós, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad capital de este Estado, en el toca civil 352/2021, mediante el cual declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción en razón de materia, interpuesta en el juicio oral mercantil 7-I/2021, tramitado ante el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Tabares, y determinó que la autoridad competente es la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad de Acapulco, Guerrero, ordenando remitir las actuaciones originales a dicha autoridad. Es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha resolución no constituye un acto definitivo para los efectos del supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto a que se contrae la hipótesis mencionada en el último de los numerales, porque involucra un pronunciamiento pendiente de aceptarse por la autoridad considerada competente. Causa de improcedencia que es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 22, Décima época, registro, 2009912, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." De tal suerte que, al no producirse una afectación material de derechos sustantivos a la parte quejosa, por no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, lo que actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo de mérito.... Notifíquese personalmente.
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