Luz María Cerezo Hernández

Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
836/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Luz María Cerezo Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la tercero interesada Araceli González Estrada, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de nueve de enero de dos mil veintitrés, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte tercero interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA TERCERA INTERESADA ARACELI GONZÁLEZ ESTRADA POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERNINACIÓN: (RESOLUCIÓN DE 09-ENERO-2023) VISTO, para resolver el juicio de amparo 836/2022, promovido por Luz María Cerezo Hernández contra actos del Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del estado de Morelos, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Luz María Cerezo Hernández solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del estado de Morelos "La orden dictada en los autos del expediente civil número 173/2021-2, para el efecto de ingresar a mi domicilio ubicado en calle Hacienda de Oacalco número 40, Fraccionamiento Jardines de la Hacienda, Segunda Sección del Municipio de Jiutepec, Morelos y llevar a cabo la práctica de una diligencia de carácter judicial de la cual la suscrita quejosa no es parte". Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos "El cumplimiento y ejecución material que pretenden dar a dicha orden". Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos SEGUNDO. El treinta de junio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 836/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: 1. Del Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del estado de Morelos: La orden consistente en la realización de una diligencia de carácter judicial en el domicilio de la quejosa, emitida en el expediente 173/2021, de su índice. 2. Del juez y actuario adscritos al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos: La ejecución de una diligencia de carácter judicial en el domicilio de la quejosa, emitida en el expediente 173/2021, del registro del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; circunstancia que se corrobora con las copias certificadas que acompañaron a sus informes justificados, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este juzgador está obligado a analizar las causas de improcedencia que se actualizan en este juicio, con independencia de que las partes las invoquen, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que acontece la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del primero de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Respecto del interés jurídico, debe mencionarse que es necesario que se acredite fehacientemente, y no solamente se infiera. En ese sentido, el Juez Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del estado de Morelos refirió en su informe justificado, que en su juzgado se encuentra radicado el expediente 173/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Aracely González Estrada, en contra de José Luis Marín N, en su carácter de deudor principal y Antonio Saldaña Galicia, en su carácter de aval. El treinta de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite esa demanda y se dictó el auto de mandamiento para emplazar y requerir a los demandados el pago de la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal, así como de los accesorios legales a que haya lugar. Se apercibió a los demandados que en caso de no hacerlo, se embargarían bienes de su propiedad, suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas. Debido a que el domicilio de los demandados se encontraba fuera de la jurisdicción del juzgado que conoce del juicio de origen, se envió un exhorto al Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos. En cumplimiento a lo anterior, el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita al juzgado exhortado se constituyó en el domicilio de Antonio Saldaña Galicia y llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Ahí, se embargó un vehículo automotor marca Toyota Rush, color azul, con número de placas 590WLP, con placas de la Ciudad de México y sin número de serie. Posteriormente, mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la quejosa presentó una tercería excluyente de dominio en contra del embargo trabado en la diligencia de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, debido a que refirió que el automóvil embargado es de su propiedad y no de Antonio Saldaña Galicia -cónyuge de la quejosa-. Dicha solicitud fue remitida por el juzgado del conocimiento, al juzgado de primera instancia competente, para su tramitación y resolución. En atención a lo anterior, la parte actora, mediante escrito presentado ante el juzgado responsable, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, solicitó ampliación del embargo. Por lo tanto, en acuerdo de uno de marzo del año en curso, giró un exhorto al Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos, a fin de llevar a cabo la ampliación del embargo, respecto del demandado Antonio Saldaña Galicia. Así, el catorce de marzo de dos mil veintidós, el Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos, radicó esa comunicación bajo el número de exhorto 79/2022-2 y ordenó diligenciarlo en sus términos. En acatamiento a ello, el veintisiete de abril de dos mil veintidós, el fedatario adscrito al juzgado exhortado, mediante razón actuarial, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Oacalco número cuarenta-A, colonia Jardines de la Hacienda II, Jiutepec, Morelos; e hizo constar su imposibilidad para llevar a cabo la diligencia encomendada. Previa solicitud de la parte actora, el cuatro de junio de dos mil veintidós, nuevamente el actuario adscrito al juzgado exhortado, se constituyó en el domicilio de la parte demandada para ejecutar la actuación ordenada, sin que se hubiere logrado. No se pierde de vista que la parte quejosa refiere que el nueve de junio de dos mil veintidós, fue cuando el "personal adscrito" al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos, se constituyó en su domicilio para llevar a cabo una "diligencia de carácter judicial". Sin embargo, de autos no se desprende que se hubiere intentado llevar a cabo una actuación posterior a la de cuatro de julio de dos mil veintidós. Derivado de lo anterior, la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, con el propósito de impedir que se lleve alguna otra diligencia en su domicilio, ya que se ostenta como propietaria del inmueble ubicado en calle Oacalco número cuarenta-A, colonia Jardines de la Hacienda II, Jiutepec, Morelos. Para acreditar su dicho, exhibió copia certificada del comprobante fiscal digital por internet, del pago del impuesto predial para el año dos mil veintidós, de dos de diciembre de dos mil veintiuno, con folio 36369, expedido por el ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; relacionado con el inmueble ubicado en "HDA OACALCO M-L, L-40, J. DE LA HDA. II". Asimismo, ofreció como prueba, una copia certificada de su credencial para votar, en el cual aparece que su domicilio es el ubicado en "C HACIENDA DE OACALCO 40 FRACC. JARDINES DE LA HDA 2DA SECC 62654 JIUTEPEC, MOR". Una vez analizadas y valoradas las documentales públicas ofrecidas por la parte quejosa, este juzgador advierte que no se acredita de manera fehaciente la propiedad del inmueble ubicado en calle Oacalco número cuarenta-A, colonia Jardines de la Hacienda II, Jiutepec, Morelos; y por ende, la promovente carece de interés jurídico para promover el presente juicio. En efecto, aun cuando las documentales públicas ofrecidas tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no resultan suficientes para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues cuando la persona quejosa se ostente como persona extraña a un juicio, a fin de acreditar su posesión y que esta sea objeto de protección en el amparo indirecto, debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas. Lo anterior es así, pues para la protección de un derecho de posesión, es necesario determinar, en primer lugar, qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Es decir, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre estas. Para pronta referencia, se invoca la jurisprudencia P./J. 1/2002, que es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En el presente asunto, las documentales exhibidas por la parte quejosa no reúnen los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerarlas como un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, pues no producen una convicción fehaciente del derecho reclamado, al no amparar la causa generadora de la posesión que se aduce en el escrito de demanda. En tales condiciones, no puede considerarse que las documentales exhibidas por la parte quejosa sean suficientes para otorgarle el carácter de propietaria y de este modo, acreditar que tiene interés jurídico en el juicio de amparo, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luz María Cerezo Hernández, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Marisela Cruz Gutiérrez, secretaria que da fe, hasta hoy nueve de enero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 836/2022, promovido por Luz María Cerezo Hernández contra actos del Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del estado de Morelos, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Luz María Cerezo Hernández solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del estado de Morelos "La orden dictada en los autos del expediente civil número 173/2021-2, para el efecto de ingresar a mi domicilio ubicado en calle Hacienda de Oacalco número 40, Fraccionamiento Jardines de la Hacienda, Segunda Sección del Municipio de Jiutepec, Morelos y llevar a cabo la práctica de una diligencia de carácter judicial de la cual la suscrita quejosa no es parte". Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos "El cumplimiento y ejecución material que pretenden dar a dicha orden". Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos SEGUNDO. El treinta de junio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 836/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: 1. Del Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del estado de Morelos: La orden consistente en la realización de una diligencia de carácter judicial en el domicilio de la quejosa, emitida en el expediente 173/2021, de su índice. 2. Del juez y actuario adscritos al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos: La ejecución de una diligencia de carácter judicial en el domicilio de la quejosa, emitida en el expediente 173/2021, del registro del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados; circunstancia que se corrobora con las copias certificadas que acompañaron a sus informes justificados, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este juzgador está obligado a analizar las causas de improcedencia que se actualizan en este juicio, con independencia de que las partes las invoquen, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se advierte que acontece la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del primero de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Respecto del interés jurídico, debe mencionarse que es necesario que se acredite fehacientemente, y no solamente se infiera. En ese sentido, el Juez Segundo Menor Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del estado de Morelos refirió en su informe justificado, que en su juzgado se encuentra radicado el expediente 173/2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Aracely González Estrada, en contra de José Luis Marín N, en su carácter de deudor principal y Antonio Saldaña Galicia, en su carácter de aval. El treinta de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite esa demanda y se dictó el auto de mandamiento para emplazar y requerir a los demandados el pago de la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal, así como de los accesorios legales a que haya lugar. Se apercibió a los demandados que en caso de no hacerlo, se embargarían bienes de su propiedad, suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas. Debido a que el domicilio de los demandados se encontraba fuera de la jurisdicción del juzgado que conoce del juicio de origen, se envió un exhorto al Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos. En cumplimiento a lo anterior, el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la actuaria adscrita al juzgado exhortado se constituyó en el domicilio de Antonio Saldaña Galicia y llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Ahí, se embargó un vehículo automotor marca Toyota Rush, color azul, con número de placas 590WLP, con placas de la Ciudad de México y sin número de serie. Posteriormente, mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la quejosa presentó una tercería excluyente de dominio en contra del embargo trabado en la diligencia de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, debido a que refirió que el automóvil embargado es de su propiedad y no de Antonio Saldaña Galicia -cónyuge de la quejosa-. Dicha solicitud fue remitida por el juzgado del conocimiento, al juzgado de primera instancia competente, para su tramitación y resolución. En atención a lo anterior, la parte actora, mediante escrito presentado ante el juzgado responsable, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, solicitó ampliación del embargo. Por lo tanto, en acuerdo de uno de marzo del año en curso, giró un exhorto al Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos, a fin de llevar a cabo la ampliación del embargo, respecto del demandado Antonio Saldaña Galicia. Así, el catorce de marzo de dos mil veintidós, el Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos, radicó esa comunicación bajo el número de exhorto 79/2022-2 y ordenó diligenciarlo en sus términos. En acatamiento a ello, el veintisiete de abril de dos mil veintidós, el fedatario adscrito al juzgado exhortado, mediante razón actuarial, se constituyó en el domicilio ubicado en calle Oacalco número cuarenta-A, colonia Jardines de la Hacienda II, Jiutepec, Morelos; e hizo constar su imposibilidad para llevar a cabo la diligencia encomendada. Previa solicitud de la parte actora, el cuatro de junio de dos mil veintidós, nuevamente el actuario adscrito al juzgado exhortado, se constituyó en el domicilio de la parte demandada para ejecutar la actuación ordenada, sin que se hubiere logrado. No se pierde de vista que la parte quejosa refiere que el nueve de junio de dos mil veintidós, fue cuando el "personal adscrito" al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del estado de Morelos, se constituyó en su domicilio para llevar a cabo una "diligencia de carácter judicial". Sin embargo, de autos no se desprende que se hubiere intentado llevar a cabo una actuación posterior a la de cuatro de julio de dos mil veintidós. Derivado de lo anterior, la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, con el propósito de impedir que se lleve alguna otra diligencia en su domicilio, ya que se ostenta como propietaria del inmueble ubicado en calle Oacalco número cuarenta-A, colonia Jardines de la Hacienda II, Jiutepec, Morelos. Para acreditar su dicho, exhibió copia certificada del comprobante fiscal digital por internet, del pago del impuesto predial para el año dos mil veintidós, de dos de diciembre de dos mil veintiuno, con folio 36369, expedido por el ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; relacionado con el inmueble ubicado en "HDA OACALCO M-L, L-40, J. DE LA HDA. II". Asimismo, ofreció como prueba, una copia certificada de su credencial para votar, en el cual aparece que su domicilio es el ubicado en "C HACIENDA DE OACALCO 40 FRACC. JARDINES DE LA HDA 2DA SECC 62654 JIUTEPEC, MOR". Una vez analizadas y valoradas las documentales públicas ofrecidas por la parte quejosa, este juzgador advierte que no se acredita de manera fehaciente la propiedad del inmueble ubicado en calle Oacalco número cuarenta-A, colonia Jardines de la Hacienda II, Jiutepec, Morelos; y por ende, la promovente carece de interés jurídico para promover el presente juicio. En efecto, aun cuando las documentales públicas ofrecidas tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no resultan suficientes para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues cuando la persona quejosa se ostente como persona extraña a un juicio, a fin de acreditar su posesión y que esta sea objeto de protección en el amparo indirecto, debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas. Lo anterior es así, pues para la protección de un derecho de posesión, es necesario determinar, en primer lugar, qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Es decir, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre estas. Para pronta referencia, se invoca la jurisprudencia P./J. 1/2002, que es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En el presente asunto, las documentales exhibidas por la parte quejosa no reúnen los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerarlas como un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, pues no producen una convicción fehaciente del derecho reclamado, al no amparar la causa generadora de la posesión que se aduce en el escrito de demanda. En tales condiciones, no puede considerarse que las documentales exhibidas por la parte quejosa sean suficientes para otorgarle el carácter de propietaria y de este modo, acreditar que tiene interés jurídico en el juicio de amparo, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luz María Cerezo Hernández, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Marisela Cruz Gutiérrez, secretaria que da fe, hasta hoy nueve de enero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, el inciso c), fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: SENTENCIA DE FECHA NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIRÉS: "... En el presente asunto, las documentales exhibidas por la parte quejosa no reúnen los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerarlas como un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, pues no producen una convicción fehaciente del derecho reclamado, al no amparar la causa generadora de la posesión que se aduce en el escrito de demanda. En tales condiciones, no puede considerarse que las documentales exhibidas por la parte quejosa sean suficientes para otorgarle el carácter de propietaria y de este modo, acreditar que tiene interés jurídico en el juicio de amparo, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, que dispone lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo anterior dispone que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luz María Cerezo Hernández, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Marisela Cruz Gutiérrez, secretaria que da fe, hasta hoy nueve de enero de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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