Luz María Castro Mondragón
Expediente 224/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2017
Partes del expediente
- Luz María Castro Mondragón
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos, el oficio 14897/2017, signado por la Secretaria *****, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; a través del cual informa que tuvo por recibo el oficio en el que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada, al cual le fue adjuntado el expediente **** en un tomo de su índice, y sus respectivas copias de traslado. Asimismo, hace del conocimiento que declinó la competencia al Juzgado de Distrito en turno de Baja California Sur, con residencia en la Paz. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Principal
Visto el oficio y anexos de cuenta, téngase a la Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, declinando competencia para conocer de la demanda de garantías promovida por ********, por propio derecho, contra actos del Consejo de Honor Superior de la Segunda Región Naval de la Secretaria de Marina, Armada de México, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese su ingreso con el número 224/2017-VII-A. Del análisis de la demanda de amparo, y anexos que se acompañan, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, no acepta la competencia planteada para conocer de la presente demanda de amparo, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. cuando pueda ejecutarse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, ante quien se presente la demanda; y, 3. cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. En el caso concreto la parte quejosa reclama lo siguiente: ***** De lo anterior, y con independencia de los argumentos del juez declinante, esta juzgadora considera lo siguiente: No se comparte el criterio adoptado por el juez declinante, en el sentido que este órgano constitucional es competente para conocer de la presente demanda, por el hecho de que los actos tildados de inconstitucionales por la quejosa tienen ejecución material en el Estado de Baja California, por tratarse de la demarcación territorial en donde se encuentra adscrita como Oficial de la Armada de México, y donde se ejecutará la sanción que se le impuso a ésta, consistente en una comisión subalterna por el término de seis meses, prevista en el artículo 50, fracción III, en relación con el 61 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México. Pues contrario a lo resuelto por la juez declinante, el acto reclamado tendrá o puede tener ejecución en dos distritos diferentes; se afirma lo anterior, tomando en cuenta que la quejosa en su escrito de demanda, específicamente en el capítulo de antecedentes, señala que se desempeña como Oficial de la Armada de México, con el grado de Teniente de Navío Servicio Sanidad Naval Médico, licenciada en enfermería, adscrita al Sector Naval de Santa Rosalía, Baja California, en el Hospital Naval; sin embargo, la mencionada ciudad en la que la quejosa presta sus servicios, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, al encontrarse dicho hospital situado en el Estado de Baja California Sur, de lo que se colige que en todo caso, la competencia recaería en el Juez de Distrito en turno con residencia en La Paz, Baja California Sur. Ahora bien, como se estableció con antelación, a criterio de esta juez, el acto reclamado de igual forma pudiera tener ejecución en la ciudad de México, lugar en donde la peticionaria del amparo presentó su demanda; lo anterior, tomando en consideración lo señalado por ésta en su escrito de demanda, al señalar que la autoridad que le atribuye la ejecución materialmente el acto reclamado, lo es el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, con residencia en aquella entidad, es por ello que la parte quejosa, no obstante tener su domicilio en Santa Rosalía, Baja California Sur, presentó la demanda de amparo en la Ciudad de México. Sin que pase inadvertido para quien esto resuelve, el hecho de que la autoridad que la quejosa denominó como Consejo de Honor Superior de la Segunda Región Naval de la Secretaría de Marina, Armada de México, tenga su residencia en esta ciudad de Ensenada, Baja California, ya que si bien es cierto, según se advierte de la demanda, fue la autoridad responsable que confirmó el recurso de inconformidad, presentado por la parte quejosa; también lo es que, la que resolvió en primera instancia sobre la sanción, consistente en el cambio de adscripción de la quejosa, fue el Consejo de Honor Ordinario del Sector Naval de Santa Rosalía, Baja California Sur, lugar en el que se insiste presta sus servicios y que además se estableció tendrá ejecución material el acto reclamado; sin pasar por alto lo expresado por la quejosa, en el sentido que será el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, quien ordenará se lleve a cabo la ejecución del acto, sin que se desprenda que la autoridad responsable con residencia en esta ciudad de Ensenada, tenga vinculación con la ejecución del acto, para determinar que este órgano de control constitucional, tenga competencia para conocer y resolver sobre la demanda de amparo declinada. Por lo anterior, se estima que en el caso se surte la hipótesis prevista en el segundo párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados pueden tener ejecución en más de dos Distritos, como se vio, en la Ciudad de México y en Baja California Sur, por lo que, de conformidad con lo expresamente dispuesto en el precepto legal invocado, es competente el Juez ante quien se haya presentado la demanda. Apoyándose estas consideraciones en las siguientes tesis de tribunales colegiados sustentadas en resolución de conflictos de competencia en asuntos similares: "COMPETENCIA TERRITORIAL. CUANDO EL ACTO RECLAMADO TENGA EJECUCIÓN MATERIAL INDEPENDIENTE EN DOS O MÁS DISTRITOS DIFERENTES, OPERA EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN EN APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO. La segunda hipótesis que prevé dicho artículo se refiere a cuando el acto tenga ejecución material y ha iniciado su ejecución en un distrito y continúa ejecutándose en otro; de manera que existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de varios Jueces de Distrito, ya que cuando un acto de autoridad inicia su ejecución en un distrito y siga ejecutándose en otro, la competencia para conocer del juicio se surtirá a favor del que hubiere prevenido, es decir, del que haya recibido primero la demanda que lo pone en aptitud de efectuar actos procesales tendientes a sustanciar el juicio antes que su contendiente competencial. Por su parte, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que la presentación de las demandas de amparo deben realizarse ante los Jueces de Distrito que ejerzan jurisdicción en el lugar en donde el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, lo que reviste primordial importancia para determinar a qué órgano le recae la competencia de un asunto en particular, con lo cual queda claro que las autoridades que dictan u ordenan los actos reclamados juegan un papel determinante en la esfera jurídica del peticionario de garantías, pero las autoridades ejecutoras cobran mayor importancia en la medida en que son las que materialmente afectan al gobernado hasta sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive o en donde se ubique el bien o cosa en que habrán de recaer los efectos o consecuencias del acto reclamado. Y constituye un criterio eficaz, en atención a que se evitan dilaciones procesales causadas cuando se hace necesario girar exhortos o despachos a tribunales de distinta jurisdicción para que en su auxilio practiquen notificaciones, levanten embargos, o se practique el desahogo de pruebas de inspecciones, testimoniales u otras diligencias dictadas tanto en el cuaderno principal como en el de suspensión, que por estar fuera de su jurisdicción no puede realizar en forma personal o por conducto de su personal adscrito. Lo anterior evidencia que el legislador no previó la hipótesis consistente en que un mismo acto reclamado pueda tener ejecución independiente en dos lugares distintos, por lo cual, para estos casos, se estima conveniente aplicar de manera analógica, la segunda hipótesis que prevé el artículo 36 de la Ley de Amparo, que refiere que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, teniendo en cuenta que al conocer de la ejecución tendrá que pronunciarse sobre el acto de la autoridad ordenadora, y cualquiera de ellas, podrá conocer del caso; de modo que debe regir la regla de la prevención para definir al Juez que deba conocer de ambos actos, la orden y su ejecución. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO." [Novena Época. Registro: 173079. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Marzo de 2007. Materia(s): Civil, Común. Tesis: I.3o.C.583 C. Página: 1649.] "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBAN EJECUTARSE EN DISTRITOS JUDICIALES DISTINTOS. CORRESPONDE CONOCER AL JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCIÓ INICIALMENTE DE LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que deba ejecutarse el acto, sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda se refiere a la ejecución que pueda darse en dos distritos diferentes. Por tanto, si la ejecución material de los actos como el remate, comenzó en un distrito judicial y continuó o tendrá que continuar en otro distinto a aquél, como lo sería el anuncio de la venta, el llamamiento de postores en el lugar de la ubicación del inmueble y, en su caso, el desposeimiento del inmueble rematado, entre otros, debe estimarse que resulta competente para conocer el Juez de Distrito que previno, esto es, el que haya conocido inicialmente de la demanda, en estricta aplicación de la segunda regla de competencia prevista en el artículo 36 de la Ley de Amparo. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO." [Novena Época. Registro: 182010. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Marzo de 2004. Materia(s): Común. Tesis: I.11o.C.19 K. Página: 1531.] Entonces, si tomamos en consideración que el acto reclamado tiene ejecución tanto en el Circuito Judicial de la Ciudad de México, como en Baja California Sur, y que la demanda se presentó ante Juez de Distrito ubicado dentro del primer circuito mencionado, es inconcuso que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo, precisamente por no ser el Juzgado ante quien se presentó la demanda. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado de Distrito no resulta competente para conocer del juicio de amparo en comento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia declinada por la Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Por tanto, devuélvase a la autoridad oficiante el juicio de amparo 590/2017 de su índice y anexos, mismo que a su vez dio origen al diverso 224/2017, del índice de este órgano de control constitucional. Solicítese a la citada autoridad declinante, el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
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