Luz María Castillo Vega

Expediente 1299/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1299/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Luz María Castillo Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del diverso con el que este juzgado le remitió las constancias que sirvieron de apoyo para resolver este juicio; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda y en atención a su contenido, se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en contra de la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia se declara firme la citada determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otro lado, devuélvase a la sala responsable las constancias que remitió a esta instancia constitucional en apoyo a su informe justificado; en el entendido de que deberá emitir el acuse de recibo en el plazo de tres días. Ahora, es de señalarse que tanto el cuaderno principal en que se actúa, así como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción. En efecto, el primero de ellos se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se sobreseyó el juicio respecto de todos los actos reclamados; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del Acuerdo General referido. En relación con el duplicado del cuaderno incidental, el mismo es destruible en términos del arábigo 20, fracción II, inciso a) del mutireferido Acuerdo General; por lo que una vez cumplido el plazo de seis meses contados a partir de notificación de este acuerdo, se procederá de inmediato a su destrucción, ello en términos de lo dispuesto en el numeral en cita. En atención a que en el caso en particular, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el cuaderno original del incidente de suspensión debe depurarse en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General plurimencionado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, o en su caso, las inherentes a su violación y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Por lo que, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del cuaderno referido y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, así como la certificación secretarial que antecede, se desprende que ya transcurrió el término de veinte días que le fue concedido a la quejosa para dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, es decir, para recoger los edictos ordenados a efecto de emplazar al tercero interesado ****, y señalar en qué periódico realizaría la publicación de los mismos para lo cual debía acreditar el pago respectivo con los recibos correspondientes, sin que hasta este momento haya cumplido con lo ordenado, aun cuando se encuentra debidamente notificada para tal efecto; en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de la audiencia constitucional. En efecto, en el juicio de amparo en que se actúa, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b), 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo. Las citadas porciones normativas establecen: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II.-El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Por su parte, el artículo 27, fracción III, inciso b) de la legislación de la materia establece: "Artículo 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III.- Cuando no conste en autos domicilio para oír y recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b).- Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se proporcione en que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último señalado para oír y notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Finalmente, el ordinal 5°, fracción III, inciso b), del mismo cuerpo legal dispone: "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] III.- El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: [.] b).- La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. [.]." De dichos preceptos se colige que en los juicios de amparo, en caso de no poder realizarse el emplazamiento al tercero interesado en forma personal, el mismo se practicará por edictos a costa del quejoso, para lo cual se pondrán a su disposición los ejemplares correspondientes para que los recoja y publique en el Diario Oficial de la Federación y en el de mayor circulación de la República Mexicana. En caso de que el inconforme no acredite haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el procedimiento constitucional. Lo anterior es así, porque la contumacia en que incurre el impetrante del amparo al no cumplir con lo anterior, impide observar un presupuesto procesal que se rige como formalidad esencial del procedimiento como lo es el emplazamiento del tercero interesado, y en consecuencia, el juzgador federal se encuentra impedido para pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Y, es que las determinaciones que se adoptan en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, de ahí que la falta de su emplazamiento al asunto es atribuible al quejoso por la falta de publicación de los edictos y, por ende, lo torna improcedente pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a la contienda a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De manera que, al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, -a costa de la parte quejosa-, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso. Sentadas las premisas anteriores, en la especie se tiene que por auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo como tercero interesado a ****, por lo que se ordenó su llamamiento al presente sumario, diligencia que habría de practicarse en el domicilio proporcionado por la peticionaria. Sin embargo, por razón actuarial de veinte de diciembre siguiente, se hizo constar la imposibilidad que se tuvo para llevar a cabo dicho emplazamiento en el domicilio proporcionado por la promovente. Por ende, en proveído de veinticuatro de diciembre del año pasado, este órgano jurisdiccional requirió a la quejosa, para que en el plazo de tres días proporcionara, de tener conocimiento, el domicilio real y exacto del mencionado tercero interesado. Asimismo, se ordenó girar oficio al Juez Cuadragésimo Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días proporcionara el último domicilio que señaló el referido tercero interesado, en el expediente de origen, con la finalidad de emplazarlo a juicio. La mencionada autoridad responsable aportó un domicilio, sin embargo, mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil veinte, no se hizo pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que en esa dirección existió la imposibilidad para emplazar al tercero interesado, tal como se estableció en la razón actuarial de veinte de diciembre del año pasado. En consecuencia, toda vez que no se tuvo conocimiento del domicilio del multicitado tercero interesado para emplazarlo; en proveído de veintisiete de enero ulterior este órgano jurisdiccional dictó las medidas conducentes para su localización, tales como girar oficios a diversas dependencias que cuentan con datos domiciliarios de las personas. Por auto de once de febrero posterior, se ordenó turnar los autos al actuario de la adscripción para que se constituyera en las direcciones proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Administrador de Operación de Padrones "1" de la Administración General de Servicios al Contribuyente, y emplazara al tercero interesado. El actuario adscrito a este órgano jurisdiccional en diversas razones actuariales asentó que en las direcciones proporcionadas, las personas con quien entendió las diligencias se negaron a recibir la notificación, ya que le expusieron que en esos lugares no vivía la persona física buscada -tercero interesado-, motivo por el cual, en proveído de veinticuatro de febrero siguiente, este juzgador señaló que de las copias certificadas que remitió la sala responsable en apoyo a su informe justificado se advertía un posible domicilio donde podía ser emplazado, mismo que se encontraba fuera de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional; por ende, giró exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordenara al actuario de su adscripción, se constituya en el domicilio que se le indicó y emplazara al tercero interesado ****. El Secretario en Funciones de Juez del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, devolvió sin diligenciar el exhorto referido; por lo tanto, en auto de diez de marzo siguiente, este juzgador ordenó emplazar al tercero interesado en los domicilios aportados por el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales al estar fuera de la jurisdicción territorial de este juzgado, se giraron exhortos al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, y al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ambos en turno, para el efecto de que llevaran a cabo la diligencia de llamamiento. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la Ciudad del mismo nombre y el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, devolvieron sin diligenciar las comunicaciones oficiales que les fueron enviadas. Consecuentemente, al haberse agotado los medios para la localización del tercero interesado *****, en proveído de veintisiete de agosto de la presente anualidad, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el numeral 27 fracción III, inciso b) de este último ordenamiento. Asimismo, en tal auto se otorgó a la inconforme un plazo de veinte días para que recogiera los edictos e informara el periódico en que se realizaría la publicación respectiva, para lo cual debía acreditar el pago relativo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, ponderadas las circunstancias del asunto, se podría sobreseerse el presente juicio de amparo. En ese contexto, de las constancias que se encuentran agregadas en autos se advierte que el auto de mérito fue notificado a la promovente el nueve de septiembre de dos mil veinte; notificación que surtió efectos el diez siguiente, por ende, el plazo que le fue otorgado para que recogiera los edictos inició el once posterior y feneció el catorce de octubre, ya que fueron inhábiles los días doce, trece, dieciséis, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre, así como el diez, once y doce de octubre, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. También el catorce y quince de septiembre en atención a la circular 13/2020 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Por lo tanto, si dentro del sumario no obra documento o comparecencia de la que se advierta que la promovente cumplió con lo ordenado en proveído de veintisiete de agosto del presente año en el plazo que le fue concedido, es claro que esa circunstancia demuestra una falta de interés, no relativo al juicio, sino a su tramitación pues con dicha conducta omisiva, la secuela procesal queda paralizada, lo que motiva que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.10o.P.1K (10ª), de Tribunales Colegiados de Circuito, del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." [El énfasis es añadido]. Bajo esa plataforma, al haber transcurrido los veinte días que se concedieron a la quejosa para que recogiera y acreditara la publicación de los edictos ordenados en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos diarios de mayor circulación de la República Mexicana, para emplazar al tercero interesado *****, sin que haya dado cumplimiento SE SOBRESEE, fuera de audiencia constitucional, el presente juicio de amparo número 1299/2019. Sustenta lo anterior por analogía, lo determinado en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR A SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." [El énfasis es añadido]. En consecuencia, al haberse decretado el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, no es jurídicamente posible llevar a cabo la programada para el día hoy. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, por lista a la quejosa y a las demás partes.

  4. Incidental

    De la razón asentada por la actuaria de este juzgado federal, por medio de la cual comunica la imposibilidad que tuvo para notificar al tercero interesado en cita, el proveído de veinte de diciembre del año en curso, por los motivos que expone; por lo tanto, estése a la espera de los datos que puedan proporcionar el quejoso y la autoridad requerida en auto de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve pronunciado en el cuaderno principal. Notifíquese por lista.

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