Luz Maria Castañeda Álvarez
Expediente 688/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Luz Maria Castañeda Álvarez
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, en los términos del numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no aparece que se haya notificado personalmente a la parte quejosa el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se notificó el desechamiento de la demanda de amparo. Se ordena notificación. Ahora bien, considerando lo anterior y con el afán de subsanar la citada omisión, se comisiona al actuario de la adscripción, para que inmediatamente practique la notificación ordenada en el proveído de referencia al quejoso a fin de proveer lo que corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistido de la licenciada Maribel Villanueva Salas, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa. nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no aparece que se haya notificado personalmente a la parte quejosa el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se notificó el desechamiento de la demanda de amparo. Se ordena notificación. Ahora bien, considerando lo anterior y con el afán de subsanar la citada omisión, se comisiona al actuario de la adscripción, para que inmediatamente practique la notificación ordenada en el proveído de referencia al quejoso a fin de proveer lo que corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistido de la licenciada Maribel Villanueva Salas, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. nueve de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe el oficio que remite el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, mediante el cual comunica el auto de tres de junio del año en curso, mediante el cual se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Luz María Castañeda Álvarez, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en La Laguna, y otra autoridad; regístrese con el número 688/2021. Se acepta competencia. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional, acepta la competencia para conocer del presente asunto; acúsese recibo. Separación de actos reclamados. Ahora bien, vista la demanda de amparo en comento, de la cual se advierte que los actos de los que se duele la quejosa consisten en: La falta de emplazamiento al juicio de amparo 71/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, así como lo actuado con posterioridad a ello. 2). La orden de desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en Calle San Ángel número 243 Fraccionamiento San Antonio de Gómez Palacio, Durango, emitida dentro del juicio de origen 308/2020 del índice de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Gómez Palacio, Durango. Atento a lo anterior, este juzgador estima que lo conducente es separar la demanda de amparo al reclamarse actos que se encuentran desvinculados entre sí. Bajo esas consideraciones, es preciso destacar que la Ley de Amparo no regula expresamente el incidente de separación de autos; sin embargo, deberá de interpretarse a contrario sensu el artículo 72, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación hará del más nuevo al más antiguo. (.) En efecto, la separación de juicios será posible en todos aquellos casos cuando se advierte, ya sea durante el trámite y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, la existencia de los supuestos para esa separación, los que se deducen a contrario sensu de lo que establece el precepto legal citado, como en el caso de actos reclamados en la misma demanda de amparo, derivados de procesos diversos. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 118, Tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuy rubro y contenido son los siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Lo que lleva a este juzgador a concluir que dichos actos se encuentran desvinculados entre sí; en esas circunstancias, no es posible resolver respecto de los dos actos reclamados en un solo procedimiento. Ilustra lo anterior, el criterio I.3º.C.72 K (10ª.), relativo a los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2356, Libro 18, Mayo de 2015, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí". Bajo ese contexto fáctico y legal, es claro de que se trata de actos distintos y desvinculados entre sí; en tal virtud, al deducirse a contrario sensu lo dispuesto por el ya trascrito artículo 72, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y con base en lo previsto por el artículo 217 de la propia ley de la materia, que prevé la obligatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales federales, como en el caso el criterio invocado en párrafos precedentes de rubro "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA"; lo que procede es la separación de autos. En ese sentido se ordena la separación de autos por lo que respecta a los actos reclamados en el presente asunto. Asimismo, resulta aplicable en lo conducente la tesis visible en la página 1387, tomo XVI, agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL TRIBUNAL REVISOR PUEDE ORDENARLA DECRETANDO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SI FUE OMISO EL A QUO EN EFECTUARLA. Técnicamente no resulta válido que en un solo juicio de amparo puedan ser analizados y resueltos actos reclamados pertenecientes a dos tipos de juicios autónomos y distintos entre sí, en acatamiento obligatorio a la jurisprudencia por contradicción número 77/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", toda vez que el tribunal superior, que en el recurso de revisión asume la jurisdicción original en el juicio de amparo indirecto, debe ordenar que se subsane la violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, tal y como lo prevé el artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia y ordenar la separación del procedimiento para tal efecto". En esas condiciones, este órgano jurisdiccional asume el conocimiento respecto del acto reclamado marcado con el número 1, consistente en la falta de emplazamiento al juicio de amparo 71/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, así como lo actuado con posterioridad a ello. Se remite demanda. Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados en el punto 2, consistentes en la orden de desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en Calle San Ángel número 243 Fraccionamiento San Antonio de Gómez Palacio, Durango, emitida dentro del juicio de origen 308/2020 del índice de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Gómez Palacio, Durango, se considera que estos deben ser estudiados por un órgano jurisdiccional como una nueva demanda de amparo. En ese orden de ideas, remítase copia certificada del escrito de demanda así como sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, a fin de que la registre como nueva demanda de amparo y proceda al turno correspondiente. Desechamiento. Ahora bien, del análisis del acto reclamado que es del conocimiento de este órgano jurisdiccional marcado con el número 1 consistente en la falta de emplazamiento al juicio de amparo 71/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, así como lo actuado con posterioridad a ello, este juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del numeral transcrito se observa, que el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que la promovente del amparo reclama en esta vía lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.--- . DE LA SEGUNDA DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLE. --- Señalo como acto reclamado, LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO que la autoridad señalada como responsable dice haber realizado, toda vez que como lo manifiesto, la hoy quejosa jamás fui emplazada a juicio dentro del Citado juicio de garantías 71/2021, desconociendo la hoy quejosa la fecha de inicio del juicio de garantías, al no haber sido llamada a juicio, violándose con ello las garantías de legalidad y debido proceso, así como la garantía de audiencia para efectos de que la quejosa sea escuchada y oída en juicio. --- En consecuencia RECLAMO LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO, ASÍ COMO TODO LO ACTUADO A PARTIR DE ESA FECHA, INCLUIDA LA SENTENCIA Y ACTUACIONES POSTERIORES, ya que las mismas son causantes de agravios al haber dejado a la hoy quejosa en total estado de indefensión". Ahora bien, en la especie respecto de los actos reclamados, este juzgado federal estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, cuestión que por ser de orden público, es preferente a las de fondo que aduzcan o no las partes, y que además su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el párrafo final del artículo invocado. El artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)". De la causal de improcedencia invocada, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, es decir, cuando se reclamen las resoluciones emitidas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio de amparo. Lo anterior, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social. En ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, requiere que el acto reclamado sea dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Ahora bien, si en el presente caso la quejosa reclama entre otras cosas la orden dictada dentro del juicio de amparo 71/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, de poner en posesión material de diversa persona el inmueble ubicado en Calle San Ángel número 243 Fraccionamiento San Antonio de Gómez Palacio, Durango, y que aduce es de su propiedad; es evidente que tal acto es emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del mencionado expediente, dado que la consecuencia de conceder la suspensión de dichos actos conlleva que todas las actuaciones posteriores al mismo queden inválidas, como lo es, la sentencia definitiva. En consecuencia, es evidente que la desposesión reclamada en la demanda de amparo que promueve Luz María Castañeda Álvarez, fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio 71/2021, del índice del mencionado juzgado federal, resultando claro que en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia invocada. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia J/15, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 867, tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, correspondiente a la Novena época, que expresa: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo". Y en lo que interesa la Jurisprudencia J/13, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 610, tomo X, agosto de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativa a la Novena época, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. SI LA SENTENCIA COMBATIDA SE EMITIÓ EN CUMPLIMIENTO DE UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO. Si la sentencia combatida se emitió en cumplimiento de una ejecutoria pronunciada en un diverso juicio de amparo, en donde pudo haberse incurrido en un defecto en el cumplimiento de dicha ejecutoria, no es posible plantear vía nuevo amparo directo, como se pretende; porque evidentemente se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción II, del artículo 73 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República". En tales condiciones, dado las razones expuestas con antelación, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar la demanda de estudio, con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Así como el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por cusa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Autorizados. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica en su demanda de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación a tramitar el juicio en línea. Del mismo modo, toda vez que actualmente el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha tomado medidas relativas con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con la finalidad de evitar concentración de personas y, con ello, la propagación del mencionado virus se exhorta a las partes para que, de ser posible, considerando las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea". Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; a nueve de junio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado actual de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Escrito. Por recibido el escrito signado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones en torno al cumplimiento. Acuerdo. Atento a lo anterior, dígase a la compareciente que se éste a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese.
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