Luz María Cabrera Perea
Expediente 1217/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1217/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 16/08/2021
Partes del expediente
- Luz María Cabrera Perea
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Directora de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios Básicos para la Educación Básica en el Estado de Querétaro; atento a su contenido; con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, mediante oficio que derive del presente, devuélvanse los documentos que indica, dejando en su lugar copia certificada de los mismos, previa razón que de su recibo quede en autos, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Sin que se estime necesario acusar recibo, toda vez que la constancia de notificación hace las veces del mismo. Notifíquese.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA, POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CITATORIO DE 8/3/2021, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 25/2/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. I. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/52/2021 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de enero de dos mil veintiuno, se acordó la readscripción del juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar; de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, registro 164217, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Pronunciamiento. Por otra parte, de la certificación de cuenta, también se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, resulta procedente que este juzgado federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia dictada en autos. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, este Juzgado determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con la anterior determinación el Gobernador y el Director de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica, ambos del Estado de Querétaro, interpusieron recurso de revisión. En auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se recibió la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, en la que se resolvió desechar un recurso, confirmar le sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, por lo que se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, los efectos de la sentencia son los establecidos por este Juzgado, que a la letra rezan: "(.) SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para que el Director de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, realice lo siguiente: 1. Deje jurídicamente insubsistente el oficio DRH/176/2019, de veintinueve de julio de dos mil diecinueve. 2. Emita uno diverso en el que, prescindiendo de las consideraciones que lo llevaron a negar el procedimiento de la jubilación solicitado por la quejosa y a la emisión de la constancia de antigüedad (que la trabajadora no está en activo), analice de manera fundada y motivada si ésta satisface los requisitos establecidos en la Ley de los Trabajadores del Estado, antes de su reforma publicada el diez de diciembre de dos mil quince (treinta años de servicio), o los señalados por algún convenio laboral vigente, a la fecha en que tenía la calidad de trabajadora en activo (quince de enero de dos mil doce); es decir, si la promovente adquirió el derecho a su jubilación estando en activo. 3. Para el supuesto de que determine o llegue a considerar que la quejosa sí cumple con los años de servicio, según lo establezca la ley o el Convenio que resulte aplicable, durante la relación de trabajo, deberá analizar si dichos ordenamientos autorizan a la quejosa a gozar de una doble pensión jubilatoria, una, la ya otorgada por el ISSSTE y la otra, la solicitada a la USEBEQ (Ejecutivo del Estado), habida cuenta que para hacer procedente una doble pensión, se requiere que así se encuentre establecido expresamente; además, se deberá considerar que este último se constituyó como patrón sustituto del personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación Pública y que, por tanto, las relaciones laborales entre el citado organismo y sus trabajadores, por disposición legal, se regulan por las disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; sin embargo, a su vez, se deberá considerar que los trabadores de la educación básica siguieron gozando de la seguridad social del ISSSTE. 4. En caso contrario, deberá fundar y motivar debidamente su negativa y las facultades para resolverlo. 5. Para el supuesto de que determine la procedencia del trámite de la pensión por jubilación, deberá continuar con el trámite que prevé el artículo 132 bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. (.)" Así, de los oficios agregados en autos que remitió el Director de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica, a efecto de acreditar el acatamiento de la ejecutoria de amparo, se observa que realizó lo siguiente: Dejó jurídicamente insubsistente el oficio DRH/176/2019 de diecinueve de octubre de dos mil diecinueve; y, emitió el diverso DRH/675/2019 de dos de diciembre de dos mil veinte, en el que, prescindió de las consideraciones que sustentaron el oficio reclamado y estableció los motivos y fundamentos por los que consideró que la quejosa no reunía los requisitos para otorgarle la prejubilación. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se colmaron los postulados del fallo protector. Luego, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Asimismo, en la jurisprudencia 9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, página 832 del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." III. Archivo definitivo. Dado que no existe actuación pendiente de practicar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de DEPURACIÓN de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; lo anterior ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente. IV. Otras consideraciones. Se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo tercero, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. V. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, las constancias que remitió (dos tomos de pruebas), previo desglose que se haga de la carátula; asimismo, devuélvase al Director de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica, las constancias que remitió como sustento de su informe (un tomo de prueba), así como el anexo que acompañó a su oficio registrado con número de folio 11383, tal como lo solicitó en su momento, previa copia certificada que del mismo se deje en autos, sin que se estime necesario solicitar el respectivo acuse de recibo al tener en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse. Notifíquese; y personalmente.".
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. I. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/52/2021 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de enero de dos mil veintiuno, se acordó la readscripción del juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar; de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, registro 164217, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Pronunciamiento. Por otra parte, de la certificación de cuenta, también se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, resulta procedente que este juzgado federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia dictada en autos. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, este Juzgado determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con la anterior determinación el Gobernador y el Director de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica, ambos del Estado de Querétaro, interpusieron recurso de revisión. En auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se recibió la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, en la que se resolvió desechar un recurso, confirmar le sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, por lo que se requirió el cumplimiento al fallo protector. Ahora, los efectos de la sentencia son los establecidos por este Juzgado, que a la letra rezan: "(.) SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para que el Director de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, realice lo siguiente: 1. Deje jurídicamente insubsistente el oficio DRH/176/2019, de veintinueve de julio de dos mil diecinueve. 2. Emita uno diverso en el que, prescindiendo de las consideraciones que lo llevaron a negar el procedimiento de la jubilación solicitado por la quejosa y a la emisión de la constancia de antigüedad (que la trabajadora no está en activo), analice de manera fundada y motivada si ésta satisface los requisitos establecidos en la Ley de los Trabajadores del Estado, antes de su reforma publicada el diez de diciembre de dos mil quince (treinta años de servicio), o los señalados por algún convenio laboral vigente, a la fecha en que tenía la calidad de trabajadora en activo (quince de enero de dos mil doce); es decir, si la promovente adquirió el derecho a su jubilación estando en activo. 3. Para el supuesto de que determine o llegue a considerar que la quejosa sí cumple con los años de servicio, según lo establezca la ley o el Convenio que resulte aplicable, durante la relación de trabajo, deberá analizar si dichos ordenamientos autorizan a la quejosa a gozar de una doble pensión jubilatoria, una, la ya otorgada por el ISSSTE y la otra, la solicitada a la USEBEQ (Ejecutivo del Estado), habida cuenta que para hacer procedente una doble pensión, se requiere que así se encuentre establecido expresamente; además, se deberá considerar que este último se constituyó como patrón sustituto del personal docente y administrativo de la Secretaría de Educación Pública y que, por tanto, las relaciones laborales entre el citado organismo y sus trabajadores, por disposición legal, se regulan por las disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; sin embargo, a su vez, se deberá considerar que los trabadores de la educación básica siguieron gozando de la seguridad social del ISSSTE. 4. En caso contrario, deberá fundar y motivar debidamente su negativa y las facultades para resolverlo. 5. Para el supuesto de que determine la procedencia del trámite de la pensión por jubilación, deberá continuar con el trámite que prevé el artículo 132 bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. (.)" Así, de los oficios agregados en autos que remitió el Director de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica, a efecto de acreditar el acatamiento de la ejecutoria de amparo, se observa que realizó lo siguiente: Dejó jurídicamente insubsistente el oficio DRH/176/2019 de diecinueve de octubre de dos mil diecinueve; y, emitió el diverso DRH/675/2019 de dos de diciembre de dos mil veinte, en el que, prescindió de las consideraciones que sustentaron el oficio reclamado y estableció los motivos y fundamentos por los que consideró que la quejosa no reunía los requisitos para otorgarle la prejubilación. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se colmaron los postulados del fallo protector. Luego, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. Conforme al sistema previsto en los artículos 196, 201 y 203 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su consumación, pues al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de esas ejecutorias o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de este medio de impugnación, la satisfacción de esas obligaciones, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento para que, en su caso, se examinen en un nuevo juicio." Asimismo, en la jurisprudencia 9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, página 832 del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." III. Archivo definitivo. Dado que no existe actuación pendiente de practicar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de DEPURACIÓN de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; lo anterior ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente. IV. Otras consideraciones. Se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo tercero, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. V. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, las constancias que remitió (dos tomos de pruebas), previo desglose que se haga de la carátula; asimismo, devuélvase al Director de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica, las constancias que remitió como sustento de su informe (un tomo de prueba), así como el anexo que acompañó a su oficio registrado con número de folio 11383, tal como lo solicitó en su momento, previa copia certificada que del mismo se deje en autos, sin que se estime necesario solicitar el respectivo acuse de recibo al tener en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse. Notifíquese; y personalmente.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de diciembre de dos mil veinte. OFICIO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Recursos Humanos de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, mediante el cual comparece en atención al requerimiento formulado en autos, y al efecto remite las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector otorgado a la parte quejosa. VISTA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa, con las constancias de cuenta, a efecto de que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así se procederá a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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