Luz María Betancourt Hernández
Expediente 2682/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 2682/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- Luz María Betancourt Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TEPIC,NAYARIT,DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el tres de agosto del año en curso, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de agosto de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada, el veintiocho de enero de dos mil veinte, se determinó por una parte, sobreseer y por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la parte quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad que erogó por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar las cuotas fijas mínimas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), así como de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I y el tercer párrafo de la fracción XVIII del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que el recibo de pago es por la suma de $12,416.29 pesos; sin embargo, no será objeto de devolución la cantidad de $613.00 pesos por el concepto de "por el registro de poderes de cualquier clase", dado que el mismo no formó parte del pago derivado de las disposiciones legales reclamadas. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle la cantidad de dinero, debidamente actualizada, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto [.]". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, mediante oficio presentado el tres de agosto del año en curso, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria a favor de la quejosa Luz María Betancourt Hernández, y del que se advierte que devolvió la cantidad de $11,177.57 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $12,416.29 pesos, menos el monto de $570.00 pesos (lo cual corresponde a dos cuotas de $290.00 pesos y $280.00 pesos, que equivale a la mínima establecida para la inscripción de documento público y préstamo hipotecario), da como resultado un total de $11,846.29 pesos. Asimismo, a dicha cantidad debe restársele la cantidad de $613.00 pesos por el concepto "por el registro de poderes de cualquier clase", al no ser objeto de devolución, dado que las mismas no forman parte de los pagos derivados de las disposiciones legales reclamadas; así como la cantidad de $318.76 pesos, que se obtiene de los impuestos adicionales establecidos en los artículos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, porcentajes que arrojan un total de 52% multiplicado por los $613.00 pesos. Entonces de los $613.00 pesos, más los $318.76 pesos, da como resultado $931.76 pesos. Por lo anterior, si a $11,846.29 pesos, se le restan $931.76 pesos, da el total de $10,914.53 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y el tres de abril del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia bancaria a la parte quejosa. Por lo que el período de actualización comprende del mes de septiembre del año próximo pasado al mes de enero del año actual. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de la anterior anualidad entre el índice para el mes de enero del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecinueve fue de 103.942; y para el mes de enero del presente año de 106.447. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02409. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $10,914.53 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $11,177.46 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $10,914.53 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $262.93 pesos. Así de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $11,177.57 pesos; es decir, en exceso $0.11 centavos; pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Administradora de Correos Urbana del Valle de Tepic, del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento contenido en el proveído de cinco de diciembre del año en curso, informa el tratamiento dado a las piezas postales que le fueron requeridas; en consecuencia agréguese el oficio de cuenta y anexos a los presentes autos para los efectos legales correspondientes; en la inteligencia que por auto de seis de diciembre del año en que se actúa, se remitieron los autos originales al tribunal colegiado competente a fin de que resolviera el recurso de revisión interpuesto dentro del presente expediente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por Ignacio Meza Medina, en su carácter de autorizado de la parte quejosa Ricardo Franco Soto, a través del cual solicita copias certificadas de diversas actuaciones del presente sumario constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de las copias certificadas que señala, a su costa, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos el promovente. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno dependiente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, a través del cual, rinde informe en vías al cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense al presente sumario el ocurso y anexo de cuenta, para que obren como corresponda. NOTIFÍQUESE.
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