LUZ MARÍA ÁVILA MARTÍNEZ y Otros.

Expediente 334/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
334/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • LUZ MARÍA ÁVILA MARTÍNEZ y Otros.
  • Luz María Ávila Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente; y, al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Asimismo, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de los funcionarios que los remiten y anexos que se acompañan, en los cuales señalan que no se encontró información sobre el paradero actual del quejoso; asimismo, comunican las gestiones que se encuentran realizando a fin de obtenerla; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, con las documentales remitidas por las autoridades oficiantes y para el mejor manejo del presente juicio de amparo, ábranse los anexos correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México a, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Aspectos Generales (I) Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 334/2022-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Actos reclamados Es menester precisar, que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "1.- La negativa de autorizar la suspensión condicional del proceso como solución alterna del procedimiento penal, seguido dentro de la carpeta judicial *********, en audiencia celebrada el 25 de marzo de 2022 [.] 2.- La falta de fundamentación y motivación de su determinación realizada en la audiencia celebrada el 25 de marzo de 2022, y en la cual se negó autorizar la suspensión condicional del proceso planteada por la defensa de la imputada [.].". Sin embargo, en cuanto al acto identificado como 2, éste se tiene como concepto de violación, mas no como acto reclamado destacado, dado que se refiere a la fundamentación y motivación de la negativa combatida en el acto marcado como 1. Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, que al efecto dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En ese sentido, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; [.].". El análisis del precepto legal transcrito, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso, antes de la presentación de este medio extraordinario de defensa, no agotó el recurso ordinario establecido en la ley que rige el acto reclamado, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; es decir, el juicio de amparo, por regla general, es procedente contra actos definitivos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno, respetándose de esta forma el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Por otro lado, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo Entonces, por regla general el juicio de amparo es procedente contra actos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso o medio de defensa ordinario alguno. Lo anterior se erige como el principio de definitividad rector del juicio de amparo. En ese contexto, los elementos con los que se integra la causal de improcedencia en comento, son: a) Que el acto reclamado sea una resolución judicial o de tribunal administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; c) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada; d) Que la parte agraviada no hubiese hecho valer el recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo; y, e) Que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; actos que afecten la libertad personal del quejoso; cuando se trate del auto de vinculación a proceso; o persona extraña al procedimiento (excepciones). Ahora bien, como quedó precisado, el acto reclamado cubre a cabalidad el requisito del inciso a), en virtud de que es una resolución judicial. De igual forma, se cumple con los requisitos de los incisos b) y c), en virtud de que la ley concede contra ese acto un recurso. Es así pues, en la especie, contra del auto que por esta vía se pretende combatir procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, la ley prevé un medio de impugnación para combatir el acto reclamado en términos del artículo 467 de la citada codificación, siendo este el recurso de apelación, por virtud del cual el auto puede ser modificado, revocado o nulificado. En este sentido, cabe señalar que la parte quejosa no interpuso el recurso aludido; lo anterior da cumplimiento a lo plasmado en el inciso d). Además, en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción de la causal de improcedencia que se examina, pues es evidente que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni afecta la libertad personal de la parte quejosa; ni se trata de un auto de vinculación a proceso; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento. Asimismo, en el caso específico la procedencia del recurso de apelación no se sujeta a interpretación adicional, y su fundamento legal es suficiente para determinarlo, por lo que en la especie no es optativo para el quejoso interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En consecuencia, antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debió interponer el recurso de apelación a fin de agotar el principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso o medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad; lo que se traduce en que es obligación del quejoso agotar los medios de impugnación, antes de promover el juicio constitucional, lo anterior tiene sustento la tesis siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad.". En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, y en atención a las consideraciones destacadas, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Domicilio y autorizados de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que proporciona; no así el correo electrónico que indica al no estar contemplado para tal efecto por la Ley de Amparo. Por autorizadas a las personas que menciona que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultadas para ejercer dicha profesión; y, de no ser así, conforme al numeral 24, párrafo segundo, del invocado ordenamiento legal. Datos de contacto Téngase como medio de comunicación no procesal, en su caso, el correo electrónico que se proporciona. Expediente electrónico Asimismo, ya que se proporciona un nombre de usuario generado por el sistema de consulta de expediente electrónico respecto de la parte quejosa, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Infórmese que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio dela página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, solicítese al actuario judicial adscrito para que, en términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, realice la presente notificación, así como las subsecuentes de forma electrónica al usuario proporcionado. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal Notifíquese y personalmente a la Oficial Judicial "A" adscrita.

  4. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México a, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Aspectos Generales (I) Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 334/2022-III. Genérese el expediente electrónico e impreso. Actos reclamados Es menester precisar, que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "1.- La negativa de autorizar la suspensión condicional del proceso como solución alterna del procedimiento penal, seguido dentro de la carpeta judicial *********, en audiencia celebrada el 25 de marzo de 2022 [.] 2.- La falta de fundamentación y motivación de su determinación realizada en la audiencia celebrada el 25 de marzo de 2022, y en la cual se negó autorizar la suspensión condicional del proceso planteada por la defensa de la imputada [.].". Sin embargo, en cuanto al acto identificado como 2, éste se tiene como concepto de violación, mas no como acto reclamado destacado, dado que se refiere a la fundamentación y motivación de la negativa combatida en el acto marcado como 1. Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, que al efecto dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En ese sentido, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; [.].". El análisis del precepto legal transcrito, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso, antes de la presentación de este medio extraordinario de defensa, no agotó el recurso ordinario establecido en la ley que rige el acto reclamado, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; es decir, el juicio de amparo, por regla general, es procedente contra actos definitivos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno, respetándose de esta forma el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Por otro lado, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo Entonces, por regla general el juicio de amparo es procedente contra actos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso o medio de defensa ordinario alguno. Lo anterior se erige como el principio de definitividad rector del juicio de amparo. En ese contexto, los elementos con los que se integra la causal de improcedencia en comento, son: a) Que el acto reclamado sea una resolución judicial o de tribunal administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; c) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada; d) Que la parte agraviada no hubiese hecho valer el recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo; y, e) Que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; actos que afecten la libertad personal del quejoso; cuando se trate del auto de vinculación a proceso; o persona extraña al procedimiento (excepciones). Ahora bien, como quedó precisado, el acto reclamado cubre a cabalidad el requisito del inciso a), en virtud de que es una resolución judicial. De igual forma, se cumple con los requisitos de los incisos b) y c), en virtud de que la ley concede contra ese acto un recurso. Es así pues, en la especie, contra del auto que por esta vía se pretende combatir procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, la ley prevé un medio de impugnación para combatir el acto reclamado en términos del artículo 467 de la citada codificación, siendo este el recurso de apelación, por virtud del cual el auto puede ser modificado, revocado o nulificado. En este sentido, cabe señalar que la parte quejosa no interpuso el recurso aludido; lo anterior da cumplimiento a lo plasmado en el inciso d). Además, en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción de la causal de improcedencia que se examina, pues es evidente que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni afecta la libertad personal de la parte quejosa; ni se trata de un auto de vinculación a proceso; y, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento. Asimismo, en el caso específico la procedencia del recurso de apelación no se sujeta a interpretación adicional, y su fundamento legal es suficiente para determinarlo, por lo que en la especie no es optativo para el quejoso interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En consecuencia, antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debió interponer el recurso de apelación a fin de agotar el principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso o medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad; lo que se traduce en que es obligación del quejoso agotar los medios de impugnación, antes de promover el juicio constitucional, lo anterior tiene sustento la tesis siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad.". En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, y en atención a las consideraciones destacadas, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Domicilio y autorizados de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que proporciona; no así el correo electrónico que indica al no estar contemplado para tal efecto por la Ley de Amparo. Por autorizadas a las personas que menciona que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultadas para ejercer dicha profesión; y, de no ser así, conforme al numeral 24, párrafo segundo, del invocado ordenamiento legal. Datos de contacto Téngase como medio de comunicación no procesal, en su caso, el correo electrónico que se proporciona. Expediente electrónico Asimismo, ya que se proporciona un nombre de usuario generado por el sistema de consulta de expediente electrónico respecto de la parte quejosa, instrúyase a la Oficial Judicial "A", para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Infórmese que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio dela página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, solicítese al actuario judicial adscrito para que, en términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, realice la presente notificación, así como las subsecuentes de forma electrónica al usuario proporcionado. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal Notifíquese y personalmente a la Oficial Judicial "A" adscrita. ".

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