Luz María Álvarez Hernández
Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luz María Álvarez Hernández
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: RAZÓN ACTUARIAL Agréguese al sumario la razón actuarial de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, levantada por la Actuaria adscrita, de la cual se advierte la imposibilidad de notificar a la parte quejosa el proveído de quince de noviembre de la presente anualidad, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente cuadernillo, por los motivos que indica; de lo anterior, se toma conocimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el proveído en comento, así como las subsecuentes notificaciones, por lista de acuerdos que se publica en el local de este órgano jurisdiccional, aún las de carácter personal, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: RECEPCIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luz María Álvarez Hernández, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, y otra autoridad. REGISTRO Fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 791/2023. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Cobra aplicación, la jurisprudencia 75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 77, del tomo 68, agosto de 1993, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". A partir de lo anterior, este Juez Federal advierte, de oficio, que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de dicho ordenamiento, en virtud de que el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. En efecto, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". El precepto transcrito prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede contra los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: a) Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo (entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente), con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. b) Tratándose de remates, sólo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución, en los casos en los que no hay remate, es: I. Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; II. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, III. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De manera que para que se considere definitivo el procedimiento de ejecución en un juicio, en el estado procesal de éste debe haberse ordenado cualquiera de los referidos supuestos. Así, de la interpretación del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es dable concluir que cuando se impugnan en amparo indirecto actuaciones realizadas en un procedimiento donde no hay remate, técnica y legalmente sólo puede señalarse como acto reclamado la última resolución dictada en dicho procedimiento que, como se expuso, es aquélla que se ubique en las hipótesis precisadas. En ese contexto, las actuaciones que preceden a éstas determinaciones deben ser consideradas como violaciones a las reglas del procedimiento de ejecución de sentencia y, por ende, deben ser impugnadas como tales, con motivo del dictado de la última resolución. En el caso que nos ocupa, la impetrante de amparo, hace consistir su reclamo en: "(.) IV. ACTOS RECLAMADOS. La eminente desposesión de la casa ubicada en el número 713 de la avenida Jiquilpan de la colonia Aníbal Ponce y/o el cerrito de la tenencia de las guacamayas municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán; así como la eminente perdida de la propiedad de la que puedo ser objeto al tenor de lo ordenado mediante auto de fecha 18 de octubre del año 2023 dos mil veintitrés, mediante el cual las autoridades responsables ordenan inscribir ante el director del registro público de la propiedad raíz en el estado de Michoacán (con numero de oficio 3494) y ante el administrador de rentas de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán (con numero de oficio 3495), de las sentencias de primero y segundo grado emitidas dentro del juicio del cual emana el acto reclamado. Con las cuales se pretende sustituir el título de propiedad libre de todo gravamen que perteneciera a mi extinto esposo el señor PROFIRIO MARTINEZ DE JESUS; de quien soy su legitima heredera. (.)". De la transcripción que antecede, se advierte que la peticionaria de amparo, se duele sustancialmente de, lo siguiente: El proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio 120/2023, de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; en el cual se ordenó librar los oficios 3494 y 3495, al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y Administrador de Rentas de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, respectivamente, para que en el ámbito de su competencia, procedieran a dar cumplimiento a la ejecutoria de trece de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca de apelación I-274/2023, emitida por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. En ese tenor, y una vez examinado el caso en concreto, a la luz de las constancias allegadas al presente sumario constitucional por la parte quejosa, este juzgador arriba a la convicción de que el presente juicio es notoriamente improcedente. Es así, ya que la determinación reclamada debe considerarse como una violación procesal acaecida durante el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva, dictada en el controvertido natural, la cual únicamente es reclamable cuando se emite la última resolución en esa etapa, lo cual no acontece en la especie, en virtud de que el acto combatido: No aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. No declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. No ordena el archivo definitivo del expediente. Por tanto, la actuación tildada de inconstitucional no colma ninguno de los presupuestos de la conclusión del procedimiento de ejecución del fallo definitivo, por lo que, hasta la etapa en que se encuentra el sumario de origen, no es impugnable en el juicio de amparo indirecto, ya que ello únicamente es factible cuando se hagan valer con motivo del dictado de la última resolución del citado procedimiento, lo que no ocurre en el caso, ya que no constituye alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En ese tenor, la actualización de la causal de improcedencia advertida, es manifiesta e indudable, ya que basta con la lectura de la demanda de amparo para identificar el tipo de acto reclamado (emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia) y, de esta forma advertir, de manera patente y absoluta, que no se promovió contra la última resolución de ese procedimiento, en los términos previstos por la ley de la materia, por lo que se tiene la certeza y plena convicción de que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En esas condiciones, al actualizarse, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de dicho ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta. Asimismo, se le tiene autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica en su escrito de marras; además, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************, hasta en tanto acredite encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.
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