Luz Macrina Barraza Zazueta

Expediente 1293/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1293/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Luz Macrina Barraza Zazueta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación que antecede se desprende que a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional en el presente asunto; en consecuencia, fórmese cuadernillo de antecedentes. En atención a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que actualmente guarda el juicio de amparo en que se actúa: atento a ello hágase de su conocimiento el presente asunto se encuentra pendiente del dictado de sentencia, toda vez que a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/shey*

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexo remitidos por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 194/2022, en la que dicho Tribunal resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Guadalupe Fabián López Aguilar, por propio derecho, en contra de los actos reclamados y autoridad precisada en el resultando primero de la sentencia que se revisa." En ese contexto, comuníquese lo anterior a las partes, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Juzgado respectivo. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar definitiva, es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, atendiendo a la existencia del cuaderno original, en términos del artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que por auto de treinta de octubre pasado, ordenó dar vista a Martín Moran Macías -en su carácter de representante especial del menor C. C. S.- por el plazo de tres días, a fin de que esté en posibilidad de examinar la sentencia de amparo y los agravios del recurso de revisión, lo que se toma en consideración para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/shey**

  4. Principal

    R E S U L T A N D O:****************************************Primero. Por escrito depositado en el buzón judicial el uno de diciembre de dos mil veinte, receptado en misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y, finalmente, recibido esa data, en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California (antes Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California),********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: ****************************************Autoridades responsables****************************************Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, así como Juez y Actuario adscritos al mismo, Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, Notario Público número Veintiuno, ambos de esta ciudad y Notario Público número Dos de la ciudad de Texcoco, Estado de México.****************************************Actos reclamados********************""a) JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL y JUEZ QUINTO DE LO CIVIL RECLAMO: ********************1.- Se reclama esencialmente la falta de emplazamiento a juicio (jurisdicción voluntaria) dentro del expediente ******************** del H. Juzgado de la responsable que se menciona y, en consecuencia, todo lo actuado dentro de dicho procedimiento, así como sus consecuencias, donde el suscrito no fue oído y vencido en juicio ********************2.- La ilegal resolución que puso fin a las diligencias de jurisdicción voluntaria dictada en auto de fecha 21 de mayo de 2015. ********************3.- La ilegal adjudicación del inmueble propiedad del suscrito quejoso a favor del tercero interesado INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), sin que el suscrito haya sido oído y vencido en un procedimiento en forma de juicio ********************4.- Ordeno la valuación del inmueble del suscrito sin otorgarme la oportunidad de participar en el mismo, así como la aceptación del mismo sin cumplir con los requisitos legales. ********************5.- La Autorización que la firma de la escritura de adjudicación de vivienda se llevara a cabo por la persona que designara el hoy tercero interesado en sustitución del suscrito, sin que el suscrito en ningún momento hubiera autorizado dicha sustitución. ********************6.- Declaro procedente las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el INFONAVIT y como consecuencia de la resolución administrativa que dicho instituto realizo como documento base de la acción para dar por rescindidos los contratos de crédito con garantía hipotecaria otorgado por el propio instituto, la responsable declaro que se tuvieran por aplicados a favor del tercero interesado los bienes otorgados con garantía en pago de los créditos otorgados, incluyendo el del quejoso, sin que el suscrito hubiera tenido la oportunidad de demostrar el cumplimiento dado al contrato de apertura de crédito. ********************7.- El ilegal acto de ejecución dictado en consecuencia de la resolución que puso fin a las diligencias de jurisdicción voluntaria, es decir, el auto de fecha 11 de junio de 2015 consistente en la aceptación de la designación de perito valuador, la supuesta realización de avalúos y ratificación de los mismos, por parte del instituto. ********************8.- La orden de notificar por edictos al suscrito, el auto de fecha 28 de enero de 2015, sin que previamente se hubiese agotado la búsqueda del domicilio particular del suscrito, ni se hubiera ordenado girar oficios de búsqueda y localización de las dependencias de costumbre. ********************9.- La ilegal notificación por edictos publicados en los periódicos el sol de Tijuana de fechas 10, 13 y 18 de febrero de 2015 y el periódico el Frontera de fechas 10, 13 y 18 del mismo mes y año mencionados. ********************10.- La ilegal orden de protocolizar la adjudicación del inmueble de propiedad del suscrito quejoso a favor del tercero interesado INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). ********************11.- La ilegal orden de cancelación de la inscripción registral a favor del suscrito, respecto del inmueble de mi propiedad, con numero de partida ******************** y ******************** de fecha de 25 de julio de 2007, de la Sección Civil, ante el registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta Ciudad. ********************12.- La ilegal orden de inscripción de la adjudicación del inmueble propiedad del suscrito quejoso a favor del tercero interesado INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta Ciudad. ********************13.- La ilegal orden de lanzamiento y/o desposesión al suscrito, del inmueble ubicado en ********************. ********************14.- La ilegal autorización judicial de la designación como sustituto del suscrito como supuesta PARTE EJECUTADA al C. ********************. (.) ****************************************a) DEL C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUNTO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA RECLAMO: ********************1.- Se reclama esencialmente la falta de emplazamiento a juicio dentro del expediente ******************** del H. Juzgado de la responsable que se menciona y, en consecuencia, todo lo actuado dentro de dicho procedimiento, así como sus consecuencias, donde el suscrito no fue oído y vencido en juicio. ********************2.- La ejecución y/o desposesión al suscrito, del inmueble ubicado en ********************. ****************************************b) DEL REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA RECLAMO: ********************1.-La ejecución de la orden de cancelación de la inscripción registral a favor del suscrito, respecto del inmueble de mi propiedad, con numero de partida ******************** y ******************** de fecha de 25 de julio de 2007, de la Sección Civil, ante el registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta Ciudad. ********************2.- La ejecución de la orden de inscripción de la adjudicación del inmueble propiedad del suscrito quejoso a favor del tercero interesado INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de esta Ciudad, misma que quedo inscrita bajo partida ********************, de ********************, de fecha ********************. ********************3.- La ilegal orden de inscripción tipo de acto traslativo de dominio o gravamen, a favor de un adquiriente de buena fe, respecto del inmueble materia del presente juicio apareciendo como parte vendedora el tercero interesado INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), como sucede en la inscripción bajo partida ********************, de ********************, de fecha ******************** donde aparece como comprador ********************. ********************4.- La inminente inscripción tipo de acto traslativo de dominio o gravamen, a favor de un nuevo adquiriente de buena fe, respecto del inmueble materia del presente juicio. ****************************************c) DEL C. NOTARIO PUBLICO NUMERO 2, DE LA CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, LIC. SERGIO R. MAÑON DIAZ, COLONIA DEL CARMEN, CIUDAD DE TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO RECLAMO: ********************1.- La supuesta ejecución de la orden de protocolización de la adquisición por adjudicación del inmueble Propiedad del suscrito quejoso y que es materia del presente juicio, a favor del tercero interesado INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), sin que mediara orden de autoridad judicial que así lo ordenara, autorizando que el C. ******************** firmara dicho instrumento notarial en sustitución del suscrito sin que ninguna autoridad hubiera autorizado dicha sustitución. ****************************************d) DEL C. NOTARIO PUBLICO NUMERO 21, DE LA CUIDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, LIC. GUSTAVO CASANOVA LOPEZ, RECLAMO: ********************1.- La ejecución de la protocolización respecto del inmueble materia del presente juicio apareciendo como parte vendedora el tercero interesado INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), como sucede en la inscripción bajo partida ********************, de ********************, de fecha ******************** donde aparece como comprador ********************."********************"****************************************Segundo. La parte quejosa esencialmente se duele de la violación a sus derechos fundamentales de audiencia y debido proceso contenidos eng los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción.****************************************Tercero. El dos de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 745/2020-II; se solicitaron informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional.****************************************Posteriormente, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados.****************************************Cuarto. En virtud del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, este Juzgado cambió de denominación de Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California a Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California.****************************************C O N S I D E R A N D O:****************************************Primero. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, y 107, constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en:****************************************-Del Juzgado Quinto de lo Civil, así como Juez y Actuario adscritos al citado Juzgado, con sede en esta ciudad:********************El emplazamiento (por su falta o ilegalidad) a las jurisdicción voluntaria ******************** y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en dichos procedimientos.****************************************-Del Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad:********************La cancelación de las partidas ******************** y ********************, ambas de ********************, de veinticinco de julio de dos mil siete.********************La inscripción de las partidas registrales ********************, ******************** de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, así como la diversa ********************, ********************, de veintidós de enero de dos mil veintidós, relativas a los actos consistentes en la adjudicación de vivienda en propiedad a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como un acto traslativo de dominio a favor de un diverso adquirente, respectivamente.****************************************-Del Notario Público Número Dos de Texcoco, Estado de México:********************La protocolización en la que consta la formalización de la adquisición por adjudicación de los inmuebles que ahí se describen, a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.****************************************-Del Notario Público Número Veintiuno de esta ciudad:****************************************La protocolización relativa al acto traslativo de dominio celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como parte vendedora, y diversa persona moral como adquirente.************************************************************Tercero. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Actuario adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, consistentes en su intervención en la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento de jurisdicción voluntaria ******************** al aquí quejoso********************, ya que así se desprende de las constancias que obran en autos.****************************************Esto es así, toda vez que de las documentales consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el expediente ********************, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil, de esta ciudad, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que la notificación del inicio del citado procedimiento se llevó a cabo mediante edictos. ****************************************Asimismo, de la constancia de veintisiete de febrero de dos mil quince, se advierte que fue ********************, personal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores quien, el seis, nueve y doce de febrero de dos mil quince, publicó en los tableros de dicha dependencia el "edicto" ordenado por la Juez Quinto de lo Civil de esta ciudad; de manera que dicho fedatario judicial no tuvo intervención alguna en la publicación de mérito.****************************************En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados precisados en el presente considerando, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo.****************************************Cuarto. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana -Juzgado-, consistentes en el emplazamiento (por su falta o ilegalidad) a la jurisdicción voluntaria ********************; ya que, así lo manifestó al rendir su informe justificado y ello quedó corroborado con las documentales consistentes en copia certificada del procedimiento de origen, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.****************************************De igual forma, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, consistente en la partida ********************, ********************, de veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, en la que quedó inscrito el acto consistente en la adjudicación de vivienda en propiedad decretada en el expediente ********************, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil, de esta ciudad, favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, toda vez que así se desprende del contenido de su informe justificado y de las documentales que anexó, consistentes en copia certificada de dicha partida registral, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.********************Asimismo, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Notario Público Número Dos de Texcoco, Estado de México, consistente en la escritura ********************, volumen ********************, de ********************, en la que consta la formalización de la adquisición por adjudicación de los inmuebles que ahí se describen, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado.****************************************Finalmente, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Notario Público número Veintiuno de esta ciudad, ya que no obstante haber sido notificada el cuatro de diciembre de dos mil veinte del acuerdo de dos del propio mes y año, en el que se le requirió su informe justificado, fue omisa en rendirlo.****************************************Además, la existencia del acto que se le atribuye es decir, protocolización relativa al acto traslativo de dominio celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como parte vendedora, y diversa persona moral como adquirente, se corrobora con las documentales ofrecidas por la diversa autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, en esta ciudad, consistente en copia certificada del instrumento número ********************volumen número********************, pasado ante la fe del citado fedatario público, probanza que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.****************************************Quinto. No obstante la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables Notarios Públicos Número Dos del Estado de México, con residencia en Texcoco, y Veintiuno, con sede en esta ciudad, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5º fracción II -interpretado a contrario sensu- ambos de la ley de la materia, debido a que aquellos no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo.********************Los preceptos legales de mérito disponen lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.".********************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:********************[.]********************II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.".********************De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no sean de autoridad, entendiendo por ésta, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omite realizar el acto.********************Es necesario destacar, que en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, visible en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. ********************De ahí, que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.********************Lo anterior, evidencia que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación.********************Así es, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas.********************La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.********************En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución general de la república establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. ********************En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular.********************En esas condiciones, se concluye que los "actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo", son solamente aquellos que implican la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, que esa relación tiene su nacimiento en una norma general, por lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular y, que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.********************Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Notarios Públicos Números Dos del Estado de México, con residencia en Texcoco, y Veintiuno de esta ciudad el otorgamiento de las escrituras públicas ********************, volumen ********************, de ********************, así como ********************volumen número********************, respectivamente; siendo que en la primera se hizo constar la "formalización de la adquisición por adjudicación" a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de los bienes dados en garantía en los contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria materia del procedimiento de origen radicado bajo el expediente ********************, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil, de esta ciudad, y en la segunda, el acto traslativo de dominio respecto del bien inmueble materia del presente medio de control constitucional, por parte del Instituto tercero interesado a diversa persona moral.****************************************Actos que, como se anticipó, no son de aquellos que puedan ser considerados como de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que los Notarios Públicos responsables, con motivo de la actuación que se les atribuye (otorgamiento de escritura): i) no establecieron una relación de supra subordinación respecto de los particulares; ii) no emitieron una actuación unilateral que haya creado, modificado, transmitido o extinguido derechos y obligaciones; y, iii) no generaron nuevas situaciones jurídicas.****************************************Para avalar tales premisas, es necesario destacar -en principio- que la escritura ********************, volumen ********************, de ********************, pasada ante la fe del Notario Públicos número Dos del Estado de México, con residencia en Texcoco, corresponde a diversos inmuebles y no sólo al que la quejosa aduce de su propiedad.****************************************Partiendo de esa premisa del contenido de dicha escritura se desprende que su emisión tiene sustento en lo resuelto en el procedimiento ********************, toda vez que mediante resolución de veintiuno de mayo de dos mil quince, la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil, de esta ciudad, expresamente reconoció la adjudicación de diversos bienes inmuebles a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.****************************************Para demostrar lo anterior, se reproduce la parte conducente de la resolución de mérito, así como la relativa al instrumento notarial examinado, que son del tenor siguiente (énfasis añadido):****************************************Expediente ************************************************************"En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, son de declararse procedentes las diligencias promovidas por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y como consecuencia de la resolución administrativa vertida por el propio Instituto para dar por rescindidos los contratos de crédito con garantía hipotecaria otorgados por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, se le tiene por aplicados a su favor los bienes otorgados como garantía en pago de los créditos otorgados a que se refiere su propia resolución." ****************************************Escritura pública****************************************"EN LA CIUDAD DE TEXCOCO, Estado de México, a los siete días del mes de julio del año dos mil quince, yo, el licenciado SERGIO ROBERTO MAÑON DÍAZ, Titular de la Notaría Pública Número Dos del Estado de México, con sede en Texcoco, en ejercicio, hago constar:********************LA FORMALIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN POR ADJUDICACIÓN suscrita por el señor MANUEL DOMÍNGUEZ CARBALLO en sustitución de la parte EJECUTADA, y por otra parte EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, representado en este acto por el señor NATERA JOSÉ LORENZO como la ADJUDICATARIA, en lo sucesivo simplemente referido en la presente escritura indistintamente como INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, INFONAVIT o ADJUDICATARIA; que se lleva a cabo en cumplimento del 'Pacto Comisorio Expreso' que determinó la ejecución de la garantía hipotecaria, con la autorización judicial de la licenciada María del Rosario Plascencia Ibarra, Juez Quinto de Primera Instancia Civil del partido judicial de Tijuana, Baja California.********************[.]********************II. ANTECEDENTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PACTO COMISORIO EXPRESO. a) Mediante acuerdo de fecha once de junio de dos mil quince la Juez Quinto de lo Civil del partido judicial de Tijuana, Baja California, ordenó expedir copia certificada de los autos del expediente SETENTA Y DOS DIAGONAL DOS MIL QUINCE (********************) al INFONAVIT, a fin de que, ante el Notario de su elección se otorgue la presente escritura. De las copias certificadas de las constancias de dicho juicio relaciono lo siguiente: [.] d). Con fecha veintiuno de mayo de dos mil quince se dictó resolución en la cual se autorizó la adjudicación de las garantías en los términos decretados como consecuencia de la rescisión del contrato de crédito, en la cual reconoció el derecho del INFONAVIT para dar por rescindidos los contratos de crédito y ejecutar las garantías mediante la adjudicación de los bienes relacionados en el antecedente primero romano del presente instrumento."****************************************De lo anterior se sigue que, como se anticipó, el otorgamiento de la escritura pública de mérito derivó de una resolución judicial, de manera que -como se anticipó- con la emisión de dicho instrumento notarial no se estableció una relación de supra subordinación del fedatario frente a los particulares involucrados, pues el Notario Público Número Dos del Estado de México, con residencia en Texcoco, únicamente se limitó a dar fe de los actos jurídicos derivados del procedimiento radicado bajo expediente ********************, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil de esta ciudad.****************************************De igual forma, se obtiene que el Notario Público Número Dos del Estado de México, con residencia en Texcoco, no emitió una actuación unilateral que haya creado, modificado, transmitido o extinguido derechos y obligaciones, puesto que su actuación, consistente en protocolizar la decisión judicial adoptada en el expediente de origen, sólo tiene carácter declarativo.****************************************En virtud de lo anterior, como se indicó, dicha actuación tampoco generó nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que le fue delegada por el Estado, pues -se itera- la conducta del Notario Público Número Dos del Estado de México, con residencia en Texcoco, únicamente se limitó a hacer constar la existencia de los actos jurídicos realizados en el procedimiento judicial de origen.****************************************Lo mismo ocurre respecto al instrumento público número ********************volumen número********************, pasada ante la fe del Notario Público número Veintiuno, de esta ciudad, puesto que en el mismo se hizo constar el contrato de compraventa celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, representado por su apoderado legal y ********************, por conducto de su apoderado legal, siendo objeto de dicho acto traslativo de dominio el bien inmueble identificado como unidad ********************del condominio privada********************construido sobre el lote********************de la manzana********************del fraccionamiento********************de esta ciudad, el cual es materia el presente juicio biinstancial.********************Lo anterior, puesto que la actuación del Notario Público responsable al emitir dicho instrumento público, únicamente se limita a protocolizar un acto jurídico voluntad de las partes, es decir, sólo tiene carácter declarativo.****************************************Por lo que no se estableció una relación de supra subordinación del fedatario frente a los particulares involucrados, ni tampoco generó nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que le fue delegada por el Estado, pues -se itera- la conducta del Notario Público Número Veintiuno, de esta ciudad, únicamente se limitó a dar fe del acuerdo de voluntades ante él realizado.****************************************En ese orden de ideas, es inconcuso que las actuaciones que se atribuyen a las autoridades responsables Notarios Públicos Número Dos del Estado de México, con residencia en Texcoco, y Veintiuno, de esta ciudad, no reúne los presupuestos necesarios para ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que -se itera- las conductas desplegadas por dichos fedatarios únicamente consistieron en dar fe de actos jurídicos que, en primer término, fueron materia de una controversia jurisdiccional, y en segundo, de un acuerdo de voluntades.****************************************En lo conducente, ilustra la postura que antecede, la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil ciento cuarenta y cuatro, tomo II, libro sesenta y nueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2020413, de contenido siguiente:****************************************"NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado.********************Contradicción de tesis 364/2016. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 27 de marzo de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien indicó estar con el sentido, pero no compartir las consideraciones, por lo que reservó su derecho para formular voto concurrente, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: María Dolores Igareda Diez de Sollano. ********************Tesis y/o criterios contendientes:********************El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el recurso de queja 132/2016, en el que determinó que los notarios no son autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando tramita un procedimiento sucesorio intestamentario extrajudicial, ya que no dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, por lo que era improcedente el juicio de amparo al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo.********************El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en el Estado de México, al resolver el amparo en revisión 1********************, el cual dio origen a la tesis II.2o.C.5 K (10a.), de título y subtítulo: "NOTARIO PÚBLICO. CUANDO TRAMITA UN PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO, ES AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo II, diciembre de 2015, página 1291, con número de registro digital: 2010709.********************Tesis de jurisprudencia 41/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve."****************************************De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.3o.C.4 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página novecientos setenta y uno, tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil, Novena Época, registro 192034, que señala:****************************************"NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SU ACTUACIÓN DERIVA DE UNA ORDEN JUDICIAL. De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Efectivamente, el notario es un fedatario público al que la ley le otorga la facultad de autentificar y dar forma a los actos y hechos jurídicos, por lo que cuando actúa en ejercicio de esas facultades, a virtud de una disposición jurisdiccional, su actuación no implica la aplicación o ejecución de alguna determinación de observancia obligatoria, como tampoco la modificación de una situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado, ya que no trata de imponer disposiciones normativas ni actúa motu proprio, sino en acatamiento del referido mandato jurisdiccional, que es donde propiamente se hizo la aplicación de la ley y en donde se decretó la afectación de la esfera jurídica de las partes contendientes. Consecuentemente, el fedatario que da autenticidad y forma legal al acto jurídico base de la acción, en el juicio natural, no actúa como autoridad para efectos del amparo, sino como simple fedatario de ese acto que fue materia de una controversia jurisdiccional y por ende, el juicio de amparo contra actos del notario público, resulta improcedente.********************TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.********************Amparo en revisión 2/99. Mónica Villegas Delgadillo. 11 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Romero Vázquez. Secretario: José Fernando García Quiroz."****************************************En tales condiciones, al estar demostrado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5º fracción II -interpretado a contrario sensu- ambos de la ley de la materia, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Notarios Públicos Número Dos del Estado de México, con residencia en Texcoco, y Veintiuno, de esta ciudad.****************************************Sexto. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia y este órgano jurisdiccional, de oficio, no advierte la actualización de alguna de ellas, por lo que se procede al estudio de los motivos de inconformidad.****************************************Séptimo. El único concepto de violación, suplido en su deficiencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada.****************************************La parte quejosa sostiene, en esencia, que la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, vulneró su derecho de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional, al no habérsele llamado al procedimiento de origen con las formalidades de ley, lo que le impidió oponerse a la jurisdicción voluntaria intentada en su contra y, en su caso, ofrecer pruebas, formular alegatos y ejercer su derecho de defensa.****************************************Según se anticipó, suplido en su deficiencia, es fundado el argumento que antecede.****************************************Para avalar la postura que antecede, es oportuno citar el marco normativo que regula el procedimiento de jurisdicción voluntaria, que -en la parte que interesa- es del tenor siguiente (énfasis añadido):****************************************"Artículo 878. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas.********************Articulo 879.- Cuando fuere necesaria la audiencia de alguna persona, se le citará conforme a derecho, advirtiéndole en la citación que quedan, por tres días, las actuaciones en la secretaría del juzgado para que se imponga de ellas y señalándole día y hora para la audiencia, a la que concurrirá el promovente, sin que sea obstáculo para la celebración de ella la falta de asistencia de éste.********************Artículo 881.- Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio en procedimiento sumario siempre que la oposición no se funde en la negativa del derecho del que promueve el negocio de jurisdicción voluntaria. En tal caso se sustanciará el pleito conforme a los trámites establecidos para el juicio que corresponda.********************Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el Juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho al opositor."************************************************************De acuerdo con los preceptos transcritos, resulta que la jurisdicción voluntaria es un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias en el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones, puesto que ese procedimiento sólo es procedente cuando no se plantea o suscita controversia alguna o conflicto entre partes determinadas, ya que de darse habrá de convertirse en jurisdicción contenciosa, terminándose así la voluntaria.****************************************Es decir, que la característica esencial de la jurisdicción voluntaria, es que en ella no existe controversia; luego, en el momento mismo en que se suscite esa controversia, cesará la jurisdicción voluntaria y las diferencias que existan entre los interesados deberán dirimirse en el procedimiento contencioso.****************************************Asimismo, se desprende que cuando sea necesaria la audiencia de alguna persona, se le debe citar "conforme a derecho", advirtiéndose a la parte interesada que las actuaciones quedan en la secretaría del juzgado por tres días para que se imponga de ellas y, deberá señalarse día y hora para la audiencia correspondiente.****************************************Con lo hasta aquí expuesto, es dable advertir que si bien es cierto, en las diligencias de jurisdicción voluntaria no existe propiamente una diligencia de emplazamiento, cuando se estime indispensable la audiencia de una persona sí deberá citársele conforme a derecho y deberán realizársele las prevenciones correspondientes. ****************************************Luego, dado que el legislador no definió cómo realizar la notificación respectiva, ya que sólo indicó que deben efectuarse "conforme a derecho", se concluye que para determinar dicha circunstancia, ha de acudirse a las reglas que sobre las notificaciones establece del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.****************************************Precisado lo anterior, es pertinente señalar que de las constancias que obran en autos se desprende que mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil quince, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto de su apoderado ********************, promovió diligencias en vía de jurisdicción voluntaria con la finalidad de notificar a******************** y otros, que se había tomado la determinación de dar por rescindidos diversos contratos de crédito y al no haberlos liquidado se procedía a la ejecución de la garantía en pago de lo adeudado mediante la adjudicación de los inmuebles correspondientes, comunicación que -precisó- debía realizarse mediante cédula que se fijara en el domicilio de dicho Instituto.****************************************En efecto, la petición de mérito se realizó en los términos siguientes (énfasis añadido):****************************************"Que en nombre de mi representada vengo a promover diligencias en vía de jurisdicción voluntaria, para los fines y efectos que se contienen en los hechos y consideraciones de derecho siguientes:********************HECHOS:********************1.- Mi representada, según lo dispone el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, es un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene por objeto, según lo establecido en el artículo 3 del mismo ordenamiento citado, entre otros, la de establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, así como la de coordinar y financiar programas de construcción para el mismo propósito.********************2.- En cumplimiento de objeto anterior, mi representada otorgó los créditos para la adquisición de vivienda; créditos que fueron garantizados con los inmuebles para cuya adquisición se destinó el crédito otorgado, habiendo quedado debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio las garantías correspondientes.********************3.- Los contratos de crédito fueron aceptados por los acreditados con la cláusula de rescisión o pacto comisorio que se contiene de la leyenda siguiente '.EL "INFONAVIT", SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, DARÁ POR RESCINDIDO EL CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO QUE CONCEDE AL TRABAJADOR EN ESTE ACTO, POR VENCIDO ANTICIPADAMENTE EL PLAZO PARA EL PAGO DEL CRÉDITO Y, EN SU CASO, HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA HIPOTECARIA.'.********************4.- Como consecuencia de que los acreditados cuyos contratos fueron objeto de la rescisión decretada por mi representada, dejaron de cumplir con el pago de las amortizaciones pactadas, con las facultades que le confieren los artículos 41, 42 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con apoyo en la cláusula de rescisión o pacto comisorio, tomó la determinación de dar por rescindidos los contratos correspondientes, con la consecuencia de tener por vencido anticipadamente el plazo para el pago de los créditos correspondientes; resolución que fue debidamente hecha saber a cada uno de los beneficiarios de los créditos rescindidos, en donde se les concedió el plazo de treinta días para liquidarlos, con el apercibimiento de ser ejecutada la garantía de pago de sus respectivos adeudos.********************5.- Es el caso de que los titulares de los créditos relacionados en esta demanda no acudieron dentro del plazo que se les otorgó a cubrir el adeudo que les corresponde, razón por la cual solicito se proceda a hacerles saber a los acreditados la ejecución de la garantía en pago de lo adeudado mediante la adjudicación de las garantías a favor del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, en cumplimiento de la resolución administrativa que declaró la rescisión de los contratos de crédito correspondiente, debiendo ser notificados del procedimiento mediante cédula que se fije en el domicilio ubicado en avenida ******************** ******************** de la colonia ******************** de esta ciudad, a la cual deberá integrársele copias debidamente cotejadas de la demanda y sus anexos."****************************************El veintiocho de enero de dos mil quince, se radicó el procedimiento relativo bajo el expediente ********************, del índice del Juzgado Quinto del Partido Judicial de Tijuana y, en atención a lo solicitado por el promovente, con fundamento en el artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California se ordenó que, mediante edictos y cédula que se fijara en el domicilio ubicado en: avenida ******************** ********************, de la colonia ********************, de esta ciudad, se hiciera del conocimiento de los "deudores" la ejecución de la garantía en pago de lo adeudado mediante la adjudicación de las vivienda respectivas, en virtud de no haber comparecido dentro del plazo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores les otorgó para cubrir el adeudo correspondiente; y, una vez hecho lo anterior se archivaría el asunto como concluido.****************************************Para mayor claridad, se reproduce el proveído de mérito, que es del tenor siguiente (énfasis añadido):****************************************"Tijuana, Baja California, a veintiocho de enero de dos mil quince.********************Con el escrito de cuenta presentado por el LIC. ******************** en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, personalidad que se reconoce en los términos de la copia certificada del testimonio de la escritura pública número ********************, volumen ********************, del protocolo de la Notaría Pública número 17 del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, y anexos que se acompañan, FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE. Como lo solicita y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 878, 879, 882 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se le tiene por presentado promoviendo en vía de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, solicitando la intervención judicial en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en los términos de su escrito de cuenta, como consecuencia de haber operado la rescisión de los contratos de crédito otorgados, con fundamento en el artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles, hágase saber a los deudores del INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES por medio de edictos que deberán publicarse por TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial del Estado, en dos periódicos de mayor circulación, así como mediante la fijación de cédula en los tableros que para tal efecto se encuentran destinados en la oficina del INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), sito en avenida ******************** número ******************** de la colonia ******************** de esta ciudad, que en virtud de no haber comparecido dentro del plazo que se les otorgó a cubrir el adeudo que les corresponde, por este medio de les hace saber la ejecución de la garantía en pago de lo adeudado mediante la adjudicación de las garantías en favor del INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en cumplimiento de la resolución administrativa dictada por el propio instituto que declaró la rescisión de los contratos de crédito correspondientes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 2, 41, 42, 49 y relativos de la ley del INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.- Se tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el ubicado en ********************número ******************** de la ******************** de esta ciudad. Hecho lo anterior, archívese el presente expediente como asunto concluido, previas las anotaciones de estilo en el Libro de Gobierno." ****************************************Posteriormente, mediante proveído de quince de abril de dos mil quince, se tuvo al apoderado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores exhibiendo las constancias de las publicaciones correspondientes y se precisó que el plazo de quince días otorgado a los interesados había fenecido el diecisiete de marzo de ese año.****************************************Por escrito recibido ante la autoridad responsable el veinte de mayo de dos mil quince, el apoderado del Instituto aludido solicitó se emitiera pronunciamiento sobre la procedencia de la diligencia de jurisdicción voluntaria solicitada.****************************************En atención a dicha petición, el veintiuno de mayo de dos mil quince, la Jueza responsable emitió una resolución en la que declaró procedente la diligencia de jurisdicción voluntaria y reconoció el derecho del multicitado Instituto para declarar la rescisión de los contratos celebrados con los deudores y "tener por aplicados a su favor los bienes otorgados como garantía en pago de los créditos relativos". ****************************************Lo hasta aquí expuesto, permite establecer que no obstante que el procedimiento de jurisdicción voluntaria se solicitó y autorizó únicamente para "hacer del conocimiento" de los deudores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores una situación (ejecución) relacionada con los créditos contratados con ella, la Juez responsable emitió una decisión sobre la ejecución de diversos bienes inmuebles otorgados en garantía, al reconocer que éstos debían ser "aplicados" a favor del Instituto de mérito para cubrir los adeudos derivados de los contratos de compra venta cuya rescisión había sido previamente determinada por dicho Instituto.****************************************Situación que se traduce, medularmente, en la determinación judicial de reconocimiento de la adjudicación del inmueble que la parte quejosa aduce de su propiedad, en favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, esto es, implica la existencia de un acto privativo en perjuicio de la parte peticionaria del amparo, respecto del cual se estima debió respetarse el derecho de audiencia previa.****************************************Únicamente en forma ilustrativa, se cita la jurisprudencia 2a./J. 86/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil cinco, tomo II, libro cuarenta y cinco, agosto de dos mil diecisiete, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014866, que señala:********************"JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. LA RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO RESPECTO DEL CUAL ES NECESARIO RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. Del análisis del artículo 48 de la Ley Agraria, en relación con el marco normativo del procedimiento de jurisdicción voluntaria en materia agraria, se obtiene que la resolución con la que culmina constituye un acto privativo de los derechos que sobre esa tierra tuvo alguna persona o el propio Comisariado Ejidal, en tanto crea derechos a quien lo promovió, pues tiene como consecuencia directa e inmediata que adquiera los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela, oponibles ante terceros, traducidos en el aprovechamiento, uso y disfrute de la tierra, además de la posibilidad de transmitirlos a otros ejidatarios o avecindados del propio núcleo de población, y la expedición del certificado correspondiente, con el consecuente reconocimiento de ese nuevo carácter de titular de derechos en el núcleo agrario. En consecuencia, la resolución de que se trata es de aquellos actos respecto de los cuales debe respetarse el derecho de audiencia previa, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, será a partir del acato a la oportunidad que tiene el tercero con interés de comparecer a formular su oposición, que se evitará el dictado de la resolución en la cual se constituya en favor del promovente una titularidad que no tenía respecto de las parcelas o tierras cuya posesión detenta; propiciando la conclusión de las diligencias de jurisdicción voluntaria, para que sea en el juicio contencioso donde se dirima quién tiene el mejor derecho de posesión.********************Contradicción de tesis 320/2016. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 31 de mayo de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.********************Tesis contendientes:********************Tesis PC.XVI.A. J/14 A (10a.), de título y subtítulo: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL TERCERO CON LEGITIMACIÓN PARA INTERVENIR, CONTRA TODO LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, A FIN DE QUE SE RESPETE SU DERECHO A OPONERSE.", aprobada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Tomo III, junio de 2016, página 1987, y********************Tesis PC.III.A. J/17 A (10a.), de título y subtítulo: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER EL AMPARO EN QUE SE IMPUGNA LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA.", aprobada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de julio de 2016, a las 10:15 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, Tomo II, julio de 2016, página 1311.********************Tesis de jurisprudencia 86/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de junio de dos mil diecisiete."****************************************En efecto, si bien es cierto, conforme a su naturaleza, los procedimientos de jurisdicción voluntaria iniciados con la finalidad de realizar la notificación de un acto jurídico, no generan una afectación a la esfera jurídica del notificado, pues tal diligencia no crea, extingue o modifica derechos en forma alguna; también cierto es que, en el caso concreto -como se demostró- la determinación de veintiuno de mayo de dos mil quince que "calificó" la procedencia de dicho procedimiento, reconoció la existencia de un derecho a favor de su promovente, en perjuicio de la parte quejosa, excediendo la finalidad de la jurisdicción voluntaria intentada.****************************************En ese tenor, la resolución de que se trata, por las consecuencias que produce, corresponde a aquellos actos respecto de los cuales debe respetarse el derecho de audiencia previa, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues, será a partir del acato a la oportunidad que tiene el deudor de comparecer a formular su oposición, que se evitará el dictado de la resolución en la cual se constituya en favor del promovente una titularidad que no tenía respecto del inmueble; propiciando la conclusión de las diligencias de jurisdicción voluntaria, para que sea en el juicio contencioso donde se dirima la procedencia de la adjudicación que -al parecer- corresponde a la verdadera pretensión del multicitado Instituto.****************************************En virtud de lo acreditado con antelación, es dable advertir dos actuaciones que derivaron en la violación del derecho de audiencia de la parte quejosa, la primera, consistente en la indebida notificación del inicio del procedimiento de jurisdicción voluntaria; y, la segunda, relativa a la indebida ejecución de la diligencia de notificación solicitada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo siguiente.****************************************Tomando en consideración que las violaciones advertidas derivan de las diligencias de notificación, es necesario reproducir el contenido de los artículos 110 a 128 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California que regula las notificaciones en materia ******************** que es del tenor siguiente (énfasis añadido):****************************************Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California****************************************"De las notificaciones"**************************************** "Artículo 110. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectuarán dentro de los tres días siguientes al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el Juez o la ley no dispusieren otra cosa. Los infractores de esta disposición serán destituidos de su cargo cuando reincidan por más de tres ocasiones, sin responsabilidad para el Tribunal Superior de Justicia previa audiencia de defensa ante el Juez o Magistrado correspondiente.********************Para los anteriores efectos, se llevará un registro diario de los expedientes que se les entreguen, debiendo recibirlos bajo su firma y directamente del secretario de acuerdos, a quien se le devolverán dentro del plazo señalado."**************************************** "Artículo 111. Las notificaciones se harán personalmente, por cédula, por el Boletín Judicial, en los términos de los artículos 123 y 125, por edictos, por correo y por telégrafo, de acuerdo con lo que se dispone en los artículos siguientes."******************** "Artículo 112. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias.********************Igualmente deben designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan.********************Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aun las que, conforme a las reglas generales deban hacerse personalmente, se le harán por el Boletín Judicial o por cédula fijada en las puertas del juzgado, en los lugares en donde no se publique el Boletín Judicial; si faltare a la segunda parte, no se hará notificación alguna a la persona contra quien promueva hasta que se subsane la omisión."**************************************** "Artículo 113. Entretanto que un litigante no hiciere nueva designación de la casa en donde se practiquen las diligencias y se hagan las notificaciones, seguirán haciéndosele en la que para ello hubiere designado, y las diligencias en que debiere tener intervención, se practicarán en los estrados del juzgado."****************************************"Artículo 114. Será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes:********************I.- El emplazamiento del demandado, y siempre que se trate de la primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias;********************II.- El auto que ordena la absolución de posiciones o reconocimiento de documentos;********************III.- La primera resolución que se dicte cuando se dejare actuar más de tres meses por cualquier motivo;********************IV.- Cuando se estime que se trate de un caso urgente y así se ordene;********************V.- El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;********************VI.- Las sentencias definitivas; y (sic)********************VII.- La reconvención opuesta por la parte demandada; y********************VIII.- En los demás casos que la ley disponga."****************************************"Artículo 115. Cuando variare el personal de un tribunal, no se proveerá decreto haciendo saber el cambio, sino que al margen del primer proveído que se dictare, después de ocurrido, se pondrán completos los nombres y apellidos de los nuevos funcionarios. Sólo que ocurriere cuando el negocio esté pendiente únicamente de la sentencia, se mandará hacer saber a las partes."****************************************"Artículo 116. La primera notificación se hará personalmente al interesado, o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, le dejará cédula en la que hará constar la fecha y hora en que la entregue, el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, recogiéndole la firma en la razón que se asentará del acto."****************************************"Artículo 117. En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas:********************I.- El emplazamiento debe hacerse según los casos, a las personas que a continuación se indica:********************A).- Si se tratare de personas físicas directamente a la parte a quien se va a emplazar, a menos de que carezcan de capacidad procesal, pues en este caso se hará el emplazamiento a su representante legal. Sólo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del Tribunal y la persona emplazada radique fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y el emplazado en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazado. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación. A petición del apoderado y según las circunstancias, el Juez podrá ampliar el término para contestar el emplazamiento hasta por treinta días más, si el apoderado necesitare recabar instrucciones de su mandante;********************B).- Tratándose de personas morales, asociaciones, agrupaciones, instituciones o bien de dependencias o servicios de la Administración Pública, el emplazamiento se hará por conducto de las personas u órganos que las representen. Si los representantes fueren varios, el emplazamiento se tendrá por válido cuando se haga a cualquiera de ellos. Si la representación corresponde a una junta o colectividad, bastará que se haga a la persona que la ostente;********************II.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física, y si se trata de persona jurídica en el domicilio social, y en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de establecimientos o sucursales, en que lo será el del lugar de tales establecimientos o sucursales, si cuentan con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por o con intervención de éstos. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares;********************III.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejara citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y se fijara atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio, además en el citatorio se fijará la persona a quien va dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los términos precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado no atienda el citatorio, debiendo integrar la copia del mismo y levantar la razón del citatorio al momento de la diligencia. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe de ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con las personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que se le recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón de la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente;********************IV.- Cuando la persona a quien deba emplazarse no radique en el lugar del juicio, pero sí dentro del mismo distrito judicial, se aplicará lo dispuesto por los Artículos 105 y 106 de este Código. Si se halla en otro partido distinto o fuera del Estado pero dentro de la República, y fuere conocido su domicilio, el emplazamiento se le hará por despacho o exhorto de acuerdo con la forma prevista en el Capítulo anterior. Si una vez despachado el exhorto sobreviniere un cambio de domicilio de la persona a quien se pretende emplazar, dentro de la jurisdicción del Juez requerido, éste se entenderá facultado para hacer el emplazamiento en el nuevo domicilio, sin necesidad de nuevo exhorto, bastando que así lo pida la parte interesada ante el Juez exhortado;********************V.- Si la persona emplazada radica en el extranjero, el emplazamiento podrá hacérsele mediante carta rogatoria o exhorto, o por correo certificado con acuse de recibo, contándose en este último caso el emplazamiento como hecho a partir de la fecha en que se reciba en el Juzgado, de la Oficina de Correos, el acuse de recibo debidamente firmado por el interesado;********************En todos los casos de emplazamiento, los Jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que el emplazamiento se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este Artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado, y tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites, imponiendo una corrección disciplinaria al Actuario cuando aparezca responsable."****************************************"Artículo 118. Si después que el notificador se hubiere cerciorado de que la persona por notificar vive en la casa y se negare aquel con quien se entiende la notificación a recibir ésta, se hará en el lugar en que habitualmente trabaje, sin necesidad de que el Juez dicte una determinación especial para ello."****************************************"Artículo 119. Cuando no se conociere el lugar en que la persona que debe notificarse tenga el principal asiento de sus negocios, y en la habitación no se pudiere, conforme al artículo anterior, hacer la notificación, se podrá hacer ésta en el lugar en donde se encuentre.********************En este caso, las notificaciones se firmarán por el notificador y por la persona a quien se hiciere. Si ésta no supiere o no pudiere firmar, lo hará a su ruego un testigo. Si no quisiere firmar o presentar testigo que lo haga por ella, firmarán dos testigos requeridos al efecto por el notificador. Estos testigos no podrán negarse a hacerlo, bajo multa desde cinco hasta cien pesos."****************************************"Artículo 120.- Cuando se trate de citar a peritos, terceros que sirvan de testigos y personas que no sean parte en el juicio, se puede hacer personalmente o por cédula en sobre cerrado y sellado conteniendo la determinación del Juez o tribunal que mande practicar la diligencia. Estas cédulas pueden entregarse por conducto de la policía, de las partes mismas y de los notificadores, recogiendo la firma del notificado en el sobre que será devuelto para agregarse a los autos."****************************************"Artículo 121. Cuando se trate de citar testigos o peritos o terceros que no constituyan parte, pueden ser citados también por correo certificado o por telégrafo, en ambos casos a costa del promovente.********************Cuando se haga por telegrama, se enviará por duplicado a la oficina que haya de transmitirlo, la cual devolverá, con el correspondiente recibo, uno de los ejemplares que se agregará al expediente."****************************************"Artículo 122. Procede la notificación por edictos:********************I.- Cuando se trate de personas inciertas;********************II.- Cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora.********************En este caso el juicio deberá seguirse con los trámites y solemnidades a que se refiere el título noveno.********************En los casos de las fracciones I y II, los edictos se publicarán por tres veces, de tres en tres días, en el Boletín Judicial y otro periódico de los de mayor circulación, haciéndose saber que debe de presentarse el citado dentro de un término que no bajará de quince ni excederá de sesenta días;********************III.- Cuando se trate de inmatricular un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, conforme al Artículo 2890 del Código Civil, para citar a las personas que puedan considerarse perjudicadas. Los edictos se publicarán por tres veces consecutivas, de diez en diez días, en el Boletín Judicial y en dos periódicos de los de mayor circulación.********************Igualmente los edictos se fijarán en lugares públicos. En la solicitud se mencionará el origen de la posesión, el nombre de la persona de quien en su caso la obtuviera el peticionario, del causahabiente de aquélla si fuere conocido; la ubicación precisa del bien, medidas y sus colindancias; el nombre y domicilio de los colindantes, debiendo acompañar levantamiento topográfico o deslinde debidamente autorizado y certificado por catastro competente en donde se ubique el inmueble; así como un certificado de no-inscripción del inmueble expedido por el Registro Público de la Propiedad. Terminada la publicación se correrá traslado de la solicitud a la persona de quien obtuviera la posesión o su causahabiente si fuera conocido, al Ministerio Público, a los colindantes, al registrador de la propiedad para que manifiesten lo que a su derecho convenga, por el término de 9 días. Contesten o no y sin necesidad de acuse de rebeldía, el Juez al vencerse el último término del traslado, abrirá una dilación probatoria por 30 días. Además de las pruebas que tuviere, el solicitante está en la obligación de probar su posesión en concepto de dueño por medios legales y además por la información de tres testigos, preferentemente colindantes del inmueble a in matricular o, en su caso, que tengan bienes raíces en el lugar de ubicación del predio de que se trata. La sentencia se pronunciará después del término de alegar, dentro de ocho días.********************La sentencia es apelable en ambos efectos y el recurso se substancia como en los juicios ordinarios."****************************************"Artículo 123. La segunda y ulteriores notificaciones se harán personalmente a los interesados o a sus procuradores, si ocurren al tribunal o juzgado respectivo, en el mismo día en que se dicten las resoluciones que hayan de notificarse, o al siguiente día de las ocho a las trece horas, o al tercer día antes de las doce.****************************************"Artículo 124. Deben firmar las notificaciones las personas que las hacen y aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el secretario o escribano, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere."****************************************"Artículo 125. Si las partes o sus procuradores no ocurren al tribunal o juzgado a notificarse en los días y horas a que se refiere el artículo 123, la notificación se dará por hecha y surtirá sus efectos, a las doce del último día a que se refiere el artículo citado, a condición de que se haya hecho en el Boletín Judicial."****************************************"Artículo 126. Se fijará en lugar visible de las oficinas del tribunal o juzgados, una lista de los negocios que se hayan acordado cada día, y se remitirá otra lista expresando solamente los nombres y apellidos de los interesados, para que al día siguiente sea publicada en el Boletín Judicial, diario que sólo contendrá dichas listas de acuerdos y avisos judiciales y que se publicará antes de las nueve de la mañana.********************Sólo por errores u omisiones sustanciales que hagan no identificables los juicios, podrá pedirse la nulidad de las notificaciones hechas por Boletín Judicial. Además, se fijará diariamente en la puerta de la sala del Tribunal y Juzgados un ejemplar del Boletín Judicial, coleccionándose dicho diario para resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la falta de alguna publicación. En el archivo judicial se formarán dos colecciones, una de las cuales estará siempre a disposición del público."****************************************"Artículo 127. En las Salas del Tribunal y en los Juzgados, los empleados que determine el Reglamento, harán constar en los autos respectivos el número y fecha del Boletín en que se haya hecho la publicación a que se refiere el Artículo anterior, bajo la pena de multa equivalente a un salario mínimo por la primera falta, de dos veces el salario mínimo por la segunda, y de suspensión de empleo, hasta por tres meses, por la tercera; sin perjuicio de indemnizar debidamente a la persona que resulte perjudicada por la omisión."****************************************"Artículo 128.- En los lugares en donde no exista Boletín Judicial u otra publicación equivalente, la segunda y ulteriores notificaciones se harán como se determina en el artículo 112, último párrafo, y si los interesados no concurrieren al tribunal, surtirá sus efectos la notificación al día siguiente de aquel en que se fije en el tablero de avisos del juzgado, una cédula conteniendo el nombre del notificado, el del tribunal, y la resolución que se hace saber, con la fecha en que se hace la fijación de la cédula. De todo lo cual se tomará razón en autos, bajo las penas a que se refiere el artículo anterior."************************************************************De la reproducción que antecede, es dable advertir que el legislador previó como formas de realizar las notificaciones las siguientes: personalmente, cédula, Boletín Judicial, vía electrónica, edictos, correo y telégrafo -así como el exhorto y la carta rogatoria previstos en el diverso numeral 117- y distinguió en qué supuesto procedía cada una de ellas.****************************************En ese sentido, en lo que al caso atañe, es oportuno destacar que debe realizarse personalmente -entre otras- la relativa al primer acuerdo incluso si se trata de diligencias preparatorias y que la notificación por edictos sólo procede cuando se trate de: (i) personas inciertas; (ii) personas cuyo domicilio se ignora; (iii) inmatricular un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, conforme al artículo 2890 del Código Civil del Estado de Baja California, para citar a las personas que puedan considerarse perjudicadas; y, (iv) cuando así lo prevenga la ley.****************************************En ese contexto normativo, se estima que, en el caso concreto, la Jueza responsable debió ordenar que la notificación del acuerdo de inicio de la jurisdicción voluntaria y la diligencia de notificación solicitada por el Instituto promovente de dicho procedimiento, se realizaran personalmente en el domicilio de la parte quejosa, en términos de los artículos 111, 114, fracción I y 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, por tratarse del primer auto dictado en el procedimiento relativo y por no surtirse alguno de los supuestos previstos en el artículo 122 de dicho código para efectuar tal comunicación por edictos.****************************************No obstante ello, del contenido del acuerdo de inicio de veintiocho de enero de dos mil quince, antes transcrito, se desprende que no se emitió pronunciamiento alguno sobre la notificación personal de dicho auto y no existe constancia de que ese proveído -como primer auto dictado en el procedimiento de origen- haya sido notificado personalmente a la parte deudora, pues sólo obra la razón correspondiente a la notificación por boletín judicial realizada el treinta de enero de dos mil quince.****************************************Asimismo, por lo que hace a la notificación con intervención judicial que solicitó el promovente, del proveído de mérito se advierte que la Jueza Civil ordenó en forma genérica (sin precisar el nombre de cada uno de los deudores) que tal comunicación se efectuara mediante "edictos", sin que existiera justificación para ello, ya que de la información proporcionada por la parte promovente en su escrito inicial, no se desprendía que se desconociera el domicilio de la parte deudora y tampoco se obtiene que se actualizara alguno de los supuestos específicos que permitieran llevar a cabo la notificación de esa forma.****************************************De igual forma, se obtiene que en el proveído de veintiocho de enero de dos mil quince, se ordenó que la notificación solicitada también se llevara a cabo mediante "cédula fijada" en los tableros del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores promovente de la jurisdicción voluntaria de origen y, de autos se advierte que la fijación respectiva fue efectuada por el propio personal de ese Instituto -sin la intervención del Actuario Judicial respectivo o personal del órgano jurisdiccional correspondiente- circunstancias que no se encuentran previstas y, menos aún, autorizadas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. ****************************************Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que ha quedado evidenciado que tanto el contenido del acuerdo en el que se ordenaron las notificaciones correspondientes, como su ejecución, no se adecuan a las formalidades previstas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, lo que se traduce en la imposibilidad de tener certeza que, en efecto, la parte quejosa haya tenido pleno conocimiento de la existencia de la jurisdicción voluntaria iniciada "en su contra", a fin que, de considerarlo pertinente, compareciera ante la autoridad judicial a formular la oposición respectiva. ****************************************En tales condiciones, es claro que el Juez del proceso vulneró el principio de legalidad y, por ende, el derecho de audiencia de la parte quejosa, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana.********************Concesión que deberá hacerse extensiva respecto del acto atribuido a la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, al no reclamarse su actuar por vicios propios.****************************************Octavo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para los efectos siguientes:************************************************************1. El Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de jurisdicción voluntaria ********************, hasta la notificación aquí reclamada, únicamente por lo que hace al deudor******************** y todas sus consecuencias. ****************************************1.a. En el entendido de que para ello deberá girar el oficio correspondiente a fin de que el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, de esta ciudad, deje insubsistentes las inscripciones realizadas con motivo del procedimiento de origen. ****************************************1.b. Deberá girar los oficios correspondientes para que se cancelen las escrituras públicas que, en su caso, se hubieren emitido con motivo del procedimiento de origen. ************************************************************Por lo expuesto y fundado, se:************************************************************R E S U E L V E:************************************************************Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por******************** contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en los considerandos tercero y quinto de este fallo, por las razones ahí precisadas.************************************************************Segundo. La Justicia Federal ampara y protege a******************** contra los actos reclamados a la autoridad responsable indicada en el considerando cuarto de esta sentencia, para los efectos señalados en el último considerando.****************************************Notifíquese.

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