Luz Liliana Ramos Rodríguez
Expediente 140/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Luz Liliana Ramos Rodríguez
Actuaciones
- Principal
I. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte promovente no impugnó el acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso (fojas 06 a 11), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto de 26/02/2019 Vista la demanda de amparo promovida por Luz Liliana Ramos Rodríguez, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza y Presidente de su adscripción. II. Formación de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo indirecto 140/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la quejosa, señala como acto reclamado, la resolución incidental dictada el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 38/2018, que promovió en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, en contra de Industrias Irvin de México, Sociedad Anónima de Capital Variable; determinación que resolvió el incidente de incompetencia promovido por la parte demandada y se declara incompetente para conocer del asunto, declinando la competencia a favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. IV. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo anterior, tiene sustento en el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello, con la intención de evitar, crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el entendido de que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por lo que informa, la jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, con registro electrónico 188643, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En el caso concreto, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Por otro lado, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;" Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento - como es el caso-, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así es, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Acorde a lo anterior, cabe señalar que los actos en juicio, que tienen una ejecución de imposible reparación y por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, con número de registro 2006589, Décima Época, la cual es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, es decir, no encuadra en el supuesto de excepción contenido en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo. Es así, porque únicamente tiene efectos formales ya que la autoridad responsable solo se declaró incompetente para conocer del asunto y declinó competencia a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; es decir, el objetivo del acuerdo reclamado es que la controversia planteada se resuelva por la autoridad competente, que en este caso estima que es una Junta del fuero federal. Empero, ese acto, hasta este momento no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, en los que México sea parte, en favor del quejoso; en todo caso, pudiera constituir una afectación de naturaleza procesal, que en sí misma no es generadora de la procedencia de esta vía extraordinaria de defensa; puesto que, cuando se actualiza la procedencia de un amparo indirecto sobre actos dictados dentro de juicio, tiene por finalidad el garantizar el respeto a los derechos sustantivos de los promoventes. En ese contexto, este Juzgado de Distrito en un examen ponderado de la determinación reclamada, concluye que sus efectos son meramente procesales o adjetivos, ya que su dictado no produce una afectación material a derechos sustantivos, porque no impide un libre ejercicio en forma presente, que amerite su análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, patentiza que no se ha materializado irreparablemente afectación alguna en perjuicio del solicitante de amparo, pues hasta este momento, de lo manifestado, no se tiene noticia que la Junta Federal, haya o no admitido el procedimiento a huelga, circunstancia que es indispensable para que se actualice la excepción que dispone el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en cuanto señala 'actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia.', pues dicho artículo se refiere necesariamente a aquellos que sean definitivos, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo. El cual debe entenderse como aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando admite inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión de un órgano en declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de la materia, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas Al respecto se emitió la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, de la Décima Época, con registro 2009721, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Asimismo, cobra aplicación, por lo que informa, la diversa jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 22, septiembre de dos mil quince, tomo I, página 22, Décima Época, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. VI. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Gardenia, número 501, colonia Guillen, en esta ciudad, autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Mario Esparza Ramírez, hasta en tanto acredite que su cédula profesional se encuentre registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de Judicatura Federal. VII. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VIII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. IX. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. X. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. XI. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
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