Luz Imelda Gonzalez Agramon
Expediente 1384/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1384/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Luz Imelda Gonzalez Agramon
- Sala Especializada En Materia del Juicio de Resolucion de Fondo Y Primera Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés.********************Declaración de ejecutoria. De la certificación de cuenta y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo.********************En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.********************Háganse las anotaciones correspondientes.********************Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años al haberse dictado este acuerdo como asunto concluido.********************Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.********************Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.********************Jennifer ********************
- Principal
Juicio de amparo 1384/2022 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, con las constancias de notificación a las partes -quejosa, autoridades responsables, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita-, el informe justificado rendido por las responsables y con el estado que guardan los presentes autos. Asimismo, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Asimismo, por auto de veintiséis de mayo del año en curso, se dio vista a la quejosa para que dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, ampliara su demanda respecto de un nuevo acto reclamado, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, en el plazo concedido, el presente juicio se resolvería únicamente por los actos y las autoridades precisadas en la demanda inicial; sin que hubiese ampliado la misma en el plazo concedido, a pesar de haber sido notificada para ello. El juez acuerda: téngase por hecha la relatoría y certificación efectuada por la secretaria, para los efectos legales conducentes; y por perdido el derecho de la parte quejosa para ampliar la demanda, por lo que se le hace efectivo el apercibimiento que se le formuló por auto de veintiséis de mayo anterior, y por lo tanto, la resolución que se emita únicamente atenderá a los actos y las autoridades precisadas en la demanda inicial. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa anexas a su demanda; así como las aportadas por las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1384/2022, promovido por ********************; y, Resultando Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el diez de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno, el día siguiente hábil, al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, ********************, promovió juicio de amparo contra actos de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución de Fondo y Primera Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades. Mediante proveído de trece de octubre siguiente, el citado órgano jurisdiccional, radicó dicha demanda bajo el número 429/2022-VII, de su índice, y ordenó el returno por conocimiento previo del asunto a este juzgado. El diecisiete de octubre siguiente, se recibió en este juzgado el oficio 806/2022-VII, mediante el cual se remitió la demanda de amparo en cuestión, misma que se radicó bajo el número 1384/2022, del propio índice, aceptándose el returno planteado por la declinante, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de veintiséis de mayo del año en curso, se dio vista a la quejosa para que dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, ampliara su demanda respecto de un nuevo acto reclamado, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, en el plazo concedido, el presente juicio se resolvería únicamente por los actos y las autoridades precisadas en la demanda inicial; sin que hubiese ampliado la misma en el plazo concedido, a pesar de haber sido notificada para ello. En la audiencia constitucional, se le tuvo por perdido el derecho a la parte quejosa para ampliar la demanda, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento que se le formuló por auto de veintiséis de mayo anterior, y por lo tanto, la resolución que se emita únicamente atenderá a los actos y las autoridades precisadas en la demanda inicial. Finalmente, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral realizado al escrito de ampliación de demanda del cual deriva el acto reclamado que a este órgano jurisdiccional le tocó conocer, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de ********************, emitida dentro del juicio ******************** ********************, del índice de la Sala responsable, con motivo del recurso de queja promovido por la aquí quejosa. La omisión del cumplimiento integral de la sentencia definitiva de ********************, emitida dentro del citado juicio. El oficio ******************** de ********************, del subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, no obstante que al rendir su informe justificado hayan negado su existencia, toda vez que del contenido íntegro de los mismos, se advierte su certeza. Además, tal certeza se advierte con las constancias anexas a la demanda de amparo y las que aportaron las autoridades responsables; documentales a las que dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Antecedentes destacados relativos al reclamo constitucional Solo para contextualizar y para explicación de lo que aquí se resuelve, se relatan brevemente los antecedentes del juicio de origen, lo cual se efectúa con base en las documentales que en copia certificada fueron aportadas por el magistrado presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, relativas al expediente ********************, relativo al juicio ******************** promovido por ******************** en contra de la ********************, a las que se otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°., de lo cual se relata lo siguiente: 1. Sentencia definitiva de ********************, cuyos puntos resolutivos son: I. Resultó ********************, por tanto, no se sobresee el presente juicio. II. La ********************, en consecuencia. III. Se ******************** precisada en el primer resultando del presente fallo, para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. 2. Oficio ******************** de ********************, mediante el cual la ******************** informa sobre el cumplimiento de la citada sentencia definitiva. 3. Escrito de ********************, mediante el cual la actora interpone recurso de queja. Por auto de ********************, se admite a trámite el recurso de queja. Resolución de ********************, cuyos puntos resolutivos son: I. Ha sido ********************. II. Se ordena a la autoridad ********************de mérito, en los términos precisados en este fallo. Como ha quedado establecido en el apartado correspondiente, la quejosa impugna básicamente la resolución de ********************, emitida dentro del juicio ******************** ********************, del índice de la Sala responsable, con motivo del recurso de queja interpuesto por la aquí quejosa; y por tanto, la omisión del cumplimiento integral de la sentencia definitiva de ********************, emitida dentro del citado juicio, lo cual refleja en el oficio ******************** de ********************, del subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo, conforme a las actuaciones narradas y existentes en el juicio natural, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que deriva del artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional y que claramente se precisa en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, éste último, interpretado a contrario sensu, toda vez que al tratarse de un acto emitido en la etapa de ejecución del juicio de origen, no se está ante la última resolución de dicha ejecución. Se explica: Efectivamente, el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". En tanto que la fracción XXIII del artículo 61, y el diverso 107, fracción IV, de la actual Ley de Amparo, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". Del análisis de los numerales en cita se advierte que cuando se trate de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo únicamente será procedente respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la correspondiente demanda de garantías que al efecto se presente, todas las violaciones que hubiesen ocurrido en dicho procedimiento. Luego, la esencia de la causal de improcedencia en cita, deviene de la expresión "última resolución" del procedimiento de ejecución, término que actualmente recoge la Ley de Amparo en la fracción IV, de su numeral 107, y que se definió por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, desde la emisión de la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, Novena Época, con registro de localización digital 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Del criterio anterior se aprecia que el Máximo Tribunal del País estableció que por "última resolución" dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia o laudo, debe entenderse como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Luego, como se advierte del párrafo segundo de la fracción IV del transcrito artículo 107, de la Ley de Amparo, se exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", que se dicte en esa fase, en la cual se podrán reclamar todos y cada uno de los posibles vicios que en ésta se adviertan. Sobre ese tema, se precisa que la regla específica de procedencia del juicio de amparo, contenida en la fracción IV, párrafos segundo y tercero, del artículo 107 de la Ley de Amparo, rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la última, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta. Es así, pues esos actos dictados en ejecución de sentencia tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, incluso en tratándose constitucionalidad de normas, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Se cita al respecto (en su aplicación por las razones que la informan), la jurisprudencia 2a./J. 29/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, Página 226, Novena Época, con registro 200585, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SOLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe". Precisado lo anterior, y tomando en consideración que el acto reclamado en forma destacada es la resolución de ********************, con motivo de la inconformidad con el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada el dieciocho de enero del mismo año, dentro del juicio ******************** 2592/21-97-014, del índice de la Sala responsable; por lo que se evidencia que se trata de la etapa de ejecución de sentencia, de ahí que no es una determinación final que concluya con el cumplimiento total de la sentencia definitiva, ni que impida seguir con tal procedimiento, tal y como se advierte de las constancias que han quedado descritas con anterioridad, específicamente con el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el que se da vista a la parte actora, aquí quejosa, con el cumplimiento; es decir, la determinación impugnada no puede considerarse como la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de origen. En efecto, retomando el estudio del asunto en análisis, se desprende que los elementos de la definición de última resolución, no se actualizan en el acto que aquí se reclama, pues el reclamo no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del procedimiento de origen, dado que se trata de una actuación dictada en la fase de ejecución, por lo que, la determinación que constituye el acto reclamado, no es con la que culmina el procedimiento de ejecución, porque no es aquélla que en forma definitiva, previos los trámites correspondientes ante las autoridades competentes, establezca en definitiva el cumplimiento total de la sentencia o el archivo. Es así, pues en la determinación controvertida, referente al recurso de queja interpuesto por la parte actora, la Sala responsable inclusive dictaminó la procedencia respecto del cumplimiento de la sentencia definitiva dictada dentro del indicado juicio contencioso, de ahí que no se esté en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, puesto que no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que haya ordenado el archivo definitivo del expediente; de modo que planteadas así las cosas, no se actualiza la procedencia del juicio de amparo en términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuyo propósito es que se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, por lo que la improcedencia del juicio de amparo abarca las actuaciones tendentes a impedir la ejecución de la cosa juzgada. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2764, Tomo IV, Libro 9, correspondiente al mes de Enero de 2022, Materia Común, Undécima Época, con número de registro digital 2024100, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la voz: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." En tales condiciones, si el juicio del que deriva el acto reclamado se encuentra en la etapa de ejecución, y el acto reclamado por la parte quejosa no corresponde a la última resolución del procedimiento de ejecución; es inconcuso que el amparo biinstancial es improcedente. D e c i s i ó n De acuerdo a lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, así como en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último, interpretado a contrario sensu, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V de la propia ley de la materia. Debiendo hacerse extensivo dicho sobreseimiento respecto a la autoridad señalada como ejecutora, toda vez que no se le atribuyeron directamente vicios propios de actuación. Toma aplicación la jurisprudencia sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 91-96, sexta parte, página 286, séptima época, con registro digital 253622, de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". En consecuencia, no se realiza pronunciamiento alguno respecto de los conceptos de violación, ni sobre el material probatorio en lo que no guarda relación con la causa de improcedencia estudiada; lo anterior, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto y pronunciarse sobre tales aspectos. Se cita como apoyo la tesis jurisprudencial VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252, Octava Época, con registro digital: 226555, de texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 57, materia común, tomo 70, correspondiente al mes de octubre de 1993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los preceptos 1º, fracción I, 74 a 75, y demás relativos, todos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto y autoridades precisados en el considerando II, de esta resolución, por las razones, fundamentos y motivos, tratados en el diverso apartado IV, de esta sentencia. Notifíquese y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Autoridad remite documental. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta firmado por el magistrado instructor de la Primera Ponencia y presidente y por la secretaria de acuerdos, ambos de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar, con residencia en la Ciudad de México, y, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por exhibidas las pruebas documentales que anexa a su oficio la autoridad de referencia, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; dese vista a las partes con su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, revelan que no pudo llevarse a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra pendiente que se notifique el oficio 18759/2023, por el cual se requirió por constancias a la autoridad responsable Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución de Fondo y Primera Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Luz Esmeralda Jaquez Ramirez898/2019
- Luz Esthela Jimenez Garcia1311/2016
- Luz Evelia Ortega García636/2023
- Luz Griselda Arce Mendoza60/2018
- Luz Imelda Contreras Durán270/2022
- Luz Imelda González Agramón1107/2021
- Luz Imelda Rivera Cordova163/2018
- Luz Irene Méndez Silva677/2020
- Luz Irene Rico Cota471/2023
- Luz Isela Castillo Martínez1270/2023
- Luz María Arvayo Morales327/2023
- Luz María Corrales Martínez434/2021