Luz Hortencia Castro Mendoza
Expediente 379/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/04/2019
Partes del expediente
- Luz Hortencia Castro Mendoza
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la comunicación del secretario del secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, por medio de la cual informa que aceptó la competencia y se avoca al conocimiento del asunto de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes, además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de once de marzo del año en curso, se requirió a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, a quien se tuvo como autoridad responsable obligada al cumplimiento, por ser ésta quien está conociendo del juicio laboral de origen, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del siguiente al en que recibiera el oficio que al efecto se envió, remitiera copia certificada del emplazamiento realizado a la parte demandada ********* En caso de que aún no obrara en su poder el citado emplazamiento, debería dictar las medidas necesarias a efecto de que se acate el cumplimiento del fallo protector, en los términos y plazos dictados por este órgano de control constitucional, esto es, que se emplace al citado juicio laboral a la parte demandada; de lo cual quedó debidamente notificada desde el doce de marzo de este año (foja 859), sin que lo haya hecho. Asimismo, mediante acuerdo de veinte de marzo del actual, se requirió de nueva cuenta a dicha autoridad para que acatara la determinación emitida por este órgano de control constitucional (fojas 862-863), sin que haya dado cumplimiento, no obstante de estar debidamente notificada para ello (foja 864). En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a dicha autoridad a través de su Presidente, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio respectivo, remita copia certificada de la diligencia de emplazamiento a la demandada *********** Con el apercibimiento a dicha autoridad que de no hacerlo así o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, este juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con los diversos 192, 193 y 258 de la ley en la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito correspondiente, para continuar con el trámite previsto en el artículo 193 de la citada legislación. Lo anterior, dado que la junta responsable no tiene superior inmediato a quién requerirle que la conmine a cumplir con la ejecutoria en comento; pues la omisión en que incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia en comento; ello, dado que las ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro IV, tomo 4, página 3515, enero de 2012, registro electrónico 2000099, de contenido siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Notifíquese.
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