Luz Estela Peña Vazquez
Expediente 1369/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1369/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luz Estela Peña Vazquez
- LUZ ESTELA PEÑA VAZQUEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA III-B "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda promovida por ************; como esa determinación no fue recurrida a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; ..... se declara que dicho auto ha causado estado. .... archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción correspondiente..."
- Principal
Se notifica mediante lista de acuerdos a la parte quejosa, el proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, que a la letra dice: "... Agréguese el escrito de la quejosa ******, con el cual, cumple en tiempo con la prevención que se le formuló el veinticuatro de noviembre de este año, y refiere que no es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro. También, manifiesta bajo protesta de decir verdad, desconocer el domicilio particular del tercero interesado *****. Por tanto, se provee: Estudio de improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del contexto de la demanda, se obtiene que la quejosa reclama del Jefe de Empleos y Remuneraciones de la Dirección General de Servicios Administrativos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca la orden verbal o escrita dada al Director de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicios Administrativos del citado Instituto, para que, hasta el mes de enero de dos mil veintitrés, se cumpla con la orden emitida por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, contenida en auto de siete de octubre de dos mil veintidós, en el que, decretó el descuento del veinte por ciento del salario y demás prestaciones que percibe *****, a favor su menor hija de iniciales *****. Al respecto, la quejosa refiere que el dieciséis de noviembre del año en curso, se presentó en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para averiguar el motivo por el cual, hasta esa data, no se había realizado descuento alguno sobre el salario que percibe el tercero interesado ****; sin embargo, personal de dicha área, le manifestó que tenía la orden de realizar el descuento a partir de la segunda quince de enero de dos mil veintitrés. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. (.)". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Los preceptos transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo carácter de autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, teniendo también tal calidad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, contra actos que no sean emitidos por autoridad o por particulares que no tengan esa calidad, es improcedente el juicio de amparo. Para mayor claridad, existen las siguientes jurisprudencias: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS... "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES... Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, la justiciable reclama del Jefe de Empleos y Remuneraciones de la Dirección General de Servicios Administrativos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca la orden verbal o escrita dada al Director de Recursos Humanos de la Dirección General de Servicios Administrativos del citado Instituto, para que, hasta el mes de enero de dos mil veintitrés, se cumpla con la orden emitida por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, contenida en auto de siete de octubre de dos mil veintidós, en el que, decretó el descuento del veinte por ciento del salario y demás prestaciones que percibe ****, a favor su menor hija de iniciales *****. Bajo esa tesitura, deviene improcedente esta instancia constitucional, ya que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca no actúa con el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de garantías; sino como patrón equiparado. Ello, pues aplica los descuentos del veinte por ciento en la nómina que percibe el tercero interesado ***** con motivo de la pensión decretada, en acatamiento a lo ordenado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. De ahí que, se estime que el acto reclamado a las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca carece de autonomía y unilateralidad, por lo que, no le reviste el carácter de autoridades. Se insiste, el citado Instituto no realiza actos equiparables a los de autoridad, ya que el acto que le reprocha la justiciable se suscita en una relación de coordinación en la que actúa como particular, como patrón, y no con el carácter de autoridad. Máxime que, la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, tal y como se aprecia del escrito de cuenta; a quien en todo caso le corresponde verificar el cumplimiento del pago de alimentos dentro del controvertido de origen. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha de plano, la demanda de amparo..."
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