Luz Estela Hernández Barrios
Expediente 1160/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1160/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luz Estela Hernández Barrios
Actuaciones
- Principal
Certificación de archivo.
- Principal
... Del estado de autos se advierte que mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós se giró oficio recordatorio a la autoridad responsable, a efecto de que informe el estado procesal del juicio de origen, sin que a la fecha se encuentren en autos la información solicitada. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, reexpídase el comunicado enviado para tal efecto, a manera de recordatorio, a fin de que la autoridad cumpla con lo requerido a la brevedad, con la finalidad de continuar con el trámite del juicio. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo....
- Principal
EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1160/2022. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la procedencia de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, en atención al análisis integral del escrito inicial2 se precisa que el acto reclamado consiste en: ? La determinación emitida en la audiencia de juicio celebrada el veinte de octubre del año actual dentro del expediente SOM-451/2022 del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil de la Región de León, Guanajuato. En esa resolución, la autoridad responsable desechó el incidente de nulidad de emplazamiento promovido oralmente por la quejosa. SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 1°, 103 y 107 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Luz Estela Hernández Barrios contra actos del Juzgado de Oralidad Mercantil de la Región de León, Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso sucede. De lo narrado se obtiene que el acto reclamado es de carácter meramente procesal; por ende, se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Del último precepto se advierte que cuando se impugnan actos dentro de un juicio es procedente el amparo indirecto siempre y cuando aquellos sean de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate. b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. A efecto de distinguir entre un derecho sustantivo y otro de carácter procesal o adjetivo, la doctrina jurisprudencial ha venido clarificando con el paso de las épocas, sin asignarles un orden, que los derechos sustantivos son prerrogativas como la vida misma, a las propiedades o posesiones, la integridad personal, el patrimonio, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la libertad en sus múltiples manifestaciones, tales como la libertad personal, de conciencia, de expresión, de asociación, de tránsito; otros derechos como al honor, a la intimidad, a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones particulares, la dignidad, la igualdad de las personas, la inviolabilidad del domicilio como prolongación a la libertad individual, o cualquier otro de los valores supremos consagrados en la Constitución Federal o también denominados "los bienes de la vida". Por otro lado, los derechos adjetivos o instrumentales, también llamados procesales, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes sustantivos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.) emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida3". De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales; de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, en su caso, solo podrá ser impugnada en todo caso al momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo.4 En ese tenor, si lo que se pretende tutelar con el dictado de la sentencia que se emita en el juicio de origen, es precisamente uno de esos valores supremos que reconoce la Constitución Federal, entonces, serán derechos adjetivos aquellos de carácter formal o intraprocesal que instrumenten todo el procedimiento con el que se aspira a la obtención de esa tutela sustantiva. Esto es, serán derechos adjetivos aquellos que encauzan el procedimiento, o con la intervención e impulso de las partes, con vista a la obtención de una sentencia favorable para alguna de ellas; de manera que, si se consigue que el fallo definitivo le favorezca, las infracciones a estas normas procesales se habrán extinguido sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado, pues precisamente el objetivo de tutela sustantiva -la protección o reconocimiento de derecho sustantivo en síse habría colmado con la obtención de ese fallo favorable. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado consistente en la determinación emitida en la audiencia de juicio celebrada el veinte de octubre del año actual dentro del expediente SOM-451/2022 del índice del Juzgado de Oralidad Mercantil de la Región de León, Guanajuato. En dicha resolución, la autoridad responsable desechó el incidente de nulidad de emplazamiento promovido oralmente por la quejosa. Sin embargo, el desechamiento de ese incidente de nulidad no lesiona algún derecho sustantivo de la quejosa, pues no incide directa y materialmente en los bienes jurídicos tales como la vida, la propiedad, las posesiones o su salud, entre otras prerrogativas a las que ya nos hemos referido. Por el contrario, la determinación reclamada tiene un efecto meramente procesal ya que solo repercute en la forma en la que se va desenvolviendo el procedimiento de origen, en este caso, en lo relativo a la forma en la que fue llamada la parte demandada a integrarse a la controversia de origen como aspecto instrumental del proceso; por tanto, dada su propia naturaleza, no se genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Luego, con el dictado de la sentencia se podrá advertir con certidumbre la trascendencia o no del acto reclamado en el derecho sustantivo que se dilucida en el procedimiento de origen, y será hasta entonces cuando la parte quejosa, conforme con las reglas que rigen el juicio de amparo, podrá combatir las cuestiones inherentes al desechamiento de dicho incidente, pues no debe perderse de vista que, de obtener resolución favorable, la eventual violación reclamada habría sido inocua. De ese modo, y aunque no constituye un presupuesto para la causa de inviabilidad que se invoca, es oportuno recalcar que el acto reclamado constituye una eventual violación procesal reclamable en el amparo directo que se haga valer en contra de la sentencia que se llegue a dictar, si es que ésta es desfavorable a los intereses del peticionario, en términos del artículo 172, fracción V,5 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación la tesis 1a./J. 94/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada. Además, cabe aclarar que la parte quejosa no es tercera extraña al juicio, sino que compareció a éste antes de que se dictara la sentencia correspondiente para promover el aludido incidente. Bajo esa condición, en atención a que el acto reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113, se impone desechar de plano la presente demanda. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal8, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)9, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós que en resumen dice: "Autorizada en términos amplios pretende renunciar a cargo. Téngase recibido el escrito signado por la autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta su deseo de renunciar al cargo que le fue conferido, cuyas atribuciones son las de realizar cualquier acto en defensa en favor de los intereses de sus autorizantes, en el caso, de menores de edad. Por tanto, para que surta efecto lo pretendido por la ocursante, deberá acreditar que ha realizado las gestiones necesarias para la búsqueda de la parte quejosa; o bien, en su calidad de defensora, gestionar la obtención de los comprobantes que le fueron solicitados para certificar que la parte quejosa menor de edad ya tiene completo el esquema de vacunación; hecho ello, se proveerá de conformidad. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa en el domicilio indicado en el anexo de su demanda, esto es, en ***, de esta ciudad. Igualmente, comisiónese al actuario judicial adscrito se constituya en la referida dirección para que le haga saber al quejoso directo el acuerdo de veinte de octubre pasado; y, de no localizarlo, se comunique al número de celular proporcionado por la promovente; de lo que deberá levantar el acta correspondiente."
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