Luz Elena Cuenca Gómez
Expediente 973/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Luz Elena Cuenca Gómez
Actuaciones
- Principal
(3)...Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de quince de junio de dos mil veintitrés (fojas 47 a 53), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción IV, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
(1) Vista la razón actuarial de catorce de junio del año en curso, mediante la cual se exponen los motivos por los cuales no fue posible emplazar al tercero interesado *******. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós (fojas 64 y 65), y advirtiéndose que este órgano constitucional ha agotado los medios de investigación considerados pertinentes para lograr llamar a juicio al tercero interesado *******, procede ordenar su emplazamiento por medio de edictos, de acuerdo a las siguientes consideraciones: En principio, debe precisarse que en auto de trece de agosto de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la citada parte procesal en el domicilio ubicado en ********; sin que ello se pudiera realizar de manera satisfactoria, como se advierte de la razón actuarial de uno de diciembre del citado año (foja 44), requiriéndose en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós (fojas 64 y 65) a la quejosa para que proporcionara el domicilio cierto y actual del mismo. Por lo anterior, en auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, la parte quejosa proporcionó como domicilio para emplazar al citado tercero interesado el ubicado en ********, y como se desprende de la razón actuarial de catorce de diciembre próximo pasado (foja 142), no fue posible emplazar en el mismo a dicha parte procesal. Por tanto, en auto de quince de diciembre de dos mil veintidós (fojas 143 y 144) se solicitó la información del domicilio de Cesar Gabriel Contreras Meneses, a las autoridades 1) Vocal de la Junta Local Ejecutiva Hidalgo del Instituto Nacional Electoral y 2) Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo 3) Director General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo; y en virtud de que dichas autoridades no proporcionaron domicilios diversos a aquellos en los que ya se había intentado emplazar al multireferido tercero interesado, en auto de seis de enero de dos mil veintitrés (fojas 266 y 267), se requirió dicha información a las diversas autoridades: 4) Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 5) Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, 6) Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, 7) Jefa del Servicio de Administración Tributaria, y, 8) Director General de la Comisión Federal de Electricidad; sin lograr obtener información diversa a la que obra en autos, a excepción de la primera de las autoridades requeridas en el último de tales proveídos, de quien se encontraba pendiente su cumplimiento. Ahora bien, en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (499 y 500), se tuvo a Daniel Jafet Jusepe Domínguez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, informando diverso domicilio en el que podía ser emplazado el multicitado tercero interesado *****, esto es, el ubicado en ********. Sin embargo, tampoco fue posible efectuar dicho emplazamiento de la citada parte procesal, como se desprende de la razón actuarial de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés (foja 506). Finalmente, en acuerdo de doce de junio de la presente anualidad (fojas 516 y 517), se tuvo a la Jefa del Área Civil de la Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, proporcionando el domicilio ubicado en *********, y como se desprende de la razón actuarial de cuenta, en dicho domicilio no fue posible localizar al multicitado tercero interesado********. En consecuencia, quedó satisfecha la investigación del domicilio, sin que pueda seguirse paralizado el juicio de amparo, porque con ello se estaría contraviniendo el artículo 17 de la Constitución Federal, y se entorpecería la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley. En ese tenor, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley, emplácese al tercero interesado *********, por medio de edictos, en los que se exprese una relación sucinta de la demanda de amparo, los que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, haciéndole saber al citado tercero interesado, que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del cinco de julio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, para que si es su deseo se apersone al presente juicio. Se apercibe al tercero interesado en mención que de no señalar domicilio, se seguirá el presente juicio, haciéndose las ulteriores notificaciones por lista que se fije en este juzgado. Además, fíjese en la puerta de este Órgano de Control Constitucional una copia íntegra de este proveído, por todo el tiempo del emplazamiento. Al efecto, se requiere a la parte quejosa para que en el término de veinte días hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, comparezca a recibir los edictos antes mencionados, asimismo, justifique fehacientemente que los entregó para su publicación, que efectuó las gestiones tendentes a su publicación y para que los devuelva ya publicados a este órgano jurisdiccional; apercibida que de no hacerlo se decretará el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, por incumplimiento de un presupuesto procesal, en términos del numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En el entendido que el precitado plazo -veinte días-, se computará a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por el que se dejan a su disposición. En la inteligencia de que la parte impetrante de garantías dentro del plazo de tres días hábiles indicado, puede manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto de la publicación de los edictos, y si tanto de su afirmación como de los elementos que aporte a los autos, derivan indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, esta juzgadora podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique; empero, si ésta no manifiesta ni justifica su imposibilidad para cubrir el pago de los edictos, los gastos de su publicación serán a su cargo. Lo anterior, en el entendido de que a falta de manifestación de imposibilidad de pago y elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste la carga procesal para la parte quejosa, sin que ello implique una trasgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia.
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