Luz Elena Chaparro Anaya
Expediente 448/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luz Elena Chaparro Anaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Luz Elena Chaparro Anaya; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se precisa que este asunto es susceptible de destrucción dado que por auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por desechada la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte no obran documentos originales, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
ES NOTIFICACION PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA LUZ ELENA CHAPARRO ANAYA EL AUTO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado procesal de los presentes autos de los que se advierte que, la parte quejosa no hizo manifestación alguna a la vista de seis de septiembre del presente año, en relación a los informes remitidos por las autoridades responsables, y en principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Julia Palafox Vega, Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, Región Norte del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa. Luis Nicanor Barajas Peregina, Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, Región Norte del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa. Lucila Armenta Espinoza, Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, Región Norte del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa. Hugo Calletano Valenzuela Bustamante, Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, Región Norte del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa. Ramón Adolfo Armenta Rodríguez Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, Región Norte del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa. Ana Celida Alarcon de la Rocha, Jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, Región Norte del Estado de Sinaloa, Goros II, Ahome, Sinaloa. Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial, Municipio de Ahome, Sinaloa, ciudad. Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial, Municipio de Ahome, Sinaloa, ciudad. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, Ahome, Sinaloa. ACTOS RECLAMADOS. "De las autoridades ordenadoras señaladas como responsable reclamo lo siguiente: La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora teniente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. 1.-Le reclamo, la ilegal orden dictada y decretada en contra de la suscrita hoy quejosa Luz Elena Chaparro Anaya, mediante la cual pretenden separar de mi persona a mi menor hijo Derek Aram Galaviz Chaparro, sin que exista juicio previo en mi contra que justifique la separación de mi persona en carácter de madre de mi menor hijo y se me prive con ello mis derechos de madre y de custodia de mi menor hijo. 2.-De igual forma, en el ejercicio de la patria potestad de mi menor hijo Derek Aram Galaviz Chaparro, reclamo la ilegalidad orden mediante la cual se pretende separar al menor, hoy quejoso, de su progenitora, también hoy quejosa, en una clara violación a sus derechos fundamentales de niño, protegidas por nuestra constitución política de los estados unidos mexicanos, por la convención sobre los derechos del niño proclamada en la declaración universal de los derechos humanos de las naciones unidas y, por la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el escrito aclaratorio la quejosa agregó: ".1.- Quiero manifestar a su SEÑORIA, que la suscrita procree a mi menor hijo con el señor HECTOR GALAVIZ VALENZUELA, con quien actualmente me encuentro unida en matrimonio, per separada maritalmente, actualmente, desde el día 13 trece de mayo del año 2018 dos mil dieciocho con motivo de la violencia intrafamiliar padecida por la suscrita y mi menor hijo por parte del señor HECTOR GALAVIZ VALENZUELA hoy tercer perjudicado, y con motivo de nuestra separación marital, la suscrita he sido constantemente amenazada por mi aun esposo de separarme de mi menor hijo y que para ello me denunciaría ante las autoridades, por lo que desconozco si habrá presentado denuncia penal o demanda ante los juzgados familiares por la custodia de nuestro menor hijo. Manifestándole, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", que el señor Hector Galaviz Valenzuela, en fecha 12 de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, COMETIO ACTOS DE SUSTRACCIÓN DE MI MENOR HIJO, DEL DOMICILIO QUE COHABITA CON LA SUSCRITA, presentándose acompañado de terceras personas de quien desconozco quienes fuera, por no haber estado presente la suscrita en esos momentos en mi domicilio, encontrándose únicamente acompañado de mi menor hijo una hermana mía, y bajo el pretexto de ver a nuestro hijo, su padre, le pidió a mi hermana le permitiera ver al menor, por lo que mi hermana le pidió que esperara afuera de nuestro domicilio, lugar en el que se encontraba (exterior), pero, de manera sorpresiva mi aun esposo se introdujo al domicilio sin consentimiento alguno, y tomo en sus brazos a nuestro menor hijo y lo saco del domicilio acompañado en todo momento por las personas que hacia acompañar, llevándose consigo a mi menor hijo. Que fue hasta el día 19 diecinueve del mes de agosto del 2018 dos mil dieciocho, cuando la suscrita, después de tener conversaciones con el padre de mi hijo y de tener respuestas negativas para que me entregara a mi menor hijo, es que pude localizar y recuperar a mi menor hijo en un poblado denominado los Ojitos, Municipio del Fuerte, Estado de Sinaloa, lugar en el cual, el padre del mismo , lo había dejado abandonado en el domicilio de la señora VERONICA GISELA IBARRA GALAVIZ, quien tenia a mi menor hijo y me manifestó "Que a ella se lo había dado el señor HECTOR GALAVIZ VALENZUELA", por lo que una vez recuperado a mi menor hijo, me traslade, siempre acompañada por mi señora madre, hasta nuestro domicilio.". ".2.-"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", manifiesto a su SEÑORIA, que desconozco si existe a no juicio promovido por la custodia de mi menor hijo promovido por el padre del mismo ante los tribunales correspondientes."; Por su parte, Jueces Julia Palafox Vega, Luis Nicanor Barajas Peregrina, Lucila Armenta Espinoza, Hugo Calletano Valenzuela Bustamante, Ramón Adolfo Armenta Rodríguez y Anacélida Alarcón de la Rocha, del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial, Región Norte del Estado de Sinaloa, en Ejido Goros II, Jueza Primera y Segunda del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar, y Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad, Libertad Sexual y Contra la Familia, Region Norte, todos con sede en esta ciudad, mediante oficios 4275/2018, 4276/2018, 4272/2018, 4278/2018, 4280/2018, 4277/2018, 4279/2018, 3195/2018, 2720/2018 y 4112/2018, consecutivamente, manifestaron que no existe proceso alguno radicado en esas Unidades, en el cual aparezca como parte Luz Elena Chaparro Anaya, y que no se ha emitido medida de protección alguna que tenga relación con el menor D.A.G.CH. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, el escrito aclaratorio, y los oficios de los Jueces Julia Palafox Vega, Luis Nicanor Barajas Peregrina, Lucila Armenta Espinoza, Hugo Calletano Valenzuela Bustamante, Ramón Adolfo Armenta Rodríguez y Anacélida Alarcón de la Rocha, del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial, Región Norte del Estado de Sinaloa, en Ejido Goros II, Jueza Primera y Segunda del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar, y Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad, Libertad Sexual y Contra la Familia, Region Norte, todos con sede en esta ciudad, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: En efecto, los preceptos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Ello, debido a que el acto que reclama a los Jueces Julia Palafox Vega, Luis Nicanor Barajas Peregrina, Lucila Armenta Espinoza, Hugo Calletano Valenzuela Bustamante, Ramón Adolfo Armenta Rodríguez y Anacélida Alarcón de la Rocha, del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial, Región Norte del Estado de Sinaloa, en Ejido Goros II, a la Jueza Primera y Segunda del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar, y al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad, Libertad Sexual y Contra la Familia, Region Norte, todos con sede en esta ciudad, lo hace consistir en la orden de aprehensión y pretender privarla de la custodia y la separación física y legal del menor, es inexistente, pues como lo refieren dichas autoridades, que no existe proceso alguno radicado en esas Unidades, en el cual aparezca como parte Luz Elena Chaparro Anaya, y tampoco se ha emitido medida de protección alguna que tenga relación con el menor D.A.G.CH.; en consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 63 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, y por tanto, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio; por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.".
- Principal
De conformidad con el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, con disposición expresa de su numeral 2º, agréguense a los autos el escrito de cuenta firmado por la quejosa Luz Elena Chaparro Anaya, y los oficios signados por los Jueces Julia Palafox Vega, Luis Nicanor Barajas Peregrina, Lucila Armenta Espinoza, Hugo Calletano Valenzuela Bustamante, Ramón Adolfo Armenta Rodríguez y Anacélida Alarcón de la Rocha, del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Poder Judicial, Región Norte del Estado de Sinaloa, en Ejido Goros II, Jueza Primera y Segunda del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar, y Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Libertad, Libertad Sexual y Contra la Familia, Region Norte, todos con sede en esta ciudad, mediante los cuales dan cumplimiento a la prevención y requerimiento hecho en auto de veintidós de agosto del presente año. En consecuencia, dese vista la parte quejosa con los informes rendidos por las autoridades responsables, para que en el término de tres días contando a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su interés convenga.
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