Luz Elena Ceicero Rojas
Expediente 308/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luz Elena Ceicero Rojas
Actuaciones
- Principal
... transcurrió el término para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído que desechó su demanda de amparo, sin que lo hiciera valer... procede declarar que dicho acuerdo CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número ***. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece que el amparo es improcedente contra las resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Ahora bien, para determinar qué recurso ordinario procede contra el acto reclamado, es preciso tomar en cuenta lo establecido en el artículo 156 del Código Civil del Estado de Veracruz prevé que al admitirse la demanda de divorcio, o antes, si hubiere urgencia y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, conforme con las disposiciones siguientes: I.-Separar a los cónyuges en todo caso. II.-Dictar a solicitud de cualquiera de los cónyuges las medidas de protección social o de amparo personal que, a juicio del Juez, deban adoptarse para seguridad física o moral del cónyuge que necesite ese amparo. III.- Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos. IV.- Dictar las medidas convenientes para que no cause ninguno de los cónyuges perjuicio en los bienes del otro. V.- Dictar en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta. VI.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar provisionalmente los hijos. El Juez, previo el procedimiento que fije el Código respectivo resolverá lo conducente. Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre. VII.- La prohibición de ir a un domicilio o lugar determinado para alguno de los cónyuges, así como las medidas necesarias para evitar actos de violencia familiar. En ese sentido el artículo 158 del Código Civil del Estado de Veracruz establece que antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los hijos, podrán acordar los tribunales, a petición de los abuelos, tíos o hermanos mayores, cualquier providencia que se considere benéfica a los menores, misma que podrá ser modificada. Por su parte, el artículo 158 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz establece que en los casos previstos por el artículo 156 del Código Civil y en todo aquél en que alguna persona intente demandar a su cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, podrá dictarse provisionalmente el depósito o guarda del cónyuge que esté en el caso de ser protegido física o moralmente de acuerdo con la ley; asimismo, el artículo 159 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz prevé que sólo los jueces de primera instancia pueden decretar el depósito de que habla el artículo anterior, a no ser que, por circunstancias especiales, no pueda ocurrirse al juez competente, pues entonces el juez del lugar donde ocurra la emergencia podrá decretar el depósito provisionalmente, remitiendo las diligencias al competente y poniendo la persona a su disposición. En otro aspecto el artículo 160 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz prevé que la solicitud de depósito puede ser escrita o verbal, y en ella se señalaran las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores y las demás circunstancias del caso. El juez acompañado del secretario del juzgado debe proceder de inmediato, trasladándose al lugar de los hechos, para cerciorarse de la necesidad de la medida, y designará desde luego, en su caso, la persona o institución que habrá de encargarse del depósito y vigilará el cumplimiento del mismo. Si la solicitud de depósito se origina por causa de violencia familiar, el juez, acompañado del secretario del juzgado, podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias para declarar la práctica de la medida. Por otro lado, el último párrafo del artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz establece que cualquier reclamación sobre las medidas decretadas por el Juez competente se resolverá con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso. A su vez, el artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz prevé que en el caso de que el depósito se haya constituido para demandar o acusar un cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, la providencia se considerará sin efectos, si dentro de diez días hábiles siguientes, la parte interesada no acredita haber presentado la demanda. La declaración respectiva se hará de oficio por el tribunal y se notificará personalmente a los cónyuges, concubinos o parientes interesados y al depositario; asimismo, de conformidad con el artículo 164 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz se dará al depositario copia certificada de la constitución del depósito, para su resguardo; de igual forma, las providencias o medidas que propongan respecto al depósito, la mujer, el marido o el depositario, se resolverán de plano por el juez de conformidad con el artículo 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. De igual forma, se destaca que el artículo 167 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece que cuando no se acredite la acusación dentro del término señalado, el juez levantará el depósito y restituirá las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De los artículos citados se advierte que se prevé que la reclamación procede en contra de las medidas provisionales decretadas por el juez competente, entre ellas, aquella relativa al depósito provisional de los hijos o hijas involucradas, la cual se substanciará ante el juez natural, cuya finalidad será que la medida controvertida de ilegal sea susceptible de ser modificada, restituyendo las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la medida decretada. Por lo tanto, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto, debido a que la citada causa de improcedencia atiende la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual la persona gobernada pueda lograr que el acto de autoridad pueda ser modificado, revocado o nulificado, de manera que el juicio de amparo quede reservado, como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. Asimismo, debe destacarse que el establecimiento de los medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, pues la autoridad legislativa secundaria cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñida a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro digital: 193141 Novena Época Tipo de tesis: Jurisprudencia Materia(s): Común Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Tesis: 2a./J. 116/99 Página: 447 "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular." De igual forma, se establece que existe criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado, dicho criterio se encuentra con el número de registro digital 2005039 y con el rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, el cual se citará completo más adelante. HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: - La resolución de siete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente *** por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. Cabe precisar que en dicha resolución, el juzgado responsable declaró improcedente la medida cautelar de depósito de personas que solicitó la parte quejosa respecto de su nieto menor de edad. CONCLUSIÓN Con motivo de lo anterior, se concluye respetuosamente que este juicio de amparo es improcedente porque en contra de la resolución de siete de marzo del año en curso, que declaró improcedente el depósito judicial de personas relativo al nieto menor de edad de la parte quejosa, procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, al ser el idóneo para combatir el acto que se pretende impugnar en este juicio el cual debió agotar antes de acudir a la instancia constitucional. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis siguientes: Registro digital: 2005039 Época: Décima Época Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.) Página: 350 "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Registro digital: 165053 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VII.2o.C.118 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 2968 Tipo: Aislada "DEPÓSITO DE MENORES. EL PROGENITOR AFECTADO ESTÁ LEGITIMADO PARA RECLAMAR ESA MEDIDA CAUTELAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si tercero extraño es aquel que no tiene oportunidad de defensa en un procedimiento por ser ajeno a éste, y si en un depósito de persona efectuado como medida cautelar prejudicial éste se ordena en relación con un menor a instancia de uno de los progenitores, el otro está legitimado para reclamar dicha medida en términos del artículo 162, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque al tener a su alcance ese medio dentro del procedimiento, no puede considerarse a éste como extraño". Registro digital: 176566 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005 Página: 2661 Tesis: X.1o.31 K Tesis Aislada Materia(s): Común "DEFINITIVIDAD. DEBE RESPETARSE ESTE PRINCIPIO INCLUSO CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DENTRO DE JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El hecho de que ante el Juez de Distrito se señale como acto reclamado uno dictado dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en contra del cual procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, porque las reglas del amparo indirecto, tratándose de actos intraprocesales, determinan que antes de acudir al juicio de garantías deben combatirse mediante los recursos correspondientes, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a menos que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, caso en el que se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 73, fracción XIII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo." Registro digital: 187016 Época: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza a *** y ***, para efectos de que intervengan en nombre de la parte quejosa en este juicio, en los términos que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión de licenciados en derecho; sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Por otra parte, se autoriza en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las restante personas por así haberlo solicitado la parte quejosa. SE EXHORTA A LA PARTE QUEJOSA AL USO DE MEDIOS DIGITALES Se exhorta a la parte quejosa a que haga uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, pueda consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Amparo, así como en los "Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico". UTILIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES Asimismo, se autoriza el uso de medios digitales con la finalidad de imponerse de los autos dictados en el presente expediente, pues la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes favorecen el ejercicio de sus derechos de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente.
- Principal
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, informa que admitió los recursos de revisión interpuestos contra la sentencia dictada en el juicio de amparo...
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