Luz Edith Vega Acuña

Expediente 187/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
187/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2016

Partes del expediente

  • Luz Edith Vega Acuña

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera mediante recurso de queja el acuerdo que desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se desechó la demanda de amparo, que no obran documentos originales y que se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, fracción I del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que la quejosa Luz Edith Vega Acuña, no ha sido notificada personalmente del proveído de veintidós de abril de dos mil dieciséis, que desechó de plano su demanda de amparo presentada contra actos de Crediavance Financiera, Sociedad Anónima de Capital Variable, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, túrnense los autos a la Actuaria de la adscripción, para que notifique de manera personal a la parte quejosa el acuerdo de veintidós de abril de dos mil dieciséis, que desechó de plano su demanda de amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE EN SUS TÉRMINOS.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LUZ EDITH VEGA ACUÑA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO...

  4. Principal

    ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, que presenta la quejosa LUZ EDITH VEGA ACUÑA, por su propio derecho, contra actos de la empresa CREDIAVANCE FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de esta ciudad; fórmese expediente de amparo, quedando registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 187/2016. El acto reclamado consiste en lo siguiente: ". Que le reclamo a la empresa Crediavance tajantemente el cobro total de un adeudo originado por otras personas en mi calidad de dispersora o intermediaria..." Refiere la quejosa que laboraba para la empresa descrita desde el ocho de diciembre de dos mil catorce, al dos de marzo de dos mil dieciséis; y que, dentro de sus ocupaciones con dicha sociedad mercantil se encontraba la de otorgar préstamos de dinero a las personas que lo solicitaban, lo cual se sustentaba con un documento de los denominados 'pagaré', el cual era debidamente firmado por los deudores, como aceptación de la deuda; que una vez concertada tal operación se le pagaba a la hoy impetrante una comisión como dispersora de la empresa. Asimismo, expone la parte inconforme que dejó de trabajar para la empresa anteriormente aludida pues la ulterior la hace responsable de un adeudo de ciertas personas que la quejosa llevó para que se les financiara un crédito; lo que considera ilegal, porque asevera que su compromiso con la empresa no era la de responder por las obligaciones de los deudores en caso de que estos no pagaran las sumas que habían obtenido en calidad de préstamos. La impetrante argumenta que en su contra se conculcaron las garantías señaladas consagradas en los artículos 14 párrafo I y II, y 16 párrafo I, constitucionales; sin embargo, debe decirse que el juicio de amparo procede únicamente cuando el acto reclamado provenga de una autoridad actuando bajo el imperio que el estado le otorga, y no cuando el conflicto se suscite entre particulares, como es el caso que nos ocupa. En efecto, habiendo efectuado un análisis integral de la demanda de garantías se advierte que la persona moral referida con antelación, que se designó como responsable no tiene el carácter exigido por el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el acto reclamado proviene de la relación de trabajo que existe entre ella y la quejosa, y no de una situación entre gobernante y gobernado; siendo inconcuso que se trata de una relación entre particulares, que no puede ser analizada a través de la vía constitucional, por no provenir el acto reclamado de una autoridad de las comprendidas en el artículo 5to, fracción II, párrafo primero de la ley en cita; lo que trae como consecuencia la actualización, de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del diverso numeral 61 del ídem, mismos que a continuación se transcriben para mayor comprensión: "Artículo 5to.- Son partes en el juicio de amparo: "II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatorio; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, o de esta Ley." No está de más subrayar que el acto reclamado es uno de los puntos fundamentales del juicio de amparo y este debe de ser de autoridad; no procede el amparo contra actos de particulares por más que se consideren atentatorios a los derechos fundamentales. Sentado lo anterior, en la especie, se estima que los actos reclamados precisados en líneas arriba no pueden ser materia de amparo, toda vez que los mismos constituyen propiamente actos suscitados entre un una persona moral, como patrón y, un particular, como trabajador, en una relación patronal, y no con las características propias de un acto de autoridad. Por tanto, lo que reclama la quejosa pudiera constituir una afectación a derechos de naturaleza laboral emanada de una persona moral que figura como patrón, los cuales no revisten la naturaleza propia de un acto de autoridad susceptible de reclamarse en esta vía. Es aplicable la jurisprudencia número 16 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página doce, que se anota: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución." En esas condiciones, tomando en consideración que el acto reclamado proviene de una relación entre particulares, y no de una situación entre gobernante y gobernado, es inconcuso que no puede ser analizado a través de la vía constitucional, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con el diverso 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del ídem, se DESECHA DE PLANO la demanda. Sin que en el caso resulte aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2001071, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 929, Décima Época, con rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Ello es así, pues dicho criterio jurisprudencial se basó en la ponderación del siguiente supuesto, si, cuando se presenta una demanda de amparo indirecto, en el que se señala como acto reclamado el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público, el Juez Federal, en el auto inicial de trámite que se dicte con motivo de su presentación, el Juzgador está en condiciones jurídicas y materiales para llevar a efecto el estudio de ese acto, al grado de determinar si la autoridad tiene o no ese carácter a la luz de la Ley de Amparo abrogada; de ahí que no resulta aplicable al caso en estudio. Además, la postura jurídica que aquí traza este órgano constitucional, se basa en un criterio Jurisprudencial 16 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes invocado, a la luz de lo que estipula la Ley de Amparo vigente, en estricto análisis de la integridad de la demanda de amparo y sus anexos, lo que conllevó una serie de ponderaciones sobre el caso en concreto para poder lograr la actualización de la causa de improcedencia de la presente vía, esto es, se atendió a las notas distintivas que la propia Ley de Amparo establece para definir quién tiene el carácter de "autoridad responsable", así como los diversos criterios jurisprudenciales que no se opongan a su texto, en relación íntima con los actos concretos que la parte quejosa le atribuyó a CREDIAVANCE FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Trasciende a lo expuesto, la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con registro 2007580, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1224, Décima Época, que sustenta lo siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Por otra parte, como el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene a la quejosa autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ, y señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en AVENIDA GERANIOS NÚMERO 441, DE LA COLONIA EX-EJIDO RUIZ CORTINEZ, DE ESTA CIUDAD. NOTIFÍQUESE.

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