Luz del Carmen Paredes Vera

Expediente 7/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
7/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • Luz del Carmen Paredes Vera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Al expediente, el oficio de cuenta del secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, donde remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de febrero de dos mil diecinueve, en el recurso de queja que le correspondió el número de toca ** misma que en su único punto resolutivo establece: ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja hecho valer por ** ahora recurrente, en contra del auto de siete de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto número ** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla Bajo este contexto, acúsese recibo del oficio, expediente y su anexo, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Luego, se instruye realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente

  2. Principal

    Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que comunica a este juzgado que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó radicado bajo el número de recurso de queja ** de su índice. De lo anterior queda informado a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Se recibe el escrito signado por la quejosa ******, mediante el cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el acuerdo de siete de enero de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Por lo que se ordena remitir el recurso planteado, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano que deba substanciar el citado recurso de queja. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito) pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo . Por otra parte, desde este acuerdo se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, puesto que el siete de enero de dos mil diecinueve, se desechó la demanda origen de este expediente, por advertirse una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Pues, del escrito de demanda se advirtió como acto reclamado la omisión de solicitar a la autoridad judicial, la celebración de la audiencia inicial para formular imputación dentro de la carpeta de investigación ******. Por tanto, se evidenció una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la omisión reclamada en la demanda inicial tiene prevista una vía ordinaria de impugnación, que debía agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario -en el juicio de amparo-. Así se afirmó, pues el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Del precepto anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, deben acudir ante el juez de control para reclamar dichos actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Así se desprendió de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1ª./J.28/2018 (10a.) y 1a./J.27/2018 (10a.) de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO" "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES" Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en las jurisprudencias citadas que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, se afirmó que el acto reclamado por la parte quejosa -la omisión por parte del representante social de solicitar a la autoridad judicial la fecha para la celebración de la audiencia inicial para formular imputación- debió llevarse a través del medio ordinario de impugnación o defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con el principio de definividad. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, relacionado con la fracción XX del diverso 61, ambas de la ley de la materia, se desechó de plano la demanda de amparo, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Como justificante de lo anterior, se ordena adjuntar copias certificadas de todas las constancias que obran en el presente expediente para la substanciación del recurso y el original del escrito signado por *******, por el que interpone el recurso de queja. Por último, se solicita de igual modo y atentamente al tribunal colegiado que por turno conozca del presente asunto, remita el acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por ** por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de Orientación y Resolución Inmediata de la Fiscalía General del Estado y otra autoridad. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO Ahora, de la demanda de amparo se advierte como acto reclamado destacado el siguiente: omisión de solicitar a la autoridad judicial, la celebración de la audiencia inicial para formular 'impugnación (sic)' dentro de la carpeta de investigación número: ** derivada del expediente número ** en la que tengo el carácter de víctima, lo que provoca la paralización total del procedimiento Asimismo, la parte quejosa señaló que la representación social argumentó que ya había ejercitado la acción penal por los hechos con apariencia de delito de fraude y delitos cometidos contra de los animales, pero que no había sido generada la solicitud de audiencia inicial. Y manifestó que a la fecha, un año y siete meses después de presentada la denuncia, la responsable ha omitido solicitar a la autoridad judicial la fecha para la celebración de la audiencia inicial, para formular imputación. En consecuencia, para efectos de este juicio de amparo, es indudable que el acto reclamado por la parte quejosa es el consistente en la omisión de solicitar a la autoridad judicial, la celebración de la audiencia inicial para formular imputación dentro de la carpeta de investigación ** Como se observa, el acto reclamado en esta vía de amparo consiste en la desatención en la cual ha incurrido el Agente del Ministerio Público responsable dentro de la carpeta de investigación ** Además, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la parte quejosa tiene el carácter de agraviada dentro de la carpeta en comento, pues señala que el nueve de mayo de dos mil diecisiete, presentó una denuncia por hechos cometidos en su agravio y de la sociedad. Por tanto, resulta evidente una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la omisión reclamada en la demanda inicial tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar la parte quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario en el juicio de amparo Así se afirma, pues el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación Del precepto anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones u omisiones imputables al Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación, deben acudir ante el juez de control para reclamar dichos actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Así se desprende de la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1ª./J.28/2018 (10a.) y 1a./J.27/2018 (10a.) de rubro: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en las jurisprudencias citadas que los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea éste quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y, en consecuencia, instruir al Ministerio Público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que el único acto reclamado por la parte quejosa la omisión por parte del representante social de solicitar a la autoridad judicial la fecha para la celebración de la audiencia inicial para formular imputación debe llevarse a través del medio ordinario de impugnación o defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con el principio de definividad. Además, si la resolución que pronuncie el juez de control al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad o la parte quejosa estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto, en particular contra la resolución del juez de control sobre el estado de la mencionada indagatoria. Por tanto, el reclamo planteado por la parte quejosa, encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la abstención combatida en la demanda debe impugnarla primero, a través de medio ordinario de impugnación que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene la parte quejosa en su condición de víctima, pues la substanciación de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la dilación del Ministerio Público frente a las actuaciones existentes en la carpeta de investigación ** derivada del expediente número ** Por tanto, de conformidad con el artículo 113, relacionado con la fracción XX del diverso 61, ambas de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo; asimismo, queda autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo ** por estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por cuanto hace a las otras dos personas que menciona en su escrito se tienen únicamente para oír y recibir notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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