Luz del Carmen Lara Taboada
Expediente 1006/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1006/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luz del Carmen Lara Taboada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1006/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Luz del Carmen Lara Taboada; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil veintiuno, -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Luz del Carmen Lara Taboada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la 1. Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraudes, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Érica Moralez Martínez), y otras autoridades. La quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, por una parte se desechó parcialmente la demanda de derechos fundamentales [respecto al acto reclamado consistente en la orden de citación contenida en el oficio 1400/2021/UIEDFYP, de seis de octubre de dos mil veintiuno, a fin de que la hoy quejosa compareciera ante la fiscal responsable a declarar dentro de la indagatoria de origen en su calidad de testigo] por estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, constitucionales; y, por otra, se admitió [en relación con los actos consistentes en las órdenes de detención y presentación con uso de la fuerza pública]; se ordenó formar, por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintidós de noviembre del presente año, se señalaron las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso particular, la quejosa Luz del Carmen Lara Taboada reclama lo siguiente: - Las órdenes de detención y presentación con uso de la fuerza pública, dictadas en su contra; y, su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Érica Moralez Martínez) [denominación correcta]. Niega. 2 Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Fernando Fierro Aldana). Niega. 3 Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (María Luis Castelán Monroy) [denominación correcta]. Niega. Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba idónea que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. En efecto, la parte quejosa no aportó medio de convicción idóneo que corrobore que, efectivamente, existe una orden privativa de libertad librada en su contra por las autoridades señaladas como responsables; pues si bien, adjuntó a su demanda copia digitalizada de los siguientes documentos: a) Credencial para votar expedida a favor de la aquí quejosa por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector LRTBLZ61020321M301; b) Oficio 1400/2021/UIEDFYP, de seis de octubre de dos mil veintiuno, signado por la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraudes, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Érica Moralez Martínez); y, c) Acuse de recibo del escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, por el asesor jurídico de la aquí quejosa ante la fiscal señalada como responsable. Lo cierto es que dichas documentales, valoradas en términos de los artículos 133, 197 y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente serían aptas para acreditar lo siguiente: - Respecto de la prueba precisada en el inciso a), la identidad de la quejosa y, en su caso, que se encuentra inscrita en el padrón electoral. -Atinente a la prueba indicada en el inciso b), que la fiscal responsable citó a la peticionaria de amparo para que compareciera a las instalaciones de dicha representación social a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial en su calidad de testigo dentro de la carpeta de investigación 6263/2019/ZC; sin embargo, dicha citación no se traduce en una orden de presentación con uso de la fuerza pública, tan es así, que respecto de dicho acto [citación contenida en el oficio 1400/2021/UIEDFYP, de seis de octubre de dos mil veintiuno] se desechó parcialmente la demanda de amparo, por los motivos expuestos en auto de dieciocho de octubre de la anualidad que transcurre. - Respecto a la prueba indicada en el inciso c), que el asesor jurídico de la hoy quejosa presentó un escrito ante la fiscal responsable el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido a la carpeta de investigación 6263/2019/ZC, a través del cual exhibió diversas documentales requeridas por la agente del Ministerio Público. Por tanto, como se ha evidenciado, los citados medios de prueba no resultan idóneos para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, porque con ellos no se acredita que exista alguna orden de detención o presentación con uso de la fuerza pública, libradas en contra de la demandante constitucional. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Luz del Carmen Lara Taboada, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante la Secretaria Romina Ortiz Avila, quien autoriza y da fe. En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas en autos, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo 1006/2021, promovido por Luz del Carmen Lara Taboada; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, asistido por la Secretaria Romina Ortiz Avila, quien autoriza y da fe, la declaró abierta y procede a su celebración sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan la demanda de amparo presentada electrónicamente por Luz del Carmen Lara Taboada, auto admisorio, e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, la secretaria certifica que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran del contenido de los informes justificados, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otro lado, da cuenta con el estado procesal de autos. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Ténganse por realizadas la relación de constancias y la certificación que anteceden, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó reservar la prueba ofertada por la parte quejosa consistente en la carpeta de investigación 6263/2019/ZC, de la estadística de la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraudes, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Érica Moralez Martínez), hasta en tanto obrara en autos el informe justificado rendido por dicha fiscal, lo que en la especie ya aconteció; en consecuencia, se provee: No ha lugar a tener por admitida la prueba de referencia, pues la mencionada fiscal no la remitió en apoyo a su informe de ley; además, no ha lugar a requerir de oficio dicha documental, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, en virtud que la citada autoridad responsable, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, por lo que no puede imponérsele la carga de acreditar un hecho inexistente. Al respecto es aplicable, por analogía, la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE, SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y NO SE APORTA PRUEBA PARA DEMOSTRARLA. Si la sentencia en recurso, tomando en cuenta que las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, sin que se rindiera prueba en contrario, sobreseyó el amparo por inexistencia de los actos reclamados, es inexacto que el juez de Distrito del conocimiento hubiera debido, en suplencia oficiosa de la queja, exigir que dichas autoridades aportaran las constancias demostrativas de tal inexistencia, no acompañadas a sus informes justificados. En efecto, la inexistencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba, dado su carácter negativo, y es a los quejosos a quienes incumbe probar en contrario para desvirtuar la mencionada negativa." Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, a saber: I. Las documentales consistentes en copia digitalizada de los siguientes documentos: a) Credencial para votar expedida a favor de la aquí quejosa por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector LRTBLZ61020321M301; b) Oficio 1400/2021/UIEDFYP, de seis de octubre de dos mil veintiuno, signado por la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraudes, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Érica Moralez Martínez); y c) Acuse de recibo del escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, por el asesor jurídico de la aquí quejosa ante la fiscal señalada como responsable. II. La presuncional en su doble aspecto. III. La instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el presente controvertido constitucional. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relatadas por la secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no ejercieron ese derecho y que el agente del Ministerio Público Federal adscrito no formuló pedimento. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos y, con fundamento en el artículo 124 de la Ley que rige al juicio de amparo, se da por concluido el periodo de referencia; por lo que, al no existir más promociones que acordar ni pruebas por desahogar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Por tanto, se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar la siguiente: S E N T E N C I AV I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1006/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Luz del Carmen Lara Taboada; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil veintiuno, -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Luz del Carmen Lara Taboada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la 1. Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraudes, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Érica Moralez Martínez), y otras autoridades. La quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, por una parte se desechó parcialmente la demanda de derechos fundamentales [respecto al acto reclamado consistente en la orden de citación contenida en el oficio 1400/2021/UIEDFYP, de seis de octubre de dos mil veintiuno, a fin de que la hoy quejosa compareciera ante la fiscal responsable a declarar dentro de la indagatoria de origen en su calidad de testigo] por estimarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, constitucionales; y, por otra, se admitió [en relación con los actos consistentes en las órdenes de detención y presentación con uso de la fuerza pública]; se ordenó formar, por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de ocho de noviembre del presente año, se señalaron las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso particular, la quejosa Luz del Carmen Lara Taboada reclama lo siguiente: - Las órdenes de detención y presentación con uso de la fuerza pública, dictadas en su contra; y, su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Érica Moralez Martínez) [denominación correcta]. Niega. 2 Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Fernando Fierro Aldana). Niega. 3 Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (María Luis Castelán Monroy) [denominación correcta]. Niega. Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba idónea que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. En efecto, la parte quejosa no aportó medio de convicción idóneo que corrobore que, efectivamente, existe una orden privativa de libertad librada en su contra por las autoridades señaladas como responsables; pues si bien, adjuntó a su demanda copia digitalizada de los siguientes documentos: a) Credencial para votar expedida a favor de la aquí quejosa por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector LRTBLZ61020321M301; b) Oficio 1400/2021/UIEDFYP, de seis de octubre de dos mil veintiuno, signado por la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraudes, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Érica Moralez Martínez); y, c) Acuse de recibo del escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, por el asesor jurídico de la aquí quejosa ante la fiscal señalada como responsable. Lo cierto es que dichas documentales, valoradas en términos de los artículos 133, 197 y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente serían aptas para acreditar lo siguiente: - Respecto de la prueba precisada en el inciso a), la identidad de la quejosa y, en su caso, que se encuentra inscrita en el padrón electoral. -Atinente a la prueba indicada en el inciso b), que la fiscal responsable citó a la peticionaria de amparo para que compareciera a las instalaciones de dicha representación social a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial en su calidad de testigo dentro de la carpeta de investigación 6263/2019/ZC; sin embargo, dicha citación no se traduce en una orden de presentación con uso de la fuerza pública, tan es así, que respecto de dicho acto [citación contenida en el oficio 1400/2021/UIEDFYP, de seis de octubre de dos mil veintiuno] se desechó parcialmente la demanda de amparo, por los motivos expuestos en auto de dieciocho de octubre de la anualidad que transcurre. - Respecto a la prueba indicada en el inciso c), que el asesor jurídico de la hoy quejosa presentó un escrito ante la fiscal responsable el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido a la carpeta de investigación 6263/2019/ZC, a través del cual exhibió diversas documentales requeridas por la agente del Ministerio Público. Por tanto, como se ha evidenciado, los citados medios de prueba no resultan idóneos para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, porque con ellos no se acredita que exista alguna orden de detención o presentación con uso de la fuerza pública, libradas en contra de la demandante constitucional. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Luz del Carmen Lara Taboada, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, para esa data se encontrará transcurriendo el plazo de ocho días concedido a la parte quejosa, para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Érica Moralez Martínez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (denominación correcta); por tanto, a efecto de dar oportunidad a que dicha parte procesal se imponga del citado informe justificado, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional precisada anteriormente; y, se señalan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO....Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y por lista a las demás partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. I. INFORME JUSTIFICADO. Intégrese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable: 1. Érica Moralez Martínez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (denominación correcta); por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente durante el desahogo de la audiencia constitucional. II. DIFERIMIENTO ANTICIPADO. Por otra parte, toda vez que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, resulta evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes en este asunto con el informe de cuenta conforme lo prevé el propio ordinal 117 de la Ley de la materia. En tales condiciones, la audiencia constitucional se difiere anticipadamente, y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante, se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.". Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes...
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Luz del Carmen Lara Taboada, así como el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables que así lo hicieron. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1006/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Luz del Carmen Lara Taboada; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Luz del Carmen Lara Taboada, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - La orden de detención librada en contra de la aquí peticionaria de amparo; y, - Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. Érica Moralez Martínez, agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraudes, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía de Investigación Metropolitana NIEGA 2. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla NIEGA 3. María Luisa Castelán Monroy, Titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Despojo, Daño en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos Diversos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del 3. Titular de la Agencia Estatal de Investigación adscrito dicha Unidad NIEGA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Del cuadro precedente se advierte que las autoridades responsables al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Luz del Carmen Lara Taboada, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.
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