Luz del Alba Cruz Velveta
Expediente 25/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Luz del Alba Cruz Velveta
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de diez de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado en sus términos dicho auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Toda vez que no existe materia de ejecución, se ordena el archivo definitivo de este expediente. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del invocado Acuerdo General conjunto número 1/2009, se hace la indicación que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, pues se DESECHÓ la demanda de amparo y en el que NO existen documentos originales glosados en autos. Asimismo, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo general en comento, debe señalarse que este cuaderno principal, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, habida consideración que los personajes involucrados ni los hechos tienen especial trascendencia jurídica, social o económica en la vida del país; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. Finalmente, hágase devolución del duplicado del expediente número ********************y original del toca ******************** a las autoridades Juez Tercero del Ramo Familiar y Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado respectivamente, que enviaron en apoyo a su informe justificado, al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; solicitándoles el acuse de recibo respectivo.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA. Por recibido el oficio 20626/2017, que remite el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, de la que se desprende que dicho Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************, por propio derecho, contra actos que reclama de la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; así como las actuaciones originales que integran el juicio de amparo directo 1143/2017; y dos anexos consistentes en duplicado del expediente 909/16-2017/3F-I, y duplicado del Toca 617/16-2017/S.C, con los cuales fórmense dos tomos, por separado, marcándose como Anexo I y II, debiendo conservarse el folio de origen. Acúsese recibo. Con fundamento en los artículos 33, 35, 37, 45 y 46 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Fórmese expediente, anótese en el Libro de Gobierno de éste Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 25/2018, que le corresponde. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así es, la parte quejosa en su libelo constitucional, hizo consistir el acto reclamado en: La resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Sala responsable en el toca 617/16-2017,S.C., que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez de origen, relativo a la solicitud de divorcio promovida por Ramiro Enrique Anzanero Echazarreta, en contra de aquí quejosa, la cual reformó dicho auto y determinó dar vista a las partes por el termino de diez días, para que hicieran saber al Juez de origen la existencia de bienes. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. El citado numeral 61, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso 107, fracción V, reza: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ". Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Ahora bien, el acto reclamado no constituye acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte promovente, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando el auto reclamado como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción V, de la ley de la materia. Esto es así, toda vez que los actos impugnados sólo podrían tratarse de violaciones a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. Luego, los actos reclamados no afectan de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de garantías habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, el promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Por lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, todos de la citada ley. Tiene aplicación al caso, la tesis 189 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, correspondiente a la Octava Época, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, se insiste, la resolución reclamada no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues en todo caso sólo produce una afectación a derechos adjetivos que puede remediarse si el fallo definitivo del juicio natural es favorable a la quejosa; y, en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esa violación procesal trascendiera al resultado del fallo final, la parte quejosa podría reclamarla a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el que menciona en el proemio de su demanda, y como su autorizado en términos restringidos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que designa, toda vez que se no encuentra registrada cédula profesional a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, dado que el presente juicio versa en materia Civil. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Asimismo, para la celeridad del procedimiento, se habilitan desde ahora, los días y horas inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En cumplimiento al "ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2014, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO, Y EL ACCESO A ÉSTE, ASÍ COMO LAS NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIREL, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY DE AMPARO", fórmese tanto cuaderno impreso como electrónico del presente juicio de amparo. Para ello, se ordena efectuar la digitalización electrónica del juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el presente expediente. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, infórmese a las partes que en la sentencia que se dicte en el presente asunto, prevalecerá el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Asimismo, se les hace de su conocimiento que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, si las partes ejercen el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que tenga bajo su resguardo el expediente correspondiente, determinará si tal oposición puede surtir efecto, tomando en cuenta si la resolución solicitada las pruebas o demás constancias, contienen información considerada como reservada, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada ley, de la versión pública de la sentencia ejecutoriada de las demás resoluciones y de los documentos contenidos en el expediente, se suprimirán los datos personales de la parte salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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