Luz Daniela Garcia Acevedo

Expediente 264/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
264/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Luz Daniela Garcia Acevedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    MESA IV #...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial, se advierte que en el juicio de amparo 264/2022, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 del Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la medida cautelar provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es destruible después de tres años. Asimismo, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, dado de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    MESA IV "... Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 264/2022, promovido por LUZ DANIELA GARCÍA ACEVEDO. (...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De los informes previos rendidos por 1. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y; 2. Subsecretario del Trabajo, Empleo y Productividad Laboral, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa exhibiera prueba idónea con que desvirtuara dicha negativa. NEGATIVA DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA En ese contexto, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia doscientos ochenta y seis, consultable en la página doscientos treinta y siete, quinta época, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, con el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existe pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por su parte, la 3. Directora de Vinculación y Seguimiento del Programa Jóvenes Construyendo en Futuro en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe previo negó la existencia del acto reclamado, sin embargo de las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, consistente entre otras cosas en los correos electrónicos por los cuales se comunicó a la aquí quejosa la suspensión del Programa Jóvenes Construyen el Futuro, se desvirtúa dicha negativa, y se tienen por cierto los actos atribuidos a dicha autoridad Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto del acto reclamado, dado que tiene el carácter de consumado, pues de concederla se darían efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que en cuanto al fondo del juicio constitucional se pronuncie. .... TERCERO. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN O DEPURACIÓN. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la presente resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se niega a ..., la suspensión definitiva en términos de los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    MESA IV "... Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 264/2022, ... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Tribunal Colegiado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el asunto. De una lectura del sumario, se observa que la parte quejosa reclama, en esencia, la orden escrita de nueve de febrero de dos mil veintidós, en donde hacen de su conocimiento la suspensión de participación del centro de trabajo denominado "Uniformes y Bordados Córdoba", en el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado, el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación de la 1. Secretaria del Trabajo y Previsión Social, y 2. Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, negaron la existencia de los actos que se les atribuyó, pues afirmó que es la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro quien operará y ejecutará el programa a través de plataforma digital, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Así, ante la inexistencia de tales actos, es procedente SOBRESEER en el juicio, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página doscientos treinta y seis, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, dos mil, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, la 3. Directora de Vinculación y Seguimiento del Programa Jóvenes Construyendo en Futuro en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo del contenido hace manifestaciones de las que se advierte la existencia de los actos reclamados, por lo que se tienen por ciertos Es aplicable al particular la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, materia común, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y tenor siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se advierta de oficio. En la especie, se advierte la ACTUALIZACIÓN de la hipótesis de IMPROCEDENCIA relativa a la falta de interés jurídico, prevista en el numeral 61, fracción XII, relacionada con los artículos 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Artículo 61.- "El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad que lo emite, los quejosos deben acreditar el interés jurídico o legítimo que les asiste cuando promueven la acción, de la siguiente manera: Tratándose del interés jurídico, es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. Por lo que respecta al interés legítimo, se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. En esas condiciones, para demostrar la afectación a la esfera jurídica de un gobernado se requiere que éste acredite plenamente el interés jurídico que le asiste para el ejercicio de la acción constitucional, y no inferirse con base en presunciones, ya que, corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para demostrar la existencia del derecho que manifiesta se le transgrede con la actuación de las autoridades señaladas como responsables. En el caso, los numerales primero; segundo, fracciones II y XI; tercero, fracciones I, II y III; cuarto, inciso A); noveno, inciso a) y décimo primero, de las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, correspondiente al ejercicio dos mil veintidós, establecen: "I. DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA. Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto regir la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en las 32 entidades federativas del país. SEGUNDA. Para los efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: II. Aprendiz en capacitación. Joven registrado que acreditó los requisitos de elegibilidad, que se vinculó e inició su capacitación en un Centro de Trabajo. XI. Centro de Trabajo. Persona moral, persona física, institución pública u organización social que participa en el Programa para la capacitación de aprendices. II. DEL PROGRAMA TERCERA. Descripción y componente único. El Programa tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en el trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian al momento de postular a un Centro de Trabajo. Para alcanzar dicho objetivo, el Programa otorga los siguientes apoyos de manera integral, por lo que constituyen un componente único: I. Capacitación en el Centro de Trabajo. Impartida por un Centro de Trabajo registrado ante el Programa, la cual está orientada a la adquisición o fortalecimiento de competencias técnicas y hábitos de trabajo, de acuerdo con el Plan de Actividades registrado, por un periodo máximo de 12 (doce) meses. Los materiales e insumos necesarios para dicha capacitación serán proporcionados por el Centro de Trabajo y entregados a través de la o el Tutor, a las y los aprendices en capacitación sin ningún costo. II. Beca. Apoyo económico mensual que otorga la STPS, hasta por 12 ocasiones a los y las beneficiarias equivalente a equivalente a $4,310.00 pesos (cuatro mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), a través de un instrumento bancario. El monto se entregará de manera igualitaria, tanto para hombres como para mujeres sin distinción alguna, en las diferentes regiones y entidades federativas del país. III. Seguro Médico. Prestaciones en especie que otorga el IMSS a las y los aprendices en capacitación en el Programa, por la cobertura de los seguros en las ramas de enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Lo anterior, de conformidad con el "Decreto por el que se incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie de los seguros de Enfermedades y Maternidad, y Riesgos de Trabajo, a los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra institución de seguridad social", publicado el 31 de enero de 2019, así como el "Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270219/93.P.DIR y su Anexo Único, relativo a las Reglas de carácter general para incorporar al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las prestaciones en especie que otorgan los seguros de Enfermedades y Maternidad, y de Riesgos de Trabajo, a los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro", publicado el 29 de marzo de 2019; ambos en el Diario Oficial de la Federación. CUARTA. Objetivos. A) General: Incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, propiciando la vinculación de los mismos con unidades económicas dispuestas y con posibilidad de brindarles capacitación en el trabajo. NOVENA. Requisitos y documentación con la que deben cumplir los Centros de Trabajo solicitantes. A) Requisitos: I. Manifestar su intención de participar en el Programa a través de la Plataforma Digital o personal autorizado por la STPS. II. Presentar un Plan de Actividades por cada capacitación ofertada, que cumpla con las características indicadas en la regla Décima Primera de las presentes Reglas de Operación. III. Designar a una o un Tutor por cada Plan de Actividades y proporcionar sus datos de contacto. IV. Cédula de Identificación Fiscal. V. CURP de las y los Tutores designados, en su caso, de la o el Representante del Centro de Trabajo, y las y los Administradores de sucursales. VI. Señalar el nombre comercial o, en su caso, razón social, y giro del Centro de Trabajo. VII. Señalar el número de aprendices que puede recibir para desarrollar la capacitación por cada Plan de Actividades presentado, de acuerdo con los siguientes límites: a) Personas morales. Podrán recibir en el caso de ser empresas privadas y/o sus sucursales la cantidad máxima de 20 (veinte) aprendices en capacitación. En el caso de ser organizaciones de la sociedad civil (OSC) y/o sus sucursales podrán recibir la cantidad máxima de 5 (cinco) aprendices en capacitación; sujeto a la aprobación previa del Programa. b) Personas físicas y/o sus sucursales. Podrán recibir la cantidad máxima de 5 (cinco) aprendices en capacitación; sujeto a la aprobación previa del Programa. c) Instituciones Públicas y/o sus sucursales. Podrán recibir la cantidad máxima de 50 (cincuenta) aprendices en capacitación. Las instituciones públicas estatales un máximo de 20 (veinte) aprendices en capacitación. Las instituciones públicas municipales un máximo de 10 (diez) aprendices en capacitación; sujeto a la aprobación previa del Programa. Aquellas personas morales, personas físicas o instituciones públicas que quieran recibir más aprendices en capacitación de los límites establecidos en las presentes Reglas de Operación estarán sujetas a autorización del Programa. VIII. Quedan prohibidas en el Programa las capacitaciones que contemplen las siguientes actividades: · Trabajo doméstico; · Ventas multinivel o esquemas piramidales; · Vigilancia, veladores, personal de seguridad para resguardo de bienes o personas y traslado de valores; · Choferes personales; · Actividades de culto religioso; · Actividades de proselitismo político-electoral o dentro de un partido político; Así como los que establezca adicionalmente el Programa, o aquellas prohibidos por leyes civiles, mercantiles, laborales o que constituyan un delito de acuerdo con los códigos penales o aquellos que se consideren con objeto ilícito. DÉCIMA PRIMERA. De la capacitación y los Planes de Actividades. La capacitación en el Centro de Trabajo y el Plan de Actividades deberán apegarse a las siguientes características: I. Estará orientada a fomentar la adquisición y desarrollo de competencias técnicas, hábitos para el trabajo y experiencia laboral en las y los aprendices en capacitación. II. Se basará en el aprendizaje práctico a partir de la experiencia de las y los tutores, quienes podrán apoyarse en otros recursos y materiales de apoyo proporcionados por el Programa u otras fuentes de información, considerando las actividades y/o funciones productivas del Centro de Trabajo. III. Estará adaptada a las necesidades y características de las y los aprendices en capacitación y deberá procurar ajustes razonables para jóvenes con discapacidad. IV. Deberá ser presencial y desarrollarse físicamente en las instalaciones del Centro de Trabajo u otros espacios especificados en el Plan de Actividades a cargo de las y los tutores. Solo de manera complementaria podrá incluir elementos de capacitación semipresencial, lo cual deberá detallarse en el Plan de Actividades. Los Planes de Actividades elaborados por el Centro de Trabajo deberán tener una duración de 12 (doce) meses, con un horario entre 5 (cinco) y 8 (ocho) horas diarias, durante 5 (cinco) días a la semana, procurando que sea dentro de la jornada diurna. De las señaladas normas se observa que el objetivo del programa denominado "Jóvenes Construyendo el Futuro", es el de capacitar en determinado oficio o profesión, a personas entre dieciocho a veintinueve años de edad que no estudian ni trabajan; capacitación que está orientada a la adquisición o fortalecimiento de competencias técnicas y hábitos de trabajo, de acuerdo con el Plan de Capacitación registrado, y correrá a cargo de un Centro de Trabajo registrado ante el Programa. De igual modo, se destaca que entre uno de los beneficios que contempla este programa social, es el de remunerar hasta por doce ocasiones a los becarios, con la cantidad de cuatro mil trescientos pesos, de forma mensual e igualitaria. Esto es, el programa denominado "Jóvenes Construyendo el Futuro", tiene como finalidad el capacitar a personas que no cuentan con un empleo ni estudian al momento de su postulación, para dotarlas de las técnicas necesarias para desempeñar un oficio o profesión, siendo uno de los ejes rectores, el remunerar de forma pecuniaria a éstos por el desempeño en el centro de trabajo elegido para prestar sus servicios. Así, se estima que la parte quejosa no cuenta con interés jurídico para obtener la protección constitucional solicitada, ya que si bien el ente "UNIFORMES Y BORDADOS CÓRDOBA", tenía la categoría de "centro de trabajo" para efectos del programa social del que fue suspendido, dicho acto no le genera algún agravio en su esfera jurídica, pues el centro de trabajo únicamente funge como un ente capacitador, cuya finalidad es dotar a los aprendices de las herramientas necesarias para desempeñar un oficio o profesión, mediante un plan de capacitación adecuado. De esta manera, si la responsable determinó la suspensión de la quejosa del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, resulta evidente que en modo alguno agravia de forma directa sus derechos subjetivos, pues si bien funge como ente capacitador, el perjuicio podría llegar a recaer, en su defecto, en las personas que ésta se encontraba capacitando, al ser las destinatarias directas. Es decir, son dichos aprendices o becarios los que obtienen un beneficio, toda vez que se encuentran gozando de una capacitación y consecuentemente, de una remuneración pecuniaria y seguro médico en los términos apuntados en la norma descrita con antelación; por lo que válidamente puede decirse que no se agravia la esfera jurídica de la parte quejosa, al no ser sujeto de obtener los beneficios que establece el numeral 3°, fracciones I, II y III de las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y que son, precisamente, el objetivo del programa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la citada fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la parte promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia II.3o.J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y siete, tomo setenta, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 214593, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sin que en el caso haya lugar a estudiar la diversa causa de improcedencia que hace valer la Directora de Vinculación y Seguimiento del Programa Jóvenes Construyendo en Futuro en el Estado de Oaxaca, pues en nada variaría el sentido de esta determinación. ... SEXTO. TRANSPARENCIA. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por "UNIFORMES Y BORDADOS CÓRDOBA", a través de su propietaria ..., por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese y regístrese.

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