Luz Aurora Gomez Jimenez

Expediente 314/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
314/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Luz Aurora Gomez Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintidós Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso d, del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. I. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Liz Aurora Gómez Jiménez, por propio derecho, en contra del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; regístrese en libro de gobierno de este Órgano Jurisdiccional bajo el número 314/2022, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Ahora bien, en el caso, la parte promovente reclama, en esencia, la negativa para llevar a cabo la audiencia preliminar a efecto de que la quejosa ratifique su demanda de divorcio y en consecuencia se decrete el vínculo matrimonial dentro del expediente 81/2021 del índice del juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro Oaxaca. II. DESECHAMEINTO. Ahora bien, del análisis integral de dicha demanda, este Juzgado Federal advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo. De dicho precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos anexados a tales promociones; y, lo "indudable" de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, aún en el supuesto de admitirse la demanda y de substanciarse el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa y diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda; de igual manera, debe observarse el trascrito artículo 113 de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese sentido, los preceptos antes citados facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretadas armónicamente y en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Del precepto legal trascrito, se colige que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Dicho precepto también prevé que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. Por tanto, de la interpretación sistemática de dicho dispositivo, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En efecto, debe entenderse que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos; o bien los actos procesales o formales; esto es, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva. Por ende, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de citación para la prosecución del trámite. Lo anterior es así, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, si la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro de un procedimiento en que el quejoso sea parte, no puede considerar de naturaleza irreparable el acto impugnado. Ahora bien, en ese orden de ideas, analizada la demanda de amparo, se advierte que la parte peticionaria del amparo reclama en esencia, del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la falta, omisión y/o negativa de señalar fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar a efecto de que la quejosa ratifique su demanda de divorcio y en consecuencia se decrete el vínculo matrimonial dentro del expediente 81/2021, de su índice, a pesar de haberlo solicitado por escrito en reiteradas ocasiones. Ahora, si la parte quejosa, como ya se dijo, se duele del retardo en el procedimiento del juicio natural 81/2021, del índice del citado Juzgado familiar, al no haber señalado fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar a efecto de que la quejosa ratifique su demanda de divorcio y en consecuencia se decrete el vínculo matrimonial dentro del citado expediente, se estima, no constituye una violación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que los efectos que produce son de naturaleza intraprocesal, por tratarse de omisiones en el procedimiento, pues del escrito de demanda no se advierte una abierta dilación de dicho procedimiento o su paralización total, si se toma en cuenta tal como lo refiere la parte promovente en su demanda de amparo que se encontraban señaladas las diez horas del dieciséis de febrero del año en curso, para llevar a cabo la audiencia preliminar; sin embargo, por cuestiones de suspensión de labores relacionadas con contagios ocasionados por el VIRUS SARS COV 2, no se llevó a cabo, tal y como lo refiere en su escrito de demanda. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.." Asimismo, orienta al caso, por analogía de razón, la Jurisprudencia 2ª./J. 33/2019, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en la página 1643, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese tenor, se tiene que en el particular, de la demanda de amparo se obtiene que la aquí parte quejosa Luz Aurora Gómez Jiménez, se duele como ya se vio, de la falta, omisión y/o negativa de señalar fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar a efecto de que la quejosa ratifique su demanda de divorcio y en consecuencia se decrete el vínculo matrimonial dentro del expediente 81/2021, de su índice, a pesar de haberlo solicitado por escrito en reiteradas ocasiones, la cual en su demanda refiere que se encontraba señalada para las diez horas del dieciséis de febrero del año en curso; sin embargo, por cuestiones de suspensión de labores relacionadas con contagios ocasionados por el VIRUS SARS COV 2, no se llevó a cabo, esto es, habiendo transcurrido menos de cuarenta y cinco días naturales a la fecha de presentación de la demanda de amparo. En efecto, como lo analizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada Jurisprudencia 33/2019, el amparo indirecto procede contra las dilaciones presuntamente excesivas -aunque en ese caso en estudio fue en materia laboral-, en el dictado de sus determinaciones, si transcurren más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales correspondientes. En ese contexto, tomando en cuenta las manifestaciones expresadas por la quejosa, en el caso particular apenas han transcurrido aproximadamente veintisiete días naturales a partir de la fecha en que reanudó sus labores, con motivo de la suspensión según acuerdo general 05/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, relativo a la suspensión parcial de actividades al interior de los Juzgados para frenar los contagios por el virus SARS COV2; y, por ello, es que a simple vista no se aprecia abierta dilación. De ahí que, la aludida dilación procesal, contrario a lo estimado por la parte quejosa, acorde a lo establecido en el citado criterio jurisprudencial 33/2019, no se actualiza en el particular en consecuencia, resulta improcedente esta instancia constitucional hasta el momento. Por tanto, se estima, el acto reclamado hasta ahora no genera afectaciones de imposible reparación, pues implica, en todo caso, una eventual violación de carácter procesal que no es susceptible de afectar alguno de los llamados derechos fundamentales de la parte peticionaria del amparo. Lo anterior pone de manifiesto, que tratándose el acto reclamado de la falta, omisión y/o negativa de señalar fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar a efecto de que la quejosa ratifique su demanda de divorcio y en consecuencia se decrete el vínculo matrimonial dentro del expediente 81/2021, a pesar de haberlo solicitado por escrito en reiteradas ocasiones, como se expuso, acorde a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello, no se puede ver como una dilación procesal excesiva, hasta el momento. Luego, resulta claro que en el caso concreto, los actos reclamados únicamente tiene efectos intraprocesales, es decir, constituyen una violación procesal y por lo tanto no tiene una consecuencia inmediata de afectación sobre alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, sino únicamente da lugar a la conculcación de derechos adjetivos que sólo producen efectos intraprocesales y que, por tanto, no pueden ser reclamados en la vía del amparo biinstancial, precisamente en razón de que los actos reclamados en el caso concreto no tiene una ejecución de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 189, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Por tanto, en el caso, como ya se vio, el acto que se reclama en esta instancia se estima, no cumpla con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Asimismo, cabe recalcar, que lo anterior se considera así, pues como ya se dijo, el juicio de amparo indirecto será procedente contra violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 constitucionales, siempre que se trate de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, lo que no acontece en el caso, toda vez que no ha transcurrido un término prudente a fin de que la autoridad señale fecha y hora para llevar a cabo la audiencia preliminar en dicho asunto. Por ello, al no tratarse de algún caso de excepción en el procedimiento, hace improcedente el presente juicio de amparo, dado que, como ya se indicó, hasta este momento, no se ven afectados derechos sustantivos de manera directa, sino cuestiones meramente procesales, lo que incluso guarda relación y sustento con lo determinado por el máximo Tribunal del País, en la referida Jurisprudencia 33/2019. Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con los siguientes datos: Novena Época, Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo; IX, Enero de 1999, Tesis: XVII.2º.J/11. Página: 648: con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.". III. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Como lo indica la parte quejosa, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Julieta de Lourdes Concha Vázquez, Julio César Hernández Velasco y Alma Yadira Martìnez González, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. En cuanto a la consulta vía internet del expediente electrónico de este juicio de amparo y vista la certificación de cuenta se autoriza al usuario Julieta22, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, los correos electrónicos notificaciondespachohg@gmail.com, es por lo que no ha lugar de acordar de conformidad su petición respecto de que se realicen notificaciones por dicho medio, aunado a que también la propia quejosa así lo manifiesta en su escrito de demanda. Ahora, por cuanto hace al número telefónico que pone a disposición para realizar las debidas notificaciones, dígasele que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no existe dispositivo que faculte realizar llamadas telefónicas y realizar las actuaciones que existen en los expedientes a su cargo, a determinado número de celular, y en su caso, las notificaciones que se ordenen practicar en este juicio se harán conforme lo regula la ley de la materia; y, además, únicamente se encuentran previstas las notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia. No obstante lo anterior, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del número de celular, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios, para que el Actuario Judicial adscrito, logre llevarlas a cabo. V. MEDIOS ELECTRÓNICOS: Asimismo, se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías (utilización de medios electrónicos), pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. VI. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VII. DE LA GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Daniel Lira Gurrión, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. DOY FE.

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