Luz Anita Hernández Samaniego
Expediente 962/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Luz Anita Hernández Samaniego
- Organismo Operador de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Municipio de Hermosillo, Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con doce minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con los informes justificados de las autoridades responsables. También, el secretario certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo. Igualmente, se da fe de que el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés para que ampliara su demanda de derechos, transcurrió del cinco de octubre al catorce de noviembre del presente año, sin que la impetrante de amparo hiciera valer en ese periodo la ampliación mencionada. El juez acuerda: téngase por realizada la relación de constancias y certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento impuesto a la parte quejosa en auto de veintiséis de septiembre pasado, por tanto este asunto se resolverá únicamente por los actos y autoridades responsables que señaló en su escrito inicial de demanda. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que ya les transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de los informes apenas precisados. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa, el coordinador jurídico del organismo público denominado Agua de Hermosillo y la presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora; igualmente, el secretario hace constar que las partes restantes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las probanzas en trato, a cuyo estudio se remitirá este juzgador para dirimir el fondo del asunto en el presente sumario constitucional; por otro lado, téngase por perdido el derecho de las partes restantes para ofrecer medios de prueba. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo El veintitrés de junio de dos mil veintitrés, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el veintiséis de junio siguiente a este órgano jurisdiccional, Luz Anita Hernández Samaniego solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados al Congreso del Estado de Sonora y otras autoridades. El veintiocho de junio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 93, 103, fracción I y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, y 107, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama la aplicación de disposiciones normativas en el territorio sobre el que este juzgado ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: Autoridad Acto reclamado Organismo Operador de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Municipio de Hermosillo Sonora (Agua de Hermosillo) Corte de suministro de agua potable en el domicilio Asiria Norte 3 (tres), colonia Tierra Nueva, de esta ciudad. Gobernador del Estado de Sonora La promulgación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el jueves veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en específico los artículos 38, 40 y 42. Así como la promulgación del artículo 152 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. Secretario de Gobierno del Estado de Sonora El refrendo y firma del decreto de las leyes en comento. Congreso del Estado de Sonora La discusión, aprobación y expedición de las citadas leyes. Director del Boletín Oficial del Estado de Sonora La publicación de la legislación mencionada. Inexistencia de actos reclamados No es cierto el acto reclamado a Agua de Hermosillo, pues así lo manifestó al allegar las pruebas documentales que ofreció. Luego, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las manifestaciones planteadas en su demanda de amparo, en relación con el aludido acto reclamado. Así las cosas, y al no acreditar el corte de suministro de agua, es inconcuso que ese acto no existe. Máxime que no desvirtuó la negativa formulada por la autoridad responsable mencionada; lo que ineludiblemente confirma la inexistencia de tal reclamo. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En las relatadas condiciones, al ser inexistente el acto reclamado que en este apartado se analiza, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Existencia de actos reclamados Son ciertos los actos reclamados del Congreso del Estado de Sonora, gobernador del Estado de Sonora, secretario general de Gobierno y director general del Boletín Oficial del Estado de Sonora, toda vez que al rendir su informe con justificación aceptaron el acto que se les reclamó. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Máxime que los actos que a esas autoridades se les reclama son de índole meramente legislativa. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a folio 15, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, p. 260, de rubro y texto que se transcriben: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Análisis de causas de improcedencia Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio las advierta este juzgador, de conformidad con lo establecido en artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, el quejoso comparece y reclama, del Congreso del Estado de Sonora, gobernador del Estado de Sonora, secretario general de Gobierno y director general del Boletín Oficial del Estado de Sonora el proceso de creación legislativo de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el jueves veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en específico los artículos 38, 40 y 42, así como la promulgación del artículo 158 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. Lo anterior, se denota que lo reclama en su primer acto de aplicación, según se advierte del contexto de la demanda presentada. Ahora bien, es oportuno precisar que el juicio de amparo contra leyes tramitado en la vía indirecta encuentra sustento en la fracción VII, del artículo 107, de la Constitución Federal y en los artículos 61, fracción XIV, y 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que reiteran y amplían esa otra disposición suprema. Cuando la ley se reclama con motivo del primer acto de aplicación, como en el caso, la procedencia del juicio de amparo no es irrestricta, sino que deben observarse ciertas reglas y principios fundamentales sobre los cuales ha sido estructurado el juicio de amparo. Conforme al criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que, el juzgador debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado; es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él se actualiza una causa de improcedencia, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Pues la pretensión del juicio biinstancial contra leyes es combatir el acto de aplicación para así destruir la lesión producida por la ley que lo funda. En cambio, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Sirve de apoyo a lo expuesto en la jurisprudencial 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 235, tomo XII, agosto de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de texto y rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." (No. de Registro: 191311, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235). Asimismo la tesis jurisprudencial 2a./J. 95/2005, visible en la página 328, tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del tenor literal: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Conforme a los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los 30 días a partir de su entrada en vigor, y b) dentro de los 15 días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Ahora bien, la existencia de estos dos plazos para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de 30 días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de 15 días en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de 15 días aludido, el juicio de garantías resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, sin que resulte válido pretender que en relación con esta última se aplique el plazo de 30 días por tratarse de una ley autoaplicativa, pues aun cuando tenga este carácter, el quejoso la combatió a través de su primer acto de aplicación." (No. de Registro: 177265, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 328). Pues bien, en el caso concreto, en relación con los actos precisados bajo incisos B), C), D) y E), del considerando III de esta resolución, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del numeral 61 de la ley de la Ley de Amparo, que establece a la letra: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De acuerdo con dicha disposición legal, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no acreditó su interés legítimo ni jurídico para reclamarlo, puesto que no causa un perjuicio en su esfera jurídica derivado de la inexistencia del acto de aplicación relativo. En ese orden de ideas, en asuntos como éste, en que se combate una norma general, si se concede el amparo en su contra, las consecuencias naturales serían que no se aplique a la parte quejosa; empero sus disposiciones -de carácter abstracto- subsisten en el orden jurídico mexicano; pues las sentencias dictadas en el juicio de amparo no tienen efectos derogatorios de disposiciones generales. Apoya lo expuesto, por identidad de razón, la tesis 2a. XXVII/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 187630, que dice: AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. EN LA DEMANDA RESPECTIVA ES FACTIBLE PLANTEAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE CUALQUIER DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL. El párrafo segundo de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, adicionado mediante decreto de veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, establecía que "Cuando se impugne la sentencia definitiva o laudo por estimarse inconstitucional la ley aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, y la calificación de ésta por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia."; posteriormente, mediante el diverso decreto de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se modificó el referido párrafo, sustituyendo el término "ley" por "la ley, el tratado o el reglamento", en concordancia con la adición de un tercer párrafo al diverso numeral 158, que hace referencia a las cuestiones surgidas dentro del juicio, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, los cuales sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; asimismo, en el artículo 114, fracción I, de la propia ley, el legislador modificó la expresión genérica "contra leyes" y en su lugar hizo referencia no sólo a leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales, sino incluso a una categoría específica de normas generales, constituida por "otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general". Ahora bien, de la interpretación teleológica de la exposición de motivos de los numerales citados, se advierte que la finalidad de la reforma aludida fue la de asignar a los Tribunales Colegiados de Circuito el control de la constitucionalidad de los reglamentos autónomos y municipales, por lo que es indudable que al referirse el legislador en los citados artículos 166 y 158, párrafo tercero, a "reglamentos", no tuvo en modo alguno la intención de limitar la posibilidad de impugnar disposiciones de observancia general en amparo directo, a diferencia de lo establecido en el artículo 83, fracción V, de dicha ley, sino que se refirió tanto a los reglamentos expedidos por el presidente de la República o los gobernadores de los Estados, como a la categoría de normas que en el citado numeral 114, fracción I, se integra por "otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general", por lo que en la demanda de amparo directo sí puede plantearse la inconstitucionalidad de cualquier disposición de observancia general, no sólo de tratados internacionales, leyes o reglamentos federales o locales. Lo anterior es congruente con el sistema de impugnación de actos de la aludida naturaleza, conforme al cual los gobernados pueden optar por controvertir la constitucionalidad de las disposiciones de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación acudiendo desde luego al amparo indirecto, o bien, agotar el recurso o medio de defensa legal que proceda contra ese primer acto y, en contra de la resolución que recaiga a éste, en su caso, promover amparo directo planteando tal cuestión. (No. de Registro: 187630, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, página 420). En concordancia con lo expuesto en líneas anteriores, para entrar al análisis de la inconstitucionalidad planteada, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado, los mandatos legales, para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa. Esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías en contra, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 18 de la ley de la materia. De tal forma que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal. En el caso, se duelen de los efectos causados con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene, supuestamente, de Agua de Hermosillo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número P./J. 55/97, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, cuyo rubro es el siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." En el caso concreto, las legislaciones impugnadas en esta vía constitucional por su sola vigencia no producen una afectación concreta en la persona o patrimonio de la parte quejosa, pues para que ello suceda, es necesario que se reclame un acto de aplicación como lo es el que le haya efectuado un cobro con base en los numerales de la ley de ingresos reclamada, circunstancia que en la especie no se acredita, tal como quedó precisado en el apartado IV de esta resolución. En efecto, para que ocurra una aplicación de las normas reclamadas debe existir uno de los actos sancionados por ella pues de no existir estos, no se podrá incurrir en la hipótesis normativa establecida en los numerales tildados de lesivos de la norma suprema. Por lo tanto, si la parte promovente del amparo no acreditó encontrarse en el supuesto de la norma impugnada reclamada con motivo de su aplicación, es inconcuso que la misma no le depara algún perjuicio. Por ende, al no acreditarse la existencia de su aplicación, es claro que en el caso no puede estimarse que las hipótesis normativas establecidas en los lineamientos reclamados irrogaron algún perjuicio a la quejosa. En ese orden de ideas, al reclamarse la norma con motivo de su aplicación y consecuencias, sí no se demostró dicho acto concreto de aplicación, es claro que no se acredita que se cause un perjuicio a la esfera jurídica de la peticionaria del amparo o en sus derechos fundamentales, pues se insiste, a la fecha de presentación de la demanda, no existió acto de aplicación alguno cuyo destinatario fuera la quejosa. Lo anterior, cobra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, la acción constitucional que se endereza en contra de leyes reclamadas con motivo de su aplicación, debe presentarse dentro del plazo de quince días siguientes al en que se dé el primer acto de aplicación que cause perjuicio a la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia de que el acto concreto que genere el perjuicio debe ser, necesariamente, anterior a la presentación de la demanda, independientemente de que su demostración pueda realizarse durante la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica si se toma en consideración que la existencia del acto de aplicación, cuando se impugna una ley con motivo de éste, constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no habría seguridad para las partes y la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio." (No. de Registro: 196965, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 207). Por último, no pasa inadvertido para este juzgador las manifestaciones del accionante de tutela constitucional, consistentes en lo siguiente: "(.) Ahora bien, el recibo de pago no establece el precepto en el que se funda ni da una orientación de sus sustentos. Por lo que tanto El Organismo Operador, presidente municipal, su Cabildo Municipal, y Congreso del Estado al aprobar tal disposición contraria a los artículo 1 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo único que hicieron es aprobar un impuesto contrario a la Constitución, (.)"- Lo resaltado es de este Juzgado -. No obstante, es menester precisar lo relativo a la suplencia de la queja, la cual es inaplicable a la parte quejosa, en razón de no actualizar ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Así las cosas, bajo la luz del principio de estricto derecho, y toda vez que no se reclamó como acto destacado el recibo de pago de Agua de Hermosillo que anexó a su demanda, este operador jurídico se ve impedido para entrar al análisis de tal cuestión. Pues, incluso y si aún la suplencia de la queja deficiente fuese aplicable, es decir, reparando o enderezando los razonamientos o conceptos de violación hechos valer, lo cierto es que, de ninguna manera tiene los alcances de suplir o señalar actos reclamados ni autoridades responsables que no fueron indicados en su demanda. Por ende, no se puede entrar al análisis o contrastar con conceptos de violación un acto que no fue explícitamente atacado. Lo anterior, por mayoría de razón, obedece a la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/1, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que reza: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable." (No. de Registro: 202562, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página 567). En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia en estudio en relación con la porción normativa reclamada, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se deberá decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Decisión. En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señalados en el apartado III bajo inciso A) procede sobreseer en el biinstancial, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otro lado, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio respecto de los diversos actos reclamados precisados bajo incisos B), C), D) y E). Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve. Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luz Anita Hernández Samaniego, respecto de los actos precisados en el apartado III, por las razones expuestas en los diversos IV y VI de esta resolución. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que se encuentra pendiente transcurra el plazo otorgado a la parte quejosa mediante auto de veintiséis de septiembre pasado. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para esta data y se fijan las once horas con dos minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del análisis integral de la demanda se observa que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables la Ley de Ingresos del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en sus artículos 38, 40 y 42, y en especial "todos los relacionados con el establecimiento de la tarifa de agua", empero no especifica qué numerales se refiere. Vista con ampliación de demanda. En tal razón, a fin de evitar irregularidades en el procedimiento, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con seis copias de traslado, de ser el caso, amplíe su demanda constitucional precisando lo siguiente. La porción que combate del texto normativo, y que refiere fueron aplicados en su perjuicio por las responsables; Señale concretamente el primer acto de aplicación de las normas generales que combate; y, La fecha en que tuvo conocimiento de dichos actos de aplicación y la autoridad a la que se los atribuye. En la inteligencia de que, en caso de ampliarla, deberá cumplir cabalmente con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo en el plazo referido, el presente asunto se tramitará y resolverá únicamente por los actos y autoridades responsables que señaló en su demanda de derechos humanos, con las implicaciones legales conducentes. Cumple requerimiento. Por otro lado, téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por coordinador de Asuntos Jurídicos y representante legal del Organismo Operador Municipal de Agua de Hermosillo, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento decretado en autos, y para tal efecto remite constancia. Prueba. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental anexa al oficio que se atiende; sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de los autos, se advierte, que el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable coordinador de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, denominado Agua de Hermosillo, remitiendo diversa constancia en relación con el acto que se le reclama, a saber, el corte de suministro de agua potable. Después, de las constancia mencionada, se aseveró lo siguiente: "Se hace constar que el servicio con número de identificación ********************, a nombre del usuario C. ********************; con dirección: ******************** en esta ciudad. Cuenta con ********************, servicio activo no se ha ejecutado desde mayo del 2022." - Lo resaltado es de este Juzgado -. Atento a lo anterior, se provee lo siguiente: Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a lo siguiente: De existir una orden de corte de suministro de agua potable, decretada en perjuicio de la aquí quejosa ********************, con número de NIS ********************, remita copia certificada de dicha constancia; y, En su caso, informe y acredite con los documentos pertinentes, cuándo se ejecutó la aludida orden, o bien, manifieste de forma expresa y clara si ésta no se ha ejecutado. En el entendido de que también se encuentra constreñido a hacer del conocimiento de este juzgado la imposibilidad que tenga para dar cumplimiento a lo apenas plasmado. Esto, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con dos minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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