Luz Angélica Soto López
Expediente 1271/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luz Angélica Soto López
Actuaciones
- Principal
En Culiacán, Sinaloa, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Magistrado de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mediante el cual rinde informe justificado; asimismo, remite copia certificada del proveído de uno de los actuales en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio de nulidad 153/2023-V del índice de esa Sala. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que se remite con el oficio de cuenta, la cual por ser pública en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. En el presente asunto se reclama la omisión de la Sala responsable de declarar firme la sentencia dictada en el juicio de nulidad 153/2023-V, respecto de ese acto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer fuera de audiencia. Conforme a lo dispuesto en el arábigo indicado, el juicio de amparo es improcedente cuando el efecto del acto reclamado haya cesado antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal se actualiza cuando el efecto del acto reclamado desaparezca o se destruya inmediata, total, incondicional y materialmente, supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. Sobre esa hipótesis resulta ilustrativa por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida, pues en el caso concreto, la parte quejosa reclamó la omisión de declarar firme la sentencia dictada en el juicio de nulidad 153/2023-V Sin embargo, la omisión de la autoridad responsable cesó puesto que el uno de los actuales causo ejecutoria dicho fallo, según constancia que se acompaña al informe de cuenta. En ese sentido, con el dictado de dicha determinación cesaron los efectos de la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte impetrante, ya fue reparada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y procede decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, al ser clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, por lo que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con treinta y cuatro minutos de once de diciembre del año en curso. Finalmente, agréguese a los autos la comunicación del Actuario adscrito a la Sala responsable, de la que se advierte la orden dada para la remisión del informe justificado de cuenta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en funciones de Juez de Distrito conforme a la sesión celebrada el seis de noviembre del año en curso por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, este Juzgado de Distrito resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, por los motivos expuestos en el punto tercero del apartado resolución de esta sentencia. SEGUNDO. Con la salvedad del resolutivo anterior, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Miguel Ángel Hernández Lara, por vicio de fondo. NOTIFÍQUESE.
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