Luz Angélica Soto López
Expediente 1239/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luz Angélica Soto López
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355, 356, fracción II y 357, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA; hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo signado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa que el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, emitió la resolución correspondiente al juicio de nulidad. De igual manera, glósese al expediente en que se actúa para que obre como corresponda el diverso oficio y anexo de cuenta, signado por la Actuaria de dicho Tribunal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual, se ordena se rinda el informe justificado solicitado. Por otra parte, toda vez que del escrito de inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, consiste en la omisión de emitir sentencia en el juicio de nulidad. De ahí que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de sobreseer el juicio de amparo, si durante su tramitación se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia; lo anterior, sin necesidad de esperar al desahogo de la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se adelantó, han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violentado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, en el particular se tiene que la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en resolución de veintitrés de noviembre del presente año, emitió la resolución correspondiente en el expediente. De lo que se advierte, que posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecisiete de noviembre de dos mil veintidós), se emitió la resolución correspondiente en el juicio de nulidad; lo cual denota que el acto reclamado, consistente en la omisión de emitir sentencia en el juicio de nulidad, ha dejado de existir para todos los efectos legales, en tanto que la conducta omisiva que se le atribuyó a la responsable ha sido vencida por la acción aquí solicitada por el quejoso. Por consiguiente, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente. Cabe mencionar que resulta innecesario emplazar a juicio a quien le pudiera asistir el carácter de tercero interesado; lo anterior, por haber cesado los efectos del acto reclamado en párrafos que anteceden, lo cual genera el sobreseimiento del presente asunto.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la quejosa a notificarse personalmente del auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c), y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados del Juzgado, el acuerdo de referencia, mismo que se publica en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, que en lo conducente dice:Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo signado por el Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa que el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, emitió la resolución correspondiente al juicio de nulidad. De igual manera, glósese al expediente en que se actúa para que obre como corresponda el diverso oficio y anexo de cuenta, signado por la Actuaria de dicho Tribunal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual, se ordena se rinda el informe justificado solicitado. Por otra parte, toda vez que del escrito de inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, consiste en la omisión de emitir sentencia en el juicio de nulidad. De ahí que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de sobreseer el juicio de amparo, si durante su tramitación se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia; lo anterior, sin necesidad de esperar al desahogo de la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se adelantó, han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violentado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, en el particular se tiene que la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en resolución de veintitrés de noviembre del presente año, emitió la resolución correspondiente en el expediente. De lo que se advierte, que posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecisiete de noviembre de dos mil veintidós), se emitió la resolución correspondiente en el juicio de nulidad; lo cual denota que el acto reclamado, consistente en la omisión de emitir sentencia en el juicio de nulidad, ha dejado de existir para todos los efectos legales, en tanto que la conducta omisiva que se le atribuyó a la responsable ha sido vencida por la acción aquí solicitada por el quejoso. Por consiguiente, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente. Cabe mencionar que resulta innecesario emplazar a juicio a quien le pudiera asistir el carácter de tercero interesado; lo anterior, por haber cesado los efectos del acto reclamado en párrafos que anteceden, lo cual genera el sobreseimiento del presente asunto.
- Principal
FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por Luz Angélica Soto López, por su propio derecho, en la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado Instructor de la Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 1239/2022-I-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN Se admite la demanda de amparo promovida contra actos del Magistrado Instructor de la Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. AUDIENCIA Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. TERCERO INTERESADO Toda vez que el quejoso en su capítulo de tercero interesado, señala que no existe, sin embargo, este juzgado de distrito se reserva pronunciarse sobre dicha circunstancia, hasta en tanto obren en autos las constancias respectiva, ello, atento que atendiendo a la naturaleza de los actos que reclama, la figura del tercero interesado no puede dejar de existir. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, tal y como se advierte de la certificación de cuenta.
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