Luz Angelica Martínez Jiménez

Expediente 1656/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1656/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Luz Angelica Martínez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. Es susceptible de depuración. se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la Delegada de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se provee: agréguese a los autos para que obre como corresponda, sin que haya lugar a tenerlos en vías de dar cumplimiento a la sentencia de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. Conforme lo establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis. Dicha sentencia concedió el amparo para los siguientes efectos: "En esas condiciones, al advertirse que la resolución final, en la cual la responsable decretó la terminación de la relación administrativa y por ende, la separación definitiva del servicio que prestaba el servidor público quejoso a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, es inconstitucional, pues previo a su emisión no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, violando con ello su garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 14 constitucional, especifico de su derecho de audiencia y defensa; y debido a que no se puede ordenar la reincorporación del elemento de seguridad pública, al puesto que ocupaba antes de la violación reclamada, por existir prohibición expresa en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna; es inconcuso que, procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que a través de la dependencia correspondiente, le sea pagado al solicitante del amparo la indemnización y los demás pagos a que tiene derecho por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica en comento, esto es, policía tercero, adscrito al Comisionado de Seguridad Pública, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco." (foja 150). Contra dicha sentencia se interpuso recurso de revisión, que resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que confirmó la sentencia y preciso: "Asimismo, en los referidos criterios, la propia Sala ha sustentado que la frase "..y demás prestaciones a que tenga derecho..", se refiere a la remuneración ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios desde que se concretó la separación, cese, remoción o baja del servidor público y hasta que se realice el pago correspondiente, sin que se conceda incluido el derecho al pago de salarios caídos. En esa medida, se estima que los efectos del amparo no irrogan agravio o perjuicio alguno al inconforme si se tiene presente que el juez de Distrito, al emprender el estudio del procedimiento de separación, señaló que el ordenamiento que se debe observar es la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, entre otros numerales el artículo 141 del citado ordenamiento jurídico, que en su texto señala lo siguiente: Consecuentemente, si las jurisprudencias que la juzgadora invoca en la sentencia impugnada como sustento de su determinación, respecto de las cuales estableció que deben ser observadas por las responsables para efectos de los pagos que deben hacerse a favor del aquí recurrente en virtud de la separación injustificada de que fue objeto en el cargo que desempeñaba como policía tercero y en las que se contemplan que debe pagarse una indemnización constitucional de tres meses de salario integrado, así como la remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones y cualquier otro concepto que percibiera el servidor público al momento de la separación del cargo que ocupaba ante las responsables, debe decirse que en éste último rubro, la juzgadora implícitamente reconoce que también se encuentra incluida la prestación relativa a veinte días por cada año de servicio laborado a que hace referencia el artículo 141 de la Ley para el Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Consecuentemente, no obstante de que el juez Federal al momento de fijar los efectos otorgados a la sentencia amparo no precisa de forma sacramental que las responsables deben pagarle la prestación relativa a veinte días por cada año servicio laborado, las autoridad responsables en observancia a las jurisprudencias invocadas por el juez de Distrito en la sentencia recurrida, deberán desde luego contemplar su pago de conformidad a lo que dispone el artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, en esa medida los efectos del amparo son objetivamente correctos y no causan agravio al inconforme.". (Foja 254 vuelta, 255 y 255 vuelta). Mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, veinticinco de mayo, siete, dieciocho, veintisiete de junio, nueve, diecisiete de julio, seis y quince de agosto, todos del año en curso, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, en atención a que la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Jalisco, ha retardado el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por medio de evasivas, denotando así una actitud contumaz para dar cumplimiento al fallo protector en todos sus términos, lo que evidencia un notorio incumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, y que por tanto, no se justifica el retardo en el cumplimiento, de conformidad con el tercer párrafo de dicho numeral, sino que, con evasivas se niega a hacerlo. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretados en el proveído de quince de agosto del año en curso, toda vez que como se dijo, la responsable ha sido omisa en acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, lo procedente es remitir los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia correspondiente. Asimismo, se hace efectivo el apercibimiento hecho en los autos de referencia y se le impone al FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, RAÚL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; en virtud de que es quien debió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para lo anterior, gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Jalisco "1", a fin de que proceda a hacer efectiva la multa impuesta a la citada autoridad, debiendo remitir la constancia que acredite su cumplimiento. Por tanto, a efecto de continuar procurando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como lo ordena el artículo 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Fiscal General del Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito. Apoya lo anterior, la tesis P. XX/2002, visible en la página 12, Tomo XV, Abril de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional. En el entendido que de no hacerlo, se le impondrá otra multa, de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. A efecto de practicar las actuaciones subsecuentes, desglósese el cuaderno de antecedentes que obra en autos y complétese con las copias certificadas de las constancias suficientes para su debida integración. Finalmente, visto el oficio signado por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado, con el que remite acuse del oficio dirigido al Fiscal General del Estado, mediante el cual, en su calidad de superior jerárquico, lo conminó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al efecto se provee: agréguese a los autos en términos de los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se evidencia que obran tres tomos de cuadernos de pruebas, sin que se hayan remitido junto con el juicio de amparo 1800/2016, para su substanciación; por consiguiente, se ordena remitir de inmediato los referidos cuadernos de pruebas, vía acelerada, al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en alcance al oficio 22450/2018, para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada nueve de julio de dos mil dieciocho, en la que la se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, requiérase a la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos antes indicados; bajo apercibimiento de ley

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano