Luz Andreina Blanco Arce

Expediente 1563/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1563/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Luz Andreina Blanco Arce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 718/2023-II (número de orden 896/2023-II), del índice de este tribunal; sin que haya lugar a ordenar acusar recibo de tal comunicación al juzgado exhortado, pues el sistema correspondiente arrojó el acuse respectivo al momento de su envío electrónico. Remite comunicación a juzgado competente. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de noviembre del año en curso, se tuvo a la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, informando que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes - con motivo de la competencia declinada por la suscrita para continuar conociendo del mismo-, quedando registrado en ese tribunal con el número de expediente En tal virtud, mediante oficio que al efecto se envíe vía interconexión, remítase al referido Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el oficio de cuenta y sus anexos, a fin de que provea lo conducente. Levanta reserva. Por otro lado, de los presentes autos se advierte que en acuerdo de dieciséis de noviembre del presente año, se reservó proveer el escrito signado electrónicamente por la promovente del amparo , por el que solicitó que se tuviera por no presentada la demanda de amparo promovida; lo anterior, hasta una vez que se tuviera conocimiento del órgano jurisdiccional que continuaría conociendo del asunto, con motivo de la competencia declinada por este juzgado; circunstancia que ya aconteció, según lo asentado en párrafos precedentes. En consecuencia, se levanta la reserva de mérito y se ordena remitir dicha promoción al juzgado que actualmente conoce del asunto, esto es, al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a fin de que provea sobre su contenido. Remisión al archivo de trámite. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente cuaderno es un asunto total y definitivamente concluido y, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. Asimismo, con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se determina que el expediente auxiliar en que se actúa es DESTRUIBLE. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse a las partes. Destrucción. Una vez que se cumplan SEIS MESES de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción. Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9 segundo párrafo del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. Tomos de pruebas. Por último, atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, según se advierte de los propios autos. Requerimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Subdirectora de Protección 1, adscrita a la Dirección de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esto es: - Deje sin efectos la resolución de veintitrés de febrero del dos mil veintidós, dictada en el expediente 175353. - Emita otro, en el que tomando en consideración los argumentos vertidos por la quejosa en su escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, ordene la reapertura de su procedimiento de reconocimiento de refugiada. Así mismo, deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a la Subdirectora de Protección 1, adscrita a la Dirección de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE:Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí: a) Que, en audiencia, el juez de control responsable deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, emitido el seis de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, única y exclusivamente por cuanto hace a la probable responsabilidad de ********************. b) Emita una nueva resolución en la que funde y motive la probable responsabilidad de los quejosos respecto a su participación en los hechos delictivos. En proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el anotado fallo y se requirió a la autoridad responsable, a fin de que comunicara el cumplimiento respectivo. 2. Informe de la responsable. En atención a lo anterior, mediante oficio firmado por la Gestora de la Primera Región Judicial en el Estado de San Luis Potosí, recibido en este juzgado el trece de octubre del año en curso, remitió copia certificada de la audiencia celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, de la que se desprende que la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral: - Autorizó la salida alterna de la suspensión condicional del proceso, la cual se decretó por el término de seis meses, en la que los imputados cumplirán con las siguientes condiciones: (i) residir en su domicilio particular, (ii) no acercarse a las víctimas y ofendida, así como a sus domicilio y locales comerciales en que se ubican sus negocios, (iii) presentación periódica de manera mensual, y (iv) se realizó el pago de la reparación del daño a las víctimas y ofendida. - Se suspendió la medida cautelar de prisión preventiva que tenían impuesta los imputados. Audiencia a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, toda vez que su contenido se equipara al de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a. /J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, del rubro y textos siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Y la jurisprudencia 226, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 153 del tomo VI, común, apéndice 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, quinta época, con el número de registro 394182, del sumario siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Derivado de lo anterior, la responsable se declaró imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, emita una nueva resolución en la que funde y motive la probable responsabilidad de los quejosos respecto a su participación en los hechos delictivos materia de la causa penal ********************, ya que ha cambiado la situación jurídica de los aquí quejosos ********************, dentro del proceso penal citado, génesis del acto reclamado. 3. Determinación sobre el cumplimiento. Atendiendo al contenido de la documental precisada, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declarara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, Lo anterior se considera así, pues los efectos del amparo consistieron en que el juez responsable (i) deje insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, emitido el seis de febrero de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, única y exclusivamente por cuanto hace a la probable responsabilidad de ********************, y (ii) emita una nueva resolución en la que funde y motive la probable responsabilidad de los quejosos respecto a su participación en los hechos delictivos. Sin embargo, dada la situación jurídica actual de los quejosos, a quienes se les concedió la suspensión provisional del proceso, resulta que ha quedado sin materia el cumplimiento a la ejecutoria, ya que con motivo de la determinación contenida en la audiencia celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, ha cambiado la situación jurídica de éstos, sin que el juez de control responsable se encuentre legalmente posibilitado para hacer un pronunciamiento en los términos que se ordenó en la ejecutoria de amparo, ya que de hacerlo afectaría la nueva situación jurídica creada por la aludida determinación de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, que impera en la causa penal ********************, del que deriva el acto tildado de inconstitucional. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y terceros interesados; por medio de lista; y por oficios que se remitan a las autoridades responsables, diverso tercero interesado y Agente del Ministerio Público de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Recepción de oficios. Agréguense a los autos los oficios de cuenta signados por el Director del Centro Penitenciario Estatal número Uno, La Pila, mediante el cual acusa recibo del oficio 40190/2023, por medio del cual se notificó el proveído de treinta de octubre del presente año, en el cual se informó que la sentencia dentro del presente juicio de amparo causó ejecutoria y el diverso, por el Juez de Control del Centro Integral de Justicia Penal, mediante el cual informa la reprogramación de la audiencia intermedia para el trece de noviembre del año en curso, por los motivos que expone. Se requiere nuevamente. Atento a lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al juez responsable para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la fecha señalada para la celebración de la audiencia intermedia citada en el párrafo que antecede, informe el cumplimiento respectivo y remita copias certificadas de las constancias con las que así lo acredite; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento contenido en auto de treinta de octubre pasado.

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