LUZ AMELIA CERVANTES TIRADO y Otros.
Expediente 280/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2020
Partes del expediente
- LUZ AMELIA CERVANTES TIRADO y Otros.
Actuaciones
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2o., de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; debiéndose conservar en las instalaciones del Juzgado por el término de tres años, contados a partir del presente proveído y transcurrido dicho lapso, así como concluido el procedimiento a que alude el párrafo tercero del aludido numeral, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandro Barradas Morales, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con trece minutos del treinta de septiembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 280/2020-XIII, promovido por LUZ AMELIA CERVANTES TIRADO Y JOSÉ LUIS MEDINA FALCÓN, por derecho propio. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido de Alejandro Barradas Morales, secretario quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda; auto de admisión fechado el seis de agosto de dos mil veinte; constancias de notificación de las partes e informes justificados. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables que los suscriben, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Abierto el período probatorio, el Secretario certifica que la parte quejosa ofreció: ? Copia certificada del comprobante de pago realizado en uno de junio de dos mil veinte, expedido por la Tesorería Municipal por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles. ? Copia certificada del recibo de pago 10874. a cargo de la secretaría de Finanzas del Estado por concepto de inscripción de documento público o privado de treinta de junio de dos mil veinte. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 ? Copia certificada del comprobante de pago realizado el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, por la Dirección de Catastro Municipal. ? Copia certificada de la notificación del impuesto predial urbano predial urbano/rústico de nueve de junio de dos mil veinte, a cargo de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial con folio 0375325. ? Copia certificada del comprobante de pago realizado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la Dirección de Ingresos impuesto Predial. ? Copia certificada del comprobante de pago realizado el uno de junio de dos mil veinte en favor de la oficina de registros catastrales por concepto de trámite de escrituración. ? Copia certificada del comprobante de pago realizado el uno de junio de dos mil veinte en favor de la oficina de registros catastrales por concepto de trámite de escrituración. ? Copia certificada del comprobante de pago realizado el quince de mayo de dos mil veinte en favor de la Tesorería Municipal y del realizado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve a favor del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado. ? Copia certificada del recibo de pago de honorarios notariales por otorgamiento de instrumento público 10874. ? Copia certificada de la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de LUZ AMELIA CERVANTES TIRADO. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [3] ? Copia certificada de la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de JOSÉ LUIS MEDINA FALCÓN. ? Copia certificada del instrumento público 10,874 (diez mil ochocientos setenta y cuatro) tomo Vigésimo Primero, libro cinco, de la notaría pública número dieciocho, de la primera demarcación notarial. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza, las pruebas documentales de mérito. Sin que haya diligencia pendiente por desahogar, se cierra el período de pruebas. A continuación, procede a abrir el período de alegatos. El Secretario ha constar que ninguna de las partes los vertió. Se tiene por precluido el derecho de las partes para hacerlo. Se declara cerrado el período de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, ni promoción que acordar; se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 280/2020XIII promovido por LUZ AMELIA CERVANTES TIRADO, por derecho propio. ANTECEDENTES: PRIMERO. DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 La parte quejosa, el uno de junio de dos mil veinte, realizó el pago por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles que generó la compraventa y traslado de dominio del inmueble que ampara la escritura pública 10,874 (diez mil ochocientos setenta y cuatro) tomo Vigésimo Primero, libro cinco, de la notaría pública número dieciocho, de la primera demarcación notarial, por la cantidad de $25,004.00 moneda nacional (veinticinco mil cuatro pesos, 00/100 moneda nacional). Lo anterior en cumplimiento al artículo 40 al 47, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, así como del precepto 11, párrafo primero y último, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2020, publicada en el Periódico Oficial de dicho estado, el veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve. Tales dispositivos contemplan el pago de impuestos, propiamente el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, por la compraventa de una casa-habitación. Sin embargo, desde su perspectiva, tal cobro deviene inconstitucional al transgredir en su perjuicio el principio de proporcionalidad y equidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Cuatro de agosto dos mil veinte. Admisión sin incidente de suspensión: seis de agosto de dos mil veinte. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [5] Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: siete de agosto de dos mil veinte, quien no formuló alegatos. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, acuerdos Generales 3/201311 y 3/202022 ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa y la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. La parte quejosa reclamó de manera general a las autoridades responsables 1) Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Gobernador, 2) Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Nayarit, 3) Director del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del estado de Nayarit y 4) 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito. 2 Referente a la Transformación de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, municipio de Tepic, en Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic, y Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en la misma entidad federativa y sede. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Tesorero del H. municipio de Tepic, Nayarit, la discusión, aprobación, y expedición de la Ley de Ingresos del Estado , para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que fue aplicada en su perjuicio en el artículo 21 de dicho ordenamiento; la Ley de ingresos Municipal de Tepic, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, respecto del artículo 11 de dicho ordenamiento; así como la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en específico, los artículos 40 al 47 de la propia legislación, en el que establece la regulación aplicable del denominado impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales. Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fecha a) CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. El citado. ACEPTA MEDIANTE OFICIO DE VEINTICUATR O DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. b) GOBERNADOR DEL ESTADO DE NAYARIT. El citado ACEPTA (PROMULGACIÓN) NIEGA (EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN) MEDIANTE OFICIO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. c) SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. El citado ACEPTA (SOLAMENTE REFRENDO) MEDIANTE OFICIO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. d) DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DE NAYARIT. El citado ACEPTA (SOLAMENTE PUBLICACIÓN) MEDIANTE OFICIO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. e) TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. El citado ACEPTA MEDIANTE OFICIO DE DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS A LA AUTORIDAD MARCADA BAJO EL INCISO b). No son ciertos los actos reclamados consistentes en la discusión, aprobación, y expedición de los preceptos 21 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, 11, de la Ley de Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [7] ingresos Municipal de Tepic y 40 al 47 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, todos para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, atribuidos al Gobernador Constitucional del Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; y el quejoso no aportó prueba alguna para desvirtuar tal negativa, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, el Gobernador Constitucional del Estado, negó la expedición, aprobación y orden de publicación de las porciones normativas reclamada bajo la premisa de que, dentro de las facultades y obligaciones atribuidas dentro del artículo 69 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, únicamente se encuentran las de sancionar, promulgar y ejecutar las leyes y decretos dados por el Poder Legislativo, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado tal negativa. Por tanto, dentro de la funciones de la autoridad señalada no se encuentra la relativa de expedir y publicar leyes. Así, se colige que dicha autoridad no tiene intervención en la aplicación del acto que le reclama el promovente del amparo. En ese contexto, el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se demuestre su existencia. Así, la prueba de la no existencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por la parte quejosa, conduce al sobreseimiento. En el caso, el Gobernador Constitucional del Estado, con residencia en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, en concreto, porque, a su dicho, por razón de sus funciones, no se encuentra la de expedir y publicar leyes, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado tales negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado a dicha autoridad, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo.3, en relación a la autoridad Gobernador Constitucional del Estado del Estado de Nayarit, por lo que 3 Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número PC.I.P. J/54 K, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, perteneciente a la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil diecinueve, con número de registro 2019326, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia." Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [9] respecta a la expedición, aprobación y publicación de la porción normativa impugnada. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Actos atribuidos a las autoridades marcadas bajo los incisos a), b), c), d) y e). Son ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado, Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, Subsecretario de Gobierno y el Director del Periódico Oficial del Estado de Nayarit y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, pues al rendir su informe con justificación aceptaron su intervención en el proceso legislativo de creación de las normas legales cuestionadas de inconstitucionales; así como la aplicación de la misma, respectivamente. QUINTO. IMPROCEDENCIA. Causa de improcedencia invocada respecto a las autoridades y actos reclamados de los incisos c) y d). Al ser el estudio de las causales de improcedencia de orden público y preferente a las cuestiones de fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar la que invoca el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, en representación legal del Secretario de Gobierno y el Director del Periódico Oficial del Estado de Nayarit. En ese orden, es preciso señalar que el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, en representación legal del Secretario de General de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 de Nayarit, al rendir su informe justificado manifestó lo siguiente: "[.] Referente al acto que reclama el quejoso no hace valer agravio alguno, es decir, no es combatido por vicios propios algún acto especifico de cada autoridad del cual se duele el peticionario de garantías, en tal supuesto se debe de sobreseer el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos, 61, fracción XXIII y 108 de la Ley de Amparo, en razón de no opera la suplencia de los agravios [.]". Dicha causal de improcedencia se estima parcialmente fundada, atento las siguientes consideraciones: En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 108 fracciones, III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente señalan: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. (.) VIII. Los conceptos de violación. [.]." Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [11] De conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, un requisito esencial de la demanda es que en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; en tanto que la fracción VIII del referido precepto legal establece que uno de los requisitos de la demanda de amparo es que contenga conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, máxime que el asunto que nos ocupa, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el dispositivo 79 de la Ley de Amparo, para que opere la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación. En este punto, es importante destacar que la autoridad que refrenda o publica una norma carece de legitimación para defender el contenido de la norma general impugnada, tal como lo establece el artículo 87 de la Ley de Amparo; de ahí que cuando no se controvierte esos actos del proceso legislativo es innecesario dar intervención a dichas autoridades en el juicio de amparo, máxime que tampoco les corresponde dar cumplimiento a las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de la ley que refrendaron y publicaron. Bajo ese tenor, si de la lectura de la demanda no se advierte que la parte quejosa haya expresado argumentos que tengan por objeto controvertir los actos de refrendo y publicación a fin demostrar la inconstitucionalidad de esas etapas legislativas por vicios propios, entonces es inconcuso que se surte la hipótesis de improcedencia contenida por el numeral 61, Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio por el acto atribuido al Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, consistentes en el refrendo y publicación de los numerales reclamados. Al respecto es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito4 de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia advertida oficiosamente por este Juzgado de Distrito, del artículo 21, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, así como los numerales 42 al 47 de la Ley de Hacienda Municipal, ambos para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que el juicio se torna improcedente en cuanto al artículo 21, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, así como los numerales 42 a 4 De la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época , registro 2010097, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III visible en la página 2248. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [13] 47 de la Ley de Hacienda Municipal, ambos para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en virtud de que los quejosos no formularon conceptos de violación al respecto, acorde al numeral 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, establecen que el juicio de garantías es improcedente cuando en la demanda no se expresen conceptos de violación, entendiéndose por aquéllos la expresión de la lesión o agravio que la norma le ocasiona en alguna de sus garantías individuales, lo que en el caso no aconteció. En la especie, se actualiza la referida hipótesis normativa ya que los quejosos se abstuvieron de dar cumplimiento a la obligación procesal impuesta por el legislador, en tanto que no expusieron argumentos tendentes a evidenciar la contravención a la Constitución Federal respecto del dispositivo 21, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, así como los numerales 42 a 47 de la Ley de Hacienda Municipal, ambos para el ejercicio fiscal dos mil veinte sino que se constriñó a citarlos como acto reclamado y como parte de su demanda y sostener dogmáticamente que son inconstitucionales, pero sin formular conceptos en los que pondere la violación, siendo esto último un requisito esencial en el juicio de amparo para determinar si dicho acto resulta o no contrario al orden constitucional y ello resulta indispensable, ya que al gozar toda ley de la presunción de constitucionalidad, traslada al gobernado la carga de demostrar, mediante sus argumentos, por qué los ordenamientos que impugna son contrarios a la norma fundamental, lo cual no aconteció por las razones antes apuntadas. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Sin que para ello obste, el que nuestro Máximo Tribunal estableció que para el estudio de los conceptos de violación es necesaria únicamente la expresión de la causa de pedir y con ello eliminó el tecnicismo de tener que elaborar un argumento a manera de silogismo, también estableció, por conducto de la Primera Sala, que en tratándose del amparo contra leyes no rige tal principio, pues en esos casos se parte de la premisa de que los ordenamientos legales expedidos por los entes legislativos son constitucionales en sí mismos. Lo anterior es así, toda vez que en lo que al caso interesa, el artículo 21 indicado, señala cómo es que los Derechos por los servicios prestados en materia de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deben ser pagados. Por su parte, los numerales 42 al 47 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, se refieren al sujeto, objeto, tasa y bases para la determinación del impuesto. De ahí que es menester, que quien combata una norma por su inconstitucionalidad exponga los argumentos mínimos suficientes encaminados a demostrar la trasgresión, en su perjuicio, de garantías individuales; acorde a la jurisprudencia 1a./J. 121/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD.". Por ende, al no satisfacer la parte quejosa el requisito señalado en el artículo antes transcrito, este juzgado no está en posibilidad de analizar su reclamo, pues al no existir en los conceptos de violación las expresiones en las que se señale razonadamente el por qué estiman inconstitucional el Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [15] ordenamiento combatido, debe concluirse que se actualiza la causa de improcedencia en mención Por ello, tampoco se realiza pronunciamiento alguno respecto de las siguientes documentales: ? Copia certificada del recibo de pago 10874. a cargo de la secretaría de Finanzas del Estado por concepto de inscripción de documento público o privado de treinta de junio de dos mil veinte. ? Copia certificada del comprobante de pago realizado el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, por la Dirección de Catastro Municipal. ? Copia certificada de la notificación del impuesto predial urbano predial urbano/rústico de nueve de junio de dos mil veinte, a cargo de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial con folio 0375325. ? Copia certificada del comprobante de pago realizado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la Dirección de Ingresos impuesto Predial. ? Copia certificada del comprobante de pago realizado el uno de junio de dos mil veinte en favor de la oficina de registros catastrales por concepto de trámite de escrituración. ? Copia certificada del comprobante de pago realizado el uno de junio de dos mil veinte en favor de la oficina de registros catastrales por concepto de trámite de escrituración. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 ? Copia certificada del comprobante de pago realizado el quince de mayo de dos mil veinte en favor de la Tesorería Municipal y del realizado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve a favor del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado. ? Copia certificada del recibo de pago de honorarios notariales por otorgamiento de instrumento público 10874. ? Copia certificada de la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de LUZ AMELIA CERVANTES TIRADO. ? Copia certificada de la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de JOSÉ LUIS MEDINA FALCÓN. ? Copia certificada del instrumento público 10,874 (diez mil ochocientos setenta y cuatro) tomo Vigésimo Primero, libro cinco, de la notaría pública número dieciocho, de la primera demarcación notarial. Las cuales van encaminadas a combatir el referido numeral. Lo anterior, con apoyo, en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION, FALTA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar porque se considera así, tales afirmaciones, tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y la Suprema Corte no puede analizar el acto de autoridad combatido, lo cual determina la improcedencia del 5 Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época registro 206488,Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, , página 171. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [17] juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negarse el amparo." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio constitucional específicamente respecto del artículo 21, de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte y los diversos 42 al 47 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, en términos del arábigo 63, fracción V, en relación con los dispositivos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, todos de la Ley de Amparo. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. En los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, reclama, esencialmente, la discusión, aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Hacienda municipal del Estado de Nayarit, en particular el artículo 40 y 41; asimismo, la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, específicamente el arábigo 11, primero y último párrafo, así como la aplicación del cobro del impuesto sobre la adquisición de un bien inmueble. Aduce, en esencia, que se transgreden los derechos contenidos en el artículo 31, fracción IV, ello, porque el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, viola los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria. Lo anterior, porque se establecen extensiones a favor de la Federación, los estados y Municipios, así como a los arrendatarios financieros y por las demás entidades, en perjuicio de cualquier otro adquiriente. Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Además, se establece una reducción en la base gravable del 50% (cincuenta por ciento), cuando se trate de enajenaciones entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, donaciones, constitución, adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, sin que exista justificación objetiva y razonable respecto a esa distinción, a pesar de que son contribuyentes que se encuentran en la misma situación de hecho al adquirir un inmueble y, al tratarse de un tributo real no debe tomarse en cuenta las condiciones personales del contribuyente, sino únicamente la manifestación objetiva y aislada de riqueza o capacidad contributiva, que en el caso resulta ser el valor del inmueble adquirido. Por lo que dicha distinción no se encuentra justificada, a más de que en la Ley de Hacienda Municipal, tampoco se encuentra precisado algún fin de naturaleza extrafiscal, resultando inconstitucional que se otorguen beneficios a ciertos contribuyentes atendiendo a cuestiones que en nada se relacionan con el hecho imponible, tales como el acto jurídico que dio lugar a la adquisición, Al respecto, dichos argumentos resultas infundados en atención a las siguientes consideraciones. En principio, es menester, para una mejor precisión, la transcripción de los artículos 40 y 41 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en lo que al caso interesan establecen: "Artículo 40. Están obligadas al pago del Impuesto sobre adquisición de Inmuebles establecido en este Capítulo, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el Estado de Nayarit; así como los derechos relacionados con los mismos, a que este Capítulo se refiere. "El impuesto se causará aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble y conforme lo establezcan las leyes de Ingresos de los Municipios". Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [19] ARTÍCULO 41. No se pagará este impuesto en las adquisiciones de bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público." Por su parte, el artículo 11 de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, prevé: "Artículo 11. El Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles se causará con la tasa del 2% sobre la base gravable, que será el valor que resulte más alto entre el valor de operación o precio pactado, el avalúo bancario o comercial, debidamente certificado por la autoridad catastral y el valor determinado con la aplicación de los valores catastrales unitarios vigentes. El adquirente es el sujeto obligado a pagar el Impuesto sobre la adquisición del bien Inmueble. Tratándose de viviendas de interés social o popular, o de terreno para vivienda de tipo social progresivo; auspiciados por organismos o dependencias públicas, federales, estatales o municipales, que desarrollen viviendas, se deducirá de la base gravable determinada conforme al párrafo anterior, una cantidad equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento), siempre y cuando sea adquirida por persona física que acredite no ser propietaria de otro bien inmueble en el municipio, la cual nunca podrá ser menor a la cuota mínima que establece el presente artículo. El impuesto que por este concepto se cause, nunca será menor a $906.00 pesos. La Dirección de Catastro e Impuesto Predial podrá recibir los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles en aquellas operaciones contractuales que de manera particular celebren las empresas inmobiliarias con los particulares, extendiendo el recibo y constancia respectiva. En caso de adquisición de inmuebles donde se transmite la propiedad plena, por actos de donación o sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente se deducirá de la base el 50% del valor catastral, siempre y cuando dicha operación no exceda del monto de $1'500,000.00, el excedente deberá de calcular su impuesto con la tasa establecida en el presente artículo. En casos de constitución, adquisición, reserva o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, la base gravable determinada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 primer párrafo de la Ley de Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, se deducirá solamente en un 50% del valor que resulte más alto, siempre y cuando dicha operación no exceda el monto de un $1'500,000.00, el excedente de esa cantidad deberá de calcular su impuesto con la tasa establecida en el presente artículo." De los dispositivos legales antes citados se obtiene, que están obligados al pago del impuesto sobre la adquisición de inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el Estado de Nayarit, así como los derechos relacionados, para lo cual se aplicará la tasa del dos por ciento, por ciento al valor del inmueble, conforme lo establezcan las leyes de ingresos de los municipios, que para el caso de Tepic, lo será el valor que resulte más alto entre el valor de operación o precio pactado, el avalúo bancario o precio pactado, estos últimos debidamente certificados por la autoridad catastral y el valor determinado con la aplicación de los valores catastrales unitarios vigentes. Para ello, la ley indica que se entiende por adquisición, consistente en la trasmisión de una propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal, siempre que sean inmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges. En ese sentido, el valor del inmueble se considerará para efectos del impuesto antes citado, el que resulte más alto entre el valor de operación o precio pactado, o el avalúo comercial; o el avalúo que formula la autoridad catastral, siendo el caso de adquisición de inmuebles por donación, sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, o constitución, adquisición o existencia de usufructo o de la Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [21] nuda propiedad; la base gravable determinada de conformidad a lo antes citado, se reducirá en un cincuenta por ciento. Reiterándose para ello, que la deducción por usufructo o de la nuda propiedad, tendrá derecho al cincuenta por ciento de la deducción por cada uno de ellos. Estableciéndose de igual forma, que en caso de constitución, adquisición, reserva o extinción de usufructo o de la nuda propiedad, la base gravable se reducirá solamente en un cincuenta por ciento del valor que resulte más alto, siempre y cuando dicha operación no exceda el monto de un millón quinientos mil pesos, por lo que el excedente de esa cantidad, deberá de calcular su impuesto con la tasa antes mencionada. Precisado lo anterior, cabe señalar que la exención parcial contenida en el párrafo tercero del artículo 43 del invocado ordenamiento reclamado, no vulnera el principio de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el numeral citado en primer término establece, que en caso de adquisición de inmuebles por donación o sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, constitución, adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, tendrán derecho a una reducción equivalente al 50% (cincuenta por ciento), de la base gravable; sin embargo, ello no transgrede los principios antes citados, en virtud de que el otorgamiento de la reducción en esos supuestos, tiene una base objetiva y razonable si se toma en consideración que la transmisión de la propiedad puede ocurrir a través de diferentes vías jurídicas que no supongan necesariamente una erogación como contraprestación, como Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 ocurre con la donación, sucesión, división de copropiedad o extinción de usufructo, entre otros supuestos. Así lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2006, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 35/2006, bajo el rubro "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE EL SISTEMA PARA DETERMINAR LA BASE GRAVABLE DE AQUEL IMPUESTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", de la cual se precisó en lo que al caso interesa: ". pues la transmisión de la propiedad puede ocurrir a través de diferentes vías jurídicas, que no supongan necesariamente una erogación como contraprestación por la adquisición, como la donación, la prescripción adquisitiva, la sucesión, la división de la propiedad o la extinción del usufructo.", en la que analizó la constitucionalidad del artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, el cual establece el sistema para determinar la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles a partir del valor de la operación, sin atender a las características propias del sujeto pasivo de la relación tributaria, pues no se desconocía que en muchos supuestos la transmisión de la propiedad ocurría a través de diferentes vías jurídicas que no suponían necesariamente una erogación como contraprestación por la adquisición, como en el caso de la donación, la prescripción adquisitiva, la sucesión, entre otras. En esa tesitura, el tratamiento diferente se justifica por sí mismo, en virtud de la situación dispar de los adquirentes de inmuebles respecto de los cuales no se erogó una cantidad como contraprestación, a diferencia de los que sí erogaron una cantidad como contraprestación, no siendo posible dar los mismos efectos a personas que se encuentran en situaciones Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [23] dispares; de ahí que, se encuentra objetivamente justificado el trato diferenciado que confiere la norma, el que dada su finalidad no requiere ser justificado, en términos de la jurisprudencia P./J. 36/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NORMA TRIBUTARIA. SUPUESTO DE EXCEPCIÓN EN EL QUE NO SE REQUIERE QUE LA AUTORIDAD EMISORA EXPONGA LOS ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL TRATO DIFERENCIADO QUE AQUÉLLA CONFIERE.", de la cual se obtiene en la parte que interesa: ".la práctica judicial demuestra que existen casos excepcionales en los que el órgano de control constitucional puede advertir claramente que la disposición legal que establece un trato desigual entre quienes se encuentran en supuestos similares, está dirigida a proteger o ayudar a las clases débiles o menos favorecidas, o a alcanzar cualquier otro fin extrafiscal fácilmente identificable, es decir, existen casos en los que las razones que sustentan el trato diferenciado son evidentes por constituir hechos notorios.". Además, cabe precisar que, contrariamente a lo que pretende la parte quejosa, el legislador no se encuentra obligado a justificar en la legislación fiscal, que de suyo tiene vocación de generalidad, algún beneficio o exención en favor de determinados sectores de la población; lo anterior, porque la naturaleza jurídica de los tratamientos preferentes, en su caso, estímulos fiscales, constituye la de un instrumento con que cuenta el legislador para normar la política fiscal, tarea en la cual actúa con potestades soberanas, no sujetas por tanto al control judicial, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo ha establecido al interpretar los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a la jurisprudencia 1a./J. 105/2011, que dice: "ESTÍMULOS FISCALES. FACULTADES DEL CONGRESO Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 DE LA UNIÓN PARA DETERMINARLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En efecto, no le es exigible al legislador justificar alguna decisión de política fiscal, porque cuenta con facultades soberanas para hacerlo; lo que no implica que, cuando decide ejercerlas, ciertamente debe ajustarse a los estándares constitucionales, aspecto en el cual el Poder Judicial de la Federación tiene la posibilidad de revisar su ejercicio; pero eso no ocurre en el caso contrario, es decir, que cuando el poder legislativo, en ejercicio de su potestad soberana de implementar la política fiscal, no considera necesario o pertinente moderar la vocación general de la ley, no es posible pretender obligarle a hacerlo a través del juicio de amparo. Bajo ese marco, es preciso acotar que en el caso concreto se observa, que el legislador ejerció su facultad constitucional de otorgar una reducción en la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles respecto de adquisiciones de inmuebles por donación o sucesión entre cónyuges o parientes en línea recta ascendente o descendente, o constitución, o adquisición o extinción del usufructo o de la nuda propiedad, sin que ello vulnere en perjuicio de la parte quejosa el principio de equidad tributaria, ya que está facultado para organizar y conducir el desarrollo nacional; aspectos que corresponde ponderar exclusivamente a ese Poder, dado que la propia Constitución prevé a su favor la facultad para elegir los medios encaminados a la consecución de esos fines. De ahí que, el que el legislador haya decidido reducir al cincuenta por ciento la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISABI), esa situación no vulnera el principio de equidad tributaria, al encontrarse Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [25] sustento en razones objetivas y razonables, habida cuenta que, de conformidad con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, el cumplimiento de las obligaciones tributarias obedece a un deber de solidaridad, es decir, la recaudación está orientada a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, pues así se encuentra establecido en la jurisprudencia 1a./J. 77/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que examina el tópico de proporcionalidad tributaria y el margen de libertad configurativa para definir la determinación de la base gravable, como en el caso del impuesto en estudio (ISABI), en cuanto ahí explicita: "La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los gobernados deben concurrir al sostenimiento de las cargas públicas en función de sus respectivas capacidades, de lo cual se sigue que quienes más aptitud o capacidad reportan, deben contribuir de forma diferenciada y, específicamente, en mayor medida. No obstante, los principios constitucionales de la materia tributaria no permiten asumir que exista un sistema de tasas o tarifas justas per se. Lo anterior, porque la determinación de la justicia en la tributación debe considerar los siguientes elementos: a) que la determinación de la tasa máxima forma parte del ámbito amplio de configuración política que el Tribunal Constitucional debe reconocer al legislador tributario; b) que dicha determinación puede ser tomada considerando al sistema tributario en lo general, de tal manera que la tasa o tarifa máxima del impuesto sobre la renta puede obedecer a la definición de la tasa aplicable en otros gravámenes; c) que el fenómeno financiero público no se agota en la propia recaudación, sino que su análisis puede abarcar también el aspecto relativo a la forma en que se distribuye el gasto público; y, finalmente, d) que el 'sacrificio' que la tributación puede significar en cada caso es un elemento eminentemente subjetivo, con base en el cual podrían llegar a desprenderse Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 postulados generales, mas no estructuras técnicas ni parámetros de medición que pretendan ser objetivos y aplicables en la práctica." Luego, en atención al principio de generalidad tributaria cuando, como en la especie, las personas físicas reúnen las condiciones relativas para situarse en la hipótesis de causación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, es inconcuso que debe asumir la obligación de contribuir al gasto público, es decir, debe tributar sin importar sus condiciones particulares, pues la causa que legitima esa obligación reconocida en el citado artículo 31, fracción IV, constitucional, es la existencia de capacidad idónea para tal fin, en tanto ello tiene como presupuesto el principio de solidaridad. Así, dada la importancia del deber de contribuir al sostenimiento del Estado, resulta perfectamente válido que la legislación -y la administración tributaria en el ámbito competencial que le corresponda- prevea los mecanismos que permitan combatir las actuaciones de los particulares que pudieran encaminarse a eludir el cumplimiento de dicha obligación, así como a eliminar beneficios fiscales por cuestiones de política fiscal, en el entendido de que la misma se encuentra indisolublemente ligada a un principio de responsabilidad social para la consecución de los fines a los que la propia Constitución aspira. En tal virtud, se destaca el deber social de contribuir al gasto público, a fin de que se satisfagan las necesidades colectivas o los objetivos inherentes a la utilidad pública o a un interés social, concluyendo que la obligación de contribuir es un deber de solidaridad con los menos favorecidos, tal y como se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 65/2009, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la República, con el rubro: "OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Juicio de Amparo Indirecto 280/2020-XIII [27] DEBER DE SOLIDARIDAD.", a más de que el legislador cuenta con amplia libertad de configuración legislativa para gravar cualquier manifestación de riqueza, así como las tasas impositivas, en tanto es fruto de una valoración discrecional del órgano democrático referido, esto es, el legislador, en uso de la potestad que le fue concebida para imponer contribuciones puede incrementarlas o disminuirlas para ajustarlas a la tributación o simplemente para recaudar mayores ingresos públicos en función de la necesidad de cumplir con los gastos públicos del Estado. En ese sentido, se corrobora el margen de libertad configurativa de la materia impositiva y, por ello, es aplicable la tesis 1a. CCL/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS."; y, por todo lo expuesto, se concluye que no se vulnera el principio de equidad tributaria. En este orden de ideas, al haber resultado infundado el concepto de violación aducido por el peticionario del amparo en su demanda de amparo y sin que tampoco se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal, a la parte quejosa, por las razones plasmadas en el presente considerando. SÉPTIMO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por LUZ AMELIA CERVANTES TIRADO Y JOSÉ LUIS MEDINA FALCÓN, respecto de los actos reclamados, atribuidos a las autoridades responsables, en atención a los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a LUZ AMELIA CERVANTES TIRADO Y JOSÉ LUIS MEDINA FALCÓN, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando cuarto, por las razones expuestas en el considerando sexto. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandro Barradas Morales, Secretario que autoriza y da fe.
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