Luz Amelia Armas Briz
Expediente 1468/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1468/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2023
Partes del expediente
- Luz Amelia Armas Briz
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de enero de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Según se advierte del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********z, por propio derecho, contra actos del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 1468/2022. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". IV. Acto reclamado. La parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ". se reclama la resolución del recurso de inconformidad de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós en el expediente CC.QRO.321/2022 FOLIO 586." V. Desechamiento. Ahora bien, la fracción IV del artículo 107 Constitucional, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa, el amparo procede, además, contra acto u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar esos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.-." Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Al respecto conviene citar los artículos 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establecen: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos, Acuerdos de carácter general diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. (.)" De lo transcrito se desprende que en materia administrativa, de manera previa a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa procedentes contra el acto de autoridad que se estime lesivo, siempre que conforme a las leyes que los prevén, de oficio o mediante la promoción del juicio o interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, se suspendan los efectos de los actos impugnados, con los mismos alcances previstos en la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional; independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de defensa legalmente reconocidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se reclama posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Ahora, el principio en comento no es absoluto; por el contrario, admite excepciones, algunas de ellas legalmente previstas y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales legalmente facultados. En ese sentido, conviene tomar en consideración la tesis 2a. LVI/2000, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 dela Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Establecido el marco referencial, en la especie, el acto combatido se trata de una resolución dictada por una autoridad administrativa, esto es, el Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal Querétaro, por el que resuelve el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, por lo tanto, dicho acto reclamado debe ser regulado por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que, en el supuesto procede el juicio de nulidad, pues mediante el mismo se puede modificar, revocar o nulificar, aunado que con la promoción de dicho juicio de nulidad es procedente suspender los actos que por esta vía se impugnan sin que se exijan mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para tal efecto, por ende, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, prevista por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, porque atendiendo a la naturaleza del acto combatido, se estima oportuno atender al contenido de la tesis jurisprudencial 2ª./J. 129/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, de registro 168898, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESUELVE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES. Conforme a los artículos 251, fracción XXXIV, de la Ley del Seguro Social, 1, 2, 3, 6, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 29 del Reglamento del Recurso de Inconformidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí o a través de sus órganos competentes, está facultado para conocer y resolver el recurso de inconformidad establecido en el artículo 294 de la Ley citada, cuyo trámite, disposiciones aplicables, ante quien se interpone, plazo para ello y pruebas que pueden ofrecerse, están previstos en las indicadas disposiciones, en las que se precisa que aquel recurso culminará con la emisión de una resolución no sujeta a regla especial alguna, pero que deberá ocuparse de todos los motivos de impugnación hechos valer por el inconforme, decidir sobre las pretensiones deducidas, analizar las pruebas recabadas, expresar los fundamentos jurídicos en que se apoyen los puntos decisorios y que será ejecutable, características que son propias de los actos de un ente investido de potestad pública cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por ende, emite actos administrativos decisorios identificados como actos de autoridad al crear, modificar o extinguir, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del inconforme, dictados de manera unilateral, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales y sin el consenso de la voluntad del afectado, pues éste solamente interpone el recurso y el organismo público descentralizado lo resuelve con plenitud de atribuciones como medio de control interno de la legalidad de sus propios actos. En ese tenor, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social decide el recurso de inconformidad interpuesto contra un acto definitivo mediante el cual niega el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, como lo es la determinación de la instancia de queja administrativa prevista en el artículo 296 de la indicada Ley, regulada por su instructivo respectivo, se origina una relación de naturaleza administrativa de supra a subordinación, en la que el interesado como gobernado se somete al imperio del Instituto, quien ante él adquiere el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, independientemente de que conforme al principio de definitividad, para acudir a aquél, debiera agotarse previamente otro medio de defensa.". Luego, como se advierte del criterio citado, al derivar el acto reclamado de un procedimiento administrativo con regulación propia, en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sí o través de sus órganos competentes, en este caso el Consejo Consultivo Delegacional en Querétaro, lo decide con plenitud de atribuciones como medio de control interno de la legalidad de sus propios actos; lo cual, trae consigo que se origine y materialice una relación de supra a subordinación entre las partes, adquiriendo así dicho instituto el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. No obstante ello, de la propia tesis en estudio se obtiene que la procedencia de la presente vía constitucional, se encuentra sujeta al agotamiento del medio de defensa ordinario que proceda en su contra, que en el caso concreto lo es el juicio contencioso administrativo federal. Se afirma lo anterior, ya que la propia Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, ha sostenido que dicho recurso de inconformidad se encuentra sujeto a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues constituye una instancia administrativa que se tramita y resuelve por un organismo público descentralizado; lo anterior, aun cuando las disposiciones reglamentarias que rigen tal medio de impugnación (Ley del Seguro Social y Reglamento del Recurso de Inconformidad), no dispongan expresamente la supletoriedad de aquel ordenamiento legal. Tal criterio, se encuentra inmerso en la jurisprudencia 2a./J. 38/2020 (10a.) de la Décima Época, con número de registro digital 2022204, cuyos rubro y texto son los siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD INTERPUESTO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA INSTANCIA DE QUEJA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE RECLAMÓ EL REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS EXTRAINSTITUCIONALES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ABROGADA Y 3, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Criterios discrepantes: Los Tribunales Colegiados analizaron una misma problemática jurídica y arribaron a posicionamientos contrarios, ya que mientras que para uno de los Tribunales la resolución recaída al recurso de inconformidad interpuesto en contra de la determinación de la queja administrativa en la que se solicitó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales, no es de las contempladas en la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para el otro, el juicio contencioso sí es procedente, al actualizarse el supuesto de la fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es procedente el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución del recurso de inconformidad que define la instancia de queja administrativa, en la que se reclamó el reembolso de gastos médicos extrainstitucionales. Justificación: Lo anterior es así, al considerar que el referido recurso de inconformidad tiene las características propias de los recursos administrativos, en la medida en que en el reglamento correspondiente se prevé un trámite, con la precisión de cuáles son las disposiciones aplicables de manera sustantiva y adjetiva, el órgano ante el que debe interponerse, el plazo para ello, las pruebas que pueden ofrecerse y la oportunidad para desahogarlas, las garantías que deben observarse al tener que emitir la resolución correspondiente y la posibilidad de ejecutarla. Dicha resolución la emite una autoridad administrativa, como lo es el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual es un organismo público descentralizado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; además, la resolución del recurso de inconformidad que define lo resuelto en la instancia de la queja administrativa prevista en el artículo 296 de la Ley del Seguro Social, constituye una resolución definitiva respecto de la cual no procede recurso alguno, según lo previsto en la propia ley y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad. Ahora, por disposición de los artículos 1, 2 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser un organismo público descentralizado está sujeto a dicho ordenamiento y, por tanto, debe aplicar, supletoriamente, sus disposiciones en lo no previsto en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento para el Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Reglamento del Recurso de Inconformidad, con respecto al trámite y resolución de la queja administrativa y del propio recurso de inconformidad. Así las cosas, aunque las referidas disposiciones legales y administrativas de carácter general no dispongan expresamente la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no significa que la resolución del recurso de inconformidad no se emita en los términos de dicho ordenamiento, sino por el contrario, por mandato legal debe entenderse que también se pronuncia en sus términos, en cuanto a lo no previsto en las normas generales especiales." Como es de observarse, el criterio jurisprudencial en cita resulta aplicable al caso concreto, por identidad de razón, ya que la razón jurídica sustancial que subyace del mismo es la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de manera supletoria, a los expedientes tramitados con motivo de los recursos de inconformidad que conoce y resuelve el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que da lugar a estimar aplicable, para efectos de impugnación, lo dispuesto en la precitada fracción XII del artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la cual, como ya se vio, son reclamables a través del juicio de nulidad las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la mencionada Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso administrativo es procedente contra las resoluciones que pongan fin a los procedimientos, instancias o expedientes administrativos, como sucede en el caso, entonces es claro que previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Lo anterior, sin que obste que en el caso la naturaleza del acto reclamado en este juicio de amparo, pudiera afectar derechos sustantivos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, de lo anterior se deduce que la parte quejosa previo al juicio de amparo, debió agotar el principio de definitividad, ya que está obligada a promover juicio de nulidad por conducto de la autoridad correspondiente, es decir, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ello en atención al dicho principio. En efecto, la parte quejosa previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotar, todas las jurisdicciones, instancias o competencias, a virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios encaminados a modificar, revocar o nulificar actos que considere lesivos a sus intereses, de tal suerte que, si no agotó el juicio de nulidad (imperativo u obligatorio), de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3º, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a acudir al juicio de amparo, es claro que operó en su perjuicio el principio de definitividad y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo. Por otro lado, conviene destacar que si bien hasta antes del diez de marzo de dos mil once, debía considerarse que la interposición de dicho medio ordinario de defensa era optativo para el gobernado, en virtud de considerarse actualizada una excepción al principio de definitividad, al exigir el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, dicha apreciación ha sufrido un cambio de postura, toda vez que de conformidad con las reformas legislativas vigentes a partir del diez de marzo de dos mil once, el precepto legal antes mencionado ya no exige más requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, y por tanto, la interposición del juicio de nulidad ante la autoridad competente, resulta exigible en atención al referido principio de definitividad. Con la finalidad de evidenciar lo anterior conviene citar el contenido de los diversos artículos 125 a 139 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: I. Extradición; y II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 137. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta Ley exige. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el artículo 28, establece: "Artículo 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda (sic) separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." En ese contexto, de la transcripción de los artículos citados, se advierte que la Ley que rige los actos reclamados, no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos); ello, porque de la comparación del diverso artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de los preceptos legales 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que exigen para la suspensión de los actos (como los que se reclaman en esta instancia) esencialmente los mismos requisitos, por lo cual la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios en contra de los actos reclamados. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), autorizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1446, del Tomo 2, del Libro XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2013, Décima Época, con número de registro 2004553, que establece: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil quince, Décima Época, con número de registro 2008807, que establece: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Por tanto, se concluye que aun cuando el acto reclamado es una resolución administrativa que pone fin a una instancia, el cual se encuentra regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicho ordenamiento no exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal), por ende, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios de defensa que prevé la referida ley ordinaria. En abundamiento, del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa no reclama violaciones directas a la Constitución Federal; lo cual constituye una excepción al principio de definitividad, conforme al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada la página 156, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191539, del rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." en el que sostuvo que no existe obligación de observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, entre otros casos, cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Lo anterior se afirma, en virtud de que del estudio de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, como ya se precisó, reclama la resolución de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós en el expediente CC.QRO.321/2022 FOLIO 586, mediante el cual el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal Querétaro, resuelve el recurso de inconformidad, del que se advierte reclama cuestiones de legalidad. Por ende, la parte quejosa no reclama trasgresiones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino un aspecto de mera legalidad, no así de constitucionalidad; de ahí que, se insiste en que el acto reclamado es susceptible de ser impugnado mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a lo establecido en los artículos 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3º, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por otro lado, no pasa desapercibido para este Juzgador la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1043, del tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el número de registro 328203, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTACULO PARA ADMITIRLA", así como la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3715, del tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 327723, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA", mediante las cuales se establece que "la posibilidad" de un recurso para combatir el acto reclamado no es un motivo de indudable y manifiesta improcedencia que justifique desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior es así, en razón a que en el presente asunto no se sostiene la posibilidad de que en contra del acto reclamado proceda el juicio de nulidad, sino que constituye una afirmación, en términos del artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece la procedencia del juicio de nulidad contra los actos reclamados a la autoridad administrativa señalada como responsable. De ahí que, conforme a lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 3°, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la parte quejosa, invariablemente, debe agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a acudir al juicio de amparo. En ese orden de ideas, al no ubicarse la parte quejosa en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, está obligada a agotar el juicio de nulidad contra el acto reclamado; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En abundamiento, en el caso concreto, conforme a las tesis antes trascritas, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando el impetrante de amparo señale actos reclamados cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. Apoya la anterior consideración, por las razones que la informan la jurisprudencia 1a./J.44/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2012, Décima Época, con número de registro 2001155, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Así como la diversa jurisprudencia I.15o.A.6 A (10a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1229, del tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Marzo de 2012, Décima Época, con número de registro 2000382, que establece: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL AMPARO, PORQUE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LO REGULA, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). El examen del artículo 28 de la citada legislación contenciosa federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez, en vigor a partir del diez de marzo de dos mil once, a la luz de los requisitos establecidos en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que ambos ordenamientos legales instituyen condiciones esencialmente iguales, con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica de cada juicio, a fin de otorgar la suspensión del acto combatido. En efecto, tanto en un juicio como en otro, la medida cautelar debe solicitarse por el agraviado mediante escrito; petición que es oportuna desde el momento en que se presenta la demanda hasta antes de que dicte la sentencia ejecutoriada, es decir, en cualquier etapa del procedimiento; en ambos juicios opera la suspensión provisional y definitiva; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión pudiera ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes; además, en ambos procedimientos puede modificarse o revocarse la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando se actualice un hecho superveniente que lo justifique. De tal suerte, los particulares que pretendan obtener la modificación, anulación o revocación de los actos emitidos por autoridades administrativas federales, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se encuentran obligados a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XV, de la legislación de garantías, agotando previamente al amparo el juicio de nulidad en comento, dado que en la ley que regula actualmente ese juicio ordinario no se exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo; con la salvedad de que no se actualice alguna otra excepción al principio de mérito. Sirve de apoyo, la tesis VI.1º.A.6 A (10a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 4603, del tomo 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2012, Décima Época, con número de registro 2000154, que establece: "RESOLUCIONES IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010, EN VIGOR A LOS NOVENTA DÍAS DE SU PUBLICACIÓN (10 DE MARZO DE 2011), ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO RELATIVO ANTE EL MENCIONADO ÓRGANO JURISDICCIONAL, EN FORMA PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO PREVERSE MAYORES REQUISITOS QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.", sostuvo que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto vigente a partir del 1o. de enero de 2006, preveía mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender los actos reclamados, lo que actualizaba una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, haciendo en consecuencia innecesario agotar el juicio contencioso administrativo previamente a la promoción de aquél. Sin embargo, la reforma al mencionado artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, en vigor a los noventa días de su publicación conforme al artículo segundo transitorio del decreto respectivo, pretendió simplificar los requisitos que para el otorgamiento de la suspensión se previó en el texto original del aludido precepto, externándose incluso en la iniciativa que dio origen a dicha reforma la preocupación de que el mencionado numeral estableciera mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la medida cautelar. En tales condiciones, el examen comparativo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado, frente a los artículos 124, 125, 135 y 139 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que aquel precepto vigente desde el 10 de marzo de 2011, ya no prevé mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad, que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, toda vez que en primer lugar, los ordenamientos legales referidos son coincidentes en que: 1. La suspensión de los actos impugnados podrá solicitarse en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia en el juicio fiscal; 2. Se concederá siempre que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse al solicitante con la ejecución de los actos respectivos; 3. En el supuesto de que la suspensión pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que con la medida cautelar se causen, si no se obtiene sentencia favorable; pudiendo el tercero otorgar a su vez contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, salvo que de ejecutarse este último quede sin materia el juicio; 4. Tratándose de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión el monto de la garantía se fijará discrecionalmente; 5. De concederse la medida cautelar, deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme; 6. Se tramitará por cuerda separada, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente; y, 7. Si se obtiene sentencia firme favorable, el solicitante de la suspensión podrá recuperar la garantía otorgada, pero si le es desfavorable, se hará efectiva ésta. En segundo término, se advierte que en lo relativo a la forma de garantizar un crédito fiscal cuyo cobro se solicita suspender, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado, además de que no excede los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, prevé inclusive mayores beneficios para el gobernado, porque permite que la garantía del interés fiscal se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, además de señalar que la garantía o depósito pueden reducirse de acuerdo a la capacidad económica del quejoso, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que resulta más favorable al gobernado que lo establecido al efecto en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que los requisitos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo, a virtud de la reforma mencionada, ya no rebasan los contemplados en la Ley de Amparo para suspender los actos reclamados; de ahí que en tratándose de actos impugnables a través del juicio de nulidad promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a partir de la reforma al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, en vigor desde el 10 de marzo de 2011, ya no se surte la excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, prevista en el artículo 73, fracción XV, parte final del párrafo primero, de la ley de la materia, debiendo, por tanto, agotarse ese medio ordinario de defensa en forma previa a la promoción del amparo indirecto. Con base a lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia aquí analizadas, da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. VII. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "***.", y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, y como autorizados en términos restringidos a las diversas personas que indica, por no contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo.
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