Luz Alicia Gómez Rodríguez

Expediente 53/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
53/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
31/01/2017

Partes del expediente

  • Luz Alicia Gómez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    ...el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, hecha por la Secretaria de este juzgado, se advierte que al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, la parte promovente no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención a lo dispuesto por el diverso 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido...

  2. Principal

    ...Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Vista; la demanda de amparo presentada por Luz Alicia Gómez Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 53/2017. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto.. En esas condiciones, este Juzgado de Distrito considera que, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." El artículo transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, lo que ocurre cuando una vez que se tiene conocimiento de los actos señalados como lesivos de derechos humanos, el supuesto agraviado no promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, que señala: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. (.)" Además, el diverso precepto 18 de la legislación invocada, dispone que el término para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: 1. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, 3. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. En efecto, el inicio del cómputo para promover la demanda de amparo, es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Por tanto, como se establecen tres distintas hipótesis, siempre debe tomarse en consideración, para estimar a partir de cuándo empieza a correr el término para la presentación de la demanda de amparo, la posición del quejoso respecto del acto que reclame, toda vez que puede darse el caso de que se actualice la notificación, el conocimiento o la confesión, para que el agraviado se haga sabedor del acto reclamado, por lo que es evidente que se trata de medios indistintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, que obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado. Expuesto lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la quejosa Luz Alicia Gómez Rodríguez, hace consistir los actos reclamados en: ".1.- La resolución de fecha 30 de noviembre del año 2016, dictada por el C. Juez el Juzgado Cuarto de Primera Instancia (autoridad responsable) en la cual ordena el archivo definitivo del expediente número 890/2006-I relativo al juicio ejecutivo mercantil de su índice, pero sobre todo violaciones dentro del procedimiento, afectando materialmente derechos sustantivos tutelados en los numerales 14 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." ".2.- Se reclama también la audiencia de remate de fecha 15 de marzo del año 2014, donde se decreta la adjudicación que hizo el C. Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia (responsable) a la señora Ocotlan Flores Jaimes, sin haber sido notificado para comparecer a dicha audiencia para hacer valer mis derechos como tercerista. Dicha resolución de adjudicación adolece de varios defectos, entre ellos que el inmueble en cuestión todavía se encuentra proindiviso, es decir, no se encuentra debidamente delimitado." ".3.- TAMBIÉN SE RECLAMA LA VIOLACIÓN FLAGRANTE DEL ARTÍCULO 1412 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, YA QUE LA RESPONSABLE ORDENÓ A FAVOR DE LA TERCERO INTERESADA LA ADJUDICACIÓN DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) QUE FUE ADJUDICADA, marcado con el número 14 de la manzana 12 ubicado en la ubicado en la privada Enrique C.Rébsamen número 316 de la colonia Constitución de esta ciudad, con superficie de 68.79 metros cuadrados que se delimitan al Noreste en 18.28 metros; con propiedad del señor Ramón Rodríguez; al Noreste en 3.73 Metros, CON PROPIEDAD DE AGAPITO AGUSTÍN VARELA TREJO (segunda fracción del mismo lote de terreno) y al Sureste en 3.80 metros, con privada Enrique C. Rébsamen, sin cumplir con lo establecido en dicho precepto." Asimismo, es de precisarse que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que: ".con fecha 3 de abril del año 2014 se presentó en mi domicilio ubicado en el Lote 14 Manzana 12 de la Privada Enrique C. Rebsamen No. 316 de la colonia Constitución de la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz, el LIC. LORENZO HERNANDEZ MORALES en el que le notifica a la Tercero Perjudicada LUZ ALICIA GÓMEZ RODRÍGUEZ un REQUERIMIENTO de fecha 1 de Abril del año 2014, en el cual indebidamente la responsable por resolución de esa misma fecha, requiere la entrega física y material a favor de la señora Ocotlán Flores Jaimes, respecto del terreno y casa en el construida, consistente en el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) que fue adjudicada, marcado con el número 14 de la manzana 12, ubicado en la privada Enrique C. Rebsamen, número 316 de la colonia Constitución de esta ciudad.". También, refirió que con fecha tres de septiembre del año dos mil catorce, se presentaron en su domicilio ubicado en la privada Enrique C. Rebsamen, número 316 de la colonia Constitución de Martínez de la Torre, Veracruz; personal del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, acompañados de la Fuerza Pública procediendo a desalojarla en cumplimiento de la orden decretada por el Juez responsable y otorgando posesión al ahora tercero perjudicado. Confesión ésta que atento a lo regulado en los preceptos 95, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de la materia, adquiere pleno valor probatorio, por lo que cobra aplicación la tesis publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." De lo anterior, se advierte que la aquí quejosa combate medularmente la audiencia de remate y adjudicación de fecha quince de marzo de dos mil catorce, sin que obste la circunstancia de que el apartado al acto reclamado haya señalado como tal, la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en la que el juez natural ordenó el archivo definitivo del juicio ejecutivo mercantil 890/2006, toda vez que del contexto del escrito inicial no se advierte combata dicho acuerdo por vicios propios, además de que la única violación procesal que se deduce de su escrito es la que dice se cometió en la audiencia de remate, adjudicación y requerimiento de entrega del inmueble, ya que tales actos en términos del párrafo tercero, fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, son impugnables en sede constitucional de manera autónoma, es decir, que la quejosa debió impugnarlos en amparo indirecto en cuanto tuvo conocimiento de los mismos, lo que, ocurrió el tres de abril de dos mil catorce, cuando el personal del juzgado señalado como responsable se presentó en su domicilio para requerirle se entregara físicamente el inmueble adjudicado a la parte actora, es por lo que desde esa fecha, estuvo en aptitud de acudir a la presente instancia constitucional a fin de reclamar la afectación a su propiedad en el referido juicio ejecutivo mercantil. Luego entonces, de acuerdo a lo preceptuado por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales establecen el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, mismos que serán contados desde el día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento, y siendo evidente que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, dado que en este asunto no los reclamó con la debida oportunidad pues presentó la demanda de amparo a través del correo postal hasta el doce de enero de dos mil diecisiete, siendo que, como se dijo, tuvo conocimiento de la audiencia de remate, adjudicación y requerimiento de entrega del inmueble, al menos desde el tres de abril de dos mil catorce, ya transcurrió en exceso el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, por lo que es indiscutible que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, del mismo ordenamiento legal. Por lo anterior, que es claro, que el plazo genérico de quince días para instar la protección de la Justicia Federal inició a partir de que tuvo conocimiento de la afectación a su derecho de propiedad, lo que ocurrió, se reitera, el tres de abril de dos mil catorce, cuando, como la propia quejosa manifiesta, se presentaron en su domicilio y realizaron el requerimiento de entrega del bien adjudicado; ello, además de que la impetrante refiere que hasta esa fecha no existía dictamen pericial alguno que determinara cuál era el cincuenta por ciento del inmueble adjudicado. Por tanto, no es dable computar el plazo genérico de quince días para promover el juicio de amparo, a partir de que le fue notificada la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, que ordena el archivo del juicio ejecutivo mercantil 890/2006, pues se insiste, la afectación a su derecho de propiedad se dio, según su dicho, desde el tres de abril de dos mil catorce, cuando recibió el requerimiento de la entrega física de dicho inmueble, por lo que, si la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó hasta el doce de enero de dos mil diecisiete a través del correo postal, lo que se constata con el sobre que se anexó a la demanda de amparo, es indudable que ya había fenecido el término establecido en la ley para promover el juicio de amparo (sin prejuzgar sobre la propiedad que alega de ese bien), con lo que es inconcuso que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 5, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo VI, parte SCJN, Quinta Época, del apéndice de 1995, que señala: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Así como la tesis VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." En consecuencia, dada la extemporaneidad de la presentación de la demanda en relación con la fecha en que se señala por lo menos tuvo conocimiento del juicio de origen de donde derivan los actos reclamados, lo procedente es desechar la demanda de amparo en términos de los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505 del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Las jurisprudencias a que se hace mérito, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la ley aplicable a la materia, la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado de manera expresa, y por autorizado con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Armando Juárez Lazcano, toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado que para tal efecto lleva este juzgado, ni tampoco acreditó contar con ella. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las cinco copias de la demanda que anexó la parte promovente a su escrito de cuenta. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa...

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