Luz Adriana Zermeño Ochoa
Expediente 360/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luz Adriana Zermeño Ochoa
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió en el plazo legal el auto en que se desechó la demanda de amparo (fojas 19 a 22); con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causó estado... Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido... Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, por medio del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, y con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ****, contra actos del Juez Primero Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. En el caso, se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Los dispositivos transcritos establecen la procedencia del amparo indirecto contra actos del procedimiento de remate. Según lo ahí señalado, el amparo será procedente hasta en tanto de forma indistinta se actualicen cualesquiera de las siguientes dos condiciones: Se emita la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y, Exista la determinación que ordena la entrega de los bienes rematados. Solo hasta que se materialicen, de forma indistinta, cualquiera de los supuestos podrá acudirse al amparo en que podrán hacerse valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución final. Ahora, del escrito presentado por la parte quejosa se enuncian los siguientes antecedentes: El diez de octubre de dos mil dieciocho fue demandada, vía especial sumaria hipotecaria, reclamando el pago de la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n), entre otras prestaciones. El veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho contestó la demanda. El treinta de noviembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva donde se le condenó al pago de la cantidad referida en líneas que anteceden. El siete de enero de dos mil diecinueve la quejosa interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva. El once de febrero de dos mil diecinueve la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, confirmó la sentencia de primera instancia. El seis de marzo de dos mil diecinueve, la promovente interpuso juicio de amparo directo en contra de la resolución de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el cual se encuentra pendiente de resolver. El cuatro de abril de dos mil diecinueve la responsable señaló las doce horas con treinta minutos del trece de mayo de dos mil diecinueve para verificar la audiencia de remate. Dicha determinación constituye el acto reclamado en esta demanda de amparo. Ahora, la resolución reclamada no encuadra en alguno de esos supuestos ya que solo ordenó la venta del inmueble gravado y señaló fecha para el remate, pero aún no se ordena la escrituración del bien inmueble, ni su entrega a terceras personas. De manera que aún no se presentan las condiciones para acudir al amparo contra el procedimiento de remate; de ahí que si el acto en estudio, no es de aquellos en los que se esté ordenando el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, es incuestionable que es una actuación intermedia en el aludido procedimiento. Lo anterior, pues como se mencionó la procedencia del juicio de amparo indirecto está condicionada a la última resolución en el procedimiento de remate en los términos precisados, con la finalidad de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumpla los fallos en los que se establece la verdad legal. Así, las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de remate, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra la resolución que ordena la escrituración o entrega de bienes rematados, que es la culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de garantías. De donde resulta que aún no es el momento de acudir al amparo. Máxime que la quejosa no es tercera extraña a juicio porque, bajo protesta de decir verdad, afirma que contestó la demanda, interpuso apelación y juicio de amparo directo. En esta condición, el acto reclamado carece del alcance necesario para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de remate; por ende, hasta que se decida sobre el particular la peticionaria se encontrará en condiciones de impugnar los actos que estime le causan agravio. Por tanto, se materializa la causal de improcedencia de referencia, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y se desecha la demanda de amparo.
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