Luz Adriana Toro Rodríguez

Expediente 1194/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1194/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
26/10/2016

Partes del expediente

  • Luz Adriana Toro Rodríguez
  • Gobierno del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el seis de octubre de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1194/2016; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. LUZ ADRIANA TORO RODRÍGUEZ, por su propio derecho, mediante escrito presentado el once de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en esta ciudad, consistente en el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 328/2009, el cual estimó violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veinte de julio de dos mil dieciséis, previo requerimiento, este Tribunal admitió la demanda de mérito, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, emplazó a la parte tercera interesada, y la audiencia constitucional la celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Los integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que remitieron como justificación de su informe, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. TERCERO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, primer y segundo párrafo, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; numerales establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrario o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. ." Es así, porque del análisis de las constancias de autos se advierte, con fecha quince de marzo de dos mil doce, se dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral 328/2009, del índice de la responsable, donde se condenó a la parte perdidosa, entre otras prestaciones, a la inclusión de la hoy quejosa al fondo de pensiones del Gobierno del Estado, así como al aporte correspondiente. Respecto a dicha prestación, mediante auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis (acto reclamado), la junta responsable, tuvo a la parte demandada acreditando los trámites realizados para dar cumplimiento al laudo; y por otra parte, no acordó favorablemente la petición de la quejosa en el sentido de requerir al gobierno del Estado, la exhibición de los convenios celebrados en los años 2001, 2002 y 2003, pues los mismos no fueron establecidos en el referido laudo. Conforme a lo narrado, es de estimarse que el acto que se pretende combatir en la presente instancia constitucional, se trata de un acto dictado en ejecución del laudo, que no constituye la última resolución en el procedimiento, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Entendiéndose como última resolución, conforme a dicho precepto, como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, contra la cual se puede solicitar el amparo biinstancial, y en el que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución; considerar lo contrario, haría interminable la ejecución del laudo, y se permitiría el abuso del juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 29/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA: De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedente en comento, conlleva sobreseer en el juicio den términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías 1194/2016, promovido por LUZ ADRIANA TORO RODRÍGUEZ. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que no ha transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes conozcan el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por la autoridad responsable, mediante el cual rinde su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, se tienen como prueba documental, las constancias que anexa, misma que en razón de su especial naturaleza se da por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva NOTIFÍQUESE.

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