Luvin Gonzalez Cruz
Expediente 19/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luvin Gonzalez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y arbitraje con sede en esta Ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 2953/2023, mediante el cual se hizo de su conocimiento el proveído dictado el veinticuatro de febrero del año que transcurre. Notifíquese por lista.
- Principal
ha trascurrido el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo... se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio ha causado estado... Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio... acusa recibo del oficio 1062/2023...
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL ACUERDO DE VEITNITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable oficiante rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. En tal virtud, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, analizar de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal [.]..... Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia" En ese tenor, es dable precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por ********************, se hace consistir en: La omisión de aperturar la etapa de ejecución dentro del juicio laboral ******************** del índice de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. En tales condiciones, toda vez que de la documental recibida se advierte una causa de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la prevista en el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto, debido a que el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y estudiar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. El artículo 63 de la Ley de Amparo determina que debe sobreseerse en el juicio cuando se actualice alguna de las causales previstas en el diverso 61, entre ellas, según lo prevé la fracción XXI, la cesación de efectos. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esta causa de improcedencia se actualiza -en términos generales- cuando resultaría ocioso analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá en el futuro, por lo que su estudio no conllevaría a ningún fin práctico al no poder reparar en un beneficio para el quejoso. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; es decir, la restitución al agraviado en el goce del derecho humano violado: restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y constriñendo a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que era constitucionalmente exigible cuando el acto es de carácter negativo. Causal que, trasladada a los casos en que el acto reclamado consista en una omisión; es decir, un acto de carácter negativo, éste deja de tener cualquier tipo de efecto o consecuencia cuando la autoridad responsable realiza el acto omisivo que se le reclama, pues con ello se agota la materia del juicio. Es decir, cesan los efectos del acto omisivo, y por tanto procede el sobreseimiento en el juicio. A mayor abundamiento, la causa de improcedencia en estudio tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho vulnerado a la parte quejosa y velar por su pleno cumplimiento, por tener -el acto reclamado- naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, como se dijo, sería ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. En ese sentido, resulta necesario distinguir la naturaleza de los actos reclamados en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el nueve de enero del año en curso, dentro del expediente ******************** de su índice, se dictó auto de ejecución del laudo pronunciado en dicho sumario, así como el respectivo requerimiento de pago a la parte ahí demandada, por lo que se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es decir, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que la parte agraviada fue restituida en el pleno goce de sus garantías, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Corrobora lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diez del tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196820 cuyo rubro es: [.]En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En el entendido de que esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría innecesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, la tesis 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, y de rubro: ... Por consiguiente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas del diez de febrero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; y, comuníquese esta determinación a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a las partes.[..]
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