Luvia Archila González
Expediente 790/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2022
Partes del expediente
- Luvia Archila González
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de julio de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara con el auto de veintinueve de junio de esta anualidad. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que el auto de referencia ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargado del Despacho, por encontrarse de vacaciones el Secretario en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio de autorización CCJ/ST/2719/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de veinte de junio de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERÍODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Visto; el ocurso signado por ***, parte quejosa, mediante el cual, en atención a la prevención formulada en auto de veinte del actual, realiza manifestaciones en torno al acto reclamado en el presente asunto. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta, y en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención efectuada en la actuación de referencia. I. Desechamiento. En primer lugar, para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la promovente combate: (a) La negativa de ordenar el emplazamiento al procedimiento especial para la declaración de beneficiarios registrado con el número 122/2022, de la estadística del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas, a Seguros Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Banorte, Instituto Mexicano del Seguro Social y quien resulta responsable de la Administradora de Fondos para el Retiro. En ese sentido, la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio de la quejosa algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, de la interpretación sistemática de la legislación constitucional y secundaria rectora de la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar de forma inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte mediante las garantías individuales, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, verbigracia, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen de manera fáctica con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al momento que se resuelva la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la quejosa. El prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: -DERECHOS SUSTANTIVOS. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los hoy llamados derechos humanos contenidos en esa carta magna y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. -DERECHOS ADJETIVOS. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la jurisprudencia 189 visible en la página 154 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Sobre la base expuesta, se debe estimar que (a) la negativa de ordenar el emplazamiento al procedimiento especial para la declaración de beneficiarios registrado con el número 122/2022, de la estadística del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas, a Seguros Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Banorte, Instituto Mexicano del Seguro Social y quien resulta responsable de la Administradora de Fondos para el Retiro, no quebranta en perjuicio de la solicitante del amparo, de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ya que se trata de un acto procesal, el cual no tiene una consecuencia de imposible reparación. Además, como acto intraprocesal tampoco causa daño predominante o exorbitante que no tenga reparación alguna, de manera tal que haga procedente el juicio de amparo biinstancial. En efecto, ese pronunciamiento ningún perjuicio irreparable le irroga, en virtud de que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues, existe la posibilidad de que al momento de resolver el fondo del juicio de origen, se obtengan sus pretensiones, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En última instancia, esa determinación puede ser combatida como violación procesal mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la resolución con que culmine el juicio de origen, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Federal, así como 170, fracción I, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo vigente, pues, en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, como acto dentro del proceso tampoco participa de una afectación superior, que deba ser analizada mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar al dictado de la resolución final, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo y, en su caso, obtener de esta manera, la reparación del derecho humano que considere transgredido. Cabe mencionar, que no obstante que el acuerdo reclamado puede considerarse como un acto que afecte derechos humanos de la quejosa en un grado predominante o superior, la actual redacción, de la fracción V del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, cuya publicación se realizó el viernes dos de mayo de dos mil catorce, a las doce horas con cinco minutos, con número de registro IUS 2006338, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De lo que se concluye, que la determinación dictada por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas, dentro del expediente 122/2022, por la que desestimó la solicitud de emplazamiento a ese procedimiento especial para la declaración de beneficiarios a Seguros Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Banorte, Instituto Mexicano del Seguro Social y quien resulta responsable de la Administradora de Fondos para el Retiro, únicamente constituye un acto dentro del juicio, que no produce una afectación material en los derechos sustantivos de la impetrante de amparo, razón por la cual, se itera, que en caso de que la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento de origen, sea adverso a sus intereses, podrá reclamar dicho acuerdo como una violación procesal, al impugnar ese fallo mediante el amparo directo, en términos de los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo vigente. Cobra aplicación al caso la tesis V.1o.C.T.81 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Febrero de 2007, Materia Laboral, página 1704, del siguiente rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE UN DEMANDADO. LA OMISIÓN O NEGATIVA DE LA JUNTA DE PROVEER LO RELATIVO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE LA MATERIA RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 63/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 309, de rubro: "TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO.", determinó que la negativa de las Juntas de llamar a juicio a un tercero interesado constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, cuya trascendencia específica se contrae a cuestiones meramente intraprocesales. Bajo tal premisa, es claro que también la omisión o la negativa de la Junta de proveer el emplazamiento a juicio de uno de los demandados señalados por el actor en su demanda, actualiza una violación a las leyes del procedimiento laboral que afecta las defensas del quejoso, no obstante que el artículo 159 de la Ley de Amparo no la contemple específicamente como violación procesal susceptible de impugnarse en amparo directo, ya que dicho precepto contiene un catálogo meramente ilustrativo, pero en su última fracción se refiere a violaciones análogas a las enunciadas en las anteriores. Así también la Jurisprudencia 2a./J. 63/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Laboral, página 309, del rubro y texto: "TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, y 158 a 161 de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones revistan una ejecución irreparable, esto es cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso. La negativa de la Junta a llamar al presunto tercero interesado designado por alguna de las partes con apoyo en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte el laudo en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, como consecuencia del cumplimiento que, en su caso, la autoridad responsable tenga que dar a la sentencia de amparo directo, en la que, de ser necesario, procedería otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a las personas mencionadas y resolver lo que en derecho proceda. En consecuencia, al surgir a la vida jurídica de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido contrario; con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda en estudio. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. II. Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales. Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto y autoridad que indica. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 790/2022-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Prevención. A efecto de proveer lo que en derecho corresponda, el artículo 114 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Sirve al caso, la tesis identificada con la clave VI.1o.C.18 K, del rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición. " En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO. Señale quienes son las partes dentro del juicio de origen que le causa afectación a su esfera jurídica; el estado procesal del mismo; y el número que le corresponde. Lo anterior, tomando en consideración que de la narrativa de los antecedentes del acto que pretende controvertir, adujo lo siguiente: "[...] 1.- La C. Mariana Cruz López, compareció a promover en la vía de procedimiento especial, para la declaración de beneficiarios, derivado de la relación laboral, entre Comisión Federal de Electricidad y el extinto JOEL LUNA DIEGO. Demandando a la empresa productiva del Estado. 2.- En tales circunstancias, la suscita me apersone al Juicio Especial número 122/2022, promoviendo por mi propio derechos y en representación de mis menores hijos A. A. y P.M. ambos de apellidos L. A., ante el Tribunal Federal Laboral, demandando a la Comisión Federal de Electricidad, Seguros Banorte S.A. DE C.V. Grupo Financiero Banorte, Instituto Mexicano del Seguro Social y quien resulte la Administradora de los Fondos para el Retiro. [...] 4.- Asuntos Individuales, en el Estado de Chiapas, mediante acuerdo de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós, indico, con fundamento en el artículo 690 de la Ley Federal de Trabajo, téngase a Luvia Archila González, como terceros interesados dentro del presente juicio. Por tanto téngase por hechas sus manifestaciones, no así de emplazar a juicio a las morales que pretende señalar como demandadas. Lo anterior, en virtud de que el tercer párrafo del artículo 690 de la ley antes citada establece que los terceros interesados se sujetaran a lo establecido en el procedimiento. [...]" (sic) De lo anteriormente, se aprecia que la parte quejosa, aduce que de lo que se duele es de la negativa u omisión del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de dar trámite formal y material a la demanda instaurada en contra de la Comisión Federal de Electricidad, Seguros Banorte Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Banorte, Instituto Mexicano del Seguro Social y quien resulte responsable de la Administradora de Fondos para el Retiro. Sin embargo, también señala que la responsable, le da el carácter de tercero dentro del juicio de origen, por lo que no se aprecia con claridad que carácter ostenta dentro del citado juicio. SEGUDO. Asimismo, deberá precisar cuál es el acto que directamente le irroga perjuicio. Lo anterior, toda vez que del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama lo siguiente: "[...] reclamo RESTRICCIÓN O LIMITACIÓN y LA NEGATIVA PARA DEMANDAR Y OFERTAR PRUEBAS EN REPRESENTACIÓN DE MIS MENORES HIJOS, Y LA NEGATIVA DE ORDENAR EL EMPLAZAMIENTO A LAS DEMANDADAS SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y QUIEN RESULTE LA ADMINISTRADORA DE LOS FONDOS PARA EL RETIRO EN EL JUICIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 122/2022, radicado en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Chiapas [...]" (sic) Sin que de la anterior transcripción, se aprecie de manera clara y concreta, el acto que le irroga perjuicio. III. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá observar lo establecido por el artículo 110, de la Ley de Amparo, y anexar tres copias de su escrito aclaratorio de demanda para emplazar a juicio a las partes. Así como la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo XIII, Abril 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de Amparo". IV. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. V. Domicilio, autorizados, consulta electrónica del expediente, notificaciones electrónicas, uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias y medios de comunicación no procesal. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: Novena Poniente Sur, número Seiscientos sesenta y seis, Colonia Centro, en esta ciudad. Se tiene como autorizados en términos amplios a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Jacinto de la Cruz Vázquez; sin que sea necesario la verificación de su cédula profesional en el registro correspondiente, dado que la promovente se trata de la parte trabajadora en el juicio de origen; y en términos restringido a que alude el citado precepto, a Adilene Guadalupe de la Cruz López, Cinar Corzo Farrera y Oscar Luis López Gómez, por así haberlo solicitado expresamente. Atento, a lo peticionado por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), en la hipótesis de encontrarse registrados, dar de alta en el presente juicio al usuario "JDLCV", para tal efecto. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, tomando en consideración lo proveído en el párrafo inmediato anterior, se autoriza hacer las notificaciones electrónicas a través del usuario "JDLCV"; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. Asimismo, como lo solicita la ocursante, se autoriza la reproducción que solicita a través de medios electrónicos en el expediente en que se actúa. Resulta aplicable al respecto la tesis I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, con número de registro 2008986, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1830, de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Tocante al correo electrónico que proporciona, únicamente tómese nota del mismo, ya que de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, solo es un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. VI. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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